25 de abril de 2026
SENADO DE LA PROVINCIA
Montenegro impulsa una reforma penal juvenil: baja la imputabilidad a 14 y redefine el sistema
El Senador Provincial avanza con una reforma estructural del sistema penal juvenil para adecuarlo a la Ley Nacional N.º 27.801 de Responsabilidad Penal Juvenil, con cambios de fondo que combinan endurecimiento, nuevas garantías y mayor protagonismo de las víctimas.
El proyecto modifica de manera integral la Ley 13.634 (Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil) y establece un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años, incorporando la baja de la edad de imputabilidad como eje central. La iniciativa no deroga la normativa vigente, sino que la reconfigura mediante la sustitución e incorporación de artículos.
Uno de los pilares de la reforma es la creación de un sistema plenamente especializado. Jueces, fiscales, defensores y operadores deberán contar con formación específica en niñez y adolescencia, en línea con estándares internacionales de derechos humanos.
En términos conceptuales, el proyecto propone un cambio de paradigma. Deja atrás el enfoque estrictamente tutelar y avanza hacia un modelo de responsabilidad penal juvenil que combina sanción con objetivos de educación, resocialización e integración social.
El proyecto también amplía de manera significativa las herramientas procesales. Se incorporan mecanismos como el criterio de oportunidad, la mediación penal juvenil y la suspensión del proceso a prueba, que buscan evitar la judicialización completa en casos de menor gravedad y priorizar la reparación del daño.
En paralelo, se refuerza el rol de la víctima dentro del proceso. Podrá intervenir activamente, oponerse a decisiones del fiscal, participar en instancias de mediación y acceder a asistencia psicológica y patrocinio jurídico gratuito.
En cuanto al sistema de sanciones, se establece un esquema escalonado. Se priorizan las medidas no privativas de libertad, como tareas comunitarias, monitoreo electrónico o restricciones de conducta, y se reserva la prisión como último recurso. A su vez, se fija un máximo de 15 años de pena y se prohíben las condenas perpetuas para adolescentes.
La iniciativa también introduce controles más estrictos sobre los plazos procesales, con sanciones para magistrados en caso de demoras injustificadas, y crea la figura de supervisores especializados para el seguimiento de los jóvenes durante el proceso y el cumplimiento de las medidas.
Finalmente, el proyecto regula con mayor detalle las condiciones de detención, estableciendo la obligatoriedad de instituciones específicas para menores, la separación de adultos y el acceso a educación, salud y actividades recreativas.