18 de julio de 2026
RESUMEN
Lo que la semana nos dejó
Días intensos en la ciudad, a la víspera de las vacaciones de invierno. Preocupación por el turismo, celebración y expectativa por el Mundial. El Concejo sesionó en piloto automático, mientras las comisiones continuaron con el tratamiento de expedientes. El futuro de la OAM, la polémica del arquitecto Ricardo Rodríguez, la prórroga a los incentivos de construcción. Todo eso más, al mejor estilo La Tecla Mar del Plata.
El derrumbe turístico llegó al HCD: exigen frenar el uso del Fondo de Promoción para pagar sueldos
El empresariado turístico decidió trasladar su preocupación al ámbito legislativo y solicitaron una ordenanza que garantice la transferencia automática del Fondo de Promoción Turística al EMTURyC. En la presentación, las entidades advirtieron por la caída sostenida de visitantes y el impacto que la crisis turística tiene sobre el empleo local. En medio de una temporada baja con números que no despegan, Diego Juárez queda nuevamente bajo la lupa por la estrategia de promoción turística.
La baja temporada sigue sumando señales de alerta en Mar del Plata. Tras un fin de semana largo por el 9 de Julio que volvió a dejar niveles de ocupación por debajo de las expectativas del sector, las principales cámaras empresariales decidieron llevar el malestar al Concejo Deliberante con un reclamo que combina dos preocupaciones: la caída sostenida del turismo y el manejo de los recursos destinados a promocionar la ciudad.
El planteo no llega en un contexto cualquiera. Luego de una temporada de verano por debajo de lo esperado y de varios fines de semana largos sin lograr revertir la tendencia, el empresariado entiende que el turismo atraviesa un momento crítico. A ese escenario se suman los últimos indicadores de empleo, que reflejaron un incremento de la desocupación durante el primer trimestre del año, un período que históricamente coincide con el mayor movimiento turístico.
En la nota presentada al cuerpo deliberativo, las entidades sostuvieron que existe una "profunda preocupación" por la situación que atraviesa la actividad. En ese sentido, advirtieron sobre el impacto de la "persistente caída" en la llegada de visitantes y remarcaron que ese fenómeno repercute de manera directa sobre el empleo y la economía local.
El eje del reclamo, sin embargo, apunta al Fondo de Promoción Turística, integrado por el aporte adicional que realizan empresas y comercios a través de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. Para las cámaras, esos recursos deben destinarse exclusivamente a posicionar a Mar del Plata como destino y no volver a ser utilizados para cubrir gastos corrientes.
En ese marco, solicitaron la sanción de una ordenanza que establezca la transferencia automática de esos fondos a las cuentas del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), evitando que pasen previamente por la cuenta unificada del Ejecutivo.
Las entidades fueron categóricas. "La integración de estos recursos en la cuenta unificada del Ejecutivo, permitiendo que el dinero aportado específicamente para el turismo sea desviado hacia otros destinos, constituye una flagrante violación a la norma de afectación específica", señalaron.
El reclamo también revive una discusión que atravesó el tratamiento del Presupuesto 2026. Los empresarios recordaron que, durante ese debate, recibieron el compromiso político de que la utilización de parte del Fondo para afrontar salarios tendría carácter excepcional y que no superaría el 20% durante este año, con el objetivo de avanzar hacia un esquema de mayor autonomía financiera para el EMTURyC desde 2027.
Por eso, insistieron en que ya no existen motivos para seguir postergando ese mecanismo. "La actual coyuntura económica de Mar del Plata no admite dilaciones, burocracia ni desvío de fondos que paralice la gestión. Los empresarios que realizan un esfuerzo constante para sostener la actividad y el empleo requieren, hoy más que nunca, que los recursos legítimamente creados y aportados por los ciudadanos destinados a fomentar el turismo y el empleo se administren sin intermediaciones discrecionales", afirmaron.
Y redoblaron la apuesta con otro mensaje dirigido a la política local: "No puede existir razón para continuar con la dilación y/o derivación de recursos para cualquier otro fin. No promocionar la ciudad como destino significa más desocupación y vecinos sin empleo e ingresos".
El mensaje trasciende el reclamo administrativo: en medio de una actividad que no encuentra señales de recuperación, también vuelve a poner bajo la lupa la conducción del ente que encabeza Diego Juárez y la estrategia oficial para afrontar una de las temporadas bajas más complejas de los últimos años.
La nube sigue en pausa: el expediente quedó en comisión y citarán al subsecretario de Gobierno Digital
El expediente que busca convalidar la contratación del servicio para los sistemas municipales no logró avanzar en Legislación. Sin que aún llegaran las respuestas por parte de la Dirección General de Contrataciones, ahora se suman pedidos de informes al área digital y convocarán a José Luis Dranuta.
La contratación del servicio de nube para los sistemas municipales volvió a quedar envuelta en interrogantes dentro del Concejo Deliberante. El expediente que busca convalidar el Decreto Nº 1123-2026, mediante el cual el Ejecutivo adjudicó la compra directa a la Cooperativa Batán de Obras y Servicios Públicos Limitada, no logró avanzar y quedó en comisión con nuevos pedidos de informes y la citación del subsecretario de Gobierno Digital.
La discusión se dio en la comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento, presidida por Ariel Bordaisco (UCR-Nuevos Aires), donde los concejales volvieron a poner bajo la lupa el proceso que terminó con una única oferta para brindar el servicio de almacenamiento en la nube de los sistemas municipales.
Durante el tratamiento del expediente, Bordaisco recordó que existe un pedido de informes dirigido a la Dirección General de Contrataciones que todavía no fue respondido. El requerimiento había sido impulsado por Unión por la Patria y busca obtener detalles sobre el proceso administrativo.
Además, el titular de la comisión puso el foco en la intervención del subsecretario de Gobierno Digital, José Luis Dranuta, quien firmó el expediente. En ese sentido, planteó la necesidad de conocer los motivos por los cuales la contratación avanzó con un único oferente con un pedido de informes dirigido al área.
"¿Por qué este expediente aceptó una única oferta, teniendo tantas empresas digitales, hecho que ratificó en otras ocasiones?", fue la pregunta que quedó planteada por el presidente de Legislación.
A partir de ese planteo, Bordaisco propuso convocar al funcionario para que explique los detalles del procedimiento y dé respuestas ante los concejales.
Desde Unión por la Patria también cuestionaron el recorrido administrativo de la contratación. La presidenta del bloque, Mariana Cuesta, remarcó las particularidades del expediente y apuntó contra la modalidad elegida por el Ejecutivo.
"No solo es una contratación directa, sino que hubo dos llamados a licitaciones en los que a la Cooperativa Batán le dijeron que: “usted no tiene los papeles. Y a los seis días le dan la contratación directa", expresó la edil. En esa línea, Cuesta dijo que en el pedido de informes querían saber si la documentación faltante fue completada en ese corto período de tiempo.
La Cooperativa Batán fue la única empresa que se presentó en las últimas dos aperturas de sobres para la contratación del servicio de nube. Sin embargo, durante el proceso tuvo que realizar correcciones debido a observaciones sobre la documentación presentada, una situación que generó cuestionamientos dentro del cuerpo deliberativo.
El procedimiento también había sido observado por algunos sectores políticos debido a que, según plantearon, no se trató de una licitación pública tradicional, sino de una convocatoria a determinados proveedores. En ese marco, señalaron que las condiciones del llamado podrían haber limitado la participación de otras empresas especializadas en servicios digitales.
El expediente, que contempla la contratación del servicio a la Cooperativa Batán por una suma cercana a los $47,4 millones, quedó finalmente en comisión. La próxima instancia será con la presentación de informes específicos del área de Gobierno Digital y la convocatoria de Dranuta, quien deberá explicar los fundamentos de una contratación que sigue generando ruido en el Concejo.
