CHAPADMALAL
La Tecla Mar del Plata
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
Lo que la semana nos dejó
Mientras la ciudad discute el futuro de sus principales activos turísticos y urbanos, el Concejo volvió a quedar bajo la lupa por la escasa producción de ordenanzas. Entre concesiones millonarias, disputas políticas y conflictos abiertos en Chapadmalal, Punta Mogotes y la costa sur, la agenda local sumó una semana de alta intensidad.
Intrascendencia legislativa en General Pueyrredon: el ranking de concejales
El procesamiento de los datos del último mes ratifica que el 80,7% de los expedientes ingresados por los concejales al Concejo Deliberante elude las reformas estructurales. Quiénes son los ediles que lideran la hiperactividad inocua, quiénes registran una parálisis total en sus bancas y cómo funciona la excepción de la coautoría en bloque.
Crece el mal endémico que padece el Concejo Deliberante de General Pueyrredon: una preocupante propensión a refugiarse en las minutas de comunicación y los proyectos de resolución, postergando el debate de fondo que solo habilitan las ordenanzas. Dicho diagnóstico, que señala cómo la rosca política y la especulación táctica fagocitan la agenda de un distrito en crisis, se basa en un respaldo empírico irrefutable en las estadísticas oficiales del último mes.
Los números procesados no dejan margen para la interpretación discursiva. Al contabilizar los registros individuales de mesa de entradas del Palacio Municipal, de un total de 88 expedientes ingresados bajo la firma de los concejales, apenas 17 correspondieron a proyectos de ordenanza. El 80,7% restante de la producción legislativa masiva se diluyó en herramientas inocuas, diseñadas para el posicionamiento mediático o el consumo interno de las facciones, sin impacto real en las deficiencias estructurales que afectan a los vecinos.
A continuación, el detalle del comportamiento del cuerpo legislativo, clasificado según la densidad jurídica y el volumen de sus iniciativas.
Hiperactividad administrativa sin densidad jurídica
Este sector del recinto encarna de forma fidedigna el fenómeno del "resolucionismo". Se trata de legisladores que exhiben un elevado dinamismo documental y frecuentes ingresos de carpetas, pero cuya producción mensual carece por completo de propuestas normativas de fondo. Su actividad se concentró exclusivamente en el trámite menor y la declaración institucional:
1. Mariana Cuesta: 11 expedientes presentados / 0 proyectos de ordenanza
2. Valeria Crespo: 10 expedientes presentados / 0 proyectos de ordenanza.
3. Eva Ayala: 9 expedientes presentados / 0 proyectos de ordenanza.
4. Pablo Odeid: 5 expedientes presentados / 0 proyectos de ordenanza.
La distorsión del volumen: abundancia de formas frente a la escasez de fondo
Bajo este perfil se agrupan los concejales que generan una ilusión de intensa labor legislativa mediante el volumen de sus presentaciones. Sin embargo, al analizar el contenido, la balanza denota una profunda asimetría: sus bancas aportaron una sola iniciativa de ordenanza en todo el período, mientras que el resto de sus plataformas se volcó a engrosar la estadística de resoluciones y solicitudes secundarias.
5. Diego García: 9 expedientes presentados / Solo 1 proyecto de ordenanza.
6. Melisa Centurión: 9 expedientes presentados / Solo 1 proyecto de ordenanza.
7. Gabriela Azcoitia: 5 expedientes presentados / Solo 1 proyecto de ordenanza.
8. Vilma Baragiola: 4 expedientes presentados / Solo 1 proyecto de ordenanza.
Iniciativas de bajo impacto y mínima frecuencia
Este bloque mantuvo un perfil ostensiblemente bajo durante el mes analizado. Su paso por las comisiones y el recinto se limitó a intervenciones aisladas y expedientes de escasa relevancia jurídica, sin proponer reformas sustanciales para la órbita municipal.
9. Juan Manuel Cheppi: 2 expedientes presentados / 0 proyectos de ordenanza.
10. Solange Flores: 2 expedientes presentados / 0 proyectos de ordenanza.
11. Liliana Piccolo: 2 expedientes presentados / 0 proyectos de ordenanza.
12. Julian Bussetti: 1 expediente presentado / 0 proyectos de ordenanza.
13. Fernando Muro: 1 expediente presentado / 0 proyectos de ordenanza.
14. Horacio Taccone: 1 expediente presentado / 0 proyectos de ordenanza.
Parálisis total de la iniciativa
Mientras las problemáticas de la ciudad se agravan, cuatro de las veinticuatro bancas del Concejo Deliberante ingresaron en un escenario de inacción absoluta. Durante el período evaluado, estos ediles no registraron movimiento ni propuestas de ninguna índole en los registros oficiales, evidenciando una desconexión total con la labor legislativa:
15. Florencia Ranellucci: 0 expedientes presentados.
16. Guido García: 0 expedientes presentados.
17. Ricardo Liceaga Viñas: 0 expedientes presentados.
18. Marcelo Cardoso: 0 expedientes presentados.
Las excepciones a la regla corporativa: el factor de la coautoría
Para preservar el rigor del análisis, es imperativo señalar a quienes decidieron sustraerse de la inercia del trámite menor y concentraron su esfuerzo en la redacción de normativas de fondo. Este grupo selecto prefirió priorizar la densidad jurídica de sus propuestas por sobre el volumen estéril. En este apartado cobra relevancia una particularidad colectiva: la estrategia legislativa del bloque de La Libertad Avanza, cuyos miembros evitaron la dispersión individual para unificar su firma en las mismas iniciativas de fondo.
19. Gustavo Pulti: 5 expedientes presentados / 3 proyectos de ordenanza
20. Ariel Martínez Bordaisco: 4 expedientes presentados / 2 proyectos de ordenanza.
21, 22, 23 y 24. Rolando Demaio, Emiliano Recalt, Noelia Álvarez Ríos y Vanesa Benavidez: entre los cuatro concejales hubo 2 expedientes presentados, que representan 2 proyectos de ordenanza. La bancada libertaria exhibió un comportamiento homogéneo: sus cuatro integrantes volcaron el 100% de su actividad mensual de manera conjunta, cofirmando las dos únicas propuestas de ordenanza que ingresaron bajo sus nombres.
La evidencia estadística confirma que la crisis del Concejo Deliberante de General Pueyrredon no obedece a una falta de desarrollo burocrático, sino a una deficiente asignación de las prioridades políticas. En un territorio que demanda con urgencia directrices institucionales, el recinto del Palacio Municipal continúa funcionando de espaldas a la realidad comunitaria. Los datos de este último mes desarticulan cualquier intento de justificación corporativa: la dirigencia local prefiere la comodidad del debate abstracto antes que asumir el costo político de legislar en serio.
Estacionamiento medido: la oposición reclamó respuestas a Boldt por fallas en la aplicación
Mientras la oposición apuntó contra la empresa concesionaria por los inconvenientes en la aplicación, el oficialismo buscó involucrar al Ejecutivo municipal y postergó el avance del expediente.
Durante la reunión de la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, presidida por el concejal Guido García, del bloque de la Coalición Cívica, se debatió un expediente impulsado por la oposición que busca que la empresa adjudicataria del sistema de estacionamiento medido, Boldt Tech S.A., adopte medidas para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación utilizada por los usuarios.
