4 de julio de 2026
RESUMEN
Lo que la semana nos dejó
Las secuelas del apagón afectaron al Concejo Deliberante, mientras la oposición reclama trata el Pliego del Transporte. Además, la crisis de IOMA se instala con fuerza en la agenda política al igual que Punta Mogotes y la UT Chapadmalal. Mientras tanto, crece la polémica por el caso La Robla. Todo eso y más, al mejor estilo La Tecla Mar del Plata.
Tras un primer intento fallido, el Municipio vuelve a la carga con la licitación del sistema de videovigilancia
Después del fracaso del primer proceso por incumplimientos formales de las dos empresas que se presentaron, la comuna volverá a abrir este lunes los sobres de la millonaria licitación para sostener el sistema de las cámaras de seguridad de Mar del Plata durante los próximos dos años. La Municipalidad de General Pueyrredon volverá a poner en marcha este lunes una de las licitaciones más importantes del área de Seguridad. Luego de que el primer llamado terminara sin ofertas válidas, el Ejecutivo encabezado por el intendente interino, Agustin Neme, buscará encaminar la contratación del servicio de mantenimiento del sistema de videovigilancia con la apertura de sobres del segundo proceso licitatorio.
La cita será este lunes 29 de junio a las 10, en la Dirección General de Contrataciones, donde se conocerá si aparecen nuevos interesados para hacerse cargo de un contrato valuado en $3.960 millones, destinado a garantizar el funcionamiento de las 1.383 cámaras de seguridad distribuidas entre Mar del Plata y Batán.
El segundo llamado llega pocas semanas después de que la comuna resolviera dejar sin efecto la primera convocatoria. Si bien dos empresas habían presentado ofertas, ninguna logró superar la etapa administrativa.
La propuesta de NEC Argentina S.A. fue rechazada por incumplimientos relacionados con la certificación de firmas y otras exigencias previstas en el pliego, mientras que Exanet S.A. quedó afuera por presentar una garantía de mantenimiento de oferta inferior a la requerida. Con ese escenario, el Municipio decidió declarar fracasada la instancia y volver a licitar el servicio sin modificar el presupuesto oficial.
La contratación es considerada estratégica para el funcionamiento del sistema de monitoreo urbano. El pliego establece una prestación integral durante 24 meses, con posibilidad de prorrogar el vínculo por un año más, e incluye el mantenimiento de cámaras, servidores, software, enlaces de comunicación, la red municipal de fibra óptica y el equipamiento del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).
Además, la empresa adjudicataria deberá garantizar que el sistema mantenga una disponibilidad mínima del 90%, reparar desperfectos técnicos en un plazo máximo de 48 horas y administrar la plataforma tecnológica que permite captar, transmitir y almacenar las imágenes obtenidas por las cámaras.
Un servicio que no puede detenerse
Mientras el proceso licitatorio sigue abierto, el Municipio optó por sostener de manera transitoria el servicio para evitar que el sistema de videovigilancia deje de funcionar.
A través de un decreto, autorizó la continuidad de la prestación que actualmente realiza NEC Argentina S.A., habilitando pagos mensuales cercanos a los $81 millones hasta julio de este año o hasta que se concrete la adjudicación definitiva. En total, esa contratación transitoria representa una erogación superior a los $566 millones.
Un contrato millonario en medio del debate por los recursos
La apertura de sobres también se producirá en un contexto de fuerte discusión sobre las prioridades del gasto público. Mientras el oficialismo sostiene que el mantenimiento del sistema de videovigilancia resulta indispensable para la prevención del delito, desde distintos sectores de la oposición volvieron a plantear interrogantes sobre el destino de una inversión cercana a los $4.000 millones.
Entre los cuestionamientos aparece la posibilidad de que el propio Municipio asuma parte de esas tareas con recursos propios o que una porción de esos fondos pueda destinarse a ampliar la red de cámaras en lugar de concentrarse únicamente en el mantenimiento de la infraestructura existente.
Con esos interrogantes sobre la mesa, el segundo llamado aparece como una instancia decisiva para definir el futuro de uno de los contratos más importantes de la Secretaría de Seguridad y poner fin a un proceso que, al menos por ahora, ya tuvo un primer intento fallido.
El ascenso de Santilli en el gobierno de Milei tuvo fuerte repercusión en la dirigencia de Mar del Plata
Tras la designación del dirigente del PRO como nuevo jefe de Gabinete, referentes de distintos espacios políticos marplatenses reaccionaron en las redes sociales. Hubo mensajes de respaldo, felicitaciones y también cuestionamientos desde la oposición.
Tras la renuncia de Manuel Adorni, en medio de un fuerte escándalo político y de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y el supuesto cobro de dádivas, el presidente Javier Milei designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. El anuncio tuvo una inmediata repercusión en Mar del Plata, donde referentes de distintos espacios salieron a fijar posición a través de las redes sociales. Entre felicitaciones, respaldos y análisis políticos, la llegada del dirigente del PRO al corazón del Gobierno nacional no pasó inadvertida en la dirigencia local.
El mandatario confirmó que Santilli reemplazará a Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete y que asumirá formalmente este martes. El propio dirigente agradeció la confianza de Milei y de Karina Milei y sostuvo que trabajará para avanzar con las reformas impulsadas por la administración nacional.
La designación tuvo un rápido correlato en Mar del Plata, donde referentes políticos comenzaron a fijar posición sobre el nombramiento. Hubo mensajes de respaldo que destacaron la trayectoria de Santilli, su experiencia de gestión y el desafío que implica asumir la coordinación política del Ejecutivo en un momento clave para el Gobierno. Y también hubo cuestionamientos desde la oposición.
Uno de los primeros en salir a manifestarse fue el intendente en uso de licencia y senador provincial, Guillermo Montenegro, que expresó con un mensaje muy personal: “Colo querido, felicitaciones! Después de tantos años compartiendo camino, sé muy bien quién sos y cómo trabajás. No tengo dudas de que vas a dejar todo para estar a la altura de esta enorme responsabilidad. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Un fuerte abrazo”.
Luego, salió a expresarse el presidente del Pro Mar del Plata-Batán, Emiliano Giri, que dijo: “No tengo dudas que lo vas a hacer con la humildad y calidad humana que te caracteriza Diego Santilli. Desde acá te deseo lo mejor en este nuevo desafío”.
También se expresó el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, quien felicitó al flamante jefe de Gabinete a través de sus redes sociales: “Felicitaciones Diego Santilli! Que tengas una gran gestión para seguir con el desarrollo y crecimiento del país acompañando al Presidente Javier Milei”.
Por su parte, el intendente interino, Agustín Neme, también le envió un mensaje al flamante jefe de Gabinete: “Felicitaciones, Diego, por asumir la enorme responsabilidad de conducir la Jefatura de Gabinete”. “Sos un dirigente con experiencia, capacidad de gestión y una profunda vocación de servicio. Estoy convencido de que vas a estar a la altura de este desafío tan importante para el país”, remarcó.
“Desde Mar del Plata vamos a seguir trabajando juntos, con la convicción de que la gestión, el orden y el trabajo en equipo son el camino para mejorarle la vida a la gente”, subrayó Neme. “Muchos éxitos en esta nueva etapa”, concluyó el intendente interino.
Desde la oposición, el concejal de Unión por la Patria, Diego García, apeló al humor para referirse a la designación de Santilli. En X publicó un escueto "3 doritos después" junto a una captura de un posteo de Milei, realizado a comienzos de 2023, en el que el entonces diputado cuestionaba duramente al dirigente del PRO: "El colorado hijo de mil puta de Santilli debería explicar cómo lleva el estilo de vida que tiene antes de ponerse a debatir sobre economía, de lo cual no sabe nada. Todos los opinólogos inútiles".
El Concejo sufrió las secuelas del apagón y no pudo transmitir en vivo Movilidad Urbana
La caída del sitio web y del servicio de internet del HCD impidió la transmisión de la comisión. El inconveniente habría estado vinculado con el masivo corte de energía registrado el domingo en toda la ciudad. Ahora, el servicio se encuentra normalizado.
Las consecuencias del apagón que afectó a Mar del Plata durante la mañana del domingo también se hicieron sentir este lunes en el Concejo Deliberante. Una falla en el sistema de conectividad impidió la transmisión en vivo de la reunión de la Comisión de Movilidad Urbana y generó inconvenientes para quienes seguían la actividad legislativa de manera remota.
Según pudo saber La Tecla, la página oficial del Honorable Concejo Deliberante permaneció fuera de servicio desde el domingo y el inconveniente se extendió hasta la mañana de este lunes, lo que imposibilitó la emisión habitual de las comisiones a través del sitio institucional.
Si bien no hubo una confirmación oficial sobre el origen del problema, distintas fuentes señalaron que la caída del sistema podría haber estado relacionada con el corte general de energía que sufrió gran parte de la ciudad durante el domingo. De acuerdo con lo informado por EDEA, la interrupción del suministro de luz del domingo, se produjo por una falla en la red de distribución de 132 kV y dejó a miles de usuarios sin servicio durante varias horas.
