La Tecla Mar del Plata
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
El soldado suicidado en Olivos fue extorsionado por una banda que operaba desde la cárcel a través de una app de citas
Rodrigo Gómez, el militar de 21 años hallado sin vida en la Quinta Presidencial de Olivos fue chantajeado por una organización criminal que utilizaba perfiles falsos en la aplicación para engañar a víctimas y exigirles dinero. La investigación reveló que la banda funcionaba como una "pyme del delito" desde penales bonaerenses, con siete detenidos hasta el momento
La trágica muerte de Rodrigo Gómez, el soldado de 21 años oriundo de Misiones que apareció sin vida el 16 de diciembre pasado en la Residencia Presidencial de Olivos con un disparo en la cabeza, ha tomado un giro impactante con los avances de la investigación judicial.
De forma reciente, en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se revelaron detalles sobre una banda dedicada a extorsiones y estafas digitales que operaba desde cárceles bonaerenses, y de la cual Gómez habría sido una víctima fatal.
Según explicó Monteoliva, el análisis de una carta dejada por el joven militar antes de quitarse la vida fue clave para desentrañar el caso.
En el documento, Gómez hacía referencia a problemas originados en una app de citas: "Quien diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada porque, supuestamente, si les pagaba esto se solucionaba. Solo parece ser una estafa porque piden plata y más plata. Son más corruptos que otra cosa... No le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que si le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo y eso me aterra. Estoy muy agradecido con la familia, con el Ejército. Después de escribir todo esto ya llegó la hora".
El modus operandi de la organización involucra la creación de perfiles falsos en la aplicación, como el de una supuesta mujer llamada Julieta Ayelén Cardozo. Las víctimas entablaban conversaciones con estas "mujeres que no existen", intercambiando fotos inocentes descargadas de internet.
Posteriormente, intervenía una falsa "madre alterada" que, a través de un audio, acusaba a la víctima de ser un "degenerado" por supuestamente contactar a una menor de 17 años, exigiendo una transferencia de dinero para no denunciarlo.
El engaño escalaba con la usurpación de identidad de un policía real de la Ciudad de Buenos Aires, identificado como M. N. C., que contactaba a la víctima para informar de una supuesta causa judicial en su contra y demandar un pago inmediato para "solucionar" el problema.
"A medida que se empezó a trabajar con los teléfonos, se encontró que había tres personas que estaban presas en penales y que a partir de ahí llevaban a cabo un entramado de manipulación extorsiva", detalló Monteoliva.
La jueza Arroyo Salgado enfatizó que este no es un caso aislado, sino parte de un patrón de estafas virtuales cometidas desde prisiones, donde los celulares actúan como "armas letales".
"Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular", afirmó la magistrada.
Por su parte, Adorni calificó a la banda como una "pyme del delito", destacando su estructura organizada con división de roles y captación de víctimas. "Un celular en la mano es efectivamente permitirle tener un arma en una celda, y eso no se puede permitir más. No se les puede dejar tener una pyme del delito dentro de la cárcel", expresó el funcionario.
Hasta el momento, siete personas han sido detenidas en relación con el caso: tres hombres alojados en penales bonaerenses (dos en Magdalena, identificados como Francavilla y Mauricio José Duarte Arecó, y uno en La Plata, Kevin Manuel Sandoval), junto a mujeres que recibían las transferencias en sus cuentas.
Los allanamientos se realizaron en domicilios de Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande, además de las unidades penitenciarias.
La causa continúa en curso, con la posibilidad de identificar a más involucrados. Este episodio no solo expone las vulnerabilidades de las apps de citas, sino también la necesidad de reforzar los controles en las cárceles para prevenir que los reclusos cometan delitos desde el interior de las celdas.
De forma reciente, en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se revelaron detalles sobre una banda dedicada a extorsiones y estafas digitales que operaba desde cárceles bonaerenses, y de la cual Gómez habría sido una víctima fatal.
Según explicó Monteoliva, el análisis de una carta dejada por el joven militar antes de quitarse la vida fue clave para desentrañar el caso.
En el documento, Gómez hacía referencia a problemas originados en una app de citas: "Quien diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada porque, supuestamente, si les pagaba esto se solucionaba. Solo parece ser una estafa porque piden plata y más plata. Son más corruptos que otra cosa... No le tengo miedo a la muerte, sino respeto. A lo que si le tengo miedo es a decepcionarlos y a quedarme solo y eso me aterra. Estoy muy agradecido con la familia, con el Ejército. Después de escribir todo esto ya llegó la hora".
El modus operandi de la organización involucra la creación de perfiles falsos en la aplicación, como el de una supuesta mujer llamada Julieta Ayelén Cardozo. Las víctimas entablaban conversaciones con estas "mujeres que no existen", intercambiando fotos inocentes descargadas de internet.
Posteriormente, intervenía una falsa "madre alterada" que, a través de un audio, acusaba a la víctima de ser un "degenerado" por supuestamente contactar a una menor de 17 años, exigiendo una transferencia de dinero para no denunciarlo.
El engaño escalaba con la usurpación de identidad de un policía real de la Ciudad de Buenos Aires, identificado como M. N. C., que contactaba a la víctima para informar de una supuesta causa judicial en su contra y demandar un pago inmediato para "solucionar" el problema.
"A medida que se empezó a trabajar con los teléfonos, se encontró que había tres personas que estaban presas en penales y que a partir de ahí llevaban a cabo un entramado de manipulación extorsiva", detalló Monteoliva.
La jueza Arroyo Salgado enfatizó que este no es un caso aislado, sino parte de un patrón de estafas virtuales cometidas desde prisiones, donde los celulares actúan como "armas letales".
"Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular", afirmó la magistrada.
Por su parte, Adorni calificó a la banda como una "pyme del delito", destacando su estructura organizada con división de roles y captación de víctimas. "Un celular en la mano es efectivamente permitirle tener un arma en una celda, y eso no se puede permitir más. No se les puede dejar tener una pyme del delito dentro de la cárcel", expresó el funcionario.
Hasta el momento, siete personas han sido detenidas en relación con el caso: tres hombres alojados en penales bonaerenses (dos en Magdalena, identificados como Francavilla y Mauricio José Duarte Arecó, y uno en La Plata, Kevin Manuel Sandoval), junto a mujeres que recibían las transferencias en sus cuentas.
Los allanamientos se realizaron en domicilios de Lomas del Mirador, El Palomar y Monte Grande, además de las unidades penitenciarias.
La causa continúa en curso, con la posibilidad de identificar a más involucrados. Este episodio no solo expone las vulnerabilidades de las apps de citas, sino también la necesidad de reforzar los controles en las cárceles para prevenir que los reclusos cometan delitos desde el interior de las celdas.