La Tecla Mar del Plata
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El ladrillo es una de las columnas vertebrales del poder local y logró atravesar sin sobresaltos el recambio político en la Municipalidad. Lo que fue una bandera de gestión de Guillermo Montenegro se mantiene firme durante el interinato: el Régimen de Incentivos a la Construcción sigue vigente y ya tiene horizonte temporal hasta septiembre de 2027, entre prórrogas sucesivas, beneficios ampliados y una relación aceitada con el sector privado.
La continuidad del esquema incluyó la extensión de los incrementos transitorios de indicadores urbanísticos en zonas de densidad media y alta, desde áreas residenciales hasta corredores comerciales. En los hechos, la flexibilización del Código de Ordenamiento Territorial se tradujo en una multiplicación de proyectos que avanzaron por la vía de la excepción, saturando las comisiones del Concejo y consolidando una lógica donde la norma quedó subordinada a la negociación caso por caso.
El Régimen nació en 2021, en pleno parate pandémico, con el discurso de sostener empleo y reactivar una actividad estratégica. Aquella herramienta de emergencia habilitaba mayor capacidad constructiva y alturas excepcionales para emprendimientos iniciados antes de la crisis sanitaria. Con el correr del tiempo, lo transitorio se volvió permanente y el incentivo dejó de ser un salvataje coyuntural para convertirse en el principal motor del desarrollo urbano —y del negocio inmobiliario— en Mar del Plata.
En ese esquema hay un faltante que se repite año tras año: las compensaciones urbanísticas. La ordenanza que debía equilibrar los beneficios otorgados al sector privado volvió a quedar en suspenso, ahora con aplicación recién prevista para 2026. Mientras tanto, el saldo es claro: más metros edificados, más expedientes aprobados y menos debate de fondo sobre el modelo de ciudad. La discusión que asoma en el Concejo ya no es solo normativa: es política. Y, una vez más, la construcción busca asegurarse centralidad en la nueva etapa del poder local.