En un pronunciamiento conjunto, la CGT Regional Mar del Plata y la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma revalidaron su postura de rechazo total frente al "Proyecto de Modernización Laboral" impulsado por el Gobierno Nacional. Las organizaciones sindicales sostienen que la iniciativa legislativa profundiza el rumbo marcado previamente por el DNU 70/2023 y la Ley de Bases, planteando un escenario donde la justicia social y la igualdad quedan relegadas frente a una nueva lógica de libertad de mercado. Para las centrales obreras, esta propuesta no constituye una modernización, sino una regresión en materia de derechos adquiridos.
El argumento central de los gremios locales se basa en que las reformas de este carácter no han demostrado históricamente ser herramientas eficaces para la creación de empleo genuino. Por el contrario, advierten que la normativa en debate tiende a debilitar la posición de quienes ya se encuentran insertos en el mercado laboral. Entre los puntos más cuestionados, las organizaciones señalan la modificación en el esquema de despidos, argumentando que el nuevo sistema retira el costo disuasorio para los empleadores y traslada la carga financiera de las rescisiones contractuales, lo cual consideran una vulneración directa del principio protectorio que rige el ordenamiento laboral.
Asimismo, el arco sindical marplatense puso el foco en la implementación del denominado "Banco de horas". Según la visión de las centrales, esta modalidad representa un retroceso hacia esquemas previos a la consolidación de la jornada laboral reglamentada. Sostienen que la falta de una jornada diaria predeterminada no solo suprime el pago de horas suplementarias, sino que desestructura la vida familiar y social de los trabajadores. En un contexto de salarios erosionados, las organizaciones subrayan que la variabilidad horaria dificultará además el acceso al pluriempleo, afectando la estabilidad económica de los hogares.
Otro de los pilares de la crítica gremial se vincula con el debilitamiento de la capacidad de negociación de los sindicatos. El proyecto promueve que los convenios por empresa prevalezcan sobre los convenios por actividad y cuestiona el principio de ultraactividad, lo que para las CTA y la CGT se traduce en una presión hacia la baja de las condiciones laborales vigentes. Del mismo modo, denuncian que la declaración de "esencialidad" para múltiples actividades busca neutralizar el derecho constitucional a la huelga, volviéndolo inoperante en la práctica ante cualquier conflicto sectorial.
Finalmente, las organizaciones firmantes ratificaron un plan de acción que incluye la coordinación de medidas de resistencia en todo el partido de General Pueyrredón. Entre los próximos pasos, las centrales obreras exigirán reuniones con los legisladores nacionales de la región para demandar que se asuma una responsabilidad institucional frente a lo que definen como un atropello constitucional. Con este posicionamiento, el movimiento obrero de Mar del Plata se declara en estado de alerta permanente, buscando frenar el avance del proyecto en el Congreso de la Nación.
