La provincia de Santa Fe vive momentos de alta tensión tras el acuartelamiento de la policía, una medida de fuerza que se extendió a múltiples localidades y dejó a ciudades clave como Rosario prácticamente sin patrullaje desde la noche del lunes 9 de febrero.
Los efectivos denuncian salarios insuficientes que no cubren la canasta básica, jornadas extenuantes y falta de apoyo en salud mental, agravados por el reciente suicidio de un suboficial en la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario.
El conflicto escaló rápidamente luego de que, durante las protestas iniciadas el miércoles 5 de febrero, la infantería provincial reprimiera a los manifestantes, incluyendo golpes a familiares de los policías.
Las imágenes difundidas muestran escenas nocturnas en una estación de servicio YPF, donde una multitud se congregó frente a cordones policiales, generando enfrentamientos internos entre uniformados. "No somos máquinas", expresaron los agentes en sus reclamos, destacando la necesidad de límites razonables en la carga horaria, tarjetas alimentarias y liquidaciones salariales transparentes.
Las manifestaciones se replicaron en todo el territorio santafesino: Rosario, Santa Fe capital (frente a la Casa de Gobierno), Esperanza, Rafaela, San Cristóbal, Coronda, San Justo, San Javier, Reconquista, Tostado, Vera, Sastre, Melincué, Casilda y Villa Constitución, entre otras. En Rosario, epicentro del malestar, los policías se concentraron en la Jefatura, donde se registraron momentos de conmoción con despliegue de fuerzas federales para compensar la ausencia local.
El gobernador Maximiliano Pullaro respondió con anuncios para descomprimir la situación, como una bonificación de 500.000 pesos para efectivos que patrullen en ciudades principales como Rosario y Santa Fe, más 200.000 pesos adicionales para conductores de patrulleros.
Además, se evalúa un régimen similar al de las fuerzas federales, cubriendo alojamiento en hoteles para policías de zonas alejadas, quienes enfrentan jornadas de 12 horas con 36 de descanso y gastos propios.
Desde el sindicato Apropol, se exige una recomposición salarial real, un haber inicial no inferior a la canasta básica y un programa de salud mental confidencial sin represalias. "Con salarios de hambre no hay seguridad posible", sostienen los uniformados, mientras el gobierno nacional, a través de figuras como Javier Milei y Patricia Bullrich, mantiene su discurso de seguridad bajo el Plan Bandera, pero la realidad en las calles muestra un colapso interno en las fuerzas provinciales.
Los ciudadanos de Rosario y otras áreas reportan preocupación por la inseguridad, en un contexto donde el reclamo policial pone en jaque el modelo de ajuste económico.
CREDITO DEL VIDEO: HERNAN FUENTES