La falta de conectividad también demoró el inicio de la Comisión de Movilidad Urbana, presidida por el concejal de la Coalición Cívica, Guido García, que tenía previsto analizar nueve expedientes. La imposibilidad de acceder a la transmisión en vivo generó complicaciones para concejales, asesores, periodistas y vecinos que habitualmente siguen las reuniones de manera virtual.
Las secuelas del apagón no se limitaron al sistema informático. Durante la mañana también se registraron inconvenientes en el suministro de agua dentro del Palacio Municipal y del edificio del Concejo Deliberante. Según trascendió, únicamente el sector ubicado sobre la calle La Rioja contaba con servicio normal.
Con el correr de las horas, el servicio de internet fue restablecido, la página oficial volvió a estar operativa y el sistema de transmisión quedó nuevamente en funcionamiento. Desde el ámbito legislativo indicaron que la actividad podrá continuar con normalidad.
Se abrieron los sobres para el mantenimiento de las cámaras de seguridad y hubo dos ofertas en el segundo llamado
Exanet y NEC Argentina volvieron a presentarse en la licitación para el mantenimiento del sistema de videovigilancia. Las propuestas económicas serán analizadas en la próxima etapa del proceso.
La Municipalidad de General Pueyrredon dio un paso clave para definir uno de los contratos más importantes del área de Seguridad. Este lunes se realizó la apertura de sobres del segundo llamado a licitación para el servicio de mantenimiento del sistema de videovigilancia, luego de que la primera convocatoria fuera declarada fracasada por incumplimientos administrativos de las empresas oferentes.
El acto se desarrolló en la Dirección General de Contrataciones y contó con la presentación de dos ofertas, correspondientes a Exanet S.A. y NEC Argentina S.A., las mismas firmas que habían participado del primer proceso licitatorio. Según consta en el acta de apertura, ambas empresas superaron en esta oportunidad la revisión preliminar de la documentación administrativa, por lo que sus propuestas económicas quedaron resguardadas para ser abiertas en la etapa prevista por el procedimiento. Además, el acto se desarrolló sin observaciones ni impugnaciones por parte de los presentes.
La licitación contempla un presupuesto oficial cercano a los $3.960 millones y tiene como objetivo garantizar el mantenimiento integral de las 1.383 cámaras de seguridad distribuidas entre Mar del Plata y Batán durante un plazo de 24 meses, con opción de prórroga por un año más.
El nuevo llamado se concretó luego de que el Municipio dejara sin efecto la primera licitación. En aquella oportunidad, NEC Argentina S.A. fue descalificada por incumplimientos vinculados a la certificación de firmas y otros requisitos formales del pliego, mientras que Exanet S.A. quedó excluida por presentar una garantía de mantenimiento de oferta inferior a la exigida. Frente a ese escenario, el Ejecutivo resolvió reiniciar el proceso sin modificar el presupuesto oficial.
La contratación es considerada estratégica para el funcionamiento del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), ya que comprende el mantenimiento de cámaras, servidores, software, enlaces de comunicación, la red municipal de fibra óptica y el resto de la infraestructura tecnológica que sostiene el sistema de videovigilancia.
Mientras avanza el proceso licitatorio, la comuna mantiene una contratación transitoria con NEC Argentina para evitar interrupciones en el servicio. Ahora, con la apertura de los sobres administrativos ya concretada y las dos ofertas en carrera, la Comisión Asesora de Preadjudicación deberá avanzar con el análisis de la documentación y posteriormente con la evaluación de las propuestas económicas para definir cuál será la empresa encargada de prestar el servicio.
La oposición reclamó acelerar el tratamiento del pliego del transporte y cuestionó la demora en los expedientes
La oposición reclamó que el Ejecutivo responda las consultas pendientes sobre el nuevo pliego del transporte y cuestionó la demora en el tratamiento de expedientes. Desde el oficialismo aseguraron que las respuestas están en elaboración y prometieron reactivar el debate cuanto antes.
En la reunión de la comisión de Movilidad Urbana, presidida por Guido García, la oposición volvió a cuestionar el ritmo con el que se tramitan los expedientes vinculados al transporte público y pidió reactivar cuanto antes el debate del nuevo pliego de bases y condiciones para la concesión del servicio.
El planteo surgió al inicio de la comisión, donde los bloques opositores consideraron que, tras el accidente fatal ocurrido la semana pasada entre un colectivo y un vehículo en la zona del skatepark, resulta necesario imprimir mayor celeridad al tratamiento del expediente.
En ese marco, recordaron que el pasado 27 de abril el Concejo resolvió enviar al Ejecutivo una serie de consultas sobre el pliego y señalaron que ya transcurrieron más de 60 días sin que llegaran las respuestas comprometidas. Por ese motivo solicitaron que el expediente vuelva a incorporarse al orden del día de la próxima comisión y que funcionarios municipales concurran a responder los interrogantes formulados por los distintos bloques.
Desde la presidencia de la comisión respondieron que el Ejecutivo se encuentra elaborando las contestaciones y que el debate podrá retomarse una vez que esa información sea remitida al Concejo. No obstante, se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para que las respuestas lleguen "lo más rápido posible" y así continuar con el tratamiento del expediente.
La oposición insistió en que la mejor manera de honrar a las víctimas del siniestro es avanzar con rapidez en una discusión que lleva años abierta. En ese sentido, advirtió que el pedido de informes debía ser contestado dentro de los 30 días previstos por el reglamento interno y cuestionó que los incumplimientos de esos plazos se hayan naturalizado.
Además, sostuvieron que el intercambio habría sido más ágil si los funcionarios municipales hubieran asistido directamente a la comisión para responder las consultas, evitando semanas de espera. También reclamaron que el Ejecutivo no demore más las respuestas, al considerar que no existen impedimentos para hacerlo y que el oficialismo cuenta con las mayorías necesarias para impulsar el expediente.
De esta manera, el tratamiento del nuevo pliego del transporte volvió a quedar en el centro del debate político dentro de la comisión, con la oposición reclamando mayor velocidad tanto en ese expediente como en el conjunto de los proyectos que permanecen pendientes de resolución en el Concejo Deliberante.
Fuerte cruce en Movilidad Urbana por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad
El expediente terminó archivado por mayoría, pero antes dejó un duro intercambio entre oficialismo y oposición sobre el impacto de la Resolución 28/2026 en el acceso al transporte gratuito para personas con discapacidad.
La comisión de Movilidad Urbana vivió este lunes un intenso debate al tratar el expediente impulsado por Unión por la Patria que cuestionaba la Resolución Nº 28/2026 del Gobierno nacional, vinculada al financiamiento de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad. Finalmente, el oficialismo y sus aliados impusieron el archivo de la iniciativa, aunque antes protagonizaron un fuerte intercambio entre la concejala de La Libertad Avanza, Noelia Álvarez Ríos, y el edil Diego García, de Unión por la Patria.
La discusión giró en torno al alcance de la resolución nacional, que eliminó las compensaciones que el Estado abonaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos.
Álvarez Ríos defendió la medida y rechazó que implique un recorte de derechos. "Lo que elimina la Resolución 28/2026 no es la gratuidad de los pasajes, sino la compensación que hacía el Gobierno Nacional a las empresas de transporte privado", sostuvo durante su intervención. En ese sentido, remarcó que el propio texto de la resolución establece que "la presente medida no afecta al derecho a la gratuidad" previsto por las leyes vigentes y recordó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continúa siendo la autoridad encargada de controlar su cumplimiento.
Para la concejala libertaria, el expediente presentado por la oposición transmitía un mensaje equivocado. "Se utilizan términos bastante importantes, como que se avasallan derechos de las personas con discapacidad. Me pregunto ¿en qué momento esta resolución avasalla esos derechos?", afirmó antes de solicitar el archivo de la iniciativa.
La respuesta llegó de la mano de Diego García, quien cuestionó el impacto práctico de la decisión nacional. Según el concejal de Unión por la Patria, la eliminación del subsidio modifica las condiciones de acceso al beneficio porque traslada el costo a las empresas de transporte.
"Lo que no paga el Estado ahora lo va a pagar el privado y queda a criterio de la empresa", sostuvo García. En esa línea, argumentó que el derecho formal continúa vigente, pero advirtió que su ejercicio puede verse condicionado por la disponibilidad de lugares, horarios o recorridos definidos por las compañías.
El edil también cuestionó el rol que podrá cumplir la CNRT como organismo de control, al señalar que el Gobierno nacional redujo su estructura en el marco del ajuste estatal. "Es un obstáculo para las personas con discapacidad. Ahora empieza la pelea por si hay lugar, si no hay lugar o en qué horario pueden viajar", sostuvo.
Pese al intercambio, el expediente no prosperó. La propuesta de archivo presentada por La Libertad Avanza fue aprobada con el acompañamiento de la Unión Cívica Radical, el PRO y la Coalición Cívica, mientras que Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador votaron en contra.
