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Lo que la semana nos dejó
A reestructuración en la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda; los escándalos por las excepciones urbanísticas que agotan la vía administrativa y trasladarían la disputa a los tribunales; la concesión del estadio Minella y el acto por el 9 de Julio, entre los temas más importantes de la semana en La Tecla.
Vacaciones de invierno en jaque: la inacción del EMTURyC y una gestión que congela el turismo
Cada día falta menos para que arranquen las vacaciones de invierno, pero desde los diferentes sectores hoteleros y gastronómicos de la ciudad ya prevén un receso más frío que nunca. Según informaron diferentes entidades del sector, las reservas hoteleras apenas alcanzan un magro 25% de ocupación. Esta cifra, alarmante por donde se la mire, pone bajo la lupa la idoneidad y el plan de trabajo de Diego Juárez, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), a quien se le atribuye una frase que hoy resuena con un preocupante tono de desidia: “La ciudad se vende sola”.
Este desolador panorama de cara al receso invernal no es un hecho aislado, sino el corolario de varios fines de semana largos consecutivos caracterizados por una bajísima actividad turística. De acuerdo con los balances de las cámaras sectoriales, el flujo de visitantes en esas fechas clave rondó apenas entre el 35% y el 45%, registrándose además un nivel de consumo críticamente bajo. La realidad del sector comercial y hotelero es crítica, pero la respuesta oficial sigue brillando por su ausencia.
Tras el último fin de semana largo, el propio EMTURyC comunicó formalmente el arribo de 55.000 turistas. Lejos de ser un logro, la cifra es un indicador alarmante para una ciudad cuya economía depende vitalmente del turismo y que, en el contexto actual, no puede darse el lujo de subsistir gracias a una sola temporada. Al contrastar estos resultados con el discurso que Juárez pronunció al asumir su cargo, queda en evidencia un quiebre rotundo: su promocionada meta de desestacionalizar el destino para reactivar la ciudad durante todo el año está naufragando a la vista de todos. En términos futbolísticos, la conducción del ente está pateando decididamente contra su propio arco.
Las consecuencias de esta falta de políticas promocionales ya se miden en persianas bajas y familias en la calle. La escasa afluencia de visitantes a lo largo del año provocó que al menos 40 establecimientos hoteleros y gastronómicos se vieran obligados a cerrar sus puertas en los últimos 60 días, una sangría devastadora que afecta de forma directa a más de 400 trabajadores y ensombrece el futuro del empleo local.
La nula proactividad que ha demostrado el EMTURyC para atraer corrientes turísticas deja al descubierto lo que muchos sospechaban al principio del mandato de Juárez. Aquella desafortunada premisa de que “la ciudad se vende sola” terminó operando como una nefasta profecía autocumplida, revelando una preocupante pasividad en la gestión, más parecida a la de un mero calientasillas que a la de un funcionario comprometido en motorizar la economía local. El fracaso en la gestión de cercanía abre un interrogante inevitable: si la actual conducción encuentra serias dificultades para atraer al turismo interno, ¿bajo qué sustento técnico pretende captar el ambicioso mercado internacional al que dice apuntar?
El funcionario, apadrinado por Daniel Scioli, se va quedando sin argumentos ni margen de maniobra para defender lo indefendible. Ante los reiterados pedidos de informes presentados al EMTURyC para que detalle las estadísticas reales de los fines de semana con menor movimiento, el organismo ha optado sistemáticamente por la evasión, ocultando datos que no harían más que ratificar el flojo desempeño de la gestión. Este persistente silencio ante los balances negativos expone no solo una preocupante falta de transparencia, sino la alarmante incapacidad de la conducción del ente para dar explicaciones y asumir la responsabilidad cuando las papas queman.
La oposición logró incorporar sobre tablas el pliego del transporte, pero el oficialismo frenó la citación de funcionarios
Este desolador panorama de cara al receso invernal no es un hecho aislado, sino el corolario de varios fines de semana largos consecutivos caracterizados por una bajísima actividad turística. De acuerdo con los balances de las cámaras sectoriales, el flujo de visitantes en esas fechas clave rondó apenas entre el 35% y el 45%, registrándose además un nivel de consumo críticamente bajo. La realidad del sector comercial y hotelero es crítica, pero la respuesta oficial sigue brillando por su ausencia.