A 133 días del primer pedido, Educación volvió a reclamar informes para avanzar con la protección patrimonial del Ariston
El expediente que impulsa incorporar el emblemático edificio diseñado por Marcel Breuer al catálogo de preservación municipal continúa sin respuesta por parte de la Secretaría de Obras. La demora mantiene frenado el tratamiento legislativo.
El futuro del Parador Ariston volvió a colarse en la agenda del Concejo Deliberante. La comisión de Educación, Cultura, Ciencia e Investigación, presidida por la concejal de Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro, Melisa Centurión, resolvió mantener en comisión el expediente que propone declarar de Interés Patrimonial al emblemático edificio diseñado por Marcel Breuer y reiteró, una vez más, el pedido de informes dirigido a la Secretaría de Obras y Planeamiento.
La solicitud no es nueva. El primer requerimiento fue realizado el 3 de marzo de 2026, volvió a reiterarse el 27 de mayo y este 14 de julio los concejales insistieron nuevamente ante la falta de respuestas. Entre el primer pedido y esta última reiteración transcurrieron 133 días, sin que el área de Preservación Patrimonial emitiera el dictamen técnico necesario para que el expediente continúe su tratamiento.
La dependencia requerida forma parte de la Secretaría de Obras y Planeamiento que conduce Jorge "Guasa" González. "Es importante contar con la opinión de la Secretaría de Obras específicamente del área de Preservación Patrimonial", sostuvo Centurión durante el tratamiento del expediente, tras lo cual la comisión resolvió mantener la iniciativa en estudio con una nueva reiteración del pedido de informes.
El proyecto, identificado como Expediente 1123/26 del Frente Renovador e impulsado por el concejal Juan Manuel Cheppi, propone declarar de Interés Patrimonial, conforme a la Ordenanza Nº 10.075, al inmueble ubicado en la intersección de la calle 437 y la calle 0, incorporándolo formalmente al catálogo de preservación del municipio.
En los fundamentos se recuerda que la Ordenanza Nº 10.075 creó el Código de Preservación Patrimonial y establece que este tipo de declaraciones deben aprobarse por ordenanza, previo dictamen del Departamento de Preservación Patrimonial. Asimismo, sostiene que la incorporación del Ariston al régimen municipal permitirá fortalecer la protección jurídica del edificio y complementar la declaración de Monumento Histórico Nacional que recibió mediante la Ley Nacional Nº 27.538, sancionada en noviembre de 2019.
Los considerandos también remarcan que preservar el edificio "salda una deuda histórica con los vecinos de la zona sur y con la comunidad marplatense en su conjunto", al tiempo que reafirma el compromiso de la ciudad con la conservación de su patrimonio arquitectónico y cultural.
El debate patrimonial avanza en paralelo con el proyecto de reconversión presentado por Parador Ariston S.A., que contempla la restauración integral del histórico pabellón diseñado por Breuer, la creación de un centro cultural, un polo gastronómico y la construcción de un hotel de cinco estrellas de seis pisos sobre los terrenos linderos.
Precisamente ese desarrollo inmobiliario concentra las principales objeciones. Las parcelas se encuentran dentro del Distrito Residencial R5, donde la normativa urbanística fija un límite máximo de siete metros de altura, por lo que la construcción del hotel requerirá la aprobación de excepciones urbanísticas por parte del propio Concejo Deliberante.
En ese contexto, también permanece en comisión otra iniciativa vinculada al futuro del inmueble. Se trata de la comunicación impulsada por el concejal del PRO, Fernando Muro, que busca que el Concejo manifieste su "agrado" ante una eventual aprobación, por parte de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, del proyecto de restauración presentado por Parador Ariston S.A., el pasado 5 de mayo. Ese expediente continúa en análisis luego de incorporarse una modificación para anexar formalmente la documentación técnica que acompaña la propuesta.
Así, mientras el proyecto privado aguarda definiciones del organismo nacional y el emprendimiento hotelero anticipa un futuro debate urbanístico, el expediente que busca blindar patrimonialmente al Ariston sigue detenido en el ámbito local por la ausencia de un informe técnico que el Concejo reclama desde hace 133 días.
Plaza Rumencó: el fantasma de la cautelar y la falta de informes técnicos forzaron un freno de mano en el Concejo
Pese al intento de apurar el polémico expediente, las comisiones legislativas debieron pisar el freno. La exposición de los desarrolladores no bastó para tapar la ausencia de estudios de impacto ambiental y de prefactibilidades clave, forzando la permanencia del proyecto en comisión con marcados reparos del propio interbloque oficialista.
Mientras la atención pública de Mar del Plata se dividía inevitablemente entre los avatares cotidianos y la creciente expectativa nacional por las semifinales de la Copa del Mundo 2026, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon se convirtió este martes en el escenario de una sorda pero intensa pulseada política. La Comisión de Obras y Planeamiento, presidida por Fernando Muro (PRO), abordó por primera vez el espinoso expediente 1154/26, que busca convalidar la afectación al distrito de “Equipamiento Específico” (Ee) para el complejo comercial y de servicios Plaza Rumencó. El tratamiento, que arrastra meses de parálisis legislativa y una severa advertencia en los tribunales, expuso con nitidez las fisuras administrativas y políticas que rodean a un desarrollo inmobiliario que avanzó de hecho antes de obtener el debido derecho.
La jornada comenzó con la exposición de los promotores del proyecto, representados por el arquitecto Miguel Fernández y el escribano Sebastián Latorre. Con un discurso enfocado en la "centralidad del sur" y en la necesidad de descentralizar servicios en una zona de vertiginoso crecimiento demográfico, los desarrolladores intentaron legitimar el polémico emprendimiento ubicado en la Avenida Jorge Newbery N° 5035. Fernández apeló a la historia y argumentó que la vocación comercial del predio ya estaba prevista en el decreto provincial de aprobación de la urbanización cerrada Rumencó en el año 2007. Detalló que el masterplan contempla el desarrollo de cuatro hectáreas y media sobre un total de siete, asegurando que un 50% de la superficie total permanecerá sin impermeabilizar, resguardando la forestación ornamental de la zona. Por su parte, La Torre buscó despejar los cuestionamientos de un "shopping tradicional", catalogando la iniciativa como un "centro de servicios" que incorporará consultorios médicos con atención de urgencias las 24 horas, un gimnasio de alta complejidad, un supermercado, comercios diarios y un ambicioso plan de estacionamiento que alcanza las 750 cocheras —320 de ellas subterráneas— para amortiguar el impacto vehicular sobre la avenida.
Sin embargo, las precisiones de los técnicos y la promesa de una fuerte inversión de capitales genuinamente locales no lograron diluir los profundos interrogantes institucionales que pesan sobre el trámite administrativo. El primer llamado de atención provino del propio interbloque oficialista, cuando la concejal Vilma Baragiola (UCR) interpeló abiertamente sobre el estado de la denuncia que dio origen a la parálisis física del proyecto. La respuesta del presidente de la comisión desnudó una de las paradojas más complejas del debate: Muro reconoció la existencia de la medida cautelar vigente dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2, la cual ordenó paralizar los trabajos en el predio ante la evidencia de que las obras comenzaron sin autorización municipal ni Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Aunque el edil del PRO argumentó que la orden judicial restringe la actuación material de la empresa pero no impide al Concejo abocarse a la discusión puramente urbanística de los indicadores, la justificación de que los planos y la DIA son "instancias posteriores" sembró dudas sobre la legitimidad de seguir legislando a remolque de hechos consumados.