La iniciativa corresponde al expediente 1379 y solicita que la firma implemente las soluciones técnicas necesarias para asegurar la compatibilidad y operatividad de la aplicación en todos los dispositivos móviles, independientemente del sistema operativo utilizado.
La empresa Boldt Tech S.A. es la firma que durante tres décadas manejó el negocio del juego en la provincia de Buenos Aires. Además, es una de las empresas del poderoso grupo Tabanelli. Esta empresa será la adjudicataria del servició de estacionamiento medido por 9 años en la ciudad, con posibilidad de prorrogar un año más.
Al defender el proyecto, el concejal Horacio Taccone, de Acción Marplatense Movimiento Derecho al Futuro, sostuvo que existen inconvenientes en distintos teléfonos celulares. “En algunos dispositivos móviles anda perfecto, pero hay otros en los que es imposible utilizarlo”, señaló. En ese sentido, consideró que la empresa concesionaria debe asumir la responsabilidad de resolver los problemas detectados.
El planteo generó un intercambio entre los bloques. Ricardo Liceaga Viñas, de la UCR + Nuevos Aires, propuso que el Ejecutivo municipal intervenga a través de un informe elaborado por la Dirección General de Tránsito.
La propuesta fue cuestionada por Taccone, quien remarcó que el expediente apunta específicamente a la empresa concesionaria y no al Ejecutivo. Además, sostuvo que el control sobre el cumplimiento del servicio debería haberse realizado previamente desde las áreas municipales correspondientes.
La discusión continuó cuando la concejal Noelia Alvarez Rios, de La Libertad Avanza, leyó el artículo 3 del expediente, donde se contempla la intervención del Ejecutivo municipal. Ante esa observación, Taccone insistió en que el problema ya debería haber sido advertido y corregido por las áreas de control del Municipio. “Si hubiesen hecho bien su trabajo, este expediente no existiría”, sostuvo.
Sin embargo, la posición impulsada por el oficialismo terminó prevaleciendo en la comisión. El expediente quedó a la espera de informes de las áreas correspondientes del Ejecutivo, una salida distinta a la pretendida inicialmente por el concejal de Acción Marplatense, que había reclamado una respuesta directa de la empresa concesionaria. En paralelo, en ámbitos del Concejo Deliberante circulan versiones no confirmadas sobre una eventual incorporación de personal por parte de la firma adjudicataria.
Escala el conflicto por Playa Redonda: denuncia penal y tensión por la posesión de la UTF
La resistencia de ambientalistas a entregar la UTF, agrega tensión al desembarco de Santiago de Compostela 1943 S.A. La presidenta de la empresa adjudicataria denunció un presunto intento de usurpación y pidió el desalojo. En medio de la disputa, se mencionan respaldos políticos a los ambientalistas vinculados a Fernanda Raverta y Gustavo Pulti, y además, podría haber apoyos privados.
La tensión en torno a la Unidad Turística Fiscal de Playa Redonda escaló al plano judicial, en un contexto donde no descartan la existencia de apoyos políticos y del ámbito privado hacia los sectores ambientalistas. En ese marco, Liliana Yolanda Albano, en su carácter de presidenta del directorio de Santiago de Compostela 1943 S.A., presentó una denuncia penal ante el Agente Fiscal contra integrantes del colectivo “Asamblea de Vecinos Autoconvocados”, también identificado como “Asamblea Luna Roja” o “Comunidad de Chapadmalal”. La acusación se encuadra en el presunto delito de usurpación previsto en el artículo 181 inciso 1° del Código Penal.
Según la presentación, tras la toma de posesión del sector de playa ubicado en calle 749 y la costa de Chapadmalal, representantes de la empresa constataron que el candado del portón de ingreso había sido violentado de manera clandestina. Además, se afirma que el acceso al predio fue obstaculizado mediante la colocación de ramas, escombros y camiones de tierra, lo que habría impedido el ingreso de maquinaria.
En ese marco, la firma adjudicataria solicitó a la Justicia el lanzamiento y desalojo inmediato de los ocupantes con el auxilio de la fuerza pública, el secuestro de un vehículo presuntamente involucrado en los hechos, una medida de prohibición de acercamiento hacia la presidenta de la empresa y el predio, y la citación del EMTURyC como tercero interesado en su rol de propietario del inmueble.
La previa a la toma de posesión de la UTF de Playa Redonda por parte de Santiago de Compostela 1943 S.A. ya venía marcada por el conflicto. La semana pasada el ingreso a la playa fue escenario de una protesta contra el proceso de adjudicación por parte de ambientalistas. Los manifestantes cuestionaron la licitación y el avance de la concesión. Desde la empresa, en tanto, sostienen que el proyecto tiene un perfil ambientalista y abierto al diálogo, con una propuesta que contempla un canon anual de 90 millones de pesos, dos años de gracia y una inversión superior a los 2.500 millones.
Pero la discusión ambiental quedó en segundo plano. Fuentes señalan que los ambientalistas están “fogoneados” políticamente por Fernanda Raverta, líder de La Cámpora local y senadora provincial de Fuerza Patria. El movimiento contaría, además, con un posible apoyo desde lo privado de Jerónimo Mariani y Martín Diego Gambini, este último vinculado a ANJUFA S.A, por quedarse afuera de la compulsa por la UTF.
A ese armado se suma el diputado provincial en licencia y concejal kicillofista Gustavo Pulti, quien habría decidido meterse en la disputa de cara a las elecciones de 2027. El objetivo, según observan cerca del proceso, sería disputarle poder a Raverta dentro de la interna peronista utilizando a los ambientalistas como punta de lanza y con la relación con la Autoridad del Agua que tiene el legislador vecinalista. También, desde hace años, el exintendente mantiene una relación conflictiva con Santiago de Compostela 1943 S.A. empresa a la que tendría “entre ceja y ceja”.
Del otro lado del conflicto sostienen que el emprendimiento todavía no fue escuchado por quienes rechazan la iniciativa. Remarcan que la propuesta responde a un esquema de intervención “siglo XXI”, con eje en infraestructura y adecuación del espacio, y que están dispuestos a abrir una mesa de intercambio para presentar detalles técnicos y ambientales.
Los dueños de Mute se encaminan a quedarse con el Camping Municipal
Tras la apertura de sobres, Bien Producido S.A. —vinculada al holding de la zona sur— duplicó la propuesta de inversión de su competidora Niew S.A. El proceso, que redefine la explotación de 66.000 metros cuadrados frente al mar por los próximos 20 años, consolida el modelo del Ejecutivo local y reaviva el debate político por la concesión de espacios públicos estratégicos a grandes grupos empresarios.
La expectativa y las especulaciones políticas que rodeaban a una de las licitaciones más codiciadas de la costa sur marplatense comenzaron a despejarse este martes en el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia. La apertura de sobres para la concesión de la Unidad Turística Fiscal (UTF) Camping Municipal confirmó lo que en los pasillos de la comuna ya se leía como un final anunciado: la firma Bien Producido S.A., que originalmente impulsó el proyecto como iniciativa privada, presentó una oferta económica y de infraestructura que dobla a su única competidora, Niew S.A., posicionándose con comodidad para quedarse con el millonario negocio por los próximos 20 años.