Tras el último fin de semana largo, el propio EMTURyC comunicó formalmente el arribo de 55.000 turistas. Lejos de ser un logro, la cifra es un indicador alarmante para una ciudad cuya economía depende vitalmente del turismo y que, en el contexto actual, no puede darse el lujo de subsistir gracias a una sola temporada. Al contrastar estos resultados con el discurso que Juárez pronunció al asumir su cargo, queda en evidencia un quiebre rotundo: su promocionada meta de desestacionalizar el destino para reactivar la ciudad durante todo el año está naufragando a la vista de todos. En términos futbolísticos, la conducción del ente está pateando decididamente contra su propio arco.
Las consecuencias de esta falta de políticas promocionales ya se miden en persianas bajas y familias en la calle. La escasa afluencia de visitantes a lo largo del año provocó que al menos 40 establecimientos hoteleros y gastronómicos se vieran obligados a cerrar sus puertas en los últimos 60 días, una sangría devastadora que afecta de forma directa a más de 400 trabajadores y ensombrece el futuro del empleo local.
La nula proactividad que ha demostrado el EMTURyC para atraer corrientes turísticas deja al descubierto lo que muchos sospechaban al principio del mandato de Juárez. Aquella desafortunada premisa de que “la ciudad se vende sola” terminó operando como una nefasta profecía autocumplida, revelando una preocupante pasividad en la gestión, más parecida a la de un mero calientasillas que a la de un funcionario comprometido en motorizar la economía local. El fracaso en la gestión de cercanía abre un interrogante inevitable: si la actual conducción encuentra serias dificultades para atraer al turismo interno, ¿bajo qué sustento técnico pretende captar el ambicioso mercado internacional al que dice apuntar?
El funcionario, apadrinado por Daniel Scioli, se va quedando sin argumentos ni margen de maniobra para defender lo indefendible. Ante los reiterados pedidos de informes presentados al EMTURyC para que detalle las estadísticas reales de los fines de semana con menor movimiento, el organismo ha optado sistemáticamente por la evasión, ocultando datos que no harían más que ratificar el flojo desempeño de la gestión. Este persistente silencio ante los balances negativos expone no solo una preocupante falta de transparencia, sino la alarmante incapacidad de la conducción del ente para dar explicaciones y asumir la responsabilidad cuando las papas queman.
La discusión por el futuro del transporte público volvió a ocupar un lugar central en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon. En la reunión de la Comisión de Movilidad Urbana atravesada por cruces entre oficialismo y oposición, el pliego licitatorio regresó a la agenda legislativa luego de que los bloques opositores lograran incorporarlo sobre tablas. Sin embargo, la mayoría oficialista rechazó el pedido para convocar a funcionarios municipales a responder las consultas formuladas hace casi dos meses.
El debate surgió mientras la comisión analizaba un expediente vinculado a la educación vial. En ese contexto, el edil de Unión por la Patria, Pablo Obeid, aprovechó para volver sobre uno de los temas más sensibles de la agenda local. "Estoy sorprendido que sigan haciendo que no pasa nada con el tema del pliego del transporte", dijo.
El concejal recordó que la concesión acumula cinco prórrogas y cuestionó la falta de definiciones. "Ahora estamos transcurriendo la quinta prórroga, que se vence a fin de año", indicó. A continuación propuso incorporar sobre tablas el expediente del nuevo pliego de transporte para que sea tratado en la comisión.
El presidente de Movilidad Urbana, Guido García, respondió que la comisión definió una metodología de trabajo basada en un pedido de informes previo al avance del expediente. "La metodología fue la acordada por la comisión, para darle un primer impulso", señaló. Asimismo, explicó: "Es un expediente importante, se hicieron un gran volumen de preguntas y entiendo que el Ejecutivo las está elaborando".
Guido García también consideró que aún no corresponde acelerar el tratamiento. "Una vez que tengamos las respuestas, seguimos definiendo el cronograma de participación", agregó.
