La Tecla Mar del Plata
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General Pueyrredon entra en la recta final de una definición clave. Con el calendario encima y el plazo que vence el jueves 29 de enero, vuelve a crecer el interrogante en la agenda política local: ¿el Ejecutivo enviará finalmente el Presupuesto 2026 o volverá a recurrir a una nueva prórroga?
La cuenta regresiva no es nueva, pero sí cada vez más incómoda. El Concejo Deliberante ya concedió una seguidilla de extensiones que dejaron expuestas las dificultades del oficialismo para cerrar la llamada “ley de leyes”. La última prórroga, de hecho, se pidió sin un argumento sólido que lograra disimular lo que en los pasillos se comenta en voz baja: la falta de acuerdos políticos puertas adentro, especialmente con los aliados, y en particular con La Libertad Avanza, donde algunos puntos clave siguen sin cerrar.
El marco legal es claro. La Ley Orgánica de las Municipalidades establece el 30 de octubre como fecha límite para la presentación del presupuesto. Sin embargo, el Departamento Ejecutivo ya agotó casi todo el margen político: primero la prórroga hasta el 30 de noviembre, luego hasta el 31 de diciembre, más tarde hasta el 16 de enero y ahora hasta el 29. Con el reloj corriendo, las excusas empiezan a perder peso.
La discusión, además, excede lo técnico. La demora en el envío del Presupuesto 2026 no solo condiciona la planificación financiera del municipio, sino que también pone a prueba la capacidad de gestión y de construcción política del actual interinato. Enviar el proyecto implicaría ordenar prioridades, transparentar el impacto de los acuerdos salariales y fijar un rumbo claro para el año en curso.
Si el Ejecutivo logra avanzar y girar al Concejo una ley de leyes que equilibre las demandas gremiales con la realidad recaudatoria, General Pueyrredon podría dejar atrás el esquema de presupuestos prorrogados y comenzar a gestionar con herramientas propias. De lo contrario, el riesgo es profundizar un escenario de administración por inercia, donde las prórrogas y los decretos ya no alcanzan para disimular la falta de planificación.
Mientras tanto, el gobierno ya tomó una decisión de fondo: el municipio funciona en 2026 con el Presupuesto 2025 prorrogado. La medida fue formalizada por decreto y se apoya en la normativa provincial que habilita esa salida cuando no hay un nuevo presupuesto aprobado. La continuidad administrativa está garantizada, pero a costa de congelar la planificación y limitar cualquier política nueva.
Con el vencimiento a la vuelta de la esquina, la pregunta sigue abierta. El jueves 29 de enero marcará si el Presupuesto 2026 finalmente ve la luz o si General Pueyrredon suma un nuevo capítulo a la saga de prórrogas que mantiene en suspenso la hoja de ruta económica del municipio.