11 de junio de 2026
ROSCA, ROSCA Y ROSCA
El fin de la concesión de Punta Iglesia abre una compleja disputa política y comercial
El Ente Municipal de Turismo y Cultura rechazó formalmente el pedido de prórroga de la actual firma concesionaria. La decisión reactiva el interés sobre una de las zonas más estratégicas de la costa de Mar del Plata y pone en marcha una silenciosa carrera de negociaciones por el futuro pliego licitatorio.
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) de Mar del Plata dictó una resolución clave que reconfigura el mapa de la explotación costera en la ciudad. Mediante una resolución, la administración local resolvió rechazar de manera definitiva la solicitud de prórroga presentada por la firma Balena Argentina S.A. para la Unidad Turística Fiscal (UTF) Balneario Punta Iglesia. La empresa, que operaba el espacio costero, pretendía una nueva extensión contractual por un plazo de diez años a partir del vencimiento de su contrato. Con esta negativa oficial, publicada en el Boletín Oficial del partido de General Pueyrredon, se cierra un ciclo administrativo y se abre un complejo escenario de discusión pública y privada en torno al destino de una de las playas con mayor valor simbólico y comercial del distrito.
Los argumentos esgrimidos en el documento oficial exponen una “imposibilidad jurídica” de dar curso al pedido privado. La normativa que rigió la adjudicación original preveía un plazo de doce años de explotación con una única opción de prórroga por cuatro años más. Esta extensión ya había sido otorgada y perfeccionada en el año 2023, fijando el límite improrrogable del vínculo para el pasado 30 de abril de 2026. Frente a la falta de sustento legal para otorgar nuevos plazos extraordinarios y ante la extinción natural del contrato, el municipio recordó la vigencia del artículo 232 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que obliga a que toda concesión de bienes de dominio público se realice exclusivamente mediante los mecanismos de licitación pública, salvaguardando los principios de igualdad, concurrencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
Más allá del encuadre legal, la resolución fundamenta la necesidad del recambio institucional en razones operativas y de desarrollo urbano. Desde el Ejecutivo local se advierte que las condiciones socioeconómicas, de servicios y las demandas de los usuarios han cambiado radicalmente desde el diseño del pliego anterior. Asimismo, la infraestructura de Punta Iglesia requiere en la actualidad una intervención profunda que incluye obras de renovación, modernización y mantenimiento de gran envergadura. Para asegurar que un inversor privado asuma semejante desembolso financiero, el Estado municipal considera indispensable estructurar un nuevo esquema contractual que equilibre las inversiones exigidas con un plazo concesional adecuado, algo inviable bajo el viejo contrato.
Esta definición administrativa desplaza la atención hacia el plano netamente político y corporativo. La inminente confección de un nuevo pliego de bases y condiciones para licitar la UTF Punta Iglesia marca el inicio de una carrera de intereses y gestiones de lobby que se trasladará de inmediato a las oficinas del Ejecutivo y a las comisiones del Concejo Deliberante. Al tratarse de un enclave estratégico lindero al microcentro y con un flujo peatonal durante todo el año, la letra chica del futuro pliego resulta crucial para diversos grupos empresariales locales y nacionales que ya miran con atención el predio.
El debate central de los próximos meses girará en torno a las condiciones que fije el municipio para captar oferentes. La determinación del canon económico, la escala de las obras de infraestructura requeridas y la flexibilidad para desarrollar propuestas gastronómicas, comerciales o de entretenimiento serán las variables críticas que definirán qué tipo de empresas podrán competir con posibilidades reales de adjudicación. En el tablero político local, la redacción de estas condiciones técnicas no estará exenta de tensiones, ya que el diseño del pliego delineará el modelo de desarrollo costero pretendido para el sector, confrontando miradas sobre la privatización del espacio público, el perfil turístico de la ciudad y el peso de las inversiones privadas en el patrimonio marplatense.