Desde Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, el presidente del bloque, Horacio Taccone acompañó el planteo de UxP y recordó que el pedido de informes fue presentado hace 44 días, pese a que el plazo habitual de respuesta es de 30. "¿Qué más tienen que esperar?", preguntó.
Luego cuestionó la forma en que se definió el mecanismo de trabajo. "Fue impuesta, porque los votos así lo dicen", afirmó. El edil vecinalista sostuvo además que un intercambio presencial habría agilizado la discusión. "En los parlamentos, se parla", expresó.
En la misma línea, remarcó que los funcionarios ya cuentan con todas las consultas. "Tienen las preguntas, tienen que venir, tienen que sentarse y del diálogo fluido y respetuoso seguramente va a salir algo nuevo".
Desde el PRO, Marcelo Cardoso coincidió en que el sistema necesita cambios, aunque pidió avanzar con prudencia. "La necesidad de mejorar el transporte es real y urgente. Y compartida por todos los sectores", manifestó.
El concejal sostuvo que primero deben conocerse los informes técnicos solicitados. "Quisiera tener los informes técnicos acá para poder evaluar realmente en profundidad", remarcó. Finalmente, subrayó: "Revisar el transporte sí, improvisar no. Necesitamos un sistema que funcione, que sea financiable y que ponga en el centro al usuario".
Por su parte, la concejal de La Libertad Avanza, Noelia Álvarez Ríos, defendió la metodología adoptada por la comisión y señaló: "El expediente fue puesto en tratamiento cuando correspondía, se hicieron las preguntas necesarias y todos los bloques tuvimos la oportunidad de expresarnos".
Además, sostuvo que "no creo que sea necesario que vengan los funcionarios a darnos una explicación cuando las preguntas ya están hechas y están dentro del tiempo de respuesta".
Obeid volvió a tomar la palabra y cuestionó la demora del Ejecutivo. "No se pueden tomar 50 días para responder unas simples preguntas", dijo. Incluso lanzó una crítica más dura. "Yo creo que no saben qué hacer con el transporte público", sentenció.
"Este formato de que contesten las preguntas por escrito está agotado y lo que tiene que hacer la comisión es convocar a los funcionarios", planteó el edil de UxP.
Pese a las diferencias, el expediente terminó siendo incorporado sobre tablas, por lo que el pliego volverá a la agenda de la Comisión de Movilidad Urbana en su próximo encuentro.
Distinta suerte corrió la moción para convocar a los funcionarios municipales. La propuesta no reunió los votos necesarios y fue rechazada por la mayoría oficialista, que insistió en esperar las respuestas escritas antes de avanzar con nuevas instancias de debate.
De esa manera, la discusión por la futura licitación del transporte sumó un nuevo capítulo. La oposición consiguió reinstalar el expediente en la agenda legislativa y forzar un nuevo tratamiento, aunque no logró que el Ejecutivo deba defender el proyecto cara a cara ante los concejales. El debate continuará en la próxima reunión de la comisión, mientras la ciudad sigue transitando una nueva prórroga del actual sistema de transporte.
Entre el "cajoneo" de informes a la oposición y la llamativa celeridad para aprobar expedientes oficialistas
Dentro del Palacio Municipal rige un doble estándar administrativo que ya se ha tornado bochornoso para los bloques de la oposición. La acumulación de pedidos de informes dirigidos a las distintas dependencias y directorios locales, que por reglamento deberían responderse en un plazo máximo de dos meses, es una constante que traba la labor legislativa. Sin embargo, la parsimonia de las Secretarías del Ejecutivo se transforma en una velocidad nunca antes vista cuando el expediente de interés pertenece a las filas del oficialismo, logrando aprobaciones exprés de una semana a la otra.
Desde las bancadas opositoras denuncian de manera reiterada que el Concejo Deliberante funciona más como una "escribanía" que como un órgano de debate democrático. Esta dinámica se apoya en una mayoría automática que le permite al interbloque oficialista imponer y aprobar la agenda local sin necesidad de consenso, dejando los reclamos de las minorías en un cono de sombra burocrático.
