21 de mayo de 2026
EN SUSPENSO
UT Chapadmalal: entre trascendidos sobre despidos y el avance hacia la privatización del complejo
Tras la difusión de resoluciones internas que dispondrían el pase a disponibilidad de la planta permanente y la baja de contratados, gremios estatales denuncian un inminente vaciamiento de la Unidad Turística Chapadmalal. Desde el Ejecutivo nacional ratifican la intención de concesionar el predio al sector privado, aunque aún no se oficializaron los pliegos de licitación.
La emblemática Unidad Turística Chapadmalal se encuentra en el centro de un creciente conflicto político y gremial tras conocerse medidas administrativas que, según denuncias sindicales, representarían la antesala del cese definitivo de actividades para la totalidad de su personal. De acuerdo con trascendidos y documentos internos que comenzaron a circular en las últimas horas, la Jefatura de Gabinete de la Nación habría determinado el pase a disponibilidad de los trabajadores de planta permanente y la no renovación de los contratos vigentes, una decisión que afectaría a un total de 58 empleados que actualmente realizan tareas de mantenimiento y custodia en el complejo costero.
La medida, que según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sería notificada formalmente en los próximos días, se enmarca en los planes del Gobierno nacional de avanzar hacia la privatización o concesión de los históricos hoteles de turismo social. Si bien las resoluciones administrativas llevarían la firma del secretario de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete, Federico Sicilia, el esquema se habría activado a partir de una solicitud de la Secretaría de Turismo y Ambiente, conducida por Daniel Scioli, orientada a la reestructuración del área mediante la supresión organizativa tanto de Chapadmalal como de su contraparte cordobesa, la Unidad Turística Embalse.
De confirmarse el alcance de la normativa en el Boletín Oficial, el personal de planta permanente ingresaría en la situación de disponibilidad que prevé la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. Este mecanismo legal establece que los agentes afectados por reestructuraciones del Estado disponen de un plazo de entre seis y doce meses —según su antigüedad— para ser reubicados en otras dependencias. Cumplido ese período sin una asignación de funciones, la desvinculación de la Administración Pública Nacional se torna automática, abriendo el derecho al cobro de las indemnizaciones correspondientes. En paralelo, los representantes gremiales advierten que los trabajadores bajo régimen de contratación anual podrían ver interrumpidas sus prestaciones de manera anticipada.
Desde la perspectiva sindical, la medida es interpretada como un paso irreversible hacia el desmantelamiento operativo del predio. Desde ATE Mar del Plata manifestaron su preocupación al señalar que, en experiencias previas de reestructuración ministerial, los pases a disponibilidad funcionaron en la práctica como despidos encubiertos, debido a las restricciones existentes en otros organismos nacionales para absorber dicho personal. Ante este panorama, los trabajadores convocaron a una conferencia de prensa y a asambleas de urgencia dentro del propio complejo para definir las medidas de fuerza y las acciones legales a seguir.
Por su parte, el Gobierno nacional ha mantenido una postura firme respecto al rumbo estratégico que pretende imprimirle a los complejos turísticos estatales. En recientes informes presentados ante el Congreso de la Nación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la iniciativa de entregar las instalaciones en concesión a firmas privadas por un plazo proyectado de 30 años. Desde el Ejecutivo argumentan que el esquema de gestión privada permitirá atraer inversiones indispensables para la restauración estructural del predio, elevar los estándares de calidad de los servicios y revertir el déficit fiscal que generaba el sostenimiento estatal de los hoteles tras su cierre operativo inicial en 2025.
A pesar de la claridad en el rumbo político trazado por la administración central, las autoridades admiten que el proceso aún se encuentra en una etapa de evaluación técnica y legal, por lo que todavía no se han publicado los pliegos definitivos ni se ha iniciado la correspondiente licitación pública. La falta de definiciones normativas precisas mantiene la situación en un terreno de fuerte incertidumbre, donde coexisten las expectativas oficiales de una modernización integral del espacio con el rechazo de sectores gremiales y políticos locales, quienes alertan sobre la pérdida de los puestos de trabajo y el cese definitivo de las políticas de turismo social en la región.