El debate dejó expuestas dos miradas contrapuestas sobre la resolución nacional. Mientras desde el oficialismo sostuvieron que el derecho al pasaje gratuito permanece plenamente vigente y que la modificación sólo alcanza al esquema de compensaciones económicas, desde la oposición advirtieron que la quita del subsidio puede convertirse en una barrera adicional para quienes necesitan acceder al beneficio.
La nocturnidad en la agenda del HCD
El Concejo analiza una reforma a la Ordenanza 14.000 que habilita DJs, extiende horarios y permite el baile en bares, reabriendo el debate por la noche local. Las voces a favor y en contra.
La discusión sobre la noche marplatense volvió a instalarse en el Concejo Deliberante con un proyecto que promete reavivar uno de los debates más persisten tes de la política local: cómo regular la actividad nocturna sin volver a tensar la convivencia entre el desarrollo comercial y los vecinos.
El expediente 1274/26, impulsado por el concejal del PRO Marcelo Cardoso —quien además se desempeñó como exsubsecretario de Inspección General del Municipio—, propone una modificación de fondo a la Ordenanza 14.000, vigente desde 2001.
La iniciativa apunta a actualizar el marco regulatorio incorporando nuevas prácticas del sector gastronómico y recreativo. Entre los cambios más significativos aparece la habilitación de DJs, performances en vivo y una extensión del horario de funciona miento de los locales hasta las 4 de la madrugada. Sin embargo, el punto más sensible es la autorización del baile “espontáneo” del público dentro de bares y espacios gastronómicos.
Ese detalle reabre una discusión que en “La Feliz” tiene historia propia. Durante años, la prohibición del baile en locales sin habilitación específica funcionó como una de las herramientas del Municipio para ordenar la nocturnidad y evitar que los bares derivaran en boliches encubiertos, especialmente en zonas de alta conflictividad.
La calle Alem se convirtió en el símbolo de ese proceso. Durante más de una déca da fue uno de los polos nocturnos más importantes de la ciudad, con una fuerte concentración de bares y música en vivo que atrajo a miles de jóvenes, pero que también generó un extenso historial de reclamos vecinales por ruidos, saturación y alteración del entorno urbano.
A partir de 2011, durante la gestión de Gustavo Pulti, el gobierno profundizó las restricciones. Se reforzaron controles, se limitaron actividades y se avanzó con el cierre de algunos establecimientos. El impacto de esas medidas no fue homogéneo. Mientras parte del sector comercial cuestionaba la pérdida de actividad en horarios nocturnos extendidos, el circuito de bares comenzó a reconfigurarse hacia otros corredores como Güemes y Olavarría. En paralelo, la oferta más orientada al entretenimiento masi vo con pista de baile migró hacia Playa Grande. Mientras, Alem se reconvirtió con la búsqueda de un público más familiar.
Ese esquema es el que ahora vuelve a ponerse en discusión con el proyecto de Cardoso. El expediente tuvo su primer paso legislativo a fines de mayo, cuando fue tratado en Industria, presidida por el edil Juan Manuel Cheppi. Allí comenzó a exponerse el alcance de la propuesta y a marcarse las primeras diferencias dentro del cuerpo deliberativo.
Desde el oficialismo, la defensa del proyecto se apoyó en la necesidad de modernizar una ordenanza que no habría acompañado la evolución del sector, ni las nuevas dinámicas. Sin embargo, la iniciativa encontró rápidamente contrapuntos.
Entre las voces más críticas se ubicó Pulti, actual concejal del kicillofismo, quien si bien coincidió en la necesidad de actualizar ciertos aspectos normativos, advirtió sobre el riesgo de replicar escena rios de conflictividad en zonas residencia les que ya habían mostrado tensiones en el pasado. En paralelo, el exintendente impulsa una consulta popular, orientada a abrir el debate a la participación ciudadana.
Con el proyecto todavía en etapa de aná lisis, se comenzó a sumar objeciones y presentaciones de comerciantes y vecinos, tanto a favor como en contra. Incluso en el propio debate de Industria se escucharon intervencio nes de particulares que expusieron. El recorrido legislativo aún es largo: debe atravesar tres comisiones antes de llegar al plenario. En ese camino, el proyecto se perfila como uno de los debates más sensibles del año, no solo por su impacto normativo, sino por lo que vuelve a poner en juego: el equilibrio entre la noche marplatense, la actividad económica y la convivencia urbana.
Bordaisco pide que Homero Giles dé explicaciones en Mar del Plata por la crisis de IOMA
El presidente del bloque UCR + Nuevos Aires presentó un proyecto para convocar a autoridades de la obra social, prestadores, funcionarios, profesionales y afiliados. El objetivo es analizar los problemas que atraviesa el sistema y exigir respuestas ante las crecientes dificultades de atención.
La situación que atraviesan los afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) volvió a instalarse en la agenda política de General Pueyrredon. En ese marco, el presidente del bloque UCR + Nuevos Aires, Ariel Bordaisco, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para convocar a una jornada de trabajo que reúna a autoridades de la obra social, prestadores de salud, funcionarios, profesionales y afiliados con el objetivo de analizar los problemas que afectan a miles de usuarios del sistema.
Uno de los principales planteos del edil apunta a que el presidente de IOMA, Homero Giles, participe personalmente del encuentro y escuche los reclamos que desde hace tiempo vienen realizando afiliados y prestadores de la ciudad.
"Queremos que quienes tienen la responsabilidad de conducir IOMA vengan a Mar del Plata, escuchen a los afiliados, a los prestadores y a los profesionales de la salud, y trabajen en soluciones concretas para una situación que ya no admite más demoras", sostuvo Bordaisco.
La iniciativa propone conformar una mesa de trabajo con la participación de las máximas autoridades provinciales y locales de IOMA, entre ellas Giles y el vicepresidente Mariano Cardelli. También contempla la presencia de representantes de la Zona Sanitaria VIII, funcionarios municipales de las áreas de Salud y Desarrollo Social, directivos de hospitales públicos y clínicas privadas, autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, integrantes del Colegio de Médicos y afiliados autoconvocados.
Según el proyecto, el objetivo es elaborar un diagnóstico sobre el funcionamiento de la obra social en General Pueyrredon y avanzar en propuestas que permitan mejorar el acceso a las prestaciones médicas.
Entre los fundamentos de la iniciativa se mencionan los reiterados conflictos prestacionales registrados en la ciudad, las dificultades para conseguir turnos con especialistas y las denuncias de afiliados por demoras en tratamientos y estudios, especialmente en áreas como oncología, cardiología y discapacidad.
"La situación de miles de afiliados de IOMA en Mar del Plata es cada vez más preocupante. Recibimos permanentemente reclamos por demoras en turnos, dificultades para acceder a especialistas, problemas con tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales. No podemos naturalizar que personas que aportan todos los meses tengan que atravesar semejante incertidumbre para atenderse", afirmó el concejal.
En ese sentido, Bordaisco sostuvo que la problemática excede las cuestiones administrativas y requiere una respuesta coordinada de todos los actores involucrados en el sistema sanitario."Detrás de las estadísticas y los expedientes hay personas concretas que ven afectado un derecho humano fundamental como es el acceso a la salud", expresó.
Por último, el dirigente radical remarcó que la convocatoria busca transformar los reclamos en propuestas concretas que permitan mejorar la atención de los afiliados. "El objetivo de esta convocatoria es poner sobre la mesa los problemas reales que están viviendo los afiliados y construir respuestas. La salud no puede quedar atrapada entre cuestiones administrativas, financieras o burocráticas mientras miles de vecinos esperan una consulta, un medicamento o un tratamiento", concluyó.
Diego Juárez entra en el "cooling break" con un marcador que preocupa al oficialismo
A poco más de seis meses de asumir al frente del Emturyc, acumula tropiezos en una gestión marcada por la caída del turismo, la suspensión de eventos y nuevos desafíos que amenazan la segunda mitad del año. Las vacaciones de invierno y el Festival Internacional de Cine aparecen como partidos decisivos.
Una de las novedades que dejó este Mundial no fue un esquema táctico revolucionario ni una tecnología inédita, sino el cooling break, la pausa de hidratación que interrumpe los partidos. Oficialmente, la FIFA la presenta como una medida para cuidar a los futbolistas ante las altas temperaturas. Extraoficialmente, son muchos los hinchas que la miran con desconfianza y sostienen que también sirve para sumar segundos de publicidad y darle aire al negocio. Mientras unos aprovechan para refrescarse, otros reordenan el equipo y buscan la fórmula para cambiar un partido que viene torcido.
Si esa pausa existiera en la gestión pública, Diego Juárez ya habría levantado la mano para pedirla. Porque a poco más de seis meses de asumir al frente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), el funcionario atraviesa su momento más complejo. Y si el balance se tradujera al lenguaje futbolero, el tablero marca un inapelable 3 a 0 en contra.
El ex kirchnerista, hoy reconvertido en libertario y uno de los hombres de Agustín Neme para conducir el turismo y la cultura de Mar del Plata, todavía tiene después del "cooling break" más minutos del primer tiempo, y le queda un segundo tiempo por delante. Pero el primer parcial dejó demasiados errores propios y pocas jugadas de peligro.