La estocada definitiva a la pretensión de dar un rápido despacho al expediente no provino de los bloques opositores, sino del propio riñón oficialista. El concejal Marcelo Cardoso (PRO) asumió una postura de extrema prudencia técnica que terminó por desarticular cualquier apuro legislativo. Cardoso enumeró una lista de ausencias documentales en el expediente físico: restan incorporar los informes de factibilidad de Camuzzi Gas Pampeana, la evaluación del impacto de tránsito que debe proveer el EMVIAL —absolutamente clave para dirimir el acceso vehicular sobre la ya congestionada Avenida Jorge Newbery—, los dictámenes de saneamiento hidráulico, los estudios geológicos y la resolución definitiva del EMSUR sobre la evaluación ambiental. El concejal oficialista fue categórico al señalar la necesidad de actuar con "seguridad jurídica y previsibilidad", admitiendo que la envergadura de la iniciativa exige un rigor técnico que hoy el expediente está lejos de garantizar. Esta postura arrastró el consenso del cuerpo y decretó que el proyecto continúe bajo análisis en comisión.
El desenlace de esta primera jornada de tratamiento representa un revés táctico para quienes planificaban un trámite exprés. La obligada permanencia de Plaza Rumencó en el limbo de las comisiones demuestra que el "hecho" con el que los desarrolladores pretendieron consolidar la obra —avanzando con desmontes y movimientos de suelo sin autorizaciones— chocó de frente con las exigencias normativas del Concejo Deliberante. La controversia por los cambios de titularidad de la tierra (que pasó de Molas y Asociados a las firmas Treelands S.A. y MPSG 5 Newbery S.A.) y el riguroso escrutinio judicial garantizan que el expediente 1154/26 seguirá siendo un foco de alta tensión política en General Pueyrredon, donde la difusa frontera entre el desarrollo inmobiliario y el estricto control estatal vuelve a quedar bajo la lupa.
La parálisis política frena la Mesa de Trabajo y profundiza la incertidumbre turística en Mar del Plata
Tras un magro fin de semana largo y con el inicio de las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina, el oficialismo impuso su mayoría en la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante para postergar el debate sobre el desvío de 9.500 millones de pesos destinados a la promoción de la ciudad. Cruces ásperos, paradojas sobre el sector privado y una tregua corporativa que expone las prioridades del Palacio Municipal.
Mar del Plata asiste a una transición invernal cargada de incertidumbre y fricciones que se trasladan con velocidad al plano institucional. El reciente fin de semana largo del 9 al 12 de julio de 2026 dejó un balance sumamente hostil para la economía local, registrando niveles de ocupación hotelera que apenas superaron el 25% según estimaciones de los operadores. En este clima de profunda inquietud, y con las vacaciones de invierno previstas para comenzar el próximo lunes 20 de julio, la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante de General Pueyrredon se convirtió en el epicentro de un fuerte choque de visiones parlamentarias sobre el rumbo de la principal industria de la ciudad. El eje del conflicto fue el tratamiento del expediente 1258/26, una iniciativa que proponía la creación de una Mesa de Trabajo para articular respuestas urgentes junto a los distintos actores de la actividad, pero que terminó archivada bajo una lluvia de chicanas, acusaciones de desvío de fondos públicos y defensas burocráticas que enfriaron la urgencia legislativa.
La discusión parlamentaria adquirió una temperatura inusual desde su inicio cuando el concejal opositor Juan Manuel Cheppi (Frente Renovador), autor del proyecto, propuso transformarlo en una ágil Jornada de Trabajo para sortear dilaciones burocráticas. Cheppi apuntó sus dardos directamente contra las finanzas del Palacio Municipal, denunciando que el Fondo de Promoción Turística —que proyecta una recaudación de más de 9.500 millones de pesos— es utilizado de manera sistemática para fines ajenos a su creación. Según fustigó el edil, estos recursos aportados por los propios contribuyentes se desvían desde hace una década para pagar sueldos y sostener el gasto corriente del municipio, trazando un paralelismo crítico con el destino incierto de la tasa vial o los fondos de alumbrado público.
Asimismo, Cheppi no ahorró ironías al contrastar la falta de iniciativa local con la astucia comercial, recordando que por más que la marca Coca-Cola sea la más conocida en el mundo, sigue invirtiendo en publicidad, y lamentó la pérdida de competitividad frente a otros destinos nacionales: Mar del Plata no solo perdió el Enduro frente a Pinamar, sino que quedó fuera de la prestigiosa Guía Michelin por carecer de la inversión que sí hicieron Mendoza o la Ciudad de Buenos Aires para posicionar sus atractivos.
Desde otra bancada opositora, el concejal Horacio Taccone (AM-MDF) sumó volumen político a la embestida opositora al plantear lo que calificó como una flagrante contradicción doctrinaria del gobierno local. Así, aseguró que el uso de los aportes privados de promoción para sostener la estructura estatal asfixia al propio motor de la economía marplatense. Para el edil, se produce la gran paradoja de que el municipio utiliza fondos específicos para pagar sueldos de empleados públicos mientras, en simultáneo, le quita al sector privado el oxígeno publicitario necesario para que los comerciantes y empresarios puedan abonar los sueldos de sus respectivas empresas. Según argumentó, la preocupante caída en la afluencia turística corre de manera simétrica a la caída de la inversión del fondo de promoción, exponiendo el malestar de cámaras empresarias locales que llevan meses solicitando reuniones infructuosas con el Intendente, lo cual justifica plenamente que el Concejo Deliberante funcione como un canal alternativo de escucha.
La contraofensiva oficialista buscó atenuar el reclamo bajo un manto de prudencia institucional y orden de prioridades. El concejal Marcelo Cardoso (PRO) lideró la estrategia de dilación proponiendo mantener el expediente en comisión para solicitar primero un informe al Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). Cardoso justificó el pedido bajo la premisa de no generar estructuras de diálogo duplicadas con las mesas que ya funcionan de forma periódica bajo la órbita de la comuna, argumentando que una mesa de trabajo tiene sentido únicamente si cuenta con una agenda definida y aporta algo sustancialmente diferente. En la misma dirección, la concejala Noelia Álvarez Ríos (La Libertad Avanza), en su rol de presidenta de la comisión, defendió la necesidad de esperar el descargo del ente para evaluar si los habituales encuentros de los miércoles resultan "suficientes" para dar respuesta a las cámaras sectoriales.
La postura de diferir la discusión desató una inmediata réplica de la oposición, que consideró insólito pedir autorización al Departamento Ejecutivo para que los legisladores se reúnan con los vecinos de su propia ciudad. Taccone catalogó de erróneo delegar esa potestad y, respaldado por la bancada de Unión por la Patria, exigió una votación inmediata para evitar mayores dilaciones ante el inminente inicio de la temporada invernal. "¿Qué vamos a esperar? ¿Que el 12 de octubre sea malo para preocuparnos y que la gente no venga en el verano?", inquirió con urgencia ante los micrófonos de la comisión.
La definición del conflicto se dirimió en el terreno de las lealtades políticas y la disciplina de bloques. A pesar de los acercamientos iniciales y de que la concejal Gabriela Azcoitia (UCR + Nuevos Aires) llegó a proponer modificaciones para viabilizar la convocatoria a través de la Junta de Labor Deliberativa, al momento de alzar la mano cerró filas con el oficialismo local. Así, el alineamiento de la UCR junto al PRO y LLA selló una ajustada mayoría automática de 4 votos contra 3, garantizando que el expediente 1258/26 permanezca bajo llave en la comisión a la espera de un informe de plazos inciertos.
La votación cristalizó una dinámica política donde, al menos por ahora, las urgencias de la caja municipal y la preservación de la gobernabilidad interna prevalecen por sobre los reclamos de un sector privado que asiste, con creciente inquietud, al inicio de un receso invernal atravesado por la parálisis deliberativa y la falta de estrategias de promoción unificadas.
