4 de julio de 2026
MANIOBRA LEGISLATIVA
El oficialismo sepultó el control ambiental sobre los barrios privados
Con el voto doble de La Libertad Avanza y el aval del PRO, la comisión de Ambiente archivó el expediente por la tala masiva en el Bosque Peralta Ramos y clausuró el debate político sobre uno de los polémicos desarrollos impulsados por Florencia Miconi.
El Concejo Deliberante de General Pueyrredon volvió a convertirse en el escenario de una descarnada confrontación de modelos donde el desarrollo inmobiliario a gran escala y la preservación del patrimonio ecológico midieron sus fuerzas en el plano institucional.
Mediante una maniobra política, los aliados oficialistas cerraron filas en la comisión de Ambiente para decretar el archivo del expediente 1149/25. La resolución del conflicto técnico se zanjó mediante una paridad numérica que obligó a la presidenta del cuerpo, Vanesa Benavidez, de La Libertad Avanza (LLA), a utilizar su voto doble para desempatar y sepultar la iniciativa legislativa. De este modo, las bancadas oficialistas lograron blindar al Departamento Ejecutivo de mayores explicaciones, ante el rechazo de la oposición, bloques que exigían mantener abierta la investigación sobre el avance de los emprendimientos privados en las zonas de amortiguación forestal.
La clausura del trámite legislativo puso fin a un sinuoso recorrido burocrático que se había iniciado en marzo de 2025 bajo la conducción de Florencia Ranellucci (PRO). A lo largo de ese proceso, la comisión había cursado pedidos de informes y sucesivas reiteraciones al presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), Santiago Bonifatti , con el objetivo de esclarecer el alcance de una tala masiva de ejemplares arbóreos denunciada en las adyacencias de la Reserva Forestal. Para la conducción de la comisión, la mera recepción de las respuestas escritas por parte de las dependencias técnicas del Ejecutivo fue condición suficiente para considerar cumplido el ciclo administrativo e impulsar el archivo inmediato bajo la premisa de que las actuaciones carecían de mayor destino. Sin embargo, para la oposición, el cierre del expediente representa una claudicación deliberada de las facultades de fiscalización del deliberativo frente a las dinámicas de la especulación inmobiliaria.
El debate suscitado en la comisión expuso una grieta profunda respecto a las reglas de juego que ordenan el territorio marplatense. Desde los bloques opositores se denunció la vigencia de una suerte de "habilitación informal" como doctrina de Estado municipal, un mecanismo solapado mediante el cual las empresas constructoras inician tareas de desmonte, nivelación y alambrado perimetral de parcelas apoyadas en la pasividad oficial, antes de contar con las factibilidades ambientales definitivas o las aprobaciones de infraestructura básica. Frente al paradigma del desarrollo a cualquier costo que promueve el Ejecutivo, la oposición esgrimió la necesidad de imponer pautas públicas, claras y previsibles que eviten la consumación de hechos fácticos sobre la geografía local. El cuestionamiento apunta al corazón del modelo de urbanización cerrada, donde las ganancias se privatizan en exclusivos lotes residenciales mientras que los pasivos ambientales e hidráulicos se trasladan directamente al resto de la comunidad.
El trasfondo directo de esta disputa tiene nombre propio y un epicentro geográfico definido: el proyecto "Bosque y Mar", impulsado formalmente a través de la firma Fiduciaria Paisajes Urbanos MDP S.A., cuya presidencia y conducción ejecutiva ejerce Florencia Miconi.
La confrontación de modelos urbanos excede los límites de la Reserva Forestal Bosque Peralta Ramos y conecta con una problemática periférica de carácter estructural. Durante la sesión, la oposición trazó un paralelismo alarmante con lo ocurrido recientemente en el norte de la ciudad, evocando la presentación de los vecinos del Barrio 2 de Abril mediante el uso de la Banca 25. En aquella oportunidad, las asambleas vecinales demostraron cómo el avance desregulado de barrios privados en cuencas altas provocó inundaciones inéditas en sectores populares linderos debido a la alteración del suelo y la falta de obras hidráulicas de contención. Ese espejo de la periferia sirvió para ilustrar que las angustias de los marplatenses no responden a un ensañamiento caprichoso contra la inversión privada, sino a las consecuencias tangibles de un crecimiento asimétrico desprovisto de planificación y de un diálogo social ampliado.
Al convalidar el archivo del expediente, el oficialismo sepultó las preguntas fundamentales referidas al cumplimiento efectivo del Código de Preservación Forestal establecido por la Ordenanza 9784 y de la Ordenanza 9717 que rige las Reservas Forestales. Quedaron sin respuesta técnica clara los interrogantes sobre si la tala se ejecutó dentro de los límites de la propia reserva , si existían permisos comerciales vigentes para el retiro de los árboles y si los desarrolladores cumplirán con la obligación legal de reponer dos ejemplares por cada árbol retirado. El recurso del voto doble parlamentario funcionó como un candado institucional para silenciar la fiscalización, pero dejó intacto el conflicto de fondo: una Mar del Plata fragmentada donde las excepciones urbanísticas avanzan a la velocidad del mercado y los mecanismos de control se retiran en nombre de la conveniencia política.