Según los datos oficiales validados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), el desembarco del concepto "glamping" —el campamento con comodidades de hotelería premium— vendrá acompañado de cifras de fuerte impacto. Bien Producido S.A. ofertó un canon anual de 22 millones de pesos y un plan de obras e infraestructura que asciende a los 2.324 millones de pesos. En la vereda de enfrente, Niew S.A. intentó dar pelea con una propuesta más austera, fijando el canon en 15 millones de pesos anuales y comprometiendo una inversión de 1.235 millones de pesos. Con las dos ofertas declaradas admisibles bajo el brazo, los técnicos del Ejecutivo ahora deberán evaluar los pliegos, aunque la distancia financiera parece trazar un camino irreversible.
Más allá del rigor técnico de los números, el resultado de la compulsa expone una profunda trama de continuidades políticas y visiones encontradas sobre el patrimonio público. Bien Producido S.A. no es un jugador ignoto en las playas del sur; sus terminales societarias conducen directamente a los responsables de Mute, el epicentro de la nocturnidad y los paradores VIP de la ciudad. El grupo empresario, que ya en 2022 logró que el municipio declarara "de interés" su propuesta de reconversión, demostró este martes que no estaba dispuesto a dejar cabos sueltos ni a depender exclusivamente de la polémica "cláusula de preferencia" que le otorgaba el sistema por ser el iniciador del trámite. La firma aplicó una agresiva estrategia de billetera que licuó cualquier intento de competencia real.
El proyecto en juego implica un cambio de paradigma radical para las 6,6 hectáreas ubicadas en el kilómetro 1 del Paseo Costanero Sur Presidente Illia. Desde 1990, ese denso entorno natural entre la Avenida Mario Bravo y el arroyo Las Brusquitas funcionó como un camping tradicional bajo la lógica del asociacionismo, administrado en sus últimos capítulos por la Asociación Civil Scouts de Argentina mediante permisos precarios. El nuevo pliego impulsado por el oficialismo clausura esa etapa de turismo social y agreste para dar paso a un desarrollo comercial de "bajo impacto ambiental" pero de alto perfil económico, que sumará restaurantes, cafeterías, infraestructura deportiva de todo el año y piscinas en un enclave estratégico de la Ruta 11.
La resolución de esta licitación promete clausurar el expediente administrativo, pero difícilmente apacigüe las críticas que miran con recelo la progresiva privatización y elitización del frente costero. Para el gobierno local, la millonaria inyección de capital privado se exhibirá como un triunfo de gestión capaz de modernizar la oferta turística y romper la estacionalidad marplatense. Para sus críticos, en cambio, la jornada de este martes consolida un mecanismo donde los grandes jugadores del sector privado diseñan las licitaciones a su medida, transformando los activos públicos de la ciudad en satélites de sus propios conglomerados comerciales.
La construcción de una torre de 15 pisos en Punta Mogotes reabre la discusión por las excepciones y las compensaciones urbanas
El expediente para autorizar un edificio en la calle William Morris al 1010 quedó en comisión en la comisión de Obras. Mientras los desarrolladores defienden el diseño de perímetro libre, la oposición y sectores aliados exigen informes al Ejecutivo sobre la plusvalía y el destino de los fondos de infraestructura.
El crecimiento edilicio sobre el frente costero y los criterios de planificación urbana volvieron al centro de la escena política local. En el marco de la comisión de Obras del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, comenzó el tratamiento del Expediente 1396/26, una iniciativa que busca autorizar a un fideicomiso privado a adoptar un plano límite especial para construir una torre de viviendas multifamiliares de 15 pisos en el barrio Punta Mogotes, específicamente en el inmueble de la calle William Morris al 1010.
Durante la jornada, los arquitectos responsables del proyecto expusieron los lineamientos técnicos ante los legisladores. Según argumentaron, la propuesta contempla una estructura de perímetro libre que reduce al mínimo la ocupación del suelo (FOS) y genera amplios retiros tanto laterales como de fondo, lo que evita la consolidación de medianeras respecto a los vecinos. Desde la perspectiva técnica de los proyectistas, este esquema de construcción "finito y alto" agota el factor de ocupación total (FOT) permitido pero respeta estrictamente el cono de sombra exigido, promoviendo una mayor densidad y desarrollo comercial en una zona de la costa que actualmente describieron como deshabitada y con presencia de terrenos baldíos.
Sin embargo, la envergadura del edificio —en un distrito donde la normativa vigente suele fijar un techo notablemente inferior para la zona— encendió las alarmas en el arco opositor. Desde las bancadas de la oposición se advirtió que la autorización de una torre de estas características no representa un hecho aislado, sino la "punta de lanza" de un nuevo modelo de desarrollo vertical para el sector sur de Mar del Plata. En este sentido, los ediles opositores enfatizaron la necesidad de dar un debate integral sobre el Código de Ordenamiento Territorial (COT) para definir con reglas claras el crecimiento de la ciudad para las próximas décadas, garantizando la igualdad de condiciones y evitando situaciones de especulación inmobiliaria frente a los propietarios y desarrolladores que ya han construido bajo las normas tradicionales.
El punto neurálgico del debate político se concentró en las denominadas compensaciones urbanísticas por plusvalía inmobiliaria. Tanto desde bloques de la oposición como desde sectores del propio oficialismo se manifestaron reparos sobre la metodología con la que se determinan y asignan estos aportes. La crítica principal de la oposición apuntó a que el beneficio otorgado al privado al permitirle edificar cerca de cinco pisos adicionales debe cuantificarse económicamente de manera precisa antes de la aprobación del proyecto, asegurando que el retorno para el municipio guarde proporción con la rentabilidad extra del emprendimiento. Asimismo, los concejales coincidieron en reclamar que los recursos resultantes no se diluyan en mejoras menores en las inmediaciones de la propia obra, sino que se destinen formalmente a infraestructura estratégica o a mitigar las deudas estructurales en los barrios más postergados del partido.
Hacia el cierre del debate, el presidente de la comisión de Obras, Fernando Muro (PRO), buscó ordenar la discusión aclarando que el proyecto cumple con los indicadores urbanísticos de densidad y ocupación, y que la única flexibilización solicitada corresponde estrictamente al plano límite de altura, manteniendo a salvo el cono de sombra sobre la costa. Respecto a las compensaciones, precisó que el texto normativo delega en el Departamento Ejecutivo la determinación de los montos en una instancia posterior a la aprobación, con destino a obras públicas. No obstante, ante el pedido unánime de mayor claridad, se resolvió que el expediente permanezca en comisión y se avance con un primer pedido de informes formal a la Secretaría de Obras para que detalle el valor proyectado de la plusvalía y el destino específico que tendrán los fondos de compensación urbana.
Contra los planes de Milei, el peronismo impulsa que Chapadmalal pase a manos de Kicillof
Los senadores nacionales, Wado de Pedro y Juliana Di Tullio, presentaron un proyecto para transferir gratuitamente la Unidad Turística a la Provincia. Buscan blindar su carácter de turismo social en medio de las discusiones por concesiones privadas.
La disputa por el futuro de la Unidad Turística Chapadmalal sumó un nuevo capítulo político. En medio de las versiones sobre concesiones privadas, reestructuraciones y posibles cambios en el destino del complejo, el kirchnerismo decidió avanzar en el Congreso con una propuesta para que el histórico predio pase de la órbita nacional a la Provincia de Buenos Aires.
La iniciativa fue presentada por los senadores nacionales de Unión por la Patria Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro, quienes impulsan una ley para transferir gratuitamente la Unidad Turística al gobierno bonaerense y garantizar la continuidad de su función social.