La situación límite de este esquema se vivió recientemente en el seno de la comisión de Salud Urbana. En una misma jornada, la gran mayoría de los expedientes tratados debieron ser reiterados formalmente ante la total falta de respuestas del Ejecutivo. El propio concejal de la oposición que preside dicha comisión ironizó sobre el preocupante retraso de la gestión, alertando que algunos de los proyectos bajo su análisis llevan más de seis meses paralizados a la espera de un informe técnico indispensable para avanzar.
En contraste con este letargo generalizado, la comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento fue escenario de una llamativa maniobra de celeridad. El debate central gira en torno a la convalidación de un decreto del Ejecutivo que busca otorgarle el millonario servicio de almacenamiento en la nube a una cooperativa de la vecina localidad de Batán. Se trata de la Licitación Privada Nº 03/26, un proceso que involucra una partida de $47,4 millones de pesos destinados a la infraestructura informática municipal.
El expediente, sin embargo, encendió las alarmas de la oposición debido a que el Contador Municipal rechazó en dos oportunidades a la cooperativa por graves irregularidades de índole legal y comercial. La entidad no logró acreditar las facultades de representación legal de quienes firmaron la oferta ni registraba su documentación actualizada en el Registro Único de Proveedores. Al tratarse además de un proceso con un único oferente, situación que por regla general obliga a declarar desierta la compulsa para garantizar la libre competencia, la convalidación requiere el aval excepcional del cuerpo deliberativo.
Ante los duros cuestionamientos de la oposición, que exigió el giro del expediente a la Dirección de Contrataciones para verificar si se subsanaron estas falencias técnicas y económicas, el oficialismo que preside la comisión accedió a dejar el proyecto bajo estudio, pero con la promesa de que el informe técnico del Ejecutivo estará listo para el próximo lunes.
La inusual velocidad garantizada por la conducción de la comisión generó fuertes suspicacias en los pasillos del Palacio Municipal. El apuro oficialista por conseguir un dictamen técnico en tan solo siete días responde a la necesidad imperiosa de llevar el proyecto al recinto en la Sesión Pública Ordinaria fijada para el próximo jueves 16 de julio.
Esta "eficiencia selectiva" instala inevitablemente interrogantes incómodos en la discusión pública: ¿Por qué los expedientes vinculados a los intereses de la mayoría en el concejo logran resoluciones de carácter fugaz, mientras que los pedidos de control de la oposición duermen durante más de medio año en los cajones del Ejecutivo? En el tablero de la rosca política local, los plazos de la burocracia parecen amoldarse perfectamente a las urgencias presupuestarias de la gestión de turno.
¿Qué pasa con el Estadio Mundialista?
La concesión del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de Deportes atraviesa su momento más delicado desde que fue adjudicada. Lo que fue presentado como la solución para recuperar dos escenarios históricos y atraer inversiones privadas hoy se encuentra condicionado por investigaciones judiciales, cuestionamientos de la oposición y una creciente incertidumbre sobre el futuro del proyecto.
La recuperación del complejo deportivo era una cuenta pendiente. El deterioro de las instalaciones, la pérdida de espectáculos y la falta de inversiones llevaron al Ejecutivo a impulsar una licitación para transferir la explotación de los predios al sector privado. La propuesta avanzó con rapidez en el Concejo Deliberante: en apenas 23 días desde el ingreso del expediente, el cuerpo aprobó en la 4° Sesión Ordinaría del 2025, la adjudicación a Minella Stadium S.A., el único oferente, integrado por la firma argentina Pro Enter y el grupo brasileño Revee.
Meses después de la firma del contrato y de la entrega formal de los predios, comenzaron las críticas por la falta de obras visibles. Desde los bloques opositores se presentaron pedidos de informes y hasta se impulsó una inspección para conocer el estado de los trabajos comprometidos por la concesionaria.