Primer gol: el verano dejó el marcador en rojo
El primer impacto llegó con el cierre de la temporada estival. El principal examen para cualquier responsable del turismo terminó con números que encendieron luces amarillas.
Entre el 1° de diciembre y el 28 de febrero arribaron 3.141.472 visitantes, una caída del 3,7% respecto del verano anterior. Fue la peor temporada desde la pandemia y la segunda más floja de la última década. Para una ciudad que vive del turismo, el dato pesa como un gol recibido antes de los diez minutos.
Segundo gol: el Enduro del Invierno se quedó en el vestuario
Cuando el calendario ofrecía la posibilidad de una recuperación, apareció otro revés. El Enduro del Invierno, un evento que en 2024 reunió a más de 315 mil personas y generó un fuerte movimiento económico durante la temporada baja, este año no se realizará.
La suspensión dejó a Mar del Plata sin uno de los acontecimientos que había logrado romper la estacionalidad y atraer visitantes fuera del verano. Otra pelota que terminó en el fondo de la red.
Tercer gol: sin Fan Fest en pleno Mundial
El tercer golpe tiene un fuerte componente simbólico. Mientras distintas ciudades del país organizan espacios para seguir la Copa del Mundo, Mar del Plata no contará con un Fan Fest. Hubo conversaciones con privados y trascendieron versiones sobre una posible organización, pero, por ahora, todo quedó en la nada.
La ausencia contrasta con la experiencia de Qatar 2022, cuando miles de vecinos y turistas colmaron los espacios públicos para acompañar a la Selección campeona del mundo. En términos futboleros, la ciudad decidió mirar el partido desde el banco de suplentes.
El segundo tiempo tampoco arranca sencillo
Lejos de aparecer un calendario favorable, Juárez tiene por delante una seguidilla de encuentros complejos. Las vacaciones de invierno aparecen como la primera prueba, aunque el pronóstico tampoco ayuda. Desde el sector gastronómico ya advirtieron que las expectativas son "muy bajas" y que las reservas apenas superan el 25%, un porcentaje que invita más a la preocupación que al optimismo.
Después llegará un compromiso todavía más exigente: el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La denominada "Fórmula 1 de la cultura" atraviesa un momento de incertidumbre. Desde el Incaa reconocieron que la continuidad de la categoría Clase A dependerá, entre otros factores, de la convocatoria que consiga el evento. Traducido al lenguaje futbolero: el estadio deberá llenarse si quiere seguir jugando en la máxima categoría.
Más cuestionamientos que resultados
Las críticas hacia Juárez no pasan únicamente por los indicadores turísticos. Quienes siguen de cerca el funcionamiento del Ejecutivo observan que el funcionario —que supo militar junto a Daniel Scioli y hoy se presenta como un libertario convencido— parece concentrar buena parte de sus esfuerzos en construir un perfil propio y diferenciarse de la gestión anterior, pese a integrar el mismo gobierno municipal.
Su pasado como coach ontológico también vuelve a aparecer cada vez que los resultados no acompañan. En el sector turístico aseguran que hoy hacen falta menos discursos motivacionales y más decisiones de gestión para revertir un escenario que se volvió adverso.
En el fútbol todavía queda un tiempo por jugar y ningún partido termina antes del pitazo final. Pero también hay una máxima que rara vez falla: cuando el equipo llega al cooling break tres goles abajo, la charla técnica ya no alcanza. Para cambiar el resultado hacen falta respuestas rápidas, variantes acertadas y, sobre todo, empezar a convertir las oportunidades que todavía quedan.
Punta Mogotes: tregua judicial y negociaciones inesperadas abren un compás de espera hasta agosto
Tras semanas de máxima tensión institucional, la Provincia y el Municipio se vieron las caras ante la Justicia marplatense, donde sorprendieron al revelar la apertura de un canal de diálogo para destrabar el conflicto por el complejo balneario. Los plazos de las demandas quedaron congelados.
El dilatado conflicto por la administración y el dominio del Complejo Punta Mogotes sumó un capítulo imprevisto en los tribunales locales, transformando un escenario de inminente choque legal en una tregua política impulsada por la propia Justicia. Este martes al mediodía, representantes del gobierno de General Pueyrredon y de la administración bonaerense comparecieron en la audiencia convocada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, Simón Isacch. Lejos de profundizar las denuncias cruzadas que recalentaron la previa del encuentro, la audiencia presenció un giro radical cuando ambas jurisdicciones confirmaron oficialmente la existencia de conversaciones discretas orientadas a "acercar posiciones" para resolver el litigio de manera concertada.
Ante esta predisposición al diálogo, que hasta el momento se había mantenido bajo estricta reserva, las partes solicitaron una extensión de los plazos para poder avanzar en las negociaciones. El juez Isacch hizo lugar de inmediato al pedido y resolvió dictar un cuarto intermedio hasta el próximo 4 de agosto. Con esta disposición, la Justicia impuso un freno temporal al trámite de los expedientes, lo que significa la suspensión total de los plazos procesales vigentes tanto para la demanda de fondo que discute la titularidad del predio, como para la medida cautelar más reciente con la que la comuna buscaba anular las prórrogas otorgadas a los actuales concesionarios.
La cita judicial congregó a segundas y terceras líneas de fuerte peso técnico y político de ambas administraciones. Por el Ejecutivo municipal asistieron el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, y la letrada Matilde Casado. Por el lado de la Gobernación, el despliegue incluyó a la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de la Producción, Noelia Fernández; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, y el jefe de Gabinete de dicha asesoría, Francisco Zannini, acompañados por los representantes provinciales en la Administración de Punta Mogotes, Fernando Maraude y Gonzalo Raventos.
Esta sorpresiva búsqueda de consenso altera de forma momentánea la dinámica de una disputa que parecía estancada en los despachos judiciales. En el centro del debate de fondo se encuentra el reclamo de la administración local, encabezada interinamente por Agustín Neme y con Guillermo Montenegro en uso de licencia, para que se convalide el depósito de poco más de 14 millones de pesos destinados a cancelar la deuda histórica contraída durante la última dictadura militar para la construcción del lugar. El Municipio sostiene que, tras acreditar dicho pago, está facultado para exigir la restitución completa del complejo, cuya administración actual depende en un 70% de la Provincia y en un 30% de la comuna.
La escalada de tensión de los últimos días se había desatado precisamente cuando la administración provincial resolvió extender los contratos vigentes de los balnearios hasta el 30 de abril de 2027, fundamentando la medida en la necesidad de garantizar la continuidad operativa mientras se confeccionan los pliegos para una futura licitación integral y posterior traspaso del predio a la ciudad. Aquella jugada fue interpretada por el oficialismo marplatense como una maniobra centralista orientada a vaciar de contenido la intervención de la Justicia y consolidar un escenario irreversible. Sin embargo, la apertura formal de esta mesa de negociación en sede judicial desarma temporalmente los discursos de confrontación y traslada la resolución del histórico conflicto al terreno de la concertación política, dejando a la expectativa de lo que acontezca durante el invierno de cara a la decisiva audiencia de agosto.
El proyectista de La Robla declaró ante la Justicia que el Municipio exigió la altura de la torre
Tras el escándalo por los "olvidos" societarios de Jerónimo Mariani, la declaración del arquitecto Oscar Cañadas expuso la trastienda del polémico proyecto edilicio, confirmando la presión oficial para elevar la estructura y exhibiendo severas inconsistencias sobre el verdadero impacto demográfico en la costa marplatense.
El clima en el ambiente de los arquitectos marplatenses se ha vuelto espeso. Las repercusiones de la audiencia judicial en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1, donde Jerónimo Mariani tuvo que admitir ante el juez Simón Isacch que había "olvidado" ser socio fiduciante y copropietario de las tierras del proyecto La Robla, generaron un profundo malestar corporativo que sacudió los cimientos del prestigio profesional local. Sin embargo, el hilo conductor de este entramado de excepciones urbanísticas tiene otro escandaloso capítulo político con la comparecencia del arquitecto Oscar Cañadas, socio del mismo estudio y proyectista principal de la iniciativa, cuya declaración testimonial dejó al descubierto cómo se digitan, a puertas cerradas, las torres más cuestionadas de Mar del Plata.
Lejos de una defensa estrictamente técnica, el testimonio de Cañadas operó como una descarnada ratificación del modelo de desarrollo inmobiliario que une a la Fiduciaria Paisajes Urbanos de Florencia Miconi con las oficinas técnicas de la gestión municipal. La gran revelación de la jornada ocurrió cuando el proyectista admitió que el diseño original que presentaron a finales de 2022 ante la comuna contemplaba dos volúmenes de entre 20 y 22 pisos. Según confesó Cañadas ante el juez Isacch, fue el propio Municipio —a través del departamento de Obras, la Secretaría de Planeamiento Urbano y el área de Patrimonio— el que rechazó la propuesta inicial y los "promovió" a trabajar sobre la idea de una sola torre de gran escala, derivando en la polémica estructura de más de 30 pisos. Ante la repregunta explícita de si la decisión de estirar la altura se tomó a instancias directas de lo que quería el Ejecutivo local, el arquitecto respondió de manera tajante: "Claro".