El proyecto busca desafectar el complejo del dominio público nacional y ceder a la Provincia los inmuebles, instalaciones y bienes que integran el predio ubicado en Chapadmalal. A cambio, la administración bonaerense deberá mantener su utilización para actividades turísticas, educativas, recreativas y culturales, preservando además su condición de Monumento Histórico Nacional.
La movida legislativa aparece en un contexto de creciente incertidumbre sobre el destino de uno de los símbolos del turismo social argentino. Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, sobre el complejo circularon distintas alternativas, desde concesiones privadas hasta posibles desarrollos inmobiliarios, aunque ninguna terminó de concretarse.
Los senadores peronistas sostienen que el objetivo es impedir que el predio pierda su función original. Por eso incorporaron una cláusula que prohíbe la venta total del inmueble y cualquier modificación de su destino público sin autorización expresa del Congreso Nacional.
La avanzada parlamentaria coincide con los planteos que viene realizando el gobernador Axel Kicillof. Durante su reciente visita a Mar del Plata para el cierre del Congreso Bonaerense del Trabajo, el mandatario cuestionó la estrategia del Gobierno nacional respecto de Chapadmalal y deslizó sospechas sobre posibles intereses inmobiliarios detrás del proceso de reestructuración.
“Si el Gobierno nacional no puede hacerse cargo, que nos lo transfieran”, planteó Kicillof, quien además se mostró dispuesto a asumir la administración del complejo para preservar los puestos de trabajo y reactivar su funcionamiento.
La discusión también se da en medio de las medidas adoptadas por la gestión nacional sobre el personal vinculado a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, una decisión que generó críticas desde distintos sectores políticos y sindicales por considerar que forma parte de un proceso de vaciamiento.
En paralelo, desde el ámbito político marplatense surgieron otras propuestas para el predio. Una de ellas fue impulsada por el senador nacional Maximiliano Abad, quien planteó la posibilidad de destinar uno de los hoteles a la Universidad Nacional de Mar del Plata para avanzar en la creación de un campus universitario.
Así, mientras el Gobierno nacional mantiene abierta la puerta a la participación privada, la oposición peronista intenta que Chapadmalal quede bajo control bonaerense. El histórico complejo vuelve a transformarse en escenario de una pulseada política que excede el turismo y pone en discusión el modelo de gestión de uno de los patrimonios más emblemáticos de la costa atlántica.
Punta Mogotes: la Provincia pidió frenar la cautelar del Municipio y acelerar las licitaciones
La Fiscalía de Estado solicitó que se rechace la cautelar presentada por la comuna y advirtió que paralizar las concesiones podría afectar la próxima temporada, el empleo y la actividad turística.
La disputa entre el gobierno de Axel Kicillof y la administración local por el control de Punta Mogotes entró en una etapa decisiva. A pocas semanas del vencimiento de las concesiones de los balnearios, la Provincia pidió a la Justicia que rechace la medida cautelar impulsada por el Municipio y advirtió que bloquear el proceso licitatorio podría generar un escenario de incertidumbre para la próxima temporada de verano.
La presentación fue realizada por la Fiscalía de Estado ante el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, donde se tramita la demanda municipal que busca impedir que la Administración Punta Mogotes (APM) avance con nuevas licitaciones, adjudicaciones y obras hasta que se resuelva la discusión sobre el eventual traspaso del complejo a la órbita comunal.
Desde el gobierno bonaerense sostuvieron que la cautelar solicitada por la comuna tendría consecuencias directas sobre el funcionamiento del principal complejo balneario de la ciudad. Según argumentaron, entre junio y septiembre vencen las concesiones de los 24 balnearios y cualquier freno judicial complicaría la planificación de la temporada 2026/2027.
La Provincia remarcó que los operadores necesitan meses de anticipación para programar inversiones, contratar personal, realizar tareas de mantenimiento y gestionar habilitaciones. En ese marco, consideró que una medida de no innovar generaría un "vacío legal" sobre las unidades turísticas y pondría en riesgo tanto la actividad económica como el empleo vinculado al sector.
La ofensiva judicial bonaerense se produce además en un contexto de definiciones políticas pendientes. Mientras el ministro de Producción provincial, Augusto Costa, ratificó semanas atrás la voluntad de transferir el complejo al Municipio una vez concluido el proceso licitatorio y ejecutadas determinadas obras, el gobierno local mantiene su estrategia de reclamar la restitución inmediata de Punta Mogotes.
Otro de los puntos cuestionados por la Fiscalía fue el depósito de 14 millones de pesos realizado por la Municipalidad en relación con la deuda vinculada al complejo. Según la Provincia, la validez de esa obligación continúa siendo objeto de un litigio judicial y no puede considerarse saldada mientras exista una controversia pendiente de resolución.
Además, el escrito recordó que la deuda corresponde a la Administración Punta Mogotes, un ente integrado en un 70% por la Provincia y un 30% por el Municipio, y que existe desde hace décadas un esquema de cancelación en cuotas que continúa vigente.
En paralelo, la tensión política quedó reflejada en la reciente mesa de trabajo convocada para abordar el futuro del complejo. El encuentro se realizó sin representantes de la Municipalidad, que decidió no participar de la convocatoria impulsada por la Provincia en medio de la escalada judicial.
Con los vencimientos de las concesiones cada vez más cerca y una definición judicial todavía pendiente, el conflicto por Punta Mogotes suma presión sobre ambas administraciones. Mientras la Provincia busca garantizar la continuidad de las licitaciones y la preparación de la próxima temporada, el Municipio insiste en frenar cualquier avance hasta que se resuelva la discusión sobre la titularidad y administración definitiva del emblemático complejo costero.
Reclamos del Colectivo de Discapacidad y cruces políticos marcaron una tensa comisión de Salud
Representantes del Colectivo de Discapacidad exigieron respuestas concretas ante la crisis que atraviesan las organizaciones del sector. Además, oficialismo y oposición protagonizaron fuertes debates por proyectos vinculados a adultos mayores y personas en situación de calle.
La comisión de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano del Concejo Deliberante, presidida por Diego García, recibió este miércoles a integrantes del Colectivo de Discapacidad de Mar del Plata, quienes expusieron la situación que atraviesan las organizaciones del sector y reclamaron respuestas concretas de parte de los concejales. Además, se dieron fuertes cruces dentro del recinto por expedientes que tratan sobre los adultos mayores y personas en situación de calle. Una comisión que además de confrontaciones, duró más de dos horas.
Durante la reunión, los representantes de las entidades señalaron dificultades vinculadas al financiamiento de las organizaciones, la provisión de alimentos, las prestaciones de IOMA y PAMI y los costos de transporte que afrontan trabajadores y usuarios para acceder a distintos servicios.
Uno de los planteos estuvo relacionado con la falta de respuestas por parte de organismos públicos ante los reclamos del sector. En ese marco, una integrante del colectivo relató que durante la gestión de Agustín Neme al frente de la delegación local de IOMA mantenía contacto directo con el funcionario, pero que posteriormente no obtuvo respuesta a los mensajes enviados para advertir sobre las problemáticas que enfrentan las organizaciones.
Tras escuchar los reclamos, los concejales se comprometieron a impulsar comunicaciones y resoluciones destinadas a canalizar los pedidos presentados por las entidades. Los representantes del colectivo insistieron en la necesidad de que esos compromisos se traduzcan en medidas concretas.