Apelan el escandaloso archivo judicial que beneficia al asesor clave de la sociedad Mariani-Miconi
Tras la cuestionada decisión de la fiscalía de desestimar la denuncia por usurpación de título contra Ricardo Rodríguez, un recurso ante el Fiscal de Cámara busca reactivar el expediente. El entramado de complicidades políticas, corporativas y judiciales que busca garantizar la impunidad de la planificación a la carta en Mar del Plata.
La cuestionada trama de las excepciones urbanísticas en Mar del Plata enfrenta una nueva y decisiva encrucijada en los tribunales bonaerenses. Mientras la administración municipal mantiene una asombrosa velocidad para convalidar expedientes a medida de los grandes desarrolladores locales y un silencio sistemático frente a los reclamos de transparencia de la ciudadanía, el frente judicial comienza a cerrarse sobre los eslabones técnicos que viabilizan estos negocios de altura. En esta línea, un recurso de revisión presentado ante el Fiscal de Cámara Departamental busca reactivar la causa penal contra Ricardo Rodríguez, el hombre que aportó la firma profesional para sostener los proyectos de la constructora de Florencia Miconi a pesar de no estar legalmente habilitado para hacerlo. La presentación arremete contra la resolución del titular de la UFIJ N° 7, Carlos David Bruna, quien el pasado 12 de junio de 2026 dispuso el archivo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) N° 08-00-010453-26/00, caratulada "Rodríguez, Ricardo s/Usurpación de títulos u honores".
La denuncia original, formulada el 10 de marzo de 2026, expuso que Rodríguez suscribió, actuando formalmente como arquitecto, al menos dos informes técnicos que sirvieron como "fundamentación urbanística" para solicitar usos e indicadores especiales en bienes declarados de interés patrimonial. Estos documentos, tramitados bajo la Secretaría de Obras de Jorge “Guasa” González, no fueron un simple trámite consultivo: constituyeron el soporte indispensable para que el Concejo Deliberante sancionara las polémicas ordenanzas de excepción 26.448 y 26.533, las cuales pavimentaron el camino para la torre de 35 pisos de La Robla. Sin embargo, la farsa técnica quedó al descubierto al constatarse que la matrícula profesional de Rodríguez ante el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires se encuentra suspendida desde el año 2011. A pesar de esta flagrante irregularidad, el fiscal Bruna optó por desestimar las actuaciones recurriendo a un polémico criterio de oportunidad encubierto, justificando que el conflicto ya se debate en sede contencioso administrativa y en el propio colegio profesional, y que la intervención de Rodríguez era "meramente consultiva".
El escrito de apelación pulveriza los argumentos de la fiscalía con un riguroso repaso de la normativa vigente. En primer lugar, desmonta la teoría de la "doble ventanilla" señalando que el Colegio de Arquitectos, bajo el artículo 26 de la Ley 10.405, solo posee facultades disciplinarias sobre sus matriculados activos. Al estar suspendido desde hace quince años, la entidad carece de jurisdicción para sancionar a Rodríguez, por lo que la vía penal es la única herramienta idónea para investigar la usurpación de incumbencias. Del mismo modo, la apelación recuerda que el juicio de pretensión anulatoria que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 busca la invalidez de la ordenanza de excepción y no la determinación de responsabilidades penales de los particulares. De hecho, fue el propio juez de la causa, Simón Isacch, quien el pasado 29 de mayo de 2026 le sugirió de manera explícita a la representación de la actora que recurriera de manera directa a la justicia penal ante la gravedad de las irregularidades detectadas en el expediente.
La queja judicial es especialmente ácida al analizar el bien jurídico protegido por el artículo 247 del Código Penal. Al contrario de lo sostenido por el fiscal de instrucción, quien restó relevancia al informe de Rodríguez por considerar que no tuvo carácter de "dictamen pericial", la apelación subraya que la usurpación de títulos es un delito contra la fe pública. La doctrina penal es unánime al calificar esta figura como un delito de peligro abstracto o formal. Esto significa que la infracción se consuma por el solo hecho de arrogarse un título o suscribir un documento profesional sin la debida habilitación, con total independencia de si el Municipio o los concejales decidieron valorar o ignorar dicho insumo técnico a la hora de levantar la mano para aprobar la excepción. Convalidar el criterio de la fiscalía implicaría abrir una peligrosa vía de impunidad: bastaría con que el poder político declare que no leyó un informe apócrifo para que la conducta de quien lo firma quede libre de toda sanción legal.
La trascendencia de este recurso va mucho más allá de la situación particular de Rodríguez; golpea el corazón del andamiaje que une a la Fiduciaria Paisajes Urbanos de Florencia Miconi, a los arquitectos proyectistas Jerónimo Mariani y Oscar Cañadas, y a la propia cúpula de la Secretaría de Obras a cargo del "Guasa" González. En el mundillo político local es un secreto a voces la asimetría con la que opera la administración de General Pueyrredon: mientras se utilizan informes técnicos firmados por un profesional suspendido para dotar de una falsa pátina de legitimidad a rascacielos costeros, los estudios de impacto ambiental de esos mismos proyectos son validados por la firma de la ingeniera María Müller, quien casualmente es la esposa del secretario González.
La apelación advierte sobre el inminente riesgo de prescripción de la acción penal debido al paso del tiempo y solicita con urgencia que el Fiscal de Cámara revoque la desestimación y ordene llamar a Rodríguez a prestar declaración indagatoria. De lo contrario, la justicia marplatense no solo habrá archivado una denuncia, sino que consagraría la impunidad formal de un sistema donde las firmas sin respaldo legal cotizan al alza si sirven para aceitar los engranajes del capitalismo de excepción.
El offshore vuelve a escena: Milei reactiva la búsqueda de petróleo frente al Mar Argentino con una nueva licitación
El Gobierno nacional abrió el proceso para adjudicar un nuevo bloque de exploración en la Cuenca Argentina Norte. Se trata del área CAN_200, ubicada más al norte de los bloques frente a Mar del Plata. La decisión reaviva una agenda que había perdido protagonismo en los últimos meses y vuelve a poner al offshore en el radar energético.
Después de varios meses sin novedades en torno al desarrollo petrolero mar adentro, el Gobierno nacional volvió a mover una de las piezas de su estrategia energética. A través del Decreto 590/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei dio inicio al proceso para licitar un nuevo permiso de exploración offshore en la Plataforma Continental Argentina.
La medida apunta al área CAN_200, un bloque de aproximadamente 5.000 kilómetros cuadrados ubicado en la Cuenca Argentina Norte, más al norte de los sectores explorados frente a las costas de Mar del Plata. La decisión marca el regreso del offshore a la agenda oficial luego de un período sin avances visibles sobre nuevos proyectos en el Mar Argentino.
El decreto encomienda a la Secretaría de Energía, encabezada por María del Carmen Tettamanti, la convocatoria a un Concurso Público Internacional que permitirá adjudicar los permisos de exploración y, en caso de comprobarse la existencia de recursos comercialmente explotables, avanzar hacia una futura concesión de explotación.
La iniciativa tiene su origen en una manifestación de interés presentada en febrero de 2025 por la firma Challenger Energy Group PLC, que solicitó al Estado nacional evaluar la apertura del bloque para su desarrollo.
Una apuesta a largo plazo
Aunque el llamado a licitación representa apenas el puntapié inicial del proceso administrativo, el Gobierno ya definió el marco bajo el cual se desarrollará la exploración. El permiso tendrá una vigencia inicial de ocho años, con posibilidad de extensión conforme a la legislación hidrocarburífera vigente.
Desde la Casa Rosada sostienen que ampliar la exploración en aguas profundas resulta clave para incrementar el conocimiento sobre el potencial energético de la Plataforma Continental Argentina y, eventualmente, aumentar la producción de hidrocarburos.
