En un cierre de año marcado por el reordenamiento de piezas en el tablero político de Mar del Plata, el Departamento Ejecutivo formalizó el ingreso de Daniel Alberto Núñez a la gestión activa. A través del Decreto 2840/2025, el exconcejal de la Unión Cívica Radical (UCR) fue designado como subsecretario de Educación, ocupando una vacante que se encontraba pendiente de una resolución definitiva desde mediados de año. La normativa, firmada por el intendente interino Agustín Neme y el secretario Mauro Martinelli, establece que Núñez asume sus funciones de manera inmediata, integrándose a la Planta de Personal Superior del municipio.
Esta incorporación no es un hecho aislado, sino que consolida un patrón de conducta política en la renovación de la gestión de este diciembre de 2025. El Ejecutivo ha optado por "repatriar" a legisladores que cumplieron su ciclo en el recinto deliberativo, garantizando así la continuidad de los cuadros políticos de la coalición gobernante en puestos clave de la administración. El caso de Núñez se suma al de Guillermo Volponi, referente del PRO, quien tras dejar su banca asumió la conducción de la Secretaría de Desarrollo Local, y al de Angélica González, de la Coalición Cívica, ahora posicionada como subsecretaria Técnica y Administrativa bajo el ala de la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda.
La designación de Núñez viene a cubrir el vacío dejado por Marcelo Luis López, cuya renuncia fue aceptada el pasado 20 de julio de 2025 para acogerse a los beneficios jubilatorios. Desde entonces, la Secretaría de Educación buscaba un perfil que combinara peso político con capacidad de gestión, requisitos que el oficialismo considera cumplidos con el dirigente radical. No obstante, el decreto aclara con rigor técnico que, al tratarse de personal político, el flamante subsecretario no gozará de estabilidad en el cargo, quedando su permanencia sujeta a la voluntad del Intendente Municipal o a la finalización de su mandato.
Desde una lectura política, este movimiento refuerza la cohesión interna del interbloque oficialista. Al repartir cargos de jerarquía entre los socios principales, el Ejecutivo no solo premia la lealtad legislativa de los años previos, sino que también asegura que la experiencia acumulada en el debate parlamentario se traslade a la ejecución de políticas públicas.