Además de la exposición de las organizaciones de discapacidad, la comisión avanzó con el tratamiento de distintos expedientes vinculados a adultos mayores y personas en situación de calle, temas que generaron cruces entre oficialismo y oposición.
Uno de los debates se produjo durante el tratamiento del expediente 1392, que propone la creación de una Canasta Esencial de Medicamentos para personas mayores de 60 años en General Pueyrredon. Desde los bloques oficialistas cuestionaron la viabilidad económica de la iniciativa y advirtieron sobre la falta de precisiones respecto de su financiamiento. Por su parte, los impulsores del proyecto, la oposición, defendieron la necesidad de implementar herramientas de asistencia para un sector afectado por el incremento del costo de vida. Finalmente, el expediente quedó en comisión para continuar su análisis.
Otro de los puntos que generó discusión fue el expediente 1424, mediante el cual la oposición solicita informes sobre las políticas públicas destinadas a personas en situación de calle y en riesgo de estarlo.
Durante el debate, concejales del oficialismo cuestionaron la inclusión del enfoque conocido como Housing First, una estrategia que prioriza el acceso a la vivienda como primer paso para la reinserción social. Los ediles argumentaron que las problemáticas de salud mental y consumo problemático requieren intervenciones complementarias y señalaron dificultades detectadas por el Ejecutivo municipal para relevar con precisión la situación de parte de esta población.
El intercambio también derivó en cuestionamientos políticos. Desde la oposición señalaron que publicaciones realizadas por el intendente en uso de licencia, Guillermo Montenegro, en redes sociales habrían deslegitimado el relevamiento de personas en situación de calle llevado adelante por áreas del propio Ejecutivo municipal, el intendente interino, Agustin Neme, mientras que el oficialismo rechazó esa interpretación.
De esta manera, la comisión dejó expuestas diferencias sobre el abordaje de algunas de las principales problemáticas sociales del distrito, en una jornada atravesada por reclamos de organizaciones civiles y debates sobre el alcance de las políticas públicas municipales.
La defensa de la Zona Fría abre una grieta entre los aliados locales de Milei
El PRO acompañó en el Concejo un reclamo contra la reforma impulsada por la Nación, la UCR local también se manifestó en defensa del régimen y crecen las especulaciones sobre cómo votará Maximiliano Abad en el Senado. Mientras tanto, el rechazo a los cambios ya llegó a las calles.
La primera señal se observó en el Concejo Deliberante. Durante el tratamiento del expediente que expresa preocupación por los cambios impulsados por la administración de Javier Milei, se conformó una mayoría transversal integrada por Unión por la Patria, Acción Marplatense, el Frente Renovador, la UCR + Nuevos Aires y también el PRO.
El posicionamiento del bloque amarillo no pasó desapercibido. Los concejales acompañaron el despacho y reivindicaron la histórica defensa del régimen que beneficia a miles de hogares marplatenses. La postura contrastó con la ausencia de La Libertad Avanza durante el debate en comisión, donde el expediente avanzó sin la participación de los representantes libertarios.
Mientras la UCR local respaldó el planteo para expresar preocupación ante la posible reducción del beneficio tarifario, en el Congreso Nacional comenzará a definirse el futuro de la iniciativa. En ese contexto, y aunque todavía no existe una definición pública, en ámbitos políticos locales consideran muy probable que el senador nacional Maximiliano Abad votaría en contra de la modificación promovida por el Gobierno nacional, una posición que estaría en línea con el pronunciamiento adoptado por el radicalismo marplatense.
Desde La Libertad Avanza, en tanto, defendieron la reforma y buscaron desacoplarse de la idea de una eliminación del beneficio. Según sostienen, el objetivo es corregir distorsiones en el sistema de subsidios y focalizar la asistencia en los sectores que efectivamente la necesitan. Sin embargo, esa explicación no logró desactivar la preocupación que comenzó a crecer entre distintos sectores políticos y sociales de la ciudad.
La tensión salió rápidamente de los despachos. En las calles de Mar del Plata, jubilados y organizaciones sociales realizaron un "frazadazo" para rechazar los cambios propuestos y denunciar tanto el posible recorte de la Zona Fría como la situación que atraviesan los adultos mayores. La protesta agregó presión social a una discusión que hasta hace pocas semanas parecía limitada al plano legislativo.
La Zona Fría comenzó a reordenar posicionamientos políticos, puso en evidencia diferencias entre aliados circunstanciales. Detrás de la discusión técnica sobre subsidios y segmentación energética aparece una pregunta cada vez más incómoda para la política local ¿Qué pesa más, la lealtad al proyecto nacional de Milei o la defensa de un beneficio que alcanza a cientos de miles de usuarios de la ciudad?
Por la VTV, Montenegro embistió contra Kicillof: "Encontró una nueva causa para militar"
El senador provincial del PRO salió al cruce del gobernador tras las críticas al nuevo régimen nacional de inspecciones vehiculares. El intendente en uso de licencia presentó un proyecto para que Buenos Aires adopte el esquema nacional que habilita a talleres privados a realizar controles técnicos
La discusión por el futuro de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) sumó un nuevo capítulo político en la provincia de Buenos Aires. Luego de que el gobierno de Axel Kicillof cuestionara la reforma impulsada por la administración de Javier Milei para modificar el sistema de revisiones técnicas, el senador provincial Guillermo Montenegro salió con dureza a responderle al mandatario bonaerense.
A través de sus redes sociales, el intendente en uso de licencia de General Pueyrredon y actual legislador del PRO acusó al gobernador de defender un esquema que considera obsoleto y perjudicial para los usuarios. "Kicillof encontró una nueva causa para militar: defender el monopolio de la VTV", lanzó Montenegro en su cuenta de X.
Kicillof encontró una nueva causa para militar: defender el monopolio de la VTV.
Por eso presentamos el proyecto para que la Provincia adhiera al nuevo régimen nacional.
Menos filas.
Menos demoras.
Menos kilómetros para hacer un trámite.
Pero el kirchnerismo prefiere… pic.twitter.com/EW848UJNvU
— Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) June 4, 2026
El dirigente amarillo vinculó sus críticas con el proyecto de Ley que presentó en el Senado bonaerense para que la Provincia adhiera al nuevo Régimen Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, impulsado por la Secretaría de Transporte de la Nación.
"Por eso presentamos el proyecto para que la Provincia adhiera al nuevo régimen nacional. Menos filas. Menos demoras. Menos kilómetros para hacer un trámite", sostuvo.
La iniciativa de Montenegro busca que Buenos Aires se incorpore al esquema creado por la Resolución 32/2026, que habilita a talleres mecánicos privados, concesionarias e importadores a realizar las inspecciones técnicas vehiculares, terminando con el actual sistema de exclusividad que rige para la VTV.
Según argumentó Montenegro en los fundamentos del proyecto, la normativa nacional permite ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para efectuar los controles técnicos previstos en la Ley Nacional de Tránsito, con el objetivo de facilitar el acceso de los conductores al trámite y reducir tiempos de espera.
La reforma que impulsa Milei, sin embargo, encontró una fuerte resistencia en el gobierno provincial. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, calificó la medida como una "irresponsabilidad" y advirtió que flexibilizar los controles podría afectar la seguridad vial.