La estrategia también apunta a captar inversiones internacionales. En ese sentido, el Ejecutivo delegó en la Secretaría de Energía la elaboración de los pliegos y todas las actuaciones necesarias para garantizar la participación de empresas con capacidad técnica y financiera para operar en este tipo de proyectos de alta complejidad.
Un nuevo capítulo para el offshore
La apertura del bloque CAN_200 no implica el comienzo inmediato de perforaciones ni operaciones extractivas. Antes deberán cumplirse las distintas etapas del proceso licitatorio, la adjudicación del área y los estudios exploratorios correspondientes.
Sin embargo, el decreto representa un nuevo impulso para una política energética que busca consolidar la exploración offshore como una de las apuestas de mediano y largo plazo del Gobierno nacional.
El desarrollo de hidrocarburos en el Mar Argentino volvió así al centro de la escena, aunque esta vez con un bloque ubicado más al norte de la zona que, años atrás, concentró el mayor debate político, ambiental y judicial frente a las costas de Mar del Plata.
La Justicia Federal habilitó la demanda contra el Consejo Federal Pesquero y abre un frente por los permisos
Tras el dictamen favorable de la Fiscalía, el organismo nacional deberá responder en un plazo de cinco días el planteo impulsado por FECOOPORT y el SUPA. El expediente comenzó a avanzar en los tribunales y pone en discusión el esquema de puntajes que, según las entidades portuarias, deja en desventaja a Mar del Plata frente a otros puertos del sur del país.
La disputa por la nueva licitación de permisos pesqueros sumó un capítulo clave y ahora tendrá un escenario distinto: los tribunales federales de Mar del Plata. Luego del dictamen del fiscal federal Daniel Adler, que consideró habilitada la vía judicial para analizar el planteo de inconstitucionalidad impulsado por la Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Navales, Pesqueras y Afines (FECOOPORT) y el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), el Juzgado Federal dio traslado de la demanda al Consejo Federal Pesquero (CFP), que contará con cinco días para contestarla.
La decisión representa el primer avance concreto de una presentación que busca revisar judicialmente la Resolución 6/2026 del CFP, especialmente el apartado del Anexo V que establece un sistema de puntajes diferenciales según el puerto donde se desembarquen las capturas, criterio que, según los demandantes, coloca a Mar del Plata en una posición de desventaja frente a otras provincias patagónicas.
En su dictamen, el fiscal entendió que existen elementos suficientes para habilitar el tratamiento del caso. "Considero que la vía se encuentra habilitada", concluyó Adler al analizar la presentación realizada por FECOOPORT y el SUPA.
La resolución judicial no implica todavía un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, pero sí abre formalmente el proceso y obliga al Consejo Federal Pesquero a defender la legalidad del esquema de evaluación establecido para otorgar los nuevos permisos de pesca.
La demanda sostiene que el sistema de puntuación beneficia a Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Río Negro, mientras asigna la menor valoración a la provincia de Buenos Aires, generando —afirman— una alteración artificial de las condiciones de competencia para acceder a las nuevas autorizaciones pesqueras.
En ese sentido, el dictamen fiscal también deja planteados varios interrogantes sobre la reglamentación aprobada por el Consejo Federal Pesquero. Al comparar la Resolución 6/2026 con la Ley Federal de Pesca, Adler advirtió que "cabría interrogarse si el criterio incorporado por la reglamentación impugnada, consistente en asignar una mayor puntuación en función del porcentaje de desembarques realizados en determinadas provincias, constituye una mera reglamentación de las pautas legales o si, por el contrario, importaría la incorporación de un parámetro de selección cualitativamente diferente".
Más adelante, el fiscal fue un paso más al señalar que la cuestión "adquiere relevancia institucional", ya que el Consejo Federal Pesquero tendría facultades para reglamentar las condiciones de otorgamiento de permisos, "mas no para redefinir los objetivos perseguidos por la propia ley mediante la introducción de políticas públicas ajenas a las finalidades expresamente contempladas en ella".
El dictamen también remarca que la Ley Federal de Pesca está orientada a la administración del recurso pesquero y no prevé expresamente competencias para implementar políticas de promoción territorial o redistribución regional mediante incentivos regulatorios. Incluso advierte que el mecanismo elegido para favorecer determinados puertos "podría suscitar interrogantes acerca de su adecuación al marco legal vigente y a los límites propios de la potestad reglamentaria".
Con el traslado ya dispuesto, el Consejo Federal Pesquero deberá responder los argumentos de la demanda y comenzará una discusión judicial que promete convertirse en una de las causas más relevantes para el futuro del sector pesquero. La resolución definitiva podría determinar si el sistema de puntajes establecido para distribuir los nuevos permisos se ajusta a la Ley Federal de Pesca o si, como sostienen las entidades marplatenses, introduce un criterio que perjudica al principal complejo pesquero e industrial del país.
La reforma de la Ordenanza 14.000 sumó nuevos pedidos de informes y seguirá en debate
El expediente impulsado por el PRO para modificar la regulación de la actividad nocturna no logró despacho. Concejales solicitaron informes a distintas áreas municipales y el debate continuará con la participación de vecinos y actores del sector.
La comisión de Industria, Comercio, Pesca, Innovación y Trabajo del Concejo Deliberante volvió a poner bajo la lupa la reforma de la Ordenanza 14.000, que regula la actividad nocturna en Mar del Plata. El expediente 1274, impulsado por el concejal del PRO Marcelo Cardoso, no logró avanzar y quedó supeditado a una nueva ronda de pedidos de informes que prometen estirar su tratamiento.
Aunque no integra la comisión, Cardoso asistió para defender personalmente la iniciativa. El edil pidió solicitar informes a Inspección General, al sindicato gastronómico para conocer el impacto laboral de la actividad nocturna y al área de Seguridad para evaluar la factibilidad de los cambios. Incluso invitó al resto de los bloques a incorporar nuevos requerimientos, al asegurar que "no tiene inconvenientes" en sumar más documentación antes de emitir despacho.
La respuesta no tardó en llegar. Desde la oposición aprovecharon la instancia para reorientar el debate hacia los reclamos vecinales y pidieron que Inspección General informe cuántas denuncias por ruidos molestos se registraron durante los últimos doce meses, discriminadas por zonas y con especial foco en los corredores gastronómicos. Al mismo tiempo, cuestionaron uno de los pedidos impulsados por Cardoso al señalar que el informe al sindicato gastronómico resulta redundante, ya que ese relevamiento está contemplado dentro del propio expediente.
En ese contexto, Juan Manuel Cheppi, quien encabeza la comisión, resolvió ampliar todavía más la cantidad de informes requeridos y propuso incorporar un informe de la Secretaría Legal, Técnica y Hacienda para evaluar el alcance jurídico y administrativo de la modificación de la ordenanza.
Con el expediente nuevamente postergado, el presidente de la comisión anticipó que en las próximas reuniones serán convocados vecinos que están a favor y en contra de la iniciativa, además de concejales que se ven involucrados a la Ordenanza 14.000. Así, una reforma que el oficialismo buscaba comenzar a encaminar quedó, por ahora, atrapada entre nuevos informes, cuestionamientos políticos y la disputa por imponer el eje del debate.
La Banca 25 encendió el recinto: una vecina apuntó contra Pulti y agitó el inicio del plenario
Mónica, vecina de Jardín de Stella Maris, expuso sobre la situación de abandono que atraviesa el barrio y denunció que un fomentista le aseguró que el sector no recibiría mejoras por no haber acompañado electoralmente al exintendente. "Yo soy libre de votar a quien quiera", aseguró.
La quinta Sesión Pública Ordinaria del Concejo Deliberante arrancó con más de 50 minutos de demora, pero la espera quedó rápidamente en un segundo plano. La Banca 25, ocupada por Mónica, vecina del barrio Jardín de Stella Maris, comenzó con un repaso de los problemas que atraviesa el sector —falta de luminarias, calles sin asfalto, inseguridad y ausencia de respuestas oficiales—, aunque terminó convirtiéndose en el primer gran foco de tensión política de la jornada.