Sin embargo, el debate político dio paso rápidamente a un escenario mucho más complejo. En el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a la financiera Sur Finanzas y a operaciones relacionadas con el fútbol argentino, la Justicia Federal solicitó documentación sobre el proceso licitatorio y realizó procedimientos para reunir información vinculada con la adjudicación. La investigación también alcanzó a funcionarios municipales, dos de los cuales prestaron declaración ante la Justicia. Pese a ello, el oficialismo minimizó el alcance del expediente, sostuvo que se trató únicamente de un requerimiento documental y promovió el archivo de un pedido de informes impulsado en el Concejo.
Ese contexto motivó una nueva presentación judicial en Argentina. El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani denunció a funcionarios del Ejecutivo municipal y a las empresas involucradas por presunta administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. "La preocupación fue creciendo a medida que hablaba con distintos actores de la ciudad", explicó el fiscal, quien además aseguró que "las dudas sobre la solvencia del grupo económico" y la falta de acceso a información vinculada con la adjudicación fueron factores determinan tes para promover la denuncia.
En su presentación, Pettigiani también incorporó referencias a la investigación que involucra al grupo REAG —vinculado a Revee— por el denominado Caso Banco Master, además de la causa Sur Finanzas. Como parte de las medidas solicitadas, requirió convocar a declarar a los concejales que rechazaron la licitación, pedir colaboración a la Justicia brasileña para conocer el vínculo entre Revee y REAG y exigir a la Municipalidad la entrega de toda la documentación relacionada con la concesión.
Mientras tanto, en el Ejecutivo descartan que exista, por el momento, algún elemento que habilite una eventual rescisión del acuerdo. Fuentes municipales aseguran que no tienen conocimiento de ninguna resolución judicial que comprometa directamente a Minella Stadium y sostienen que la empresa continúa cumpliendo con las obligaciones administrativas pre vistas en el contrato. Sin embargo, crecen los rumores de que una productora se sumaría a Minella Stadium. Con ese marco, la concesión que prometía mar car el inicio de una nueva etapa para Mar del Plata quedó envuelta en un escenario donde las expectativas de inversión conviven con investigaciones judiciales, interrogantes sobre la solidez de sus protagonistas y una discusión política que, lejos de apagarse, suma nuevos y complejos capítulos.
Reestructuración en Legal, Técnica y Hacienda: más control administrativo y un área exclusiva para el Palacio Municipal
La Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda, que conduce Mauro Martinelli, inició una nueva etapa de reorganización interna. A través de un decreto firmado por el propio funcionario junto al intendente interino Agustín Neme, el Ejecutivo municipal modificó la estructura de la Dirección de Administración con la creación de nuevas dependencias, la eliminación de un departamento y una redistribución de funciones que apunta a fortalecer el funcionamiento administrativo de una de las áreas más sensibles del gabinete.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno argumentó que "la complejidad de las misiones y funciones de la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda exige la adopción de medidas conducentes para el cumplimiento de las mismas con la mayor eficiencia y celeridad y facilitar el desenvolvimiento de las mismas". En ese sentido, sostuvo que "resulta necesaria la reestructuración de algunas áreas dependientes de esa Secretaría" y advirtió que "la presente estructura será objeto de evaluación continua pudiéndose realizar nuevas modificaciones y reestructuraciones".
Uno de los cambios más relevantes es la creación del Departamento de Reparaciones y Mantenimiento, que dependerá de la Dirección de Administración. El nuevo espacio tendrá a su cargo el mantenimiento general, la higiene y el funcionamiento del Palacio Municipal y su perímetro exterior, además de coordinar las tareas que actualmente realiza Maestranza.
Entre sus funciones también se incluyen la supervisión de reparaciones edilicias, la articulación con proveedores externos cuando los trabajos excedan la capacidad municipal, el control del servicio de limpieza, el mantenimiento de ascensores, sistemas de calefacción y espacios comunes, la planificación de tareas de desinfección y la coordinación con otras áreas para garantizar las condiciones de seguridad e higiene del edificio municipal. Incluso deberá intervenir en la adaptación del Palacio Municipal para los comicios y colaborar en la organización de eventos institucionales.
La reestructuración también incorpora la División Control Administrativo, una nueva dependencia que tendrá como misión revisar los procedimientos administrativos internos de la Dirección de Administración. Entre otras tareas, controlará la correcta aplicación de los circuitos administrativos, verificará la legalidad y completitud de los expedientes, supervisará plazos, firmas y requisitos formales, elaborará informes internos y propondrá mejoras para agilizar los trámites.