Montenegro en su mensaje en X profundizó el enfrentamiento político y volvió a cargar contra el oficialismo bonaerense. "Pero el kirchnerismo prefiere atrincherarse para proteger un sistema agotado que les hace perder tiempo y plata a millones de bonaerenses", concluyó.
De esta manera, la discusión sobre la VTV dejó de ser un debate estrictamente técnico para transformarse en un nuevo foco de confrontación entre el gobierno nacional, sectores del PRO y la administración de Kicillof, en una disputa que promete trasladarse también al ámbito legislativo bonaerense.
Peatonal San Martín: entre el deterioro, una obra frenada y la apuesta público-privada
La intervención adjudicada para poner en valor el corredor comercial quedó detenida con menos de la mitad de avance y ahora el Municipio apuesta a una articulación con el sector privado. El histórico corredor del microcentro atraviesa un presente marcado por el desgaste, abandono y trabajos inconclusos.
La Peatonal San Martín, una de las postales más emblemáticas de Mar del Plata, llegaría a las vacaciones de invierno entre el deterioro, obras inconclusas y promesas de recuperación. Lo que supo ser un paseo comercial de referencia para turistas y marplatenses hoy exhibe una imagen marcada por el desgaste, estructuras dañadas y una intervención millonaria que quedó a mitad de camino.
Construida en 1979, en plena dictadura militar y bajo la gestión del entonces comisionado Mario Russak, la peatonal fue pensada como un símbolo de modernización urbana. Inaugurada el 8 de diciembre de ese año, tras intensos debates entre comerciantes y frentistas, transformó siete cuadras del centro marplatense en un paseo peatonal que rápidamente se convirtió en uno de los íconos locales.
Sin embargo, aquella postal dista del presente. La fuente histórica permanece apagada y el deterioro de los decks y sectores de circulación volvió a poner la zona en el centro de las críticas.
Las quejas se renovaron tras caídas y lesiones vinculadas al mal estado del espacio público, especialmente durante la temporada. Frente a ese escenario, el gobierno municipal dispuso reparaciones parciales a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur): algunos sectores fueron removidos y cubiertos con madera, mientras otros recibieron parches de PVC.
Pero el problema excede el mantenimiento cotidiano y vuelve a poner bajo la lupa una obra pública que prometía la puesta en valor integral del microcentro y terminó envuelta en demoras y controversias.
La última gran intervención se ejecutó entre fines de 2024 y 2025 mediante una licitación adjudicada a la firma Istria SA por $488,8 millones. El proyecto, denominado “Prioridad Peatón Microcentro”, contemplaba mejoras sobre la calle San Martín y la renovación de los decks mediante el reemplazo de la madera por estructuras de PVC, financiadas con fondos bonaerenses a través del programa “Municipios a la Obra”.
Sin embargo, la iniciativa nunca logró completarse. Los trabajos avanzaron lentamente, se extendieron durante meses y la segunda etapa prevista sobre la peatonal quedó suspendida.
La propia documentación oficial reconoce el escenario. En la rendición de cuentas de 2024, el Ejecutivo admitió retrasos, ampliaciones de plazos y redeterminaciones de precios que llevaron a fijar noviembre de ese año como fecha definitiva de finalización. Pero para entonces el nivel de ejecución apenas alcanzaba el 47,19%.
La paralización derivó incluso en una sanción económica. Mediante una resolución firmada por el intendente interino Agustín Neme y el secretario Mauro Martinelli, el Municipio confirmó una multa superior a los $258 millones contra la empresa adjudicataria. Según el expediente, tras 281 días corridos de obra y con vencimiento definitivo el 16 de diciembre de 2024, los trabajos quedaron detenidos y “no se ejecutaron más tareas”.
En ese contexto, el gobierno municipal volvió a poner la mirada sobre el corredor comercial. Durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante del periodo 111°, Neme anunció que la comuna avanzará en una intervención sobre la Peatonal San Martín junto al sector privado, aunque sin mayores precisiones sobre plazos, financiamiento ni alcance del esquema.
El anuncio abre una nueva expectativa, aunque también deja interrogantes. Mientras se esperan definiciones sobre esa articulación público-privada, la peatonal continúa exhibiendo las huellas de una obra inconclusa y el desgaste acumulado de uno de los espacios más representativos de la ciudad.
Un nuevo caso testigo reaviva la polémica por IOMA
El envío de una carta formal a las autoridades provinciales y locales evidencia las dificultades de los usuarios para acceder a prácticas básicas, en medio de las disputas políticas por la gestión de la obra social.
Una presentación formal dirigida a la conducción central de IOMA, a su delegación en Mar del Plata y al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires volvió a poner de manifiesto las fallas operativas que denuncian los usuarios de la obra social bonaerense. A través de una misiva administrativa, la afiliada Valeria Soledad Carrera solicitó la intervención urgente de los funcionarios ante la imposibilidad de acceder a un estudio de complejidad básico para el seguimiento de un cuadro de epilepsia generalizada.
El documento detalla las barreras administrativas y económicas que enfrentan los beneficiarios en el partido de General Pueyrredón. Según el texto, las opciones brindadas por la delegación local —encabezada por Celeste Lazo— derivaron en la exigencia de pagos diferenciales por parte de los profesionales en centros con presunta cobertura total, o bien en demoras indefinidas en la autorización de las prácticas dentro de instituciones de comunidad, como el Hospital Privado de Comunidad (HPC).
Esta demanda administrativa se suma como un caso testigo dentro de un escenario de alta conflictividad gremial y política en la región. La presentación, que además alude a antecedentes críticos previos en la atención médica local —como la disponibilidad de camas de alta complejidad que forzó traslados en el pasado—, ilustra el núcleo de las demandas que el colectivo de afiliados autoconvocados viene esgrimiendo contra la conducción del organismo.
El reclamo adquiere una gravedad institucional y humana particular al evocar el fallecimiento de su madre, Silvia Nancy González, quien debió ser derivada a más de 350 kilómetros de Mar del Plata debido a la falta de camas en la unidad coronaria local. Este antecedente familiar directo es utilizado por la afiliada para interpelar a los funcionarios sobre el desamparo que padecen los beneficiarios, advirtiendo sobre el impacto físico y emocional que implica enfrentar nuevamente las mismas trabas administrativas y la falta de respuestas concretas.
De este modo, la denuncia particular toma volumen político al contrastar con las recientes explicaciones del Ejecutivo provincial, que atribuyen las deficiencias prestacionales a una crisis macroeconómica generalizada del sistema de salud privado y sindical. Asimismo, la persistencia de estas trabas burocráticas coincide con los debates suscitados en el Concejo Deliberante local, donde las fuerzas de la oposición insisten en la aprobación de pedidos de informes ante la falta de respuestas oficiales por parte de las autoridades sanitarias de la provincia.
El EMTURyC busca rastrear celulares con una licitación millonaria que no tiene fondos
A pesar de las duras advertencias de la Contaduría sobre la ilegalidad de la maniobra, el presidente del ente, Diego Juárez, firmó la insistencia para destinar más de 72 millones de pesos a la compra de Big Data telefónica de usuarios no residentes. Crece la preocupación por el avance sobre la privacidad.
