20 de julio de 2026
CAMBIOS
El Gobierno modificó la reglamentación de la reforma laboral tras un reclamo de la CGT
La nueva norma amplía la base de cálculo de las cuotas solidarias y excluye determinados aportes patronales del límite del 2%, tras negociaciones entre el Gobierno y la central obrera.
El Gobierno nacional modificó la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral mediante el decreto 612/2026, luego de negociaciones con la CGT. La nueva norma reemplazó un criterio establecido por el decreto 407, que fijaba como base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes sindicales el salario básico convencional, una disposición que había sido cuestionada por el movimiento obrero por su impacto sobre el financiamiento gremial.
Con la nueva reglamentación, el cálculo del tope del 2% se realizará sobre el salario básico más las remuneraciones normales, habituales y de pago mensual previstas en los convenios colectivos. Al mismo tiempo, quedaron excluidos de esa base conceptos como horas extras, bonos, premios, aguinaldo, plus vacacional y sumas no remunerativas, entre otros ingresos extraordinarios.
El decreto también estableció que los aportes y contribuciones patronales destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales no estarán alcanzados por el límite del 2%, siempre que sean administrados y registrados por separado. La medida beneficia especialmente a los recursos que financian las obras sociales sindicales y otros fondos previstos en los convenios colectivos.
Los cambios fueron el resultado de conversaciones reservadas entre dirigentes de la CGT y funcionarios del Gobierno, que se intensificaron tras la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Desde la central obrera interpretaron la decisión como una rectificación de la reglamentación anterior y una respuesta a uno de los principales reclamos planteados durante la implementación de la reforma laboral.
La Ley 27.802 ya había mantenido las cuotas solidarias dentro del sistema de relaciones laborales, aunque fijó un tope del 2% sobre las remuneraciones. Sin embargo, la reglamentación original había restringido la base de cálculo al salario básico convencional, lo que motivó el reclamo sindical. Con el nuevo decreto, el Ejecutivo modificó ese criterio y redefinió el esquema de financiamiento previsto para los sindicatos.