24 de febrero de 2026
DEBATE
Alumbrado público: la advertencia técnica que pone en duda la equidad del nuevo esquema cobro
El proyecto para trasladar el costo del servicio a la factura de energía eléctrica genera alarmas, incluso en sectores con experiencia técnica y de gestión de General Pueyrredon. El eje del conflicto no es solo administrativo, sino el abandono del criterio de proporcionalidad, lo que transformaría una tasa basada en la capacidad contributiva en un cargo fijo igualitario para propiedades de distinto valor inmobiliario.
El debate parlamentario sobre el Presupuesto 2026 en General Pueyrredon ha sumado un componente de análisis que trasciende la habitual disputa partidaria. Voces con trayectoria en la administración de los servicios urbanos han manifestado su inquietud ante lo que consideran un cambio de paradigma fiscal de consecuencias regresivas: el traspaso del cobro del alumbrado público desde la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) hacia la factura de la prestataria EDEA. Esta modificación, presentada inicialmente como una búsqueda de eficiencia en la recaudación, encierra una alteración en la forma en que se distribuye el esfuerzo económico entre los contribuyentes marplatenses.
El cuestionamiento técnico central radica en la ruptura de la proporcionalidad. Bajo el sistema actual, la TSU se calcula, al menos teóricamente, en función de la valuación fiscal de cada inmueble. Esto permite que la presión tributaria sea mayor en zonas de alta rentabilidad inmobiliaria y menor en barrios periféricos o sectores vulnerables. Sin embargo, el esquema que se pretende implementar establece montos fijos por inmueble según la cantidad de luminarias por cuadra. En la práctica, esto significa que una vivienda humilde en un terreno pequeño y una propiedad de lujo con amplias comodidades, situadas en la misma zona, afrontarían el mismo costo por el servicio de luz en la vía pública.
Desde sectores con conocimiento en la gestión del EMVIAL y la infraestructura urbana, como el expresado por el ingeniero José María Conte en su reciente carta abierta al intendente interino Agustín Neme y los 24 concejales de General Pueyrredon, se advierte que esta "regresividad" es un retroceso en términos de justicia distributiva. La preocupación apunta a que el contribuyente de menores recursos termina asumiendo una carga proporcionalmente mucho más pesada que aquel con mayor capacidad económica. Si el Estado municipal decide simplificar su cobro a través de un tercero, no debería hacerlo a costa de ignorar las diferencias patrimoniales de los vecinos, un principio básico de cualquier sistema impositivo moderno.
Para que una transición de esta naturaleza no sea interpretada como un aumento encubierto, la técnica administrativa exige garantías que hoy parecen estar ausentes o, al menos, poco claras en el proyecto oficial. Entre ellas, resulta indispensable una reducción explícita y equivalente de la TSU en los mismos valores absolutos que se adicionen a la factura eléctrica. Sin un estudio de impacto detallado por zonas y una garantía de que esos fondos tendrán una afectación específica y transparente, la medida corre el riesgo de ser vista simplemente como una herramienta de recaudación automática que sacrifica la equidad social en el altar de la eficiencia financiera.