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La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Serga.NET
3 de agosto de 2026
De cara a 2027, la inseguridad empieza a entrar en campaña y la demagogia gana terreno
Tras el cacerolazo vecinal y una seguidilla de homicidios que conmocionó a Mar del Plata, la seguridad comenzó a transformarse en el principal eje de la discusión política. Municipio, Provincia y Nación se reparten responsabilidades, mientras la Justicia vuelve a quedar en el centro de un debate que promete profundizarse rumbo a las elecciones del año que viene.
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Con el Mundial terminado, las vacaciones de invierno ya archivadas y el calendario electoral todavía lejano, la política marplatense comenzó a mirar un tema que promete dominar la agenda de aquí hasta 2027: la inseguridad. Lo que durante meses fue una preocupación cotidiana de los vecinos empieza a transformarse, lentamente, en una herramienta de confrontación entre oficialismos y oposiciones de los distintos niveles del Estado.
El cacerolazo realizado la semana pasada en Mar del Plata, aunque sin la convocatoria masiva que algunos esperaban, dejó un mensaje claro. El reclamo ya no apunta únicamente contra los delincuentes, sino también hacia una dirigencia que parece más ocupada en repartir responsabilidades que en construir respuestas coordinadas.
La seguidilla de hechos ocurridos durante el fin de semana terminó de acelerar ese proceso. Tres homicidios en menos de 24 horas —el asesinato del comerciante Ricardo Ruiz durante un asalto, el crimen del chofer de aplicación Alberto Rodríguez y el brutal femicidio de Mailén, una joven de 24 años asesinada tras acudir a una supuesta entrevista laboral— volvieron a instalar el debate sobre la seguridad en el centro de la escena. A ellos se sumaron tiroteos, robos violentos y una creciente sensación de vulnerabilidad que atraviesa tanto a los barrios periféricos como al centro de Mar del Plata.
A partir de allí comenzó un fenómeno conocido en la política argentina: las redes sociales se poblaron de publicaciones, comunicados y declaraciones de dirigentes que rápidamente encontraron responsables. Algunos apuntaron al Municipio; otros a la Provincia; otros al Gobierno nacional. Cada espacio político buscó acomodar el discurso de acuerdo con su conveniencia electoral.
Sin embargo, el mapa institucional muestra una realidad mucho más compleja que los eslóganes. El Municipio, hoy encabezado por Agustín Neme, administra herramientas preventivas como el Centro de Operaciones y Monitoreo, la Patrulla Municipal y los controles de tránsito, además de coordinar acciones con las fuerzas provinciales. La Policía Bonaerense depende del gobierno de Axel Kicillof, a través del Ministerio de Seguridad que conduce Javier Alonso. Y la Nación también interviene mediante las fuerzas federales cuando existen operativos específicos o investigaciones de delitos complejos. Pero hay un actor que muchas veces queda relegado del debate político y cuya incidencia resulta determinante: la Justicia.
La discusión sobre reincidentes que recuperan rápidamente la libertad, menores involucrados en hechos violentos que no permanecen detenidos, causas que avanzan lentamente o sentencias que generan rechazo social vuelve una y otra vez al centro del debate. Sin decisiones judiciales oportunas y eficaces, sostienen distintos especialistas en seguridad, cualquier política preventiva encuentra límites difíciles de superar.
Eso no exime de responsabilidades al resto del Estado. La prevención del delito requiere planificación, presencia territorial, controles efectivos y coordinación permanente. En Mar del Plata, por ejemplo, los operativos sobre motocicletas irregulares, las caravanas nocturnas, las picadas y los rodados sin documentación continúan siendo uno de los principales reclamos vecinales, al considerar que muchos hechos delictivos son cometidos por motochorros o vehículos fuera de regla.
El problema es que esa complejidad suele desaparecer cuando comienza la disputa electoral. Allí predominan las consignas simples, los cruces por redes sociales y la búsqueda de un responsable único para un fenómeno que involucra a varios poderes del Estado.
La particularidad del escenario marplatense es que cada nivel de gobierno responde a un signo político distinto. El Municipio está gobernado por el PRO junto a sus aliados radicales y libertarios; la Provincia permanece bajo la conducción del peronismo con Axel Kicillof; y la Nación es administrada por La Libertad Avanza de Javier Milei. Ese tablero hace todavía más difícil construir una estrategia común y favorece que la seguridad se transforme en un terreno de disputa permanente.
La experiencia demuestra que, cuando se acercan las elecciones, la inseguridad suele convertirse en uno de los temas más utilizados para interpelar al electorado. Todo indica que esta vez no será la excepción. De aquí a 2027 aumentarán las estadísticas, los cuestionamientos cruzados, las promesas y las propuestas. La incógnita será si también crecerán los acuerdos para enfrentar un problema que, lejos de distinguir colores políticos, golpea todos los días a los vecinos de Mar del Plata.