VERGÜENZA
La Tecla Mar del Plata
Redacción
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El gobierno de Milei dio marcha atrás con el reparto de la merluza tras el fuerte rechazo
El Consejo Federal Pesquero retiró la propuesta de reasignación de cuotas de las flotas fresqueras a buques congeladores. En el Concejo Deliberante de General Pueyrredon se había expresado su rechazo por unanimidad en sesión.
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El gobierno de Javier Milei decidió dar marcha atrás con una iniciativa que había impulsado para modificar el esquema de distribución de cuotas de merluza hubbsi, luego de un fuerte rechazo de distintos actores de la industria pesquera, con epicentro en el puerto de Mar del Plata.
La propuesta, elaborada por áreas técnicas de la gestión nacional, buscaba establecer un nuevo mecanismo de reasignación de cupos entre flotas fresqueras y congeladoras bajo el argumento de “optimizar la producción” y mejorar la eficiencia del sistema. Sin embargo, la iniciativa nunca llegó a avanzar: en el ámbito del Consejo Federal Pesquero se informó formalmente que la propuesta fue retirada del tratamiento.
El proyecto contemplaba redireccionar parte de las toneladas no capturadas por la flota fresquera hacia buques congeladores, a través de un fondo de reasignación de largo plazo. El esquema generó un inmediato rechazo de gremios, cámaras empresarias, trabajadores y referentes de la actividad, que advirtieron que podía afectar el empleo en tierra y alterar el equilibrio histórico del sector.
En Mar del Plata, principal polo pesquero del país, la reacción fue especialmente fuerte. Sindicatos, empresas y actores de toda la cadena productiva cuestionaron el alcance de la iniciativa y señalaron que favorecía a un segmento reducido de la flota en detrimento de la industria instalada en tierra. También se pusieron bajo la lupa los argumentos oficiales que justificaban la reforma, en particular el diagnóstico sobre el uso de las cuotas.
El esquema preveía además la creación de un Fondo de Optimización Productiva dentro de la Reserva de Administración, que permitiría reasignar cupos bajo determinados criterios técnicos y económicos, con obligaciones adicionales para los buques beneficiarios, como desembarques en puertos argentinos, cumplimiento fiscal y mantenimiento del empleo.
La resistencia al proyecto no se limitó al sector privado. También se sumaron cuestionamientos desde la provincia de Buenos Aires y distintos actores políticos, que advirtieron sobre el impacto social y económico que podía generar en ciudades pesqueras como Mar del Plata.
En paralelo, el conflicto tuvo repercusión política local. En el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, tras una Banca 25, se aprobó por unanimidad una resolución que expresa el rechazo al proyecto impulsado por la administración nacional, con planteos que apuntan a la defensa del empleo en el puerto y a la necesidad de preservar la actividad industrial en tierra.
Finalmente, y sin llegar a una definición formal dentro del Consejo Federal Pesquero, el Gobierno nacional optó por retirar la iniciativa, desactivando uno de los focos de tensión más importantes que se habían abierto en las últimas semanas dentro del sector.
La decisión fue interpretada como un retroceso de la gestión de Javier Milei frente a la presión articulada del sector pesquero, que logró unificar posiciones entre gremios, cámaras empresarias, gobiernos provinciales y actores institucionales.