Para justificar técnicamente semejante nivel de discrecionalidad en un distrito catalogado como R7, una zona residencial de baja densidad que originalmente prohíbe estas magnitudes, Cañadas apeló a un pragmatismo feroz. Afirmó que cualquier arquitecto convocado por un comitente para un desarrollo inmobiliario busca la máxima rentabilidad posible, calificando esa ambición comercial como "el ABC del desarrollo y el ABC del capitalismo". Asimismo, criticó la actual zonificación de la manzana en litigio, argumentando que se trata de un "apéndice irregular" rodeado por tres caras de indicadores R3 y que, desde la lógica del mercado, concentrar la altura frente a la costa sobre las calles Falucho y Alem es un proceso "natural y obvio" para asegurar las inversiones privadas, minimizando el impacto sobre el sector de casas bajas.
La polémica se trasladó al terreno de los números y las variables ambientales, donde la solidez del proyecto volvió a mostrar fisuras alarmantes ante las preguntas de la querella. Al ser interrogado respecto al impacto demográfico del edificio, Cañadas demostró una severa falta de precisión teórica. En un primer momento, el proyectista reconoció abiertamente "no recordar" cuántos dormitorios surgían del croquis preliminar aprobado por la ordenanza, y tras ser instado por el juez a realizar un cálculo mental estimativo, arriesgó que la estructura albergaría a "trescientos y pico de habitantes".
Las contradicciones internas del estudio Mariani Pérez Maraviglia Cañadas se profundizaron cuando el juez Isacch consultó si la superficie destinada a los sectores de amenities —que según las pericias de los demandantes rondan los astronómicos 3.369 metros cuadrados— se encontraba computada dentro del Factor de Ocupación Total (FOT). Cañadas respondió afirmativamente de manera tajante, asegurando que dichos metros estaban incluidos en el cálculo del indicador. La respuesta colisionó de frente con lo declarado minutos antes por su propio socio, Jerónimo Mariani, quien en la misma jornada judicial había afirmado con absoluta soltura que, por reglamentación municipal, los amenities no se incorporaban al cómputo del FOT. Esta flagrante divergencia entre los dos máximos responsables del diseño expone que la aprobación de los millonarios indicadores especiales se concedió sobre un escenario de absoluta confusión documental, donde los propios autores del proyecto no logran unificar criterios sobre cómo se midieron las superficies del edificio.
A este panorama se sumaron las evasivas de Cañadas cuando la querella lo arrinconó respecto al estado parcelario de los lotes afectados, un elemento técnico indispensable para calcular las superficies y los correspondientes indicadores urbanísticos. Al ser consultado sobre si contó con dicha documentación detallada por cada lote, el arquitecto evitó una respuesta afirmativa y admitió que definir las relaciones particulares de cada lote es una tarea que él "no hace", explicando que el estudio se limitó a trabajar sobre el "polígono" geométrico general y a basarse en las mediciones de un agrimensor, desligando su labor de las determinaciones del comitente. Esta desconexión técnica en la etapa de diseño alimenta los cuestionamientos de la parte actora en la justicia penal por presunto fraude ideológico, considerando que la fiduciaria de Florencia Miconi declaró bajo su dominio parcelas que, según informes registrales posteriores, pertenecen a firmas de terceros e incluso a un sobrante fiscal del ámbito municipal que jamás fue regularizado antes de solicitar los beneficios de excepción.
Al igual que su socio Mariani, Cañadas reconoció no conocer ninguna otra manzana en el partido de General Pueyrredon con la zonificación R7 donde se hayan autorizado planos límites similares basándose en el Código de Preservación Patrimonial, desnudando el carácter absolutamente inédito del beneficio otorgado a la firma de Miconi. La declaración ante el tribunal contencioso terminó por confirmar la hipótesis de las organizaciones civiles: en Mar del Plata, la planificación urbana ya no se debate en los carriles institucionales del Estado ni responde a las necesidades de la infraestructura pública, sino que son los propios funcionarios municipales quienes les dibujan los rascacielos a los desarrolladores cercanos bajo la premisa de que las leyes del mercado están por encima de las leyes de la ciudad.
Montenegro busca endurecer las sanciones contra los trapitos y propone arrestos de hasta 90 días
El senador provincial presentó un proyecto para incorporar nuevas figuras al Código de Faltas bonaerense. La iniciativa apunta contra los cuidacoches y limpiavidrios, agrava las penas en casos de amenazas o eventos masivos y también alcanza a quienes organizan la actividad.
El senador provincial Guillermo Montenegro presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para endurecer las sanciones contra los denominados "trapitos", cuidacoches y limpiavidrios. La iniciativa propone incorporar nuevas figuras al Código de Faltas de la provincia y prevé arrestos de hasta 90 días para quienes exploten u organicen este tipo de actividades.
El intendente en uso de licencia de General Pueyrredon profundiza así una de las principales banderas de su gestión en materia de seguridad y uso del espacio público. El proyecto establece que toda persona que ofrezca servicios de cuidado de vehículos o limpieza de vidrios sin autorización legal podrá ser sancionada, aun cuando el cobro sea presentado como una colaboración voluntaria.
"La conducta será sancionable aun cuando la contraprestación económica sea presentada como voluntaria, colaboración, contribución o bajo cualquier otra denominación", establece el texto presentado por Montenegro.
La iniciativa también incorpora sanciones para quienes reserven u ocupen lugares de estacionamiento mediante conos, vallas, sogas, cadenas, cajones, carteles u otros elementos destinados a impedir el libre uso del espacio público.
Además, el proyecto agrava las penas cuando la actividad se desarrolla mediante intimidación, amenazas, hostigamiento o aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad de los conductores. También contempla sanciones más severas cuando exista una organización previa, participen dos o más personas de manera coordinada, el infractor tenga antecedentes por hechos similares, oculte deliberadamente su identidad o porte armas impropias.
El proyecto endurece las sanciones cuando las contravenciones se cometan en las inmediaciones de espectáculos deportivos, recitales u otros eventos masivos. En esos casos, los autores podrán recibir arrestos de entre 45 y 60 días, mientras que los organizadores o responsables de la actividad enfrentarán penas de entre 60 y 90 días.
Como medida complementaria, la iniciativa habilita el secuestro preventivo de elementos utilizados para desarrollar la actividad, como baldes, escurridores, conos, vallas o carteles, y establece que las denuncias podrán realizarse a través de la línea 148 de la Provincia o de los canales que habilite cada municipio.
Montenegro sostiene que la propuesta "no procura criminalizar situaciones de vulnerabilidad social", sino establecer límites frente a conductas que, según plantea, afectan la convivencia y restringen derechos de terceros.
Renuevan contratos de trabajadores en Chapadmalal mientras avanza la licitación de los hoteles
Desde ATE informaron que el Gobierno nacional prorrogó los contratos de ocho de los diez trabajadores contratados que cumplen funciones en los complejos hoteleros. La medida busca garantizar el mantenimiento de las instalaciones mientras continúa el proceso de concesión.
El Gobierno nacional resolvió renovar los contratos de ocho trabajadores contratados que prestan funciones en los complejos hoteleros de Chapadmalal. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que la decisión tiene como objetivo mantener operativas las instalaciones y evitar su deterioro mientras continúa el proceso de licitación de los establecimientos.
De acuerdo con lo informado por el gremio, la continuidad de esos trabajadores responde a que los hoteles aún no fueron adjudicados y es necesario preservar los edificios hasta que se defina el futuro de cada uno de los inmuebles.
El conflicto, sin embargo, involucra a un total de 58 empleados. En el caso del personal de planta permanente, desde ATE indicaron que cuentan con un plazo de seis meses durante el cual el Estado nacional evaluará una posible reubicación en otros organismos.
Si bien el sindicato valoró la prórroga de los contratos, advirtió que la medida no despeja la incertidumbre sobre el futuro laboral de los trabajadores una vez que concluya el proceso licitatorio. En ese sentido, remarcaron que aún no existen precisiones sobre si quienes hoy cumplen funciones tendrán continuidad bajo una eventual gestión privada.
Respecto de la licitación, desde ATE señalaron que todavía no hubo información oficial sobre avances concretos. Aunque trascendió que empresarios recorrieron las instalaciones y que el interés estaría centrado principalmente en los hoteles ubicados frente al mar, afirmaron que hasta el momento solo existen versiones extraoficiales y que no se comunicaron definiciones respecto del destino de los complejos.
En ese contexto, el gremio volvió a expresar su preocupación por la situación de los trabajadores y reclamó que el Gobierno nacional brinde certezas sobre el proceso de concesión de los históricos hoteles de Chapadmalal.