"Ya no sabemos con quién hablar" y "estamos abandonados", resumió durante su exposición, en la que también cuestionó la falta de respuestas del delegado del Puerto, Patricio Ciminelli.
Sin embargo, el momento de mayor impacto llegó sobre el cierre de su intervención. La vecina relató una conversación que, según afirmó, mantuvo con el presidente de la Sociedad de Fomento, Miguel Chávez. Allí aseguró que el fomentista le manifestó que el barrio no tendría mejoras porque "no lo hemos votado a usted", en alusión a Pulti.
Mónica también sostuvo que Chávez mantiene una actitud "prepotente" y que suele expulsar a los vecinos "insultándolos" cuando reclaman. "Yo soy libre de votar a quien quiera", respondió la vecina desde la banca, antes de cerrar con un sugestivo: "Te lo dejo ahí".
La acusación cayó como una bomba en el recinto y obligó a Pulti a tomar la palabra para responder a los dichos. Más allá de la réplica del concejal, el episodio dejó instalada una discusión incómoda: la posibilidad de que las obras o respuestas del Estado queden asociadas al posicionamiento político de los vecinos. Sin aportar pruebas más allá de su testimonio, Mónica puso sobre la mesa una denuncia de fuerte contenido institucional que terminó desplazando el eje de la sesión, llevando el debate desde los reclamos barriales hacia la disputa política.
Cecilia Martínez se quedó con un lugar clave en el Consejo de la Magistratura bonaerense
Luego de varias semanas de negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza, la senadora provincial marplatense fue designada como miembro suplente de un organismo clave para la selección y control de jueces.
La disputa entre el PRO y La Libertad Avanza por el reparto de espacios dentro del Consejo de la Magistratura bonaerense llegó a su fin con una ganadora de origen marplatense. La senadora provincial Cecilia Martínez fue designada como miembro suplente del organismo, luego de varias semanas de negociaciones y cruces que habían postergado la definición.
La resolución terminó inclinando la balanza a favor del armado libertario que conduce en la Quinta Sección Electoral Alejandro Carrancio, quien logró imponer a una de sus dirigentes de mayor confianza en un ámbito de fuerte peso institucional, encargado de intervenir en los procesos de selección, evaluación y remoción de jueces en la provincia de Buenos Aires.
La discusión llevaba varias sesiones sin resolverse. Inicialmente, el nombre que aparecía con mayores posibilidades era el del senador del PRO Juan Manuel Rico Zini, aunque diferencias entre los socios legislativos de la oposición terminaron frenando su designación.
La negociación cambió de rumbo cuando el armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, hizo valer un entendimiento político con Diego Santilli para que los representantes libertarios en el Senado respondieran íntegramente a ese espacio. Con ese escenario, la candidatura de Martínez terminó imponiéndose.
La ausencia del presidente del bloque PRO, Pablo Petrecca, también incidió en la definición. Las conversaciones quedaron en manos del intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, quien acordó con el titular del bloque libertario, Carlos Curestis, postergar inicialmente la resolución. Sin embargo, con el correr de los días el escenario terminó favoreciendo a la representante libertaria.
Un casillero estratégico
El Consejo de la Magistratura es uno de los organismos con mayor incidencia dentro del esquema judicial bonaerense, ya que participa en los concursos para cubrir vacantes, eleva ternas de candidatos y tiene intervención en los procedimientos disciplinarios contra magistrados.
Por eso, la definición excede una mera designación administrativa y representa un movimiento político de relevancia dentro de la oposición provincial.
El recorrido de la marplatense
Abogada egresada de la Facultad de Derecho de Mar del Plata, Cecilia Martínez construyó su trayectoria política junto a Alejandro Carrancio. Antes de llegar al Senado provincial se desempeñó como asesora legislativa del hoy diputado nacional y, posteriormente, fue concejal de General Pueyrredon por La Libertad Avanza. Durante su paso por el HCD llegó a presidir el bloque libertario y, tras las elecciones de 2025, asumió como senadora provincial en diciembre de ese año.
Con esta designación, la dirigente suma ahora un nuevo espacio de influencia institucional y fortalece la presencia del armado libertario marplatense en uno de los organismos más sensibles de la estructura judicial bonaerense.
La apuesta de la OAM por ROISA abre interrogantes por el pasado de la firma
Mientras afiliados de la Obra Asistencial Mutual denuncian recortes en prestaciones y falta de transparencia tras el acuerdo con DoctoRed, el foco también se posa sobre el grupo empresarial. La empresa arrastra cuestionamientos por su intervención en otras obras sociales y recientemente quedó al frente de la intermediaria entre el IOMA y los policonsultorios bonaerenses. Ese historial alimenta la preocupación dentro de la mutual de los trabajadores municipales.
El desembarco del Grupo ROISA en la Obra Asistencial Mutual (OAM) volvió a poner bajo la lupa a una empresa que, lejos de pasar inadvertida en el sistema sanitario argentino, acumula antecedentes de conflictos e irregularidades denunciadas en distintas obras sociales del país. El convenio firmado entre la conducción de la mutual y DoctoRed, la prepaga del grupo empresario, reavivó interrogantes entre afiliados que observan con preocupación el recorrido de una firma cuya expansión estuvo acompañada de fuertes cuestionamientos.
"Nos enteramos en marzo de la migración automática de nuestro servicio de salud a DoctoRed (Grupo ROISA). Una decisión tomada a puertas cerradas por los directivos de OAM, sin convocatoria y sin la aprobación de una Asamblea de socios", sostienen afiliados que impulsan distintos reclamos contra la conducción de la mutual.
A esa denuncia suman una serie de problemas que, aseguran, comenzaron a profundizarse tras el convenio. Hablan de prestaciones restringidas, demoras en autorizaciones médicas, menos prestadores disponibles, aumentos en copagos y diferenciales, además de despidos de trabajadores y falta de respuestas por parte de la conducción de la institución.
Las dudas no se centran únicamente en el presente de la OAM. El nombre de ROISA aparece vinculado a conflictos registrados en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) Formosa y, más recientemente, en la Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados (ACEAPP), la entidad que intermedia entre el IOMA y los 232 policonsultorios distribuidos en la provincia de Buenos Aires.
En ese contexto, el acuerdo con DoctoRed quedó inevitablemente atravesado por esos antecedentes. Mientras la conducción de la OAM sostiene que el convenio busca ordenar el sistema y garantizar su sustentabilidad, sectores de afiliados denuncian que la implementación derivó en una reducción de prestaciones y cuestionan la forma en que se tomó la decisión.
Pero gran parte de la preocupación excede la situación interna de la OAM. Los afiliados observan con inquietud el recorrido del Grupo ROISA. La empresa, encabezada por Marcelo Shwiff, fue objeto de cuestionamientos por su participación en distintas estructuras sanitarias. Uno de los casos más resonantes fue el del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, donde durante este año denunciaron más de quince falencias en las prestaciones y advirtieron sobre un proceso de vaciamiento de obras sociales.
Las críticas también alcanzaron a OSPRERA. Allí, distintas reestructuraciones en los convenios con prestadores privados fueron asociadas por referentes del sector con retrasos en los pagos y dificultades operativas para clínicas y policonsultorios. En IOSFA Formosa, en tanto, el desembarco de empresas vinculadas al mismo grupo coincidió con una fuerte reducción de la oferta médica y la pérdida de la libre elección de prestadores.
