La Tecla Mar del Plata
Todos los derechos reservados
Con la temporada de verano en su punto más alto, Mar del Plata vuelve a quedar atravesada por un debate que se repite año tras año: el avance de los concesionarios privados sobre las playas públicas y la reducción del espacio disponible para quienes eligen disfrutar del mar sin pagar servicios.
La instalación de carpas y estructuras cada vez más cerca de la línea de costa achica de manera visible el sector público. Aunque la cantidad y ubicación de estas unidades están reguladas por concesiones municipales, el avance del mar y las variaciones de la línea de ribera deberían obligar, en la práctica, a readecuar los límites. Sin embargo, esa corrección rara vez ocurre y los privados no ceden terreno.
El problema se agrava por la vigencia de contratos de largo plazo —algunos con extensiones de hasta 30 años— que quedaron desactualizados frente a los cambios naturales del litoral. Cuando se detectan infracciones, las sanciones económicas aplicadas por el Ejecutivo resultan poco significativas en comparación con la rentabilidad que deja una buena temporada alta, lo que debilita cualquier efecto disuasorio.
La reciente sudestada que golpeó la costa atlántica volvió a exponer esta tensión. Durante el fenómeno, muchos bañistas que se encontraban en sectores públicos tuvieron serias dificultades para alejarse del agua, ya que las barreras físicas de los balnearios privados limitaron las vías de escape y redujeron el espacio disponible ante el avance repentino del mar.
Con un verano que promete alta afluencia turística, el conflicto entre el negocio privado y el derecho ciudadano al libre acceso a las playas vuelve a quedar sobre la mesa. Un equilibrio pendiente que, hasta ahora, el Municipio no logra resolver y que cada temporada reaparece con más fuerza.