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de General Pueyrredón se encuentra en el centro de la polémica tras la publicación de la Resolución REMT-2026-210-E-MUNIMDP-EMTURYC, fechada el pasado 28 de mayo. A través de este documento, el presidente del organismo, Diego Juárez, convalidó el llamado a la Licitación Privada N° 5/2026 para la contratación de un "Servicio de Información Anonimizada de la Movilidad de Celulares de Usuarios No Residentes en Mar del Plata". La medida, que presupone un gasto de $72.060.888, avanza en medio de un severo cuestionamiento técnico y legal por parte de los propios organismos de control interno del municipio.
La principal alarma del expediente surge del dictamen de la Contaduría del Ente. El área contable advirtió formalmente que "la partida no cuenta con saldo suficiente a la fecha", lo que significa que el EMTURyC está convocando a una compulsa millonaria para la cual no dispone del dinero en sus cajas. De acuerdo con el informe técnico, avanzar en estas condiciones representa una "inobservancia de los artículos 31º y 118°" de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de los artículos 40º y 41° del Decreto Provincial 2980/00, normativas que prohíben comprometer fondos públicos sin el crédito presupuestario correspondiente. Para sortear este freno legal, Juárez apeló al artículo 186° de la Ley Orgánica, un mecanismo de "insistencia" bajo el cual el funcionario político asume la total responsabilidad administrativa y civil ante el Tribunal de Cuentas por ignorar la luz roja contable.
Más allá de la irregularidad financiera, el objeto de la licitación abre un profundo debate ético y político respecto de los límites estatales. En lo formal, se trata de la compra de datos de geolocalización o Big Data telefónica para rastrear el movimiento, procedencia y comportamiento de los turistas en el partido de General Pueyrredón, una herramienta metodológica utilizada para la estadística turística. Sin embargo, la recolección masiva de variables de movilidad e itinerarios de los ciudadanos —aun bajo la promesa de anonimización— enciende las alertas sobre el derecho a la privacidad y el tratamiento de datos personales en el espacio público.
La decisión del Ejecutivo local plantea un interrogante sobre las prioridades de la gestión en un contexto de restricciones presupuestarias. La premura por adjudicar un servicio de rastreo digital, forzando los procedimientos administrativos normales y comprometiendo partidas inexistentes, expone una vulnerabilidad en la planificación económica del EMTURyC y coloca bajo la lupa el nivel de exposición de los datos de quienes eligen Mar del Plata. Con la fecha de apertura de ofertas fijada para el próximo 9 de junio, la resolución deja planteado un escenario de fuerte tensión interna y abre la puerta a pedidos de informes en el ámbito legislativo.
Defensa salió a apagar la polémica y negó cualquier plan para vender la Base Naval
El Ministerio de Defensa rechazó las versiones que circularon en las últimas semanas y aseguró que no existe ninguna evaluación para desprenderse del histórico predio marplatense. Además, atribuyó los trascendidos a "especulaciones de origen político local". La controversia había llegado al Concejo Deliberante a partir de un pedido de informes impulsado por sectores alineados con Axel Kicillof.
La discusión sobre el futuro de la Base Naval Mar del Plata sumó un nuevo capítulo. Luego de que versiones sobre una eventual venta de los terrenos comenzaran a circular en ámbitos políticos y mediáticos de la ciudad, el Ministerio de Defensa salió a desmentir públicamente cualquier posibilidad de avanzar en esa dirección y buscó cerrar una polémica que ya había llegado al Concejo Deliberante.
El pronunciamiento nacional se produjo después de que sectores de la oposición alineados con el gobernador Axel Kicillof impulsaran un pedido de informes en el Concejo Deliberante para conocer si el Gobierno de Javier Milei analizaba algún tipo de intervención sobre el predio militar, a partir de la puesta en marcha del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), creado mediante el Decreto 314/2026.
Sin rodeos, el Ministerio de Defensa afirmó que "desmiente categóricamente que exista análisis, consideración o decisión alguna orientada a la venta o desafectación de la Base Naval Mar del Plata, ni de ningún otro bien estratégico de las Fuerzas Armadas".
— Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 4, 2026
Desde la cartera nacional sostuvieron además que las versiones difundidas en los últimos días "no tienen sustento en ningún documento oficial, ninguna instrucción cursada a las Fuerzas Armadas ni ninguna política en curso" y atribuyeron esos trascendidos a "especulaciones de origen político local que no se corresponden con información oficial".
La aclaración apunta directamente a una controversia que había ganado volumen en Mar del Plata, donde incluso comenzaron a circular hipótesis sobre posibles desarrollos inmobiliarios en la zona ocupada por la Base Naval, con comparaciones que remitían a transformaciones urbanas de gran escala como Puerto Madero.
Para el Gobierno nacional, sin embargo, el espíritu del decreto cuestionado va en una dirección completamente distinta. En ese sentido, el comunicado remarca que el Plan ARMA fue concebido para "dotar al sistema de defensa de una fuente de financiamiento sostenida para modernizar sus capacidades operativas" y sostiene que su objetivo es precisamente el opuesto al que planteaban los rumores.
Defensa también buscó reforzar el carácter estratégico de la instalación marplatense. "La Base Naval Mar del Plata es una instalación estratégica de primer orden, sede del Comando de la Fuerza de Submarinos, el Área Naval Atlántica y la Agrupación de Buzos Tácticos", señalaron.
El comunicado recuerda además que este año el complejo cumple un siglo de funcionamiento ininterrumpido. "Un siglo de presencia en el Atlántico Sur, formación de marinos y resguardo de los intereses marítimos de la Nación. Su continuidad operativa es indiscutible y no está sujeta a revisión de ningún tipo", enfatizó el Ministerio.
Finalmente, la cartera nacional ratificó su compromiso "con la transparencia institucional y con la comunidad marplatense" y garantizó la continuidad de todas las actividades operativas, logísticas y de formación que actualmente se desarrollan en la Base Naval.
El comunicado parece haber desactivado, al menos por ahora, la versión de una eventual venta. Sin embargo, en una ciudad donde el debate sobre el uso del suelo y los grandes desarrollos urbanos suele tener derivaciones políticas de largo alcance, queda por ver si la aclaración oficial alcanza para clausurar definitivamente una discusión que ya había comenzado a instalarse en la agenda local.
Punta Mogotes: se acercan los vencimientos de las concesiones de los balnearios
El próximo 27 de junio vencen las concesiones de 20 de los 24 balnearios del complejo. Los cuatro restantes por cuestiones técnicas se extienden: dos hasta julio y los otros hasta septiembre mientras continúa la disputa entre la Provincia y el Municipio.
El conflicto por el control de Punta Mogotes suma una nueva fecha clave. Mientras la disputa judicial entre la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de General Pueyrredon continúa escalando, el calendario avanza hacia un vencimiento que podría acelerar definiciones políticas largamente demoradas: las concesiones de los balnearios del complejo.
El próximo 27 de junio expirarán los contratos de 20 de los 24 balnearios que funcionan en Punta Mogotes. La situación coloca bajo presión a la Administración Punta Mogotes (APM), a los concesionarios y a los gobiernos de Axel Kicillof y el interinato de Agustín Neme, en medio de una discusión que combina licitaciones, reclamos judiciales y el anunciado traspaso del complejo a la órbita municipal.
La proximidad de la fecha no es un dato menor. Apenas restan poco más de tres semanas para que finalicen la mayoría de las explotaciones comerciales del principal complejo balneario de Mar del Plata, mientras todavía no existe una resolución definitiva sobre el futuro administrativo del predio.