A ese escenario se suma el reciente control operativo de la ACEAPP, la asociación que funciona como intermediaria entre el IOMA y la red de policonsultorios bonaerenses. El avance de ROISA sobre esa estructura despertó nuevas críticas de prestadores y profesionales de la salud, que advirtieron que la firma desembarca en un esquema que ya arrastraba problemas de pagos, cobertura y acceso a las prestaciones.
Ese historial es el que hoy alimenta la incertidumbre entre parte de los afiliados de la OAM. Incluso aparecen cuestionamientos hacia Fernanda Salazar, representante de ROISA dentro de la mutual, a quien algunos sectores acusan de no brindar respuestas frente a los reclamos e incluso denuncian situaciones de maltrato hacia trabajadores.
De esta manera, el debate en torno a la OAM dejó de centrarse exclusivamente en los cambios internos de la mutual. El foco también se trasladó hacia la empresa elegida para administrar el nuevo esquema sanitario, una firma que llega a Mar del Plata con un prontuario de conflictos que, para muchos afiliados, constituye la principal señal de alarma.
El Concejo Deliberante sesionó en piloto automático tras el pase de la Selección a la final del Mundial 2026
Bajo la resaca festiva de la histórica victoria ante Inglaterra, la quinta sesión ordinaria transcurrió sin grandes debates de fondo. El oficialismo hizo pesar sus números para aprobar el PROGERAC, prolongar el fomento constructivo y convocar a una Jornada de Trabajo por el conflicto de IOMA, mientras la oposición reclamó por proyectos trabados.
Mar del Plata amaneció envuelta en una atmósfera de júbilo deportivo tras el histórico triunfo de la Selección Argentina masculina de fútbol frente a Inglaterra, que selló el ansiado pase a la final del Mundial 2026. Este clima de festejo colectivo se trasladó de manera inevitable al recinto de sesiones del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, donde este jueves se desarrolló la 5º Sesión Ordinaria del 111º Período Legislativo. Bajo una modorra generalizada y con la atención política inevitablemente dispersa por la gesta deportiva, la jornada transcurrió en una suerte de piloto automático, caracterizada por la ausencia de discursos encendidos y un trámite expeditivo que, no obstante, dio luz verde a iniciativas clave en materia de infraestructura y desarrollo urbano.
El debate de mayor relieve giró en torno al Expediente 1205/26, que crea el Programa de Gestión y Ejecución de Obras Públicas de Extensión de Redes de Agua y Cloacas (PROGERAC). Desde la oposición se plantearon severos reparos al afirmar que el proyecto "profundiza la desigualdad" en el partido. Sin embargo, el interbloque oficialista abroqueló posiciones en su defensa. Desde La Libertad Avanza —fuerza que conduce Obras Sanitarias (OSSE) a través de Tomás Amato— se argumentó que el PROGERAC "amplía las libertades de los vecinos de Mar del Plata y Batán". En la misma sintonía, el bloque del PRO desestimó los cuestionamientos opositores señalando que la herramienta "no es excluyente" y apuntando contra la "dicotomía" planteada en el recinto, tras recordar que en el barrio bajo análisis menos del 40% de los vecinos actualmente abona las tarifas de la empresa sanitaria.
La respuesta de los bloques opositores no tardó en llegar, asegurando que no existía tal contradicción y manifestando que todos los sectores se encuentran trabajando para garantizar que la totalidad de los habitantes acceda a los servicios públicos esenciales. Por su parte, la bancada de la UCR+Nuevos Aires, el sector más dialoguista del oficialismo, reconoció que existen realidades complejas en "ambos lados del mostrador". Sin embargo, enfatizó que la aprobación del programa no implica desamparar a quienes no puedan afrontar los costos, sino generar alternativas viables como "una posibilidad más". Esta postura fue respaldada por el monobloque de la Coalición Cívica (CC), que consideró fundamental sumar esta alternativa para la ciudadanía. Finalmente, el expediente fue aprobado por mayoría con el voto negativo de Unión por la Patria (UP), Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF) y el Frente Renovador (FR).
El desarrollo urbano de la ciudad también sumó un espaldarazo significativo mediante la aprobación del Expediente 1397/26. Este proyecto prorroga por 18 meses el plazo establecido por la Ordenanza Nº 25.113, referida al Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción. Se trata de la tercera prórroga de esta normativa, sancionada por unanimidad con la abstención de los bloques de UP, AM-MDF y FR. Al respecto, el concejal Fernando Muro (PRO) defendió la prórroga como "una política de crecimiento e incentivo indispensable para la construcción", y fundamentó que el Código de Ordenamiento Territorial (COT) es "un instrumento dinámico que se va transformando en respuesta a la planificación de la ciudad". Bajo el mismo consenso técnico, el cuerpo convalidó por unanimidad el Expediente 1437/26, que modifica criterios urbanísticos del artículo 3.2.6.6. del COT para obras a ejecutar.
La nota de fricción de la sesión se produjo durante el tratamiento de dos expedientes impulsados por la oposición: el 1403/26, que declaraba de interés el III Encuentro Nacional del Movimiento Federal Revolución de las Viejas, y el 1521/26, que otorgaba un reconocimiento al colectivo artístico Mardel Danza. Desde el bloque del PRO se mocionó el retorno de ambos proyectos a sus respectivas comisiones debido a objeciones en sus "considerandos y articulados". Haciendo valer su mayoría automática, el oficialismo impuso la vuelta a comisión frente a las airadas quejas de la oposición, que reclamaba que se votaran las iniciativas de manera directa: "Si no lo quieren acompañar, que lo voten negativo. ¿Para qué lo quieren en comisión si no lo van a votar?", fustigó la bancada opositora. Asimismo, se aprobó por unanimidad —con abstención del arco opositor— el Expediente 1522/26, que convoca a una Jornada de Trabajo para abordar las deficiencias de IOMA que afectan a los afiliados locales.
La sesión concluyó de una manera tan atípica como pintoresca, evidenciando que la política local no permaneció ajena a la fiebre mundialista. Tras levantarse la sesión, el área de prensa del Concejo proyectó en el recinto un video especial con los momentos más vibrantes del partido de semifinales frente a Inglaterra. Con la adrenalina del triunfo a flor de piel, los concejales de todas las bancadas se unieron en un solo canto, saliendo del recinto eufóricos y alentando al seleccionado en su camino hacia la final del mundo. Mientras la efímera unión del fútbol lograba pausar las diferencias ideológicas de la grieta, el partido de General Pueyrredon continuaba sumergido en sus problemáticas diarias, a la espera de que la misma sintonía colectiva se traduzca en mejoras concretas para la vida cotidiana de sus vecinos.
La crisis del EMTURyC de Diego Juárez desata una fuerte interna antes del receso invernal
La ausencia de un FanFest oficial por el Mundial, la falta de propuestas para las vacaciones de invierno y la fuga de eventos clave como el Enduro de Invierno —pese a que General Pueyrredon cuenta con 19 veces más presupuesto para turismo que Pinamar— profundizan el descontento con la gestión del excompañero devenido en libertario Diego Juárez; un funcionario cercado por las críticas de la oposición y de sus propios aliados políticos. Internas, cruces y polémicas sobrevuelan Mar del Plata.
A escasos días del inicio de las vacaciones de invierno, programado para el próximo lunes 20 de julio, el clima en Mar del Plata dista mucho del entusiasmo que solía caracterizar a las vísperas de la temporada baja. En lugar de una agenda activa de espectáculos, propuestas culturales y promoción turística que atraiga a público nacional e internacional, la ciudad se encuentra sumida en una profunda parálisis administrativa y política. Las mayores miradas de reproche apuntan de manera directa hacia el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), conducido por Diego Juárez, cuya gestión enfrenta un duro cuestionamiento que ya superó las fronteras de la oposición para instalarse con fuerza en las filas de la propia coalición oficialista.
