La construcción de una torre de 15 pisos en Punta Mogotes reabre la discusión por las excepciones y las compensaciones urbanas
El expediente para autorizar un edificio en la calle William Morris al 1010 quedó en comisión en la comisión de Obras. Mientras los desarrolladores defienden el diseño de perímetro libre, la oposición y sectores aliados exigen informes al Ejecutivo sobre la plusvalía y el destino de los fondos de infraestructura.
El crecimiento edilicio sobre el frente costero y los criterios de planificación urbana volvieron al centro de la escena política local. En el marco de la comisión de Obras del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, comenzó el tratamiento del Expediente 1396/26, una iniciativa que busca autorizar a un fideicomiso privado a adoptar un plano límite especial para construir una torre de viviendas multifamiliares de 15 pisos en el barrio Punta Mogotes, específicamente en el inmueble de la calle William Morris al 1010.
Durante la jornada, los arquitectos responsables del proyecto expusieron los lineamientos técnicos ante los legisladores. Según argumentaron, la propuesta contempla una estructura de perímetro libre que reduce al mínimo la ocupación del suelo (FOS) y genera amplios retiros tanto laterales como de fondo, lo que evita la consolidación de medianeras respecto a los vecinos. Desde la perspectiva técnica de los proyectistas, este esquema de construcción "finito y alto" agota el factor de ocupación total (FOT) permitido pero respeta estrictamente el cono de sombra exigido, promoviendo una mayor densidad y desarrollo comercial en una zona de la costa que actualmente describieron como deshabitada y con presencia de terrenos baldíos.
Sin embargo, la envergadura del edificio —en un distrito donde la normativa vigente suele fijar un techo notablemente inferior para la zona— encendió las alarmas en el arco opositor. Desde las bancadas de la oposición se advirtió que la autorización de una torre de estas características no representa un hecho aislado, sino la "punta de lanza" de un nuevo modelo de desarrollo vertical para el sector sur de Mar del Plata. En este sentido, los ediles opositores enfatizaron la necesidad de dar un debate integral sobre el Código de Ordenamiento Territorial (COT) para definir con reglas claras el crecimiento de la ciudad para las próximas décadas, garantizando la igualdad de condiciones y evitando situaciones de especulación inmobiliaria frente a los propietarios y desarrolladores que ya han construido bajo las normas tradicionales.
El punto neurálgico del debate político se concentró en las denominadas compensaciones urbanísticas por plusvalía inmobiliaria. Tanto desde bloques de la oposición como desde sectores del propio oficialismo se manifestaron reparos sobre la metodología con la que se determinan y asignan estos aportes. La crítica principal de la oposición apuntó a que el beneficio otorgado al privado al permitirle edificar cerca de cinco pisos adicionales debe cuantificarse económicamente de manera precisa antes de la aprobación del proyecto, asegurando que el retorno para el municipio guarde proporción con la rentabilidad extra del emprendimiento. Asimismo, los concejales coincidieron en reclamar que los recursos resultantes no se diluyan en mejoras menores en las inmediaciones de la propia obra, sino que se destinen formalmente a infraestructura estratégica o a mitigar las deudas estructurales en los barrios más postergados del partido.
Hacia el cierre del debate, el presidente de la comisión de Obras, Fernando Muro (PRO), buscó ordenar la discusión aclarando que el proyecto cumple con los indicadores urbanísticos de densidad y ocupación, y que la única flexibilización solicitada corresponde estrictamente al plano límite de altura, manteniendo a salvo el cono de sombra sobre la costa. Respecto a las compensaciones, precisó que el texto normativo delega en el Departamento Ejecutivo la determinación de los montos en una instancia posterior a la aprobación, con destino a obras públicas. No obstante, ante el pedido unánime de mayor claridad, se resolvió que el expediente permanezca en comisión y se avance con un primer pedido de informes formal a la Secretaría de Obras para que detalle el valor proyectado de la plusvalía y el destino específico que tendrán los fondos de compensación urbana.