La Tecla Mar del Plata
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La privatización del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes sigue trayendo tela para cortar. Lo que el Municipio presentó como una salida para que el sector privado se hiciera cargo de la recuperación y puesta en valor del complejo deportivo hoy transita entre cambios societarios, la sombra de la firma brasileña, cuestionamientos por la capacidad financiera, cheques rechazados y obras que todavía no alcanzan el ritmo esperado.
A ese escenario se suma ahora un movimiento clave: Minella Stadium busca transferir el 87,5% de sus acciones a Perfecta Producciones S.A., una sociedad vinculada al empresario Marcelo Figoli, referente de Fénix Entertainment. El pedido deberá ser autorizado por el Municipio y ya motivó la intervención de distintas áreas del Ente Municipal de Deportes (Emder), que resolvió conformar una comisión especial para analizar la operación.
Pero el cambio de manos aparece en un momento particularmente sensible para la concesión. La empresa que tiene a su cargo el complejo arrastra cuestionamientos vinculados con su capacidad para afrontar las obligaciones asumidas y presenta indicadores financieros que encendieron las alarmas.
Entre junio y julio de 2026, Minella Stadium registró 25 cheques rechazados por falta de fondos por un total de $589,39 millones. En junio fueron 13 documentos por $193,67 millones, mientras que en julio se sumaron otros 12 por $395,71 millones.
A esto se agrega una deuda con el sistema financiero de $221,73 millones, concentrada principalmente en BR Capital S.A., con unos $208,3 millones, además de obligaciones registradas con Banco Galicia. El cuadro derivó en una calificación crediticia de 394 puntos.
El dato adquiere especial relevancia porque la concesión fue adjudicada bajo la premisa de que el sector privado aportaría los recursos necesarios para transformar el complejo. El proyecto contempla inversiones de magnitud y una explotación durante décadas, con la expectativa de que el Estado municipal dejara de cargar con el mantenimiento y pudiera recuperar un espacio emblemático de la ciudad.
La ecuación, sin embargo, empieza a mostrar otra cara: la empresa concesionaria enfrenta dificultades financieras mientras tiene por delante compromisos de inversión millonarios y, al mismo tiempo, pretende modificar sustancialmente quiénes están detrás de la sociedad.
Dos proyectos y varias preguntas en el Concejo
La situación volvió a discutirse este miércoles en la Comisión de Deportes del Concejo Deliberante, donde fueron tratados dos proyectos de comunicación sobre la concesión, uno presentado por el kirchnerismo y otro por el sector alineado con el kicillofismo.
Durante el debate, desde Unión por la Patria cuestionaron la situación de Minella Stadium y pusieron el foco en distintos aspectos del contrato. Entre ellos, mencionaron las obras que todavía no fueron concretadas, el corte del suministro eléctrico que afectó al complejo y las dudas sobre la capacidad económica de la concesionaria.
La oposición también puso bajo la lupa la forma en que se acreditaron los antecedentes durante el proceso licitatorio. Uno de los cuestionamientos apuntó a que Minella Stadium fue constituida en 2024, pese a que en la evaluación de la licitación se consideró la experiencia de las empresas que se encontraban detrás de la sociedad.
Ese punto vuelve a aparecer ahora con fuerza. Una de las compañías que integró el armado original fue Revee, cuya experiencia en la administración de infraestructura deportiva fue parte de los antecedentes exhibidos para el proyecto.
El antecedente de Revee y el estadio brasileño
Revee no es un nombre ajeno al negocio de las concesiones deportivas. En Brasil, la compañía administra el complejo Fonte Luminosa de Araraquara, que reúne el estadio Olivério Bazzani Filho, con unas 20 mil localidades, el gimnasio Gigantão, un centro de convenciones, un pabellón de exposiciones y una explanada para eventos. En total, se trata de más de 300 mil metros cuadrados concesionados durante 35 años, bajo un contrato firmado en 2023 cuyo valor alcanza los R$367,8 millones, entre inversiones, gastos y canon de concesión.
El caso adquirió particular relevancia en Brasil a partir de la situación de Reag Investimentos, grupo al que está vinculada Revee. De acuerdo con lo que reveló el medio brasileño NeoFeed, João Carlos Mansur, fundador de Reag y hasta entonces presidente del directorio de Revee, dejó ese cargo un día antes de que el Banco Central de Brasil decretara la liquidación extrajudicial de CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, nueva denominación de Reag Investimentos. La resolución del organismo financiero también estableció la indisponibilidad de los bienes de los controlantes y exadministradores de la entidad. Mansur, además, había sido alcanzado por investigaciones de la Policía Federal relacionadas con el caso Banco Master.
El dato que vuelve todavía más llamativo el antecedente es que el contrato de la Fonte Luminosa contempla expresamente situaciones que pueden derivar en la rescisión. El acuerdo establece que ningún representante de la concesionaria puede estar bajo investigación por denuncias de soborno o corrupción ni ser sospechoso de lavado de dinero. El documento también prevé la posibilidad de terminar el vínculo si la empresa se disuelve, quiebra, solicita recuperación judicial o inicia un proceso de liquidación.
Además, la estructura societaria de la concesión brasileña no era menor. Según datos de la Junta Comercial de San Pablo, Reag e Integritate formaban parte de la sociedad concesionaria, mientras que Mansur había trabajado anteriormente en WTorre y se había asociado con Luis Davantel, exdirector financiero de esa empresa y fundador de Integritate. En diciembre de 2024, la Municipalidad de Araraquara autorizó mediante una adenda el traspaso de la gestión del proyecto a Revee, también controlada por Reag.