El descontento local cobró una visibilidad ineludible en el plano deportivo y social. Mientras la Selección Argentina se prepara para disputar la final del Mundial 2026 frente a España el próximo domingo 19 de julio, tras una campaña invicta de siete partidos, la ciudad se quedó sin un espacio público oficial para congregar a los hinchas. La comparación con la histórica experiencia de Qatar 2022 es inevitable: en aquella oportunidad, la gestión anterior coordinó un exitoso FanFest que movilizó a miles de personas en la costa. Este año, la inacción y falta de previsión del ente municipal privaron a Mar del Plata de un evento de magnitudes masivas, un hecho que genera tanto fastidio vecinal como incomodidad en los pasillos del Palacio Municipal, donde califican la omisión como un error imperdonable de cara a la identidad turística local.
A este escenario se suma la pérdida de capital cultural y deportivo de la comuna. El Enduro de Invierno, una competencia que rápidamente se había consolidado como un clásico de la agenda marplatense y un importante motor de reactivación económica para el sector hotelero y gastronómico en temporada baja, resolvió mudar su sede a la vecina localidad de Pinamar. Mientras el EMTURyC cuenta con un presupuesto que supera los 26.000 millones de pesos, la secretaría de Turismo y Deporte de Pinamar cuenta con 1.400 millones de pesos. Una diferencia abismal, pero que muestra a las claras la eficiencia o no de las gestiones. Así, la fuga de este evento estratégico expone las dificultades de interlocución del ente con los organizadores privados, una problemática que también se traslada al empresariado local. En el sector comercial existe un creciente recelo a participar de las licitaciones públicas del EMTURyC debido a las severas demoras en los pagos, una dinámica que desalienta la inversión privada y desgasta la confianza de los proveedores locales en el mediano plazo.
En el plano estrictamente político, la figura de Diego Juárez unifica críticas transversales. Con más de siete meses en el cargo, su procedencia y su errático recorrido partidario —con pasado en el peronismo militante, un posterior paso por las filas de Daniel Scioli y (de la mano de este) su actual reconversión hacia el oficialismo nacional de La Libertad Avanza— alimentan el escepticismo de sus pares. Dentro de la coalición que gobierna el municipio, tanto concejales como funcionarios coinciden de manera reservada en que el nombramiento de un perfil sin trayectoria probada ni experiencia en la administración pública de áreas tan sensibles como turismo y cultura representaba un riesgo predecible que hoy se traduce en una preocupante falta de iniciativa.
La inminencia del receso invernal expone de manera cruda las consecuencias de esta transición. Con una coyuntura macroeconómica que ya de por sí condiciona el consumo familiar, la ausencia de un programa unificado de atractivos y actividades coloca a Mar del Plata en una posición de vulnerabilidad frente a otros destinos nacionales que sí han salido a disputar el mercado invernal con promociones y propuestas creativas. En este marco de incertidumbre, la pregunta que domina la agenda política local no es solo cuántos visitantes recibirá la ciudad en las próximas dos semanas, sino cómo se reconfigurará la conducción de un área clave que, según sus propios aliados, hoy carece de rumbo y de gestión.
El mapa que la política no actualiza: la deuda del ejido urbano
La expansión de la ciudad choca con un límite administrativo que condiciona la llegada de obras y servicios básicos. El debate sobre el futuro del territorio sigue empantanado entre expedientes, informes técnicos y falta de definiciones políticas.
General Pueyrredon se expande desde hace años con nuevos barrios, urbanizaciones privadas y asentamientos que modifican el mapa de la ciudad. Sin embargo, el límite oficial del ejido urbano permanece prácticamente inalterable desde hace más de sesenta años. Esa falta de actualización no es solo una cuestión administrativa: condiciona la planificación del crecimiento, demora la llegada de infraestructura y deja a miles de vecinos en zonas donde el Estado responde de manera fragmentada.
La discusión lleva años sobre la mesa, pero nunca logra salir del laberinto burocrático. El Registro Nacional de Barrios Populares ya identifica más de 70 asentamientos en el distrito y, desde 2023, distintos sectores impulsan la incorporación de barrios como Jardín de Alto Camet, Las Dalias, Parque Peña y Félix U. Camet al ejido urbano. Sin embargo, la iniciativa continúa frenada entre pedidos de informes y dictámenes de áreas como Obras, Transporte, OSSE y EMVIAL, sin que el Ejecutivo avance con una definición política.
El contraste resulta evidente. Mientras el crecimiento urbano continúa empujando los límites reales de la ciudad, la planificación sigue atada a un esquema territorial pensado para otra Mar del Plata. La necesidad de ampliar el ejido ya figuraba como una prioridad en el Plan Estratégico de 2004, pero más de veinte años después el debate sigue sin traducirse en decisiones. En un año atravesado por la campaña electoral, la discusión sobre el modelo de ciudad vuelve a quedar relegada frente a la disputa por nombres y candidaturas, mientras la expansión del distrito continúa corriendo por delante del Estado.
Prorrogaron los incentivos a la construcción, pero el régimen de compensaciones sigue en el limbo
La extensión fue aprobada por unanimidad hasta fines de 2027, aunque el proyecto para regular las contraprestaciones que deben realizar los desarrolladores continúa sin avances tras más de cuatro años de demoras.
El Régimen Promocional para la Reactivación de la Industria de la Construcción sumó este jueves otros 18 meses de vida. La aprobación unánime de la prórroga hasta fines de 2027 le dio continuidad a una de las principales herramientas con las que el Municipio busca sostener el movimiento del sector inmobiliario. Sin embargo, detrás del consenso volvió a quedar al descubierto una ausencia que ya se transformó en costumbre: las compensaciones urbanísticas siguen sin un marco regulatorio definitivo.
La extensión de la Ordenanza 25.113 llegó sin sobresaltos. Todos los bloques del oficialismo acompañaron y la oposición se abstuvo de votar la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, que mantiene vigentes beneficios administrativos y urbanísticos para promover nuevos desarrollos. Pero el debate volvió a dejar flotando una pregunta que hace más de cuatro años espera respuesta: ¿bajo qué reglas se determinan las contraprestaciones que deben asumir los privados cuando obtienen excepciones al Código de Ordenamiento Territorial?
La discusión no es nueva. En 2021 el propio Concejo creó una comisión especial con la misión de redactar un régimen que fijara criterios objetivos para calcular, controlar y transparentar esas compensaciones. Desde entonces, la historia se repitió una y otra vez: prórrogas, anuncios y ningún texto definitivo.
El último plazo para presentar un anteproyecto venció el 10 de febrero del 2026, luego de una extensión de 180 días aprobada por el oficialismo. Desde aquella fecha no hubo novedades públicas sobre el trabajo de la comisión ni señales de que el expediente vuelva a moverse. En los pasillos del Palacio Municipal, la explicación se mantiene inalterable: "no hay novedades de arriba".
La consecuencia práctica es que el esquema continúa funcionando sin una norma general. Cada excepción urbanística sigue analizándose de manera particular y las compensaciones se negocian caso por caso, un mecanismo que desde distintos sectores políticos cuestionan por la discrecionalidad que puede generar.
Paradójicamente, mientras el régimen de incentivos gana tiempo, el instrumento que debía aportar previsibilidad y transparencia continúa detenido. Los desarrollos inmobiliarios siguen encontrando una herramienta para acceder a beneficios, pero el debate sobre cómo se valoran y controlan las contraprestaciones permanece archivado.
La prórroga aprobada en la quinta Sesión garantiza que los incentivos seguirán vigentes durante un año y medio más. Lo que todavía no tiene fecha es la discusión de fondo. Cuatro años después de la creación de la comisión especial, las compensaciones urbanísticas continúan siendo una promesa pendiente, mientras las excepciones al Código y los expedientes vinculados al desarrollo urbano nunca dejaron de avanzar.