La apertura de sobres programada para este lunes 5 de enero en el Museo de Ciencias Naturales "Lorenzo Scaglia" no es un acto administrativo rutinario, sino un verdadero control de daños para el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). Tras el estrepitoso cierre del proceso anterior, donde la totalidad de los interesados fue eyectada del sistema por incumplimientos técnicos y legales, el Ejecutivo local llega a esta instancia con la necesidad imperiosa de demostrar eficiencia. Lo que hoy se dirime es mucho más que la explotación de 45.510 metros cuadrados de costa; es la capacidad del Estado municipal para atraer inversiones genuinas que cumplan con un pliego que, hasta ahora, ha resultado ser un filtro infranqueable para el sector privado.
El antecedente inmediato dejó una herida abierta en la gestión de las Unidades Turísticas Fiscales. Hace pocas semanas, la Comisión de Evaluación desestimó a las cuatro firmas que pujaban por Playa Redonda, un hecho inusual por su magnitud. Mientras que Pasalto Materiales S.R.L. y Consulper S.A. quedaron fuera de juego de manera temprana por errores básicos en la certificación notarial de sus documentos, las expectativas puestas en Santiago de Compostela 1943 S.A. y ANJUFA S.A. se desvanecieron poco después. En estos últimos casos, las inconsistencias en los cálculos de inversión de una y la inhibición general de bienes del titular de la otra terminaron por declarar desierto un proceso que prometía obras por más de 1.700 millones de pesos. Este escenario de vacancia obligó a un relanzamiento urgente para evitar que uno de los sectores más codiciados del sur permaneciera en un limbo administrativo durante la temporada estival.
Sin embargo, el desafío para el municipio no es solo burocrático. A la rigidez técnica del pliego se le ha sumado en las últimas semanas una creciente resistencia por parte de asambleas ambientalistas y colectivos vecinales. El reciente comunicado de organizaciones ecologistas ha puesto el foco en la vulnerabilidad del ecosistema costero frente a la escala de las obras proyectadas. Las críticas apuntan especialmente a la figura del "alojamiento removible" y a la intensificación de la actividad comercial en una zona que requiere una preservación ambiental estricta. Para estos sectores, la caída de la licitación anterior fue vista como una oportunidad para replantear la explotación del recurso, advirtiendo que la presión por adjudicar no debe traducirse en una flexibilización de los controles ambientales ni en una entrega del patrimonio público a proyectos que no garanticen la sustentabilidad real del frente marino.
En este contexto de recambio de autoridades y renovado escrutinio público, el EMTURyC enfrenta hoy la difícil tarea de equilibrar tres frentes: la urgencia por concretar una concesión a 20 años que genere ingresos y servicios, la intransigencia formal que impone la normativa de contrataciones para evitar futuras impugnaciones, y la demanda social por un desarrollo que no degrade el paisaje natural. El resultado que arrojen los sobres en esta jornada será el primer gran test político del año para la política de concesiones costeras del partido de General Pueyrredon. Si el mercado vuelve a fallar en cumplir con las exigencias o si las propuestas ignoran el creciente malestar ambiental, Playa Redonda podría convertirse en un emblema de las dificultades de la gestión pública para armonizar el desarrollo económico con la protección del entorno.
