La gestión portuaria debe atender varios frentes, con un sindicato intenso que pone la lupa sobre licitaciones y contratos. El escenario de conducir un barco complejo donde la política juega su rol.
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Dock Sud, el puerto bonaerense más importante, quedó atrapado en una triple disputa que amenaza su operatoria: acusaciones respecto a caída de licitaciones y demoras en la adjudicación para el dragado en sectores operativos clave. Además, una millonaria demanda del Gobierno nacional, como así también un conflicto latente con municipios vecinos por el desgaste vial que provoca el tránsito pesado. Los frentes de tormenta son varios y un desafío para la titular del Consorcio portuario, Mónica Litza, que respondió a los cuestionamientos.
Ubicado en Avellaneda, Dock Sud moviliza el 95% de la carga contenerizada de la Provincia y concentra más del 40% del total nacional, un peso decisivo para el comercio exterior argentino. La llegada de Litza a la conducción portuaria quedó en medio de una fuerte polémica por las demoras en la adjudicación del dragado y la ampliación del canal Sur, licitación concedida en septiembre de 2025 a la UTE integrada por la Compañía Sudamericana de Dragado -representante de la belga Jan de Nul- y Servimagnus. Este proceso aún está sin definición formal.
Fuentes del sector señalaron, además, que hubo errores administrativos respecto a los plazos contractuales que diferían en los renglones de la licitación. Asimismo, se subrayó que, tras el cierre del proceso, una empresa china manifestó interés, lo que llevó al Consorcio a evaluar un nuevo llamado, algo que podría judicializar el ganador original. Esta demora impide el ingreso de buques al puerto y restaría competitividad frente a otros puertos de la región. Al respecto, Mónica Litza, actual titular del Consorcio portuario, señaló que “sí hubo irregularidad en la anterior licitación de la gestión anterior a la mía (a cargo de Carla Monrabal). Por ese motivo se tuvo que dar de baja”.
Otro de los frentes de tormenta corresponde a disputas vecinales. Desde el municipio de Lanús se denunció en la Justicia Civil a la terminal Exolgan S.A. y a las empresas que operan en el puerto por los daños que el tránsito pesado genera en la infraestructura vial municipal. La presentación, ante el fuero Civil y Comercial de Avellaneda-Lanús, reclama un resarcimiento por los perjuicios acumulados en los últimos cinco años, además de un plan de inversión para mitigar el deterioro que producen a diario los camiones de gran porte que circulan por las avenidas municipales.
El reclamo se enmarca en una disputa más amplia por la distribución de los ingresos portuarios: Lanús y Quilmes sostienen que Dock Sud genera ganancias millonarias para las concesionarias mientras los municipios linderos absorben externalidades negativas sin compensación. En ese frente también intervino Mayra Mendoza, intendenta (en uso de licencia) de Quilmes, lo que reavivó la interna del oficialismo bonaerense entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro que referencia en la zona sur el exintendente de Avellaneda y actual funcionario municipal Jorge Ferraresi.
A estos conflictos recurrentes, a la gestión de Litza también se suma una denuncia de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que preside Iñaki Arreseigor y administra el Puerto Nuevo de Buenos Aires, La administración de Javier Milei demandó en la Justicia Federal de Quilmes al directorio del Consorcio por una deuda cercana a u$s 6 millones por dragado y balizamiento en los canales Brown, Huergo y Sur, en el marco de un acuerdo de 2021 que reparte el financiamiento en 53,6 % para Puerto Buenos Aires y 46,4 % para Dock Sud. Desde el Puerto se destacó que buscan llegar a un acuerdo además de determinar un valor justo para un nuevo convenio.
Entre demandas municipales, un reclamo nacional y obras paralizadas por la demora en la licitación del dragado, el Puerto de Dock Sud queda en el centro de una disputa política, financiera y operativa que compromete su rol clave en el comercio exterior argentino.
Oficializado Una silla en el nuevo consejo
El Gobierno bonaerense oficializó la creación del Consejo Portuario de la Provincia de Buenos Aires, un organismo consultivo que asesorará al Poder Ejecutivo en la planificación de políticas para el sector y en la elaboración de iniciativas vinculadas con la logística, la infraestructura y el desarrollo del sistema portuario provincial. El cuerpo será presidido por Juan Cruz Lucero, subsecretario de Asuntos Portuarios, e integrado por los titulares de los consorcios de gestión de los puertos públicos bonaerenses. En representación del Puerto Dock Sud participará su presidenta, Mónica Litza.
Entre sus funciones estarán la elaboración de propuestas para el desarrollo, la planificación y la gestión de las terminales; la formulación de recomendaciones sobre la actividad portuaria y los servicios relacionados; y la promoción de instancias de formación y capacitación. También podrá organizar encuentros y foros con especialistas, además de facilitar el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas entre los diferentes actores del sistema portuario y logístico. Los integrantes fueron designados de manera transitoria y ad honorem por un período de dos años.
Mónica Litza "Para nosotros la transparencia es un criterio central"
- ¿Cuál es el diagnóstico sobre la situación operativa, financiera y administrativa del Puerto y cuáles son las prioridades para los próximos meses?
-Nuestro diagnóstico es altamente positivo en términos de gestión integral del Consorcio. El equilibrio financiero nos permite, no sólo afrontar todos los compromisos asumidos, sino también poder proyectar lo necesario para la mejora continua de nuestros procesos operativos y nuevos requerimientos de infraestructura. Estamos operando con normalidad y afrontando los desafíos de expansión que requiere el contexto del mercado marítimo internacional para un puerto clave y estratégico como Dock Sud. Hay que destacar que nuestra gestión cuenta con el acompañamiento del directorio del Consorcio en cada una de las reuniones que llevamos adelante y todas las votaciones hasta la fecha fueron por unanimidad.
- ¿En qué estado se encuentra la adjudicación de las obras de dragado y qué plazos maneja el Consorcio para avanzar con una definición?
-El proceso de dragado está muy avanzado. La evaluación técnica de la licitación ya fue realizada y aprobada por el directorio. Enviamos el expediente a los organismos de control de la Provincia para garantizar la mayor rigurosidad posible del procedimiento. Para nosotros la transparencia es un criterio central, especialmente en una contratación de esta magnitud. Desde el Consorcio ya tenemos todo preparado para avanzar: listos para dragar en cuanto finalice esta instancia administrativa. Además, con el plan quinquenal, ya aprobado por el directorio, estamos construyendo una cartera integral de proyectos con un plan director en construcción, pensando obras para 10, 20 y hasta 30 años vista. Los puertos necesitan pensar en el mediano y largo plazo. Son proyectos que van desde la infraestructura vial, los accesos, el crecimiento del ejido portuario, la generación de nuevas superficies y hasta un uso más eficiente de la tierra.
- ¿Cómo se está trabajando frente a los reclamos de Lanús, y qué instancias de diálogo se abrieron?
-Hay un reclamo contra permisionarios del Consorcio por el estado de las calles de su ciudad. Como el municipio solicitó la paralización de una obra de la empresa Exolgan, como medida cautelar, nos vimos obligados a presentarnos en el proceso, porque si se dictara una medida cautelar como la solicitada, podría generar serios perjuicios.
Adolfo Barja - SUTAP "Yo creo que en este puerto no se ganó nada"
El secretario nacional del Sindicato Único de Trabaja-dores de