La Tecla Mar del Plata
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La crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sumó un nuevo capítulo político en la Legislatura bonaerense. Esta vez, la avanzada opositora tuvo como principal impulsor a Alejandro “Ruso” Rabinovich, titular del bloque PRO en la Cámara de Diputados y uno de los hombres de mayor confianza de Guillermo Montenegro, quien logró articular una movida parlamentaria inédita para poner bajo presión al gobierno de Axel Kicillof.
La solicitud ingresó en las últimas horas a la Cámara Baja y reclama al presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, la convocatoria a una sesión especial para debatir la situación de la obra social bonaerense, atravesada por denuncias de afiliados, conflictos con prestadores y dificultades en el acceso a medicamentos y tratamientos.
El documento impulsado por Rabinovich reunió 47 firmas, número suficiente para habilitar el pedido formal y consolidó un raro esquema de coordinación entre distintos sectores opositores. Acompañaron la iniciativa referentes del radicalismo, la Coalición Cívica, Unión y Libertad y La Libertad Avanza.
Desde el bloque PRO de la Cámara de Diputados de la Provincia impulsamos un pedido de sesión especial por la crisis en IOMA. Millones de afiliados bonaerenses no están obteniendo respuestas en el acceso a prestaciones y cobertura médica. Detrás de cada demora o negativa hay… pic.twitter.com/MGx6t87lsP
— PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) June 2, 2026
Entre los firmantes aparecen el marplatense Diego Garciarena por UCR + Cambio Federal, Alejandra Lordén por la UCR, Agustín Romo por La Libertad Avanza, Martín Rozas por Unión y Libertad y Andrés de Leo por la Coalición Cívica.
La ofensiva parlamentaria no se limita a una sola iniciativa. En rigor, el paquete reúne una decena de proyectos vinculados al funcionamiento del organismo y tiene un punto central: exigir la presencia del titular del IOMA, Homero Giles, en el recinto para que explique el estado de la obra social.
“No puede resultar indiferente para esta Honorable Cámara que millones de bonaerenses manifiesten sentirse abandonados por una obra social cuya finalidad esencial es garantizar el acceso efectivo a la salud”, sostuvieron los legisladores en los fundamentos del pedido.
La oposición advierte que los problemas exceden lo administrativo y tienen impacto directo sobre las prestaciones médicas. Demoras en autorizaciones, interrupciones en tratamientos y reclamos judiciales de afiliados aparecen como parte del cuadro que buscan instalar en el debate legislativo.
“Cuando los afiliados deben recurrir a amparos judiciales para obtener medicamentos, tratamientos o prestaciones que les corresponden por derecho; cuando los prestadores denuncian atrasos que comprometen la continuidad de la atención; y cuando los reclamos se multiplican sin respuestas satisfactorias, el Poder Legislativo tiene la obligación institucional de intervenir”, remarcaron.
Entre los expedientes incluidos también aparece un tema sensible: la preocupación por el hackeo sufrido por IOMA y la eventual filtración de datos que habría dejado expuestos a afiliados frente a posibles estafas.
Además, parte de la oposición impulsa destinar recursos de la pauta oficial bonaerense al pago de deudas que el organismo mantiene con clínicas y proveedores médicos, mientras vuelve a emerger el debate sobre la autarquía del instituto, una discusión recurrente cada vez que la obra social queda en el centro de la escena.
Desde el gobierno bonaerense defienden la gestión de Giles y atribuyen la crisis al deterioro general del sistema sanitario. El propio Kicillof, durante el Congreso Bonaerense del Trabajo realizado en Mar del Plata, buscó contextualizar la situación: “Hay una crisis del sistema de salud en la Argentina. El que no la ve es porque no la quiere ver”.
Sin embargo, la oposición endureció su postura y eligió a IOMA como uno de los principales frentes de desgaste contra la administración provincial. Con Rabinovich como articulador político de la movida y la firma de casi medio centenar de diputados, la presión quedó formalizada y ahora la definición está en manos de Dichiara, quien dispone de hasta diez días para resolver si convoca o no a la sesión especial.