Además, la nueva división deberá realizar el seguimiento de observaciones formuladas por el Honorable Tribunal de Cuentas, promover capacitaciones sobre gestión documental y administrar las altas, bajas y modificaciones de usuarios de la plataforma de Gestión Documental Electrónica (GDE), garantizando la asignación de permisos y perfiles correspondientes.
Reordenamiento documental
La reforma también impacta sobre la organización documental del Municipio. El decreto elimina el Departamento de Legislación y Documentación, cuyas funciones, personal y recursos pasan a integrarse al Departamento General Administrativo.
Como parte de esa reorganización, la antigua División Ordenamiento de Actos Administrativos cambia su denominación por División Ordenamiento de Documentación Legislativa, que concentrará la administración del Digesto Municipal, el registro de ordenanzas, decretos, resoluciones y contratos, la publicación del Boletín Municipal (SIBOM), la promulgación de ordenanzas y el resguardo de la documentación legislativa.
En paralelo, también se actualizaron las funciones de la División Impresiones, que continuará brindando servicios de impresión, diseño, diagramación y producción de formularios para las distintas dependencias municipales.
Con esta reorganización, la gestión de Martinelli vuelve a modificar la estructura de una Secretaría creada en 2023 tras la fusión de las áreas de Gobierno y de Economía y Hacienda. Ahora, el Ejecutivo apuesta a fortalecer los controles internos, centralizar procesos administrativos y redefinir las responsabilidades de distintas dependencias, aunque dejó expresamente abierta la puerta a nuevas modificaciones en el futuro conforme avance la evaluación del funcionamiento de la nueva estructura.
Los escándalos por las excepciones urbanas agotan la vía administrativa y mudarían la batalla a los tribunales
Mientras el país festeja el agónico triunfo de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto para sellar la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, los ecos de la geopolítica deportiva global proyectan una incómoda sombra sobre la realidad marplatense. El reciente escándalo protagonizado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien admitió haber telefoneado directamente al titular de la FIFA para dejar en suspenso la tarjeta roja del delantero Folarin Balogun, desnudó ante los ojos del mundo los mecanismos del lobby y la prepotencia del poder ejecutivo por sobre los reglamentos institucionales. En Mar del Plata, esa lógica de saltearse las normas generales en beneficio de un puñado de privilegiados no es una novedad mundialista; es la matriz de gestión con la que se viene moldeando el perfil de la ciudad a fuerza de excepciones.
Las alarmas ya no se limitan a la escandalosa torre de 35 pisos proyectada en el sector costero de Alem al 2500. El conflicto escaló de escala y de escenario. Tras cumplirse holgadamente los plazos legales sin recibir respuestas por parte de la comuna a los pedidos de informes tramitados bajo la ordenanza de acceso a la información pública, la vía administrativa ha quedado formalmente agotada en la ciudad. El oscurantismo oficial frente al expediente del Estadio Mundialista José María Minella, el Polideportivo y los espacios comunes del Campo de Deportes Teodoro Bronzini —bienes entregados en posesión por 30 años con opción a una década más a una firma cuya solvencia y composición aún se ocultan a la ciudadanía— prepara, para los sectores opositores, un terreno liberado para el inicio de un severo reclamo judicial. El gobierno municipal demuestra una celeridad asombrosa para convalidar los negocios de sus desarrolladores aliados, pero, según la oposición y sectores críticos, padece de una sordera crónica a la hora de rendir cuentas.
