31 de marzo de 2026
RUIDO POLíTICO Y JUDICIAL
Adornigate: hipoteca cruzada, acreedoras que lo desconocen y una trama patrimonial bajo la lupa
La compra de un departamento por USD 230.000 con una hipoteca no bancaria encendió alarmas sobre el patrimonio de Manuel Adorni. Dos acreedoras niegan conocerlo y la Justicia analiza la operatoria mientras crece la presión política.
La situación patrimonial de Manuel Adorni volvió al centro de la escena política tras la revelación de una operación inmobiliaria que combina financiamiento atípico, falta de explicaciones públicas y nuevas inconsistencias en los registros oficiales. El caso, que ya es mencionado como “Adornigate”, suma capítulos y tensiona su permanencia en el Gobierno.
El eje de la controversia es la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, concretada el 18 de noviembre de 2025 por un valor declarado de USD 230.000. Se trata de una unidad de casi 200 metros cuadrados con cochera, ubicada sobre la calle Miró, en una zona de alta valorización inmobiliaria.
La operación incluyó una hipoteca no bancaria por USD 200.000, es decir, cerca del 90% del valor total del inmueble. Lo singular del caso es que el financiamiento no provino de una entidad financiera sino de dos personas físicas: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes figuran como acreedoras en partes iguales.
Sin embargo, ambas mujeres negaron públicamente conocer al funcionario. La declaración encendió nuevas alertas, ya que, en los papeles, habrían financiado una porción sustancial de la compra realizada por el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti.
El esquema de la operación agrega otro elemento llamativo: las acreedoras habían adquirido esa misma propiedad apenas unos meses antes, en abril de 2025. Es decir, compraron el inmueble y luego lo vendieron financiando casi la totalidad del monto a los nuevos propietarios, una modalidad poco habitual en el mercado formal.
La adquisición se produjo además en un momento político sensible. Según los registros, la compra se cerró apenas dos semanas después de que Adorni asumiera como jefe de Gabinete, lo que amplificó el escrutinio sobre la evolución de su patrimonio desde su desembarco en la función pública.
La polémica se profundizó luego de que el propio funcionario afirmara, en conferencia de prensa en Casa Rosada, que no tenía “nada que esconder” y que su patrimonio era producto de más de 25 años de actividad en el sector privado. Sin embargo, evitó brindar detalles específicos sobre esta operación y otros movimientos recientes.
En paralelo, el caso se inscribe en una serie de adquisiciones inmobiliarias de la familia. Entre ellas, la compra de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa en noviembre de 2024, lo que refuerza las dudas sobre la dinámica de acumulación de activos.
La Justicia Federal ya analiza la situación patrimonial del funcionario en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El foco está puesto en la trazabilidad de los fondos, la consistencia entre ingresos declarados y bienes adquiridos, y particularmente en la estructura de financiamiento utilizada en la operación de Caballito.
Pese al creciente ruido político y judicial, desde el entorno de Adorni niegan cualquier irregularidad y aseguran que toda la documentación está en regla y a disposición de los tribunales. Mientras tanto, en Balcarce 50 sostienen que el funcionario continúa firme en su cargo, aunque el caso amenaza con escalar y convertirse en un nuevo frente de conflicto para el Gobierno.