De acuerdo con la información oficial, cuatro unidades turísticas tienen cronogramas diferentes por cuestiones técnicas. El balneario 16 vencerá el 2 de julio, el balneario 24 el 23 de julio, mientras que los balnearios 20 y 19 extenderán sus contratos hasta el 22 y el 24 de septiembre, respectivamente.
Los vencimientos llegan en un contexto de máxima tensión institucional. Días atrás, la Fiscalía de Estado bonaerense solicitó a la Justicia que rechace la cautelar presentada por el Municipio para frenar el proceso licitatorio impulsado por la APM. Desde la Provincia sostienen que una paralización de las licitaciones generaría incertidumbre para la preparación de la temporada 2026/2027 y podría afectar inversiones, empleo y obras de mantenimiento.
La posición provincial quedó reforzada luego de los anuncios realizados por el ministro de Producción, Augusto Costa, quien ratificó la voluntad de transferir Punta Mogotes al Municipio una vez finalizado el proceso licitatorio y ejecutadas determinadas obras de infraestructura.
Sin embargo, el gobierno de Neme mantiene una postura diferente. La comuna insiste en reclamar la restitución inmediata del complejo y sostiene que ya realizó el depósito vinculado a la deuda histórica que la Administración Punta Mogotes mantiene con el municipio, cuestión que también forma parte de la controversia judicial.
La ausencia del Ejecutivo local en la reciente mesa de trabajo convocada por la Provincia para debatir el futuro de Mogotes expuso hasta qué punto se deterioró la relación entre ambas administraciones.
En ese escenario, los concesionarios observan con atención una cuenta regresiva que ya comenzó. Con la mayoría de los contratos a punto de expirar y una definición judicial todavía pendiente, Punta Mogotes vuelve a convertirse en uno de los principales focos de tensión política de Mar del Plata. Lo que ocurra durante las próximas semanas podría definir no sólo quién administra el complejo, sino también las reglas de juego para la próxima temporada y para uno de los activos turísticos más importantes de la ciudad.
La influencia digital en el Concejo Deliberante marca un cambio de ritmo en las redes locales
Un relevamiento exhaustivo del volumen de seguidores de los legisladores locales expone marcadas diferencias entre el crecimiento de ciertas figuras y el retroceso de perfiles tradicionales, reconfigurando el peso de los bloques políticos en las plataformas.
Un solo mes de actividad en las plataformas digitales puede alterar de forma notoria las correlaciones de visibilidad pública dentro del Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Entre principios de mayo y estos primeros días de junio de 2026, la comunidad virtual de los concejales experimentó una expansión generalizada: de los 24 representantes de la comuna, 22 lograron incrementar su caudal de seguidores en Instagram, mientras que apenas dos sufrieron contracciones en sus audiencias. Esta tendencia alcista generalizada demuestra una dedicación sostenida hacia la comunicación digital en el ámbito legislativo local, aunque los rendimientos individuales resultan marcadamente asimétricos, provocando desplazamientos significativos en los puestos de vanguardia de la influencia política local.
El fenómeno más destacado de este último período corresponde a Fernando Muro, perteneciente al bloque del PRO, quien registró el mayor crecimiento absoluto de todo el cuerpo legislativo al sumar 2.174 nuevos adherentes, alcanzando una cifra total de 9.729. Esta aceleración en su rendimiento digital le permitió arrebatarle el segundo puesto del escalafón general a Juan Manuel Cheppi, referente del Frente Renovador, quien experimentó una de las pocas mermas del mes al perder 39 seguidores, situándose ahora en la tercera posición con un total de 9.548.
En la cima absoluta de la estructura digital se mantiene inamovible Julián Bussetti, también del PRO, quien sumó seguidores para consolidar su liderazgo indiscutido con más de 32.500 cuentas asociadas a su perfil. Otro salto cuantitativo relevante fue protagonizado por Valeria Crespo, de Unión por la Patria, quien obtuvo el segundo mayor incremento del mes al sumar 611 adeptos, alcanzando un total de 2.030 y escalando posiciones en la consideración general. Dentro de la primera línea de impacto, Diego García (Unión por la Patria) ascendió a 7.985 adherentes, superando a Vilma Baragiola (UCR + Nuevos Aires), quien registró la pérdida más pronunciada del período al retroceder en 87 seguidores, quedando con un registro de 7.610.
El escalafón actualizado a junio de 2026 reordena el mapa de posiciones decrecientes de la siguiente manera*:
1. Julián Bussetti (PRO): 32.5 mil
2. Fernando Muro (PRO): 9.729
3. Juan Manuel Cheppi (FR): 9.548
4. Diego García (UP): 7.985
5. Vilma Baragiola (UCR+NA): 7.610
6. Gustavo Pulti (AM-MDF): 7.266
7. Mariana Cuesta (UP): 6.980
8. Ariel Martínez Bordaisco (UCR+NA): 5.951
9. Ricardo Liceaga Viñas (UCR+NA): 3.856
10. Eva Ayala (AM-MDF): 3.550
11. Emiliano Recalt (LLA): 3.540
12. Gabriela Azcoitia (UCR+NA): 2.828
13. Florencia Ranellucci (PRO): 2.822
14. Pablo Obeid (UP): 2.808
15. Horacio Taccone (AM-MDF): 2.159
16. Liliana Piccolo (PRO): 2.121
17. Valeria Crespo (UP): 2.030
18. Rolando Demaio (LLA): 2.013
19. Solange Flores (FR): 1.840
20. Melisa Centurión (AM-MDF): 1.570
21. Guido García (CC): 1.211
22. Marcelo Cardoso (PRO): 794
23. Vanesa Benavídez (LLA): 772
24. Noelia Álvarez Ríos (LLA): 468
Estas variaciones en las trayectorias individuales se traducen de forma directa en el peso específico que acumula cada bloque político concebido como estructura colectiva.
La bancada del PRO amplió su hegemonía absoluta en el entorno digital al trepar a un acumulado de 47.966 seguidores, traccionada por la estabilidad de Bussetti y el fuerte ascenso de Muro.
La disputa técnica por el segundo lugar de las audiencias mantiene una paridad extrema, aunque exhibe alteraciones sutiles: la Unión Cívica Radical + Nuevos Aires retiene el segundo puesto colectivo con 20.245 seguidores totales, mientras que el bloque de Unión por la Patria acecha muy de cerca en la tercera colocación al sumar un consolidado de 19.803 adeptos.
Más atrás, el espacio de Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro reafirma su cuarto lugar al alcanzar las 14.545 cuentas, ampliando su distancia sobre el Frente Renovador, que se sitúa en 11.388 debido al impacto de los retrocesos individuales.
Por último, La Libertad Avanza continúa su proceso gradual de instalación y desarrollo en el plano local al registrar un total de 6.793 seguidores agrupados, mientras que el monobloque de la Coalición Cívica clausura el tablero con sus 1.211 adherentes estables.
*estadísticas tomadas al 5 de junio de 2026 de las cuentas destinadas a las concejalías
Kicillof encontró una nueva causa para militar: defender el monopolio de la VTV.
Por eso presentamos el proyecto para que la Provincia adhiera al nuevo régimen nacional.
Menos filas.
Menos demoras.
Menos kilómetros para hacer un trámite.
Pero el kirchnerismo prefiere… pic.twitter.com/EW848UJNvU