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La Tecla Mar del Plata
Redacción
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Serga.NET
20 de agosto de 2026
La Reserva vuelve al centro de la escena: denuncian inconsistencias ambientales y judicializan el proyecto
El emprendimiento proyecta ocho edificios de hasta 14,4 metros de altura en un predio próximo al arroyo Corrientes en la sur de la ciudad. Los vecinos aseguran que el desarrollo implicaría la remoción de más de 750 árboles, la intervención de médanos y una fuerte impermeabilización del suelo. Los ambientalistas ya acudieron a la Justicia y este jueves explicarán cómo continuará el reclamo.
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La polémica por el desarrollo inmobiliario proyectado en el predio de “La Reserva Explanada”, en el barrio Alfar, sumará este jueves un nuevo capítulo. Mientras en las últimas semanas volvieron a detectarse movimientos de suelo en el lugar, organizaciones ambientalistas, vecinos y abogados anunciaron una nueva ofensiva para intentar frenar el avance de un emprendimiento que prevé la construcción de unos 40.000 metros cuadrados de viviendas en el sur de Mar del Plata.
La Asamblea Playas del Sur y Surfrider Argentina ya presentaron una demanda contra la Municipalidad de General Pueyrredon para intentar dejar sin efecto la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto. Además, solicitaron una medida cautelar urgente para evitar que las obras avancen mientras se resuelven los cuestionamientos planteados.
Este jueves, a las 11, los impulsores del reclamo volverán a exponer públicamente sus argumentos durante una conferencia de prensa que titularon “De Reserva, nada”. El encuentro se realizará en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1549, y contará con la presencia de vecinos, asociaciones y abogados que participan de la presentación judicial.
Según anticiparon desde la Asamblea Playas del Sur, durante la conferencia expondrán lo que consideran “graves inconsistencias legales, ambientales y datos falsos” detectados en el estudio de impacto ambiental correspondiente al Fideicomiso La Reserva Explanada. También explicarán los fundamentos de la denuncia y detallarán los próximos pasos que llevarán adelante para intentar detener el proyecto.
Uno de los principales datos que ponen sobre la mesa los ambientalistas es la cantidad de vegetación que, según sostienen, debería ser removida para concretar el emprendimiento: más de 750 árboles. A esto le suman la intervención de los médanos y la impermeabilización del suelo, que —advierten— podría incrementar el riesgo de inundaciones en el sector.
El planteo ambiental también alcanza al patrimonio de la zona. Las organizaciones aseguran que el desarrollo podría generar daños sobre sectores de valor paleontológico y arqueológico. A la vez, incorporan al reclamo una preocupación vinculada al acceso a la costa y advierten sobre posibles restricciones o privatización de sectores de las playas públicas.
Un proyecto que quedó bajo la lupa
El desarrollo tiene un extenso recorrido administrativo y político que se remonta a 2022. En octubre de ese año, el empresario Esteban Alberto Materia presentó ante el Concejo Deliberante un pedido para reinstalar indicadores urbanísticos en el sector conocido como “La Reserva”, con el objetivo de desarrollar viviendas unifamiliares y multifamiliares.
El planteo terminó derivando en la Ordenanza N° 25.848, sancionada a fines de diciembre de 2022, que estableció nuevos indicadores para el predio. Ese antecedente se convirtió en uno de los principales puntos de cuestionamiento de las organizaciones ambientalistas, que desde entonces vienen señalando que el proyecto avanzó a partir de modificaciones normativas específicas.
La discusión no quedó limitada al Concejo Deliberante. En 2024, el expediente ingresó de lleno en el terreno ambiental. Primero obtuvo una declaración preliminar de impacto y luego se convocó a una audiencia pública que reunió a cerca de un centenar de oradores.
En aquella instancia quedaron expuestas dos posiciones enfrentadas. Mientras los desarrolladores y arquitectos defendieron el emprendimiento y remarcaron las obras de infraestructura que implicaría —entre ellas, extensiones de redes de agua, cloacas, electricidad y caminos—, vecinos, ambientalistas y representantes vinculados al ámbito de la arquitectura cuestionaron la escala de la intervención y sus posibles consecuencias sobre el ecosistema costero.
También surgieron objeciones vinculadas con la línea de ribera y con la normativa hidráulica provincial. La Autoridad del Agua intervino en el proceso y el proyecto debió ser reformulado para adecuarse al Código de Aguas bonaerense, que establece restricciones para loteos y edificaciones en sectores próximos a los cursos de agua.
Finalmente, el 9 de diciembre de 2024, el entonces presidente del Emsur, Santiago Boniffatti, firmó la Declaración de Impacto Ambiental definitiva. La iniciativa contempla actualmente ocho edificios de hasta 14,4 metros de altura, según la descripción difundida por los ambientalistas, además de cocheras y servicios, dentro de un predio de aproximadamente seis hectáreas próximo al arroyo Corrientes.
La pelea que ahora se traslada a la Justicia
Para las organizaciones que encabezan el reclamo, el problema no se limita al impacto ambiental del emprendimiento. También ponen bajo la lupa el procedimiento mediante el cual se habilitaron los indicadores urbanísticos y cuestionan que la ordenanza haya sido sancionada antes de que existiera un proyecto completamente definido.
La Ordenanza N° 25.848 se convirtió así en una pieza central de la controversia. Los ambientalistas sostienen que el esquema aprobado a fines de 2022 permitió abrir la puerta a un desarrollo que posteriormente atravesó distintas modificaciones y reformulaciones.
Ahora, con el regreso de los movimientos de suelo y la presentación de la demanda judicial, el expediente vuelve a quedar bajo la lupa. La pretensión de las organizaciones es que la Justicia intervenga de manera preventiva y determine si corresponde suspender el avance del emprendimiento hasta resolver las objeciones planteadas.
En la conferencia de este jueves, además de presentar públicamente los cuestionamientos al estudio de impacto ambiental, los vecinos, ambientalistas y abogados buscarán explicar qué acciones judiciales impulsarán y cuáles serán los próximos pasos del reclamo. El objetivo declarado es visibilizar el conflicto y evitar que el avance del proyecto torne irreversibles las modificaciones sobre los médanos y el entorno natural.
El caso vuelve así a instalar una discusión que excede a “La Reserva”: hasta dónde puede avanzar el desarrollo inmobiliario sobre sectores costeros sensibles y cuál debe ser el límite entre la inversión privada, las excepciones urbanísticas y la preservación ambiental.