Punta Mogotes sigue en un limbo judicial y político tras otra audiencia sin acuerdo
El Municipio de General Pueyrredon y la Provincia de Buenos Aires sumaron un nuevo capítulo en la mesa de negociación ante la Justicia pero postergaron las definiciones hasta el 31 de agosto. Las trabas extrainstitucionales, la suspensión de los plazos procesales y la inquietud creciente de los concesionarios ante la proximidad de una nueva temporada de verano.
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La disputa política e institucional entre la gestión municipal de General Pueyrredon y el gobierno bonaerense sumó este martes un nuevo episodio en los tribunales marplatenses. En una audiencia de apenas minutos encabezada por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, Simón Isacch, las representaciones legales del gobierno local, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Administración Punta Mogotes informaron que existieron avances en las conversaciones cruzadas pero admitieron que el acuerdo definitivo aún resulta esquivo. Frente a esa tónica de negociación inconclusa, el magistrado resolvió otorgar una nueva prórroga y citar a las partes para el próximo 31 de agosto a las 12, manteniendo congelados los tiempos procesales de las dos causas en pugna.
Con la reunión celebrada este 18 de agosto, el expediente acumula un recorrido de casi dos meses de audiencias sucesivas sin resoluciones de fondo. El derrotero judicial se inició formalmente el 30 de junio pasado, cuando el juez Isacch convocó a una primera mesa de conciliación e incorporó a la discusión el tratamiento de una causa conexa por la disputa del predio. Aquella jornada inicial, en la que participaron funcionarios de alto rango como el Asesor General de Gobierno provincial, Santiago Pérez Teruel, finalizó con la decisión de disponer un cuarto intermedio hasta el 4 de agosto con el fin de conceder tiempo a la elaboración de una propuesta técnica sustentable.
Llegado el 4 de agosto, los funcionarios que comparecieron de forma presencial y remota —entre ellos el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez— ratificaron que el diálogo se mantenía abierto pero que no había sido posible cristalizar el consenso. El juez resolvió conceder dos semanas adicionales que desembocaron en el encuentro de esta mañana, donde la dinámica volvió a repetirse de manera idéntica: las partes adujeron estar negociando y solicitaron mayor margen temporal para no romper la instancia de diálogo institucional.
Sin embargo, detrás del formalismo de las actas judiciales, la negociación se encuentra fuertemente impactada por variables de índole política ajenas al funcionamiento estricto del complejo balneario. Esas interferencias han obturado de manera persistente las opciones de entendimiento entre la comuna, que aspira a cancelar las deudas del ente mixto para recuperar la tutela del predio de 24 balnearios, y la administración provincial, que busca consolidar un plan de modernización e inversiones mediante una nueva licitación integral antes de encarar cualquier traspaso dominial.
La paulatina dilación de este proceso empieza a proyectar consecuencias concretas sobre el terreno operativo. La prórroga sistemática de la suspensión de plazos legales mantiene en suspenso dos decisiones clave: por un lado, la cautelar impulsada por el Municipio para frenar el llamado a licitación provincial; por otro, el reclamo de la propia Administración Punta Mogotes para prorrogar de manera automática los contratos vigentes hasta el 30 de abril de 2027. Esta parálisis no solo dilata la resolución sobre la titularidad del activo público más valioso de la franja costera marplatense, sino que incrementa la incertidumbre técnica y comercial de los actuales concesionarios e inversores de cara a la planificación de la próxima temporada estival.
