Las oficinas del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) de General Pueyrredon serán mañana lunes el escenario de un acto administrativo clave pero fuertemente condicionado por la tensión política reciente. La apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública 01/2026 develará qué empresas aspiran a quedarse con el servicio de limpieza integral de los polideportivos barriales de Libertad, Colinas de Peralta Ramos, Las Heras y Centenario, además del Natatorio Alberto Zorrilla. El contrato en juego compromete un presupuesto oficial exacto de 544.852.385,28 pesos por un período de doce meses, una cifra millonaria que reaviva las alarmas sobre el destino de los fondos públicos y los mecanismos de fiscalización del Ejecutivo local.
El llamado a licitación ocurre a pocos días de que se ventilaran graves opacidades en el control de los proveedores del organismo. La reciente decisión del presidente del ente, Sebastián D’Andrea, de convalidar una sanción punitiva contra el contratista Roberto Francisco Cappi por ausentismo y abandono de tareas en los complejos de Libertad y Centenario durante abril de 2026, para luego, apenas seis días después, otorgarle un incremento exprés del 18 por ciento en sus haberes, dejó un clima de profunda desconfianza institucional. Aquel auxilio financiero, justificado políticamente bajo la urgencia de mantener la higiene de los natatorios, se ejecutó desoyendo el freno técnico de la Contaduría del EMDER, que dejó asentada una advertencia de máxima gravedad legal por la inobservancia de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Es justamente en el texto del nuevo Pliego de Bases y Condiciones donde se traslucen los intentos por ajustar los controles administrativos tras la polémica renegociación con la firma infractora. En las cláusulas particulares del documento se exige ahora, de forma inapelable, la presencia diaria y obligatoria de un supervisor general de la empresa contratista para verificar la asistencia del personal y resolver reemplazos inmediatos ante eventuales ausencias. Esta severidad punitiva explícita funciona como una respuesta directa a las falencias que permitieron el vaciamiento de tareas en los barrios durante los meses previos. Asimismo, el nuevo articulado establece que las solicitudes de redeterminación de precios solo podrán efectuarse si se demuestra una variación de costos superior al 35 por ciento, una barrera técnica que contrasta con la ligereza de la última ampliación presupuestaria otorgada de puño y letra al proveedor sancionado.
La Oficina de Compras del complejo natatorio será el foco de atención de este acto, donde el EMDER conserva la facultad exclusiva de aceptar o rechazar la totalidad de las propuestas si lo estima conveniente, sin derecho a indemnización alguna para los privados. En un contexto donde la discrecionalidad política ha desafiado abiertamente las normativas de contabilidad de la provincia de Buenos Aires, resta ver si este nuevo proceso devuelve el rigor técnico que exigen las leyes vigentes o si profundiza las anomalías en el cuidado de los escenarios deportivos de la ciudad.
