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La Tecla Mar del Plata
Redacción
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La incorporación de más buques poteros abrió un frente de disputa en el negocio pesquero
Una resolución del Consejo Federal Pesquero habilitó un proceso para sumar hasta 18 embarcaciones dedicadas a la captura de calamar. Desde el gobierno bonaerense cuestionaron la medida y advirtieron que el esquema de puntajes previsto podría perjudicar la competitividad de Mar del Plata.
La decisión del Consejo Federal Pesquero de avanzar con la incorporación de hasta 18 nuevos buques poteros abrió un nuevo frente de conflicto entre la Provincia de Buenos Aires y los organismos nacionales vinculados a la actividad pesquera. Desde la gestión de Axel Kicillof cuestionaron tanto el procedimiento utilizado para aprobar la iniciativa como los criterios que podrían terminar perjudicando a uno de los principales motores productivos de Mar del Plata.
A través del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, el gobierno bonaerense presentó un recurso para frenar la aplicación de la Resolución 6/2026, una norma que busca ampliar la flota dedicada a la captura de calamar y que, según sus impulsores, permitiría fortalecer la presencia argentina en una pesquería estratégica y generar cientos de nuevos puestos de trabajo.
Sin embargo, en La Plata entienden que detrás de la medida existen interrogantes que todavía no fueron respondidos. El principal apunta a la falta de estudios específicos sobre el impacto que podría tener una mayor presión pesquera sobre el recurso. La Provincia sostiene que antes de habilitar nuevos permisos deberían existir garantías científicas que permitan descartar riesgos para la sustentabilidad de los stocks de calamar en el Mar Argentino.
Pero el debate no se limita al aspecto ambiental. En el Ejecutivo bonaerense también observan con preocupación el esquema de puntuación establecido para seleccionar los proyectos que accederán a los nuevos permisos. Según el planteo provincial, la resolución otorga ventajas a las provincias patagónicas y deja en una posición menos favorable a Buenos Aires, pese a que concentra buena parte de la infraestructura industrial y de procesamiento vinculada al sector.
El punto genera especial sensibilidad en Mar del Plata. El complejo pesquero local, considerado el más importante del país, podría quedar relegado frente a otras jurisdicciones al momento de competir por las nuevas autorizaciones. Desde la Provincia advierten que las empresas radicadas en el principal puerto pesquero argentino deberían realizar mayores inversiones para alcanzar condiciones similares a las exigidas en otros distritos.
La controversia también tiene un componente institucional. El gobierno bonaerense cuestionó que la iniciativa haya sido incorporada, debatida y votada en una misma reunión del Consejo Federal Pesquero, sin el tiempo suficiente para que los representantes analizaran la documentación correspondiente. Para Rodríguez, esa dinámica afectó la posibilidad de discutir en profundidad una medida con impacto económico, productivo y ambiental.
Mientras desde el Consejo destacan que la ampliación de la flota podría traducirse en alrededor de 600 empleos directos y un impulso para la industria pesquera nacional, Buenos Aires insiste en que el desarrollo de la actividad no puede avanzar sin reglas claras ni estudios que respalden la decisión.
Así, la discusión por los nuevos buques poteros dejó de ser un debate exclusivamente técnico para transformarse en una disputa que combina intereses productivos, equilibrio federal y el futuro de una de las actividades económicas más relevantes para Mar del Plata.