El caso de la proyectada torre de La Robla condensa este esquema de asimetrías extremas donde el rol equilibrador del Estado brilla por su ausencia. El expediente acumula un inventario de anomalías que van desde los llamativos "olvidos" societarios del arquitecto Jerónimo Mariani ante el tribunal contencioso hasta las confesiones de su socio, Oscar Cañadas, admitiendo que el propio Municipio les exigió elevar la torre a 35 plantas para garantizar el retorno de las inversiones corporativas. A esto se suma el escándalo matricular del asesor Ricardo Rodríguez y el flagrante conflicto de intereses que rodea a María Müller, esposa del actual secretario de Obras Públicas comunal, Jorge "Guasa" González. Müller es la encargada de suscribir y validar con su firma los estudios de impacto ambiental de los mismos proyectos que luego su marido promueve y acelera desde el gabinete. Mientras las oficinas técnicas demoran meses en contestar una simple nota ciudadana, el Concejo Deliberante “opera bajo una suerte de obediencia debida, aprobando prácticamente a libro cerrado y en tiempo récord las excepciones urbanas que bajan desde el despacho principal del Ejecutivo”.
Esta metodología de la excepción permanente no es un hecho aislado. En los pasillos políticos de la ciudad se recuerda el sospechoso derrotero de la torre de 15 pisos autorizada en Colón y Güemes, en una zona donde el límite estricto es de 8 plantas. Aquel trámite, frenado originalmente en 2023 tras una advertencia de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presuntos vínculos de la firma peticionante con el financiamiento del narcotráfico, se destrabó de manera exprés el año pasado. Bastó una simple nota del estudio jurídico Cúneo Libarona —comandado por el hermano del entonces ministro de Justicia de la Nación— asegurando que su cliente no registraba problemas legales, para que la mayoría automática del Concejo Deliberante levantara la mano y convalidara la excepción sin mayores auditorías.
Párrafo aparte para la “oposición” en el Concejo. Con tres bloques políticos que representan 10 ediles, la oposición política parece resignada a entregar el futuro urbanístico de Mar del Plata. Sin debates profundos, sin una socialización de la información a la ciudadanía, sin marcar la cancha al oficialismo “porque tiene mayoría automática”, el sector que dice llamarse “oposición” aparenta no estar a la altura. ¿Cómo se cumple el rol de contralor del Poder Legislativo, si los ediles “opositores” no dan la talla? ¿Nadie pagará costos?
El avance de este bloque de poder económico, liderado por la titular de la constructora IMASA, Florencia Miconi, amaga ahora con desbordar los límites de los desarrollos inmobiliarios para adentrarse de lleno en la arena de la política gremial local. Según trascendidos que circulan con fuerza en el ámbito sindical, la empresaria estaría buscando intervenir de manera directa en las decisiones de la CGT regional Mar del Plata. En ese tablero, el brazo ejecutor de esta estrategia de expansión corporativa sería la conducción de la UOCRA local, actualmente presidida por César Trujillo, un movimiento político que consolidaría el alineamiento directo entre la patronal constructora, el sindicato del sector y el andamiaje de favores que digita la obra pública y privada en el distrito.
Desde la óptica de la parte actora que impulsa la resistencia en los tribunales, coordinada por entidades como Mirada Ciudadana y Surfrider Argentina, este escenario configura una profunda crisis de representatividad democrática. Ante la degradación de las audiencias públicas —que la comuna convoca a regañadientes y despoja de carácter vinculante—, los vecinos se encuentran atrapados en una contienda profundamente desigual contra la alianza explícita del poder político y el corporativo. Agotadas las instancias de diálogo y ante un Concejo “que legisla de espaldas al planeamiento sustentable”, el desembarco del conflicto en los tribunales contenciosos se presenta como la última trinchera disponible para exigir transparencia y frenar la discrecionalidad urbana que amenaza con baldosar la identidad de Mar del Plata.
General Pueyrredon celebró la Independencia con un fuerte llamado a la unidad local
Con motivo del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia de la Argentina, firmada aquel martes 9 de julio de 1816, el partido de General Pueyrredon fue escenario este jueves de una emotiva celebración oficial. Frente al Parque San Martín, en una jornada que dio inicio a un fin de semana largo de cuatro días, una gran cantidad de vecinos, vecinas y turistas que llegaron a Mar del Plata se congregaron para conmemorar la gesta histórica y revivir el legado de los patriotas.