Hay otro elemento que también resulta significativo: pese a que la concesión había quedado en manos privadas y el contrato establecía obligaciones de modernización, la Municipalidad de Araraquara continuó destinando recursos públicos para intervenir el complejo deportivo. Según la información publicada por NeoFeed, el gobierno local proyectó invertir R$3,7 millones en iluminación LED del estadio y el gimnasio, luego de haber destinado otros R$4,2 millones a tareas de mantenimiento.
Revee, por su parte, sostuvo ante NeoFeed que venía cumpliendo regularmente con sus obligaciones contractuales y afirmó haber destinado R$21,8 millones entre inversiones, gastos operativos y eventos propios. También señaló que había abonado R$11,5 millones en concepto de canon fijo y variable y que no veía riesgo de rescisión de la concesión.
El antecedente brasileño no permite trasladar automáticamente esos hechos a la concesión del Minella ni supone por sí mismo una irregularidad en Mar del Plata. Pero adquiere relevancia al reconstruir la historia de Minella Stadium, porque Revee fue una de las empresas que estuvo detrás del armado original de la concesionaria y su experiencia fue utilizada como antecedente para sostener la propuesta que terminó quedándose con el complejo deportivo.
El nuevo mapa detrás del Minella Stadium
La eventual entrada de Perfecta Producciones modifica nuevamente el escenario societario. La firma fue constituida en 2019 y tuvo desde entonces como presidente a Marcelo Figoli. Desde 2025, sus autoridades pasaron a ser Rubén Darío Montes, como presidente y director, y Gisela Asmundo, como directora suplente.
Montes, además, fue quien asumió la presidencia de Minella Stadium tras una asamblea en la que se aceptaron las renuncias de Eduardo Spinosa, Leonardo Falbo Donato, Alberto Javier Schmidt, Rafael Trevisán y Santiago Claria. En sus lugares ingresaron Mariano Miguens, Diego Gabriel Ávila y otros directores suplentes, según quedó asentado en el Boletín Oficial.
Ahora, con el pedido para transferir la mayoría accionaria, el Municipio deberá volver a mirar el entramado societario de la empresa que tiene en sus manos una concesión de largo plazo sobre patrimonio público.
El propio pliego establece que una operación que implique transferir más del 50% de la participación o modificar las mayorías debe contar con autorización municipal. Por eso, el Emder giró las actuaciones a sus áreas Legal, Técnica y Hacienda y resolvió crear una comisión especial para estudiar el caso.
La promesa de inversión frente a los números
La concesión había sido presentada como una alternativa para sacar al Municipio de una situación que durante años se había convertido en un problema: un estadio deteriorado, costoso de mantener y con dificultades para financiar una recuperación integral.
La apuesta fue que el privado pusiera el dinero, ejecutara las obras y transformara al Minella y al Polideportivo en un polo deportivo, cultural y de espectáculos.
Pero la concesión quedó atrapada en una paradoja. El Estado buscó correrse del costo de recuperar el complejo y trasladar esa responsabilidad al sector privado; ahora debe evaluar si la empresa concesionaria tiene el músculo económico necesario para cumplir justamente con aquello que justificó la privatización.
Los números conocidos en los últimos meses no ayudan a despejar esas dudas. Los casi $590 millones en cheques rechazados y los más de $221 millones de deuda financiera aparecen como una señal que la comisión municipal deberá tener en cuenta al momento de analizar el cambio accionario.
Y mientras se discute quiénes estarán detrás de Minella Stadium, siguen pendientes las preguntas sobre qué obras se hicieron, cuáles faltan y si la concesionaria podrá cumplir con el nivel de inversión que prometió.
Una salida privada que terminó abriendo otro frente
En el Concejo, la oposición en Deportes fue más allá y cuestionó directamente la continuidad del contrato. Durante el tratamiento de los proyectos, desde Unión por la Patria hablaron de falta de capacidad financiera, cuestionaron los antecedentes utilizados en la licitación y remarcaron los incumplimientos que, según plantearon, acumula la concesionaria.
Incluso se deslizó la posibilidad de avanzar hacia una rescisión de común acuerdo, bajo el argumento de que el proceso licitatorio no habría alcanzado los resultados esperados.
El oficialismo, mientras tanto, deberá resolver un expediente que dejó de ser solamente una cuestión empresarial. El cambio del 87,5% de las acciones obliga al Municipio a revisar nuevamente las condiciones de quien explotará durante décadas uno de los principales activos deportivos de Mar del Plata.
La promesa original era sencilla de explicar: un privado que invierte, recupera el complejo y le evita al Estado municipal afrontar una obra millonaria. Ahora el escenario es bastante más complejo. Una sociedad recientemente creada para la licitación, antecedentes empresariales que vuelven a estar bajo discusión, casi $590 millones en cheques rechazados, más de $221 millones de deuda financiera, obras cuestionadas y un cambio accionario que podría modificar por completo quién queda detrás de la concesión.
La pelota, otra vez, quedó del lado del Municipio. Y esta vez no alcanza con mirar quién se queda con las acciones: también deberá determinar si quien las recibe tiene la espalda suficiente para hacerse cargo del estadio que prometieron recuperar.