La escalada de robos con extrema violencia en barrios residenciales colocó a General Pueyrredon en el centro del debate político del país. En medio de los duros cuestionamientos a la estrategia de propaganda de Agustín Neme y la histórica pasividad del Ministerio de Seguridad bonaerense conducido por Javier Alonso bajo la gestión de Axel Kicillof, el hartazgo social trasciende la política y apunta de lleno al Poder Judicial por la reincidencia.

La violencia en Mar del Plata llegó a la agenda nacional y expone la parálisis judicial

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La crisis de seguridad que atraviesa Mar del Plata quebró definitivamente las fronteras locales para instalarse en la agenda nacional. En una reciente emisión de Infobae al Mediodía, la periodista Maru Duffard expuso la gravedad del escenario al relatar los episodios de extrema violencia que azotan a la ciudad. “Vamos a contarte ahora una historia que debe suceder en la ciudad de Mar del Plata. Es una historia de terror. Son 20 minutos de desesperación y de terror que sufre una familia entera a la que golpean físicamente, pero sobre todo psicológicamente”, describió la cronista al abordar una violenta entradera en el barrio San Carlos. El análisis televisivo no solo visibilizó la crudeza de los robos —graficados también con el despojo a mano armada de una camioneta Volkswagen Amarok a plena luz del día—, sino que apuntó directamente a las responsabilidades políticas e institucionales: “¿Quién es el intendente? Yo no sé si todos los días, pero por lo menos día por medio contamos un caso de una situación de inseguridad y de mucha violencia en Mar del Plata”.

De este modo, la mirada nacional puso bajo la lupa la conducción del municipio, hoy a cargo de Agustín Neme tras la licencia de Guillermo Montenegro para ocupar su banca en el Senado bonaerense. Duffard cuestionó con dureza el enfoque del Ejecutivo local y el contraste entre el relato oficialista y la realidad cotidiana: “Ayer, mientras robaban en San Carlos, había una manifestación en reclamo de seguridad en Mar del Plata y después hacen reels de mega show sacando trapitos de la calle. Me parece que si vamos a hablar de prioridades, evidentemente hay una cuestión que no están atacando, porque todo bien con el show de los reels y los videitos para difundir en Internet sacando a gente que duerme en la calle o corriendo a los cuidacoches, pero evidentemente hay un reclamo por seguridad que es un poquito más intenso”. Ese choque entre propaganda y delito violento quedó expuesto frente a las publicaciones del propio intendente interino, quien al exhibir los operativos municipales en redes sociales suele plasmar consignas como “NI TRAPITOS NI TRABAJADORES: DELINCUENTES DEL ESPACIO PÚBLICO. No les vamos a regalar un centímetro de la calle” o “QUE LES QUEDE CLARO A ESTOS PARÁSITOS: LA CALLE NO ES DE USTEDES. En Mar del Plata, el orden se respeta”.

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Sin embargo, el despliegue publicitario comunal dista de ser el único foco de desgaste. La escalada delictiva dejó al descubierto una falla estructural mayor: el abandono y la falta de respuestas por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Policía Bonaerense, bajo el mando operativo del ministro Javier Alonso y la conducción política de Axel Kicillof, muestra una pasividad galopante para brindar prevención real en el distrito más poblado de la Costa Atlántica. El propio análisis en Infobae dejó flotando la duda de fondo sobre de quién es la falencia real: "No sé si es la Intendencia, si es la departamental de la Policía Bonaerense, pero evidentemente hay ahí un llamado de atención". Mientras la gestión bonaerense diluye responsabilidades operativas y escatima recursos o patrullajes efectivos en el territorio marplatense, los delincuentes ganan las calles de barrios históricamente tranquilos con un nivel de agresividad inusitado.

Frente a la desatención combinada del municipio y la Provincia, las reacciones ciudadanas se multiplican. La propia Duffard rescató el caso de Robos MDP, la aplicación desarrollada por un vecino marplatense que estructuró un mapa del delito ante el vacío estatal. Pero el descontento alcanzó su punto más alto en la masiva concentración realizada frente a los Tribunales en respaldo al comerciante Ulises Cristiano, imputado tras matar a un adolescente de 16 años en un intento de robo en el barrio Regional y a quien se le concedió el arresto domiciliario. Los manifestantes no solo expresaron su solidaridad con el comerciante, sino que apuntaron directamente a “la madre del borrego”: el rol del Poder Judicial frente al delito y la falta de respaldo de las fuerzas provinciales.

El reclamo popular dejó al descubierto que la sociedad identifica la raíz de la impunidad en la ineficacia de los jueces y la "puerta giratoria". La detención del menor de 16 años tras la entradera en San Carlos —quien se negó a declarar y ya registraba antecedentes en el Fuero Penal Juvenil— reavivó el debate sobre la reincidencia. Mientras los informes de organismos como la Comisión Provincial por la Memoria advierten sobre una sobrepoblación carcelaria del 116% en la provincia, reflejo del colapso del sistema penitenciario bonaerense, los vecinos exigen respuestas judiciales concretas antes de que la violencia vuelva a cobrarse nuevas víctimas. En una ciudad acorralada donde ya no hay sensación de seguridad en ningún rincón, ni el marketing municipal ni el repliegue del gobierno provincial de Kicillof logran tapar el abismo entre la política, la parálisis judicial y la realidad social que la agenda nacional ya sacó a la luz.

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La carrera por la intendencia ya empezó en las redes y en los barrios, con nombres que buscan posicionarse antes de la definición electoral. Pero mientras se acumulan fotos y presencia política, la ciudad necesita discutir cómo afrontar la transformación tecnológica, productiva y social que plantea la llamada “Tercera Ola".

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