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Martes, 21 julio 2026
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21 de julio de 2026
ESCÁNDALO NACIONAL

¿Trama de impunidad?: el colapso del Parque de los Deportes

El apagón eléctrico en el Minella desnudó la cara más profunda de una concesión acorralada por la opacidad, contratos perjudiciales para la ciudad y sospechas de connivencia política que hoy busca desentrañar la Justicia.

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El reciente corte del suministro eléctrico en el Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas dejó de ser un hecho contingente para convertirse en la síntesis perfecta del fracaso. Sin embargo, reducir la crisis a una deuda millonaria con la empresa distribuidora de energía sería recortar la dimensión real del problema. La oscuridad que hoy envuelve a los principales escenarios deportivos de Mar del Plata no es meramente técnica, sino política y estructural. Lo que originalmente se vendió como la privatización salvadora y el "proyecto estrella" para poner en valor el patrimonio municipal ha derivado en un entramado de irregularidades, silencio oficial y un modelo de gestión que parece actuar en perjuicio sistemático de la comunidad.

La génesis del proceso ya insinuaba su desenlace. Desde las etapas previas al llamado a licitación, la opacidad se convirtió en la norma rectora. La reticencia a transparentar la información, la negativa a responder los pedidos de acceso al contrato presentados por organizaciones civiles y la prisa con la que se tramitó el expediente en el Concejo Deliberante dieron cuenta de una decisión deliberada de eludir la rendición de cuentas. Resulta difícil de explicar cómo, mientras la frágil trayectoria financiera y los cuestionados antecedentes de la firma brasileña Revee eran un secreto a voces en el ámbito empresarial, los funcionarios locales se mostraron ciegos ante la evidencia y aceptaron condiciones severamente desfavorables para General Pueyrredon.

La narrativa oficial intentó blindar el fiasco apelando a supuestas inversiones millonarias que jamás se tradujeron en obras reales. El discurso de un supuesto desembolso de tres millones de dólares contrasta de manera abrumadora con la realidad edilicia del predio, donde las únicas intervenciones visibles no pasan de un alambrado. Mientras tanto, la empresa continuó explotando espectáculos, cobrando tarifas a clubes locales históricamente eximidos por ordenanza y acumulando pasivos, sin que el Estado municipal exigiera las garantías mínimas o retuviera los fondos correspondientes. Llegados a este punto, la hipótesis de la impericia inicial o el error de buena fe empieza a quedar descartada. Cuando el Ejecutivo decide no labrar las actas de infracción, omite las intimaciones formales y ratifica en sus cargos a los funcionarios que articularon el negocio, el escenario migra de la incapacidad técnica hacia la presunción de connivencia e impunidad.

El aspecto más alarmante de esta trama reside en la propia arquitectura jurídica diseñada en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Al incorporar cláusulas que obligan al Municipio a dirimir controversias sobre la caducidad o rescisión del contrato ante tribunales internacionales de arbitraje como el CIADI o la Corte Permanente de La Haya, la administración local entregó su propio margen de maniobra. Enfrentar un pleito de esa magnitud implica contratar estudios de abogados en el exterior con costos prohibitivos para el erario público, dejando al gobierno local atrapado en un contrato que actúa como un verdadero blindaje para la concesionaria privada.

Frente a la táctica y estrategia del Ejecutivo, el centro de gravedad de esta disputa se ha desplazado al ámbito judicial. Las declaraciones brindadas por los concejales en la fiscalía federal comienzan a confirmar las presiones y la falta de información con la que se aprobó la licitación, al tiempo que las organizaciones de la sociedad civil buscan legitimación procesal para movilizar la causa. En un contexto donde los mecanismos internos de auditoría municipal han sido desactivados, la intervención de la Justicia y el escrutinio público constante emergen como los únicos cuestionamientos para evitar que la avidez por privatizar liquide definitivamente el patrimonio deportivo de la ciudad.

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