El acto central estuvo encabezado por Agustín Neme (PRO), quien se encuentra actualmente a cargo del Ejecutivo local. Durante su discurso, Neme expresó el profundo orgullo que genera recordar la historia y la identidad nacional, destacando el compromiso y la dedicación de quienes forjaron la libertad del país. En una clara apelación al presente, el funcionario subrayó que los grandes cambios no ocurren de un día para otro, sino que demandan tiempo, esfuerzo y una labor colectiva despojada de egoísmos y banderas partidarias.
Haciendo eco de las palabras del obispo durante el tradicional Tedeum, Neme invitó a marplatenses y batanenses a comprometerse con este esfuerzo de manera cotidiana y no solo durante las fechas patrias. El responsable del Ejecutivo municipal remarcó que construir el país y la ciudad es una tarea de todos los días que se ejerce desde la casa, la familia, el club o el trabajo. En ese sentido, exhortó a la comunidad a seguir avanzando por el camino correcto, reconociendo con humildad lo que falta por hacer y convocando a los ciudadanos a trabajar codo a codo, como vecinos y, sobre todo, siendo buenas personas.
La conmemoración contó con un fuerte respaldo político, civil e institucional. Entre los asistentes se destacó la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt (LLA), acompañado por concejales, legisladores provinciales y funcionarios municipales. Asimismo, participaron del encuentro máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea, junto a representantes de fuerzas de seguridad, instituciones civiles y agrupaciones de la comunidad.
El broche de oro de la jornada patria estuvo marcado por el despliegue de un imponente desfile cívico-militar que capturó la atención de los presentes. El público disfrutó del repertorio musical de las orquestas y bandas de las distintas fuerzas, mientras que el cielo costero ofreció un espectáculo único con impactantes demostraciones aéreas, coronando una celebración que unió el respeto por la historia con el compromiso hacia el futuro local.
Marcelo Fígoli tomó el control del Minella en medio de una concesión que sigue bajo la lupa
La concesión del estadio José María Minella y el Parque Municipal de los Deportes cambió de manos. Fénix Entertainment Group, la empresa de Marcelo Fígoli, adquirió la mayoría accionaria de Minella Stadium S.A. y pasó a liderar el proyecto de recuperación del complejo deportivo, en un escenario atravesado por los cuestionamientos políticos y la investigación judicial que rodea a la licitación.
Según el contrato firmado entre la concesionaria y el Municipio, el ingreso de Fígoli no modifica las condiciones de la adjudicación, sino que responde a un cambio en la composición societaria de la empresa que obtuvo la concesión por 30 años.
El desembarco Fígoli representa un giro importante para una iniciativa que hasta ahora estaba encabezada por el grupo brasileño Revee, blanco de críticas por la escasa ejecución de las obras comprometidas y por el incumplimiento de buena parte de las promesas realizadas al momento de quedarse con el predio.
A diferencia de los inversores originales, Fígoli llega con antecedentes en la industria del entretenimiento. Su grupo administra el Parque de la Costa, organiza espectáculos en distintos escenarios del país y cuenta con experiencia en la producción de recitales y eventos deportivos, un perfil que busca potenciar la idea de transformar al Minella en un espacio con actividad durante todo el año.
Su aparición coincide con un momento delicado para la concesión. Semanas atrás, la UFI N°10 de Delitos Económicos suspendió las declaraciones testimoniales de cuatro concejales de la oposición en la causa impulsada por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, quien investiga posibles irregularidades en la licitación.
La denuncia apunta tanto al presunto incumplimiento de las inversiones prometidas, 40 millones de dólares y decenas de eventos anuales, como a la situación financiera del grupo brasileño Revee y su vinculación con REAG, empresa mencionada en Brasil en el denominado "Caso Banco Máster". Mientras la Justicia espera incorporar nueva documentación para reprogramar las testimoniales, el proyecto inicia una nueva etapa con un actor de mayor peso dentro del negocio del entretenimiento.
La llegada de Fígoli puede leerse de dos maneras. Como la apuesta de un empresario con experiencia para desarrollar uno de los activos más importantes de Mar del Plata o como un presunto salvataje de una concesión que quedó golpeada por las demoras, los incumplimientos y los cuestionamientos judiciales que aún siguen abiertos.
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