Zona Fría: entre el frío y el costo político, La Libertad Avanza está sola en Mar del Plata
Mientras el Gobierno nacional busca reducir el régimen de subsidios al gas, en General Pueyrredon se consolidó un frente político inusual en defensa del beneficio. El PRO tomó distancia del oficialismo, el peronismo y el radicalismo coincidieron en el rechazo, y los libertarios quedaron aislados en una ciudad donde el invierno vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema energético.
La discusión por la reforma del régimen de Zona Fría es uno de los principales focos de tensión política entre la Casa Rosada y Mar del Plata. La decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar con un recorte del beneficio para millones de usuarios no solo abrió un frente legislativo en el Senado, sino que también provocó un reordenamiento de alianzas en una ciudad donde el invierno, el consumo de gas y la infraestructura energética ocupan un lugar central en la agenda pública.
El proyecto impulsado por el oficialismo nacional, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, propone volver al esquema original de la ley y concentrar los subsidios únicamente en la Patagonia, Malargüe, la Puna y los usuarios que acrediten condiciones de vulnerabilidad social. De avanzar en el Senado, más de 260 mil usuarios de General Pueyrredon perderían el descuento vigente desde 2021, con aumentos estimados de entre el 30% y el 50% en las facturas de gas.
Con ese escenario de fondo, el presidente reunió en la Casa Rosada a la mesa política del oficialismo para definir las prioridades legislativas de la segunda mitad del año. Entre ellas apareció la reforma de Zona Fría como uno de los proyectos que el Ejecutivo buscará convertir en ley. Paralelamente, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó una ronda de negociaciones con bloques dialoguistas en el Senado para intentar reunir los votos necesarios que hoy el oficialismo todavía no tiene.
La defensa del régimen de Zona Fría terminó unificando a espacios políticos que habitualmente transitan caminos separados. En la última sesión del Concejo Deliberante, Unión por la Patria, la UCR-Nuevos Aires, Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, el Frente Renovador y el PRO votaron juntos una resolución para rechazar la modificación del sistema y reclamar la continuidad de los descuentos para los usuarios del distrito.
La imagen política fue significativa porque dejó expuesta una diferencia que atraviesa incluso a quienes mantienen una relación de cercanía con la administración libertaria.
El bloque del PRO decidió acompañar el rechazo al proyecto nacional y se diferenció de La Libertad Avanza. Los concejales argumentaron que cualquier modificación al régimen no puede realizarse a costa del bolsillo de los marplatenses y sostuvieron que la ciudad reúne condiciones climáticas que justifican la permanencia del beneficio.
Esa postura no apareció de manera aislada. En las últimas semanas, el intendente en uso de licencia y actual senador provincial, Guillermo Montenegro, volvió a reforzar públicamente su pertenencia al PRO en medio del proceso de reorganización del partido. Aunque el espacio amarillo acompaña buena parte de las reformas económicas impulsadas por Javier Milei a nivel nacional, la discusión por Zona Fría abrió una excepción.
En los hechos, el resultado fue un fuerte aislamiento político para La Libertad Avanza. El oficialismo nacional quedó solo defendiendo la reforma tanto dentro del Concejo Deliberante como frente al resto del arco político, que coincidió en advertir sobre el impacto económico que tendría la eliminación del beneficio para miles de familias.
La discusión tampoco ocurre en un contexto cualquiera. A casi un año del colapso que dejó sin gas a miles de usuarios de Mar del Plata durante la ola polar de 2025, el sistema energético vuelve a mostrar señales de fragilidad. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas vienen advirtiendo que la paralización de obras como la planta compresora de Las Armas y la ampliación del Gasoducto de la Costa podría derivar nuevamente en restricciones para industrias, estaciones de GNC y grandes consumidores si las bajas temperaturas se profundizan durante el invierno.
En ese contexto, el debate por las tarifas adquiere otra dimensión. Para buena parte de la dirigencia local, discutir la quita del beneficio mientras persisten las limitaciones estructurales del sistema energético implica trasladar mayores costos a una ciudad que aún no resolvió sus problemas de abastecimiento.
La polémica terminó de escalar esta semana con las declaraciones del nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, quien, al defender la reducción de subsidios, sostuvo que frente al aumento del gas las personas podían "abrigarse más". Horas después reconoció que la frase había sido "poco feliz", aunque ratificó el criterio del Gobierno de eliminar el beneficio en las denominadas "zonas templadas".
La declaración encontró un fuerte contraste con la realidad de la región. Mientras el vocero hablaba de zonas templadas, en el sur bonaerense volvía a registrarse temperaturas heladas en distritos que también perderían el beneficio si prospera la reforma. En Mar del Plata, donde el invierno suele combinar temperaturas bajo cero, alta humedad y un elevado consumo de gas residencial, las palabras del funcionario reavivaron las críticas hacia la iniciativa oficial.
En General Pueyrredon, la Zona Fría terminó convirtiéndose en una frontera política. En una ciudad donde el invierno no es una abstracción sino una condición cotidiana, esa soledad política libertaria también refleja la dificultad de trasladar al territorio una discusión que, para miles de marplatenses, se mide todos los meses en la factura del gas.
El régimen de compensaciones urbanísticas continúa en veremos y crece la incertidumbre
El plazo para presentar el anteproyecto venció el 10 de febrero, pero casi cinco meses después no hubo avances oficiales ni convocatoria de la comisión creada para elaborar la iniciativa. Mientras tanto, los cambios al Código de Ordenamiento Territorial siguen tratándose y no se fija una contraprestación.
Más de cuatro años después de la sanción de la ordenanza que ordenó la creación de un régimen de compensaciones urbanísticas, General Pueyrredon continúa sin contar con una regulación definitiva. Pese a que la norma fijó la elaboración de un esquema que estableciera criterios objetivos para las contraprestaciones derivadas de modificaciones urbanísticas, el anteproyecto todavía no fue presentado y el proceso acumula nuevas demoras.
El último plazo otorgado para elevar la iniciativa expiró el pasado 10 de febrero. Esa fecha había sido establecida tras una prórroga de 180 días aprobada por el oficialismo junto a bloques aliados, pero desde entonces no hubo novedades respecto del ingreso del texto al Concejo Deliberante ni señales de una eventual extensión del plazo.
A casi cinco meses de aquel vencimiento, tampoco volvió a reunirse la Comisión Especial de Compensaciones Urbanísticas, el ámbito creado para elaborar la propuesta normativa. Consultadas sobre el estado de la iniciativa, fuentes del oficialismo señalaron que, por el momento, no existen definiciones provenientes del Ejecutivo.
La ausencia de un marco regulatorio mantiene abierto un escenario de incertidumbre en torno a la aplicación de las compensaciones urbanísticas. Sin una metodología unificada para establecer el valor de las contraprestaciones que deben afrontar los desarrolladores cuando solicitan excepciones al Código de Ordenamiento Territorial (COT), cada expediente continúa analizándose de manera particular.
Ese mecanismo, utilizado desde hace años, implica que cada proyecto sea evaluado en función de sus características y de la contraprestación ofrecida al Municipio, sin contar todavía con parámetros generales que otorguen mayor previsibilidad al sistema.
Mientras la regulación definitiva sigue pendiente, continúan ingresando al Concejo expedientes que requieren modificaciones al COT o excepciones urbanísticas acompañadas por propuestas de compensación. En ese contexto, la principal incógnita pasa por saber si el esperado anteproyecto finalmente verá la luz durante este año o si el proceso volverá a postergarse, prolongando un debate que lleva más de cuatro años sin resolución.
La crisis de la OAM se profundiza: renunció el tesorero y los asociados exigen explicaciones
La dimisión de uno de los integrantes del Consejo Directivo se conoció luego de que un grupo de asociados presentará un extenso requerimiento para acceder a documentación sobre la administración de la mutual y el acuerdo firmado con ROISA S.A. Además, anticiparon que recurrirán al INAES si no obtienen respuestas.
La salida del tesorero de la Obra Asistencial Mutual (OAM), Edgardo Alberti, volvió a dejar expuesta la delicada situación institucional que atraviesa la entidad. La renuncia se produjo en medio de un creciente malestar entre los asociados, quienes presentaron un requerimiento formal para que la Junta Fiscalizadora brinde información detallada sobre la administración de la mutual y, especialmente, sobre el acuerdo suscripto con la firma ROISA S.A.
El pedido, impulsado por un grupo de afiliados, reúne una extensa serie de consultas vinculadas al funcionamiento económico y administrativo de la institución. Entre otros puntos, solicitan acceder al contrato firmado el 19 de febrero del 2026 con la empresa, conocer el estado financiero de la mutual, las condiciones en las que se negoció ese convenio, las actas que autorizaron su aprobación y los informes de auditoría realizados.
También reclamaron datos sobre la deuda con prestadores, la evolución del padrón de asociados, los desembolsos efectuados por la entidad, los despidos registrados durante la actual gestión y diferentes actuaciones administrativas relacionadas con el manejo de la OAM.
Uno de los ejes del planteo gira en torno al vínculo contractual con ROISA. Los asociados sostienen que existe una contradicción entre las explicaciones públicas brindadas por las autoridades de la mutual y la documentación suscripta. Mientras la conducción afirmó en distintas oportunidades que la empresa actúa simplemente como un prestador de servicios, el contrato la define como un "gerenciamiento de prestación de servicios médico-asistenciales", una figura que, entienden, podría implicar obligaciones estatutarias diferentes y requerir procedimientos específicos para su aprobación.
En ese marco, también solicitaron que la Junta Fiscalizadora explique por qué el convenio no fue sometido a consideración de una Asamblea Extraordinaria. Según argumentan, el estatuto de la mutual establecería ese mecanismo para resolver cuestiones vinculadas con el gerenciamiento del servicio de salud, el comodato del inmueble sede y otros aspectos incorporados en el acuerdo.
El requerimiento incluye además pedidos de información sobre las auditorías efectuadas respecto del convenio, la integración de la comisión de fiscalización prevista en el propio contrato, la remisión de antecedentes al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y a la Superintendencia de Servicios de Salud, así como el acceso a los anexos y eventuales modificaciones incorporadas con posterioridad.
Los firmantes otorgaron un plazo para recibir una respuesta completa. En caso contrario, advirtieron que avanzarán con presentaciones tanto en el ámbito judicial como administrativo y anticiparon que solicitarán la intervención del INAES al considerar que la situación institucional de la mutual amerita la actuación del organismo nacional encargado de supervisar este tipo de entidades.
La renuncia del tesorero, se dió tras el reclamo de los asociados, suma un nuevo elemento de incertidumbre en un escenario marcado por cuestionamientos internos y pedidos de mayor transparencia sobre la gestión y el futuro de la OAM.
IOMA: Afiliados autoconvocados elevan la presión y exigen la presencia de Homero Giles en Mar del Plata
A través de un duro comunicado emitido este jueves, los damnificados por la crisis de la obra social bonaerense se plegaron al pedido de la UCR + Nuevos Aires en el Concejo para que el funcionario dé explicaciones cara a cara. Convocaron a una fuerte movilización sectorial para el próximo 22 de julio frente a la delegación local y reclamaron celeridad en la investigación judicial por la muerte de una afiliada.
El conflicto en torno a la paralización y las deficiencias prestacionales del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sumó un nuevo capítulo de alta tensión política en Mar del Plata. Este jueves 2 de julio, el colectivo de afiliados autoconvocados emitió un enérgico documento público en el que apuntaron de forma directa contra la conducción provincial del organismo. Bajo la consigna "Homero Giles: Mar del Plata exige su presencia", los usuarios locales endurecieron su postura y advirtieron que ya no buscan instancias intermedias de diálogo, sino resoluciones inmediatas y responsabilidades políticas concretas ante el deterioro sistemático de la atención sanitaria en la ciudad.
La movilización de los autoconvocados busca capitalizar institucionalmente el escenario legislativo local, brindando un explícito respaldo al pedido formal emanado desde el bloque de concejales de la UCR + Nuevos Aires en el Concejo Deliberante, quienes habían solicitado la comparecencia urgente del titular de la obra social en el distrito. De este modo, el reclamo ciudadano se entrelaza de lleno con la agenda política marplatense. En el texto, los afiliados interpelan al funcionario provincial a abandonar la comodidad de los escritorios de La Plata para atender las demandas en el territorio, al tiempo que exigieron que los propios ediles de la Comisión de Salud que los recibieron en el recinto legislativo reafirmen su compromiso acompañando físicamente las protestas en las calles.
El pliego de reclamos expuesto en el comunicado desnuda la complejidad de una crisis estructural que excede las fronteras de General Pueyrredon, pero que en Mar del Plata golpea con especial dureza debido al prolongado corte de servicios en clínicas y sanatorios de primera línea. Los damnificados exigieron explicaciones públicas detalladas sobre las denuncias acumuladas en toda la provincia y expusieron la parálisis administrativa que afecta tanto a los beneficiarios como a los prestadores médicos. En ese sentido, denunciaron retrasos crónicos en los pagos a médicos, enfermeros y profesionales de la salud, una variable que asfixia el normal funcionamiento del sistema y termina empujando a la interrupción de coberturas clave y tratamientos de alta complejidad.
Con el objetivo de masificar el descontento y transformarlo en un hecho político de magnitud, los autoconvocados lanzaron una convocatoria multisectorial de cara a las próximas semanas. Citaron a concentrarse el próximo miércoles 22 de julio a las 11:00 horas en las puertas de la Delegación de IOMA Mar del Plata. La convocatoria apela a una alianza transversal de los sectores del empleo público bonaerense, llamando a la acción conjunta a docentes, trabajadores judiciales, jubilados, personal sanitario y organizaciones sindicales, bajo la premisa de que la vulneración del derecho a la salud constituye una problemática comunitaria que excede los casos individuales.
El componente más sensible y de mayor impacto político del documento se ubicó en el cierre, donde se introdujo de lleno el plano judicial que rodea al conflicto. Los afiliados autoconvocados reclamaron celeridad y máxima transparencia en la causa penal que investiga el fallecimiento de Silvia Nancy González, un caso que se ha transformado en la bandera de los reclamos locales contra la “desidia y el abandono de persona” por parte del Estado provincial. Con el reclamo de verdad y justicia firmemente instalado en el debate público, los usuarios de la obra social advirtieron que los tiempos administrativos ya no coinciden con las urgencias vitales de los miles de afiliados que dependen del organismo para sobrevivir.
La brecha digital se profundiza entre los concejales marplatenses
El relevamiento de julio expone la disparada de Fernando Muro y el fuerte ascenso de Diego García. El PRO supera los 53 mil adeptos globales mientras el bloque de la UCR + Nuevos Aires cede el segundo lugar frente al avance de Unión por la Patria. Mientras tanto, La Libertad Avanza se hunde en el último lugar.
El escenario político del Concejo Deliberante de General Pueyrredón no solo se dirime en las comisiones o en el recinto de sesiones; hoy la arena digital es un indicador implacable del nivel de llegada y engagement (capacidad de generar interacción y comunidad) que los legisladores locales tienen con los vecinos. El cierre de las métricas al 2 de julio de 2026 expone una marcada aceleración de los perfiles hiperactivos y una preocupante meseta en las figuras de trayectoria tradicional.
Al observar quién mueve más gente en Instagram, la respuesta sigue teniendo nombre y apellido: Julián Bussetti (PRO) se mantiene indiscutido en la cima con 35.200 seguidores, ampliando su comunidad en 2.700 cuentas durante el último mes. Sin embargo, el fenómeno más explosivo del bimestre mayo-julio lo protagoniza su compañero de bloque, Fernando Muro (PRO). Muro pasó de 7.555 seguidores en mayo a 9.729 en junio, y pegó un salto fenomenal este mes alcanzando los 12.900 adherentes (+3.171). Con este despliegue, se consolida en el segundo puesto general y entra al selecto club de las cinco cifras digitales.
Este crecimiento asimétrico generó desplazamientos en la vanguardia. Juan Manuel Cheppi (Frente Renovador), quien supo disputar los primeros lugares, quedó relegado al tercer puesto absoluto con 9.741 seguidores, evidenciando una recuperación moderada tras su caída de junio. Quien le pisa los talones con una dinámica muy agresiva de crecimiento es Diego García (Unión por la Patria), escalando a 9.585 seguidores gracias a una ganancia neta de 1.600 usuarios en los últimos treinta días.
En el pelotón del medio, las figuras históricas muestran un ritmo mucho más cansino. Vilma Baragiola (UCR + Nuevos Aires) se ubica en 7.642 seguidores, recuperando apenas 32 de los que había perdido el mes pasado, quedando aún por debajo de su marca de mayo. Algo similar ocurre con el exintendente Gustavo Pulti (AM-MDF) con 7.436, y Mariana Cuesta (UP) que alcanza los 7.039. Un escalón más abajo, Ariel Martínez Bordaisco (UCR + NA) se mantiene estable en la frontera de los seis mil con 5.979 seguidores.
El segmento que busca consolidar su marca digital muestra tendencias dispares. Ricardo Liceaga Viñas (UCR + NA) sube sostenidamente a 3.913, mientras que Eva Ayala (AM-MDF) ratifica su andar con 3.862 adherentes (+312). Por el lado del oficialismo nacional, Emiliano Recalt (La Libertad Avanza) lidera su espacio con 3.579. En la franja de los dos mil, encontramos un lote compacto compuesto por Gabriela Azcoitia (UCR + NA) con 2.874, Florencia Ranellucci (PRO) con 2.845, Pablo Obeid (UP) con 2.825, y Horacio Taccone (AM-MDF), este último mostrando un interesante avance al posicionarse en 2.379. Completan este grupo Valeria Crespo (UP) con 2.173 —quien desaceleró el fuerte ritmo que traía en junio—, y Liliana Piccolo (PRO) con 2.136.
La nota de alarma en el análisis individual la enciende Rolando Demaio (LLA), quien sufrió una contracción en su audiencia al retroceder a 2.004 seguidores (9 menos que el mes anterior). En la parte baja de la tabla, con crecimientos marginales o nulos, se ubican Solange Flores (FR) con 1.853, Melisa Centurión (AM-MDF) con 1.625 y el monobloque de Guido García (Coalición Cívica) con 1.220. El fondo del ranking sigue perteneciendo a perfiles con nula tracción en la plataforma: Marcelo Cardoso (PRO) con 866, Vanesa Benavídez (LLA) con 781, y en el último lugar como la concejal con menos seguidores del cuerpo, Noelia Álvarez Ríos (LLA) con 497.
Ranking de Concejales*:
1. Julián Bussetti (PRO): 35.2 mil
2. Fernando Muro (PRO): 12.9 mil
3. Juan Manuel Cheppi (FR): 9.741
4. Diego García (UP): 9.585
5. Vilma Baragiola (UCR+NA): 7.642
6. Gustavo Pulti (AM-MDF): 7.436
7. Mariana Cuesta (UP): 7.039
8. Ariel Martínez Bordaisco (UCR+NA): 5.979
9. Ricardo Liceaga Viñas (UCR+NA): 3.913
10. Eva Ayala (AM-MDF): 3.862
11. Emiliano Recalt (LLA): 3.579
12. Gabriela Azcoitia (UCR+NA): 2.874
13. Florencia Ranellucci (PRO): 2.845
14. Pablo Obeid (UP): 2.825
15. Horacio Taccone (AM-MDF): 2.379
16. Valeria Crespo (UP): 2.173
17. Liliana Piccolo (PRO): 2.136
18. Rolando Demaio (LLA): 2.004
19. Solange Flores (FR): 1.853
20. Melisa Centurión (AM-MDF): 1.625
21. Guido García (CC): 1.220
22. Marcelo Cardoso (PRO): 866
23. Vanesa Benavídez (LLA): 781
24. Noelia Álvarez Ríos (LLA): 497
Las oscilaciones individuales terminaron por reconfigurar el peso específico de las estructuras partidarias colectivas en el ecosistema virtual, provocando un fuerte impacto en las posiciones de vanguardia. El bloque del PRO consolida una hegemonía aplastante al estirar su acumulado a 53.947 seguidores, beneficiado por el doble motor que significaron los crecimientos de Bussetti y Muro. La gran novedad de julio se produce en la pelea por el segundo lugar: Unión por la Patria concretó el postergado "zarpazo digital" al trepar a un consolidado de 21.622 adeptos, relegando al interbloque de la Unión Cívica Radical + Nuevos Aires a la tercera posición con 20.408 seguidores totales.
Más abajo, Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro reafirma su cuarto puesto al capitalizar 15.302 cuentas asociadas, estirando su ventaja sobre el Frente Renovador, que se planta en 11.594 dependiente casi en su totalidad del volumen de Cheppi. En el fondo de la estructura colectiva, La Libertad Avanza muestra serias dificultades para afianzar el fenómeno de su marca en el plano doméstico, acumulando apenas 6.861 seguidores entre sus cuatro representantes, mientras que el monobloque de la Coalición Cívica cierra el tablero institucional con 1.220 adherentes de baja intensidad.
*estadísticas tomadas al 2 de julio de 2026 de las cuentas destinadas a las concejalías
¿El Consejo Local de Hábitat seguirá "durmiendo" en el Concejo?
El expediente, que propone crear un ámbito de articulación para diseñar políticas de suelo, vivienda y desarrollo urbano, permanece sin avances desde 2024. Los colegios de profesionales volvieron a reclamar su tratamiento en medio de una crisis habitacional que continúa vigente.
La crisis habitacional en General Pueyrredon volvió a colarse en la agenda del Concejo Deliberante. Esta vez, el reclamo llegó a través de la Banca 25, donde el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 pidió que el cuerpo retome el debate sobre la creación del Consejo Local de Hábitat. La pregunta que ahora sobrevuela el Palacio Municipal es si el expediente finalmente comenzará a discutirse o si volverá a quedar "durmiendo" en comisión.
Durante su exposición, la entidad reclamó el tratamiento del anteproyecto que propone crear un espacio de articulación entre el Estado, los colegios profesionales, organizaciones e instituciones para planificar políticas de suelo, vivienda y desarrollo urbano, en una ciudad donde el acceso al hábitat continúa siendo uno de los principales desafíos.
La iniciativa tiene un largo recorrido. Comenzó a impulsarse en agosto de 2023 y, un año más tarde, ingresó formalmente a la Comisión de Obras con una versión actualizada elaborada por distintas entidades profesionales. Sin embargo, pese a haber iniciado su trámite legislativo, nunca obtuvo despacho y quedó archivada sin avances en la comisión que entonces presidía la concejal Angélica González.
Desde ese momento, el expediente no registró movimientos, mientras continuó el crecimiento de nuevos desarrollos urbanos y persistieron los reclamos por la falta de políticas integrales para atender el déficit habitacional.
En 2026, los colegios profesionales y técnicos volvieron a presentar la propuesta con la intención de reactivar su discusión. La exposición en la Banca 25 buscó precisamente volver a poner el tema sobre la mesa y generar presión para que el Concejo avance con su análisis.
El Consejo Local de Hábitat propone constituirse como un ámbito de participación y planificación conjunta para debatir estrategias vinculadas al acceso a la vivienda, el uso del suelo y el desarrollo urbano. Ahora, tras el reclamo realizado en el recinto, resta saber si el proyecto finalmente tendrá tratamiento o si, una vez más, continuará esperando en los despachos del Concejo Deliberante.
Tras el vencimiento de la Ordenanza 25.113, el Ejecutivo respondió y defendió el régimen de incentivos
El secretario de Obras, Jorge “Guasa” González, envió las respuestas al Concejo en medio del debate por la extensión del régimen, que venció el 14 de junio y busca ser prorrogado hasta 2027.
Con la última prórroga de la Ordenanza 25.113 ya vencida —el pasado 14 de junio— el debate por la continuidad del Régimen de Incentivos a la Construcción volvió a escalar en el Concejo Deliberante, en un escenario atravesado por pedidos de informes, críticas opositoras y la expectativa de una nueva extensión hasta 2027.
El expediente había quedado en comisión en la última reunión de Legislación (Bordaisco-UCR-NA) del 8 de junio, a la espera de las respuestas solicitadas por la Comisión de Obras (Muro-Pro) a la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y a Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE). Los pedidos habían sido impulsados tras la reunión del 26 de mayo, cuando se aprobó el giro a informes sobre distintos puntos clave del régimen.
La oposición, con el acompañamiento del radicalismo, planteó dudas sobre el alcance real de la herramienta. Entre los ejes solicitados se incluyeron la cantidad de proyectos aprobados, los metros cuadrados efectivamente construidos, el impacto en el empleo, la recaudación municipal, la presión sobre la infraestructura urbana y los servicios, además de las consecuencias ambientales y la eventual actualización del Código de Ordenamiento Territorial.
En ese marco, el Ejecutivo respondió formalmente el 26 de junio a través del polémico secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Jorge “Guasa” González, quien defendió el régimen y detalló su impacto acumulado.
En relación a la cantidad de obras, el funcionario informó que “se han superado ampliamente los dos millones de metros cuadrados (2.000.000 m2) de obra a construir aprobados y registrados en el Partido de General Pueyrredon”, desagregando cifras anuales entre 2021 y 2025 que, según el detalle oficial, alcanzan en total más de 2,6 millones de metros cuadrados.
Sobre el empleo, González sostuvo que la Secretaría no cuenta con estadísticas propias, aunque señaló que “las declaraciones de orden público de los distintos actores que componen la industria de la construcción —gremio (UOCRA), Cámara Argentina de la Construcción, Centro de Constructores y Anexos— manifiestan el pleno empleo en la ciudad en los últimos años”.
En cuanto a la recaudación, el informe indicó que “se ha incrementado la recaudación municipal en concepto de Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción en un 25%”, agregando además aumentos en la TSU vinculados a nuevas superficies incorporadas al catastro municipal.
Respecto del impacto en la infraestructura, el Ejecutivo afirmó que “en todos los expedientes constan informes favorables de las empresas prestadoras de servicios (OSSE, EDEA, Camuzzi)”, mientras que en materia ambiental aseguró que el régimen permitió “reducir el consumo energético” y prevenir obras paralizadas con riesgo de convertirse en pasivos ambientales.
Finalmente, González defendió la vigencia del esquema al señalar que, aunque fue diseñado en el contexto de la pandemia, “sus sucesivas prórrogas han contemplado una adecuación y actualización respecto del ajuste de indicadores urbanísticos”.
En paralelo, la propuesta oficial en discusión busca extender el régimen por otros 18 meses, hasta diciembre de 2027. En sus fundamentos, el Ejecutivo sostiene que la herramienta permitió dinamizar la actividad de la construcción, sostener el empleo y promover la inversión privada en el distrito.
Con el esquema ya vencido y las respuestas sobre la mesa, el Concejo deberá ahora definir si avanza con una nueva prórroga o si abre la discusión para revisar integralmente el régimen de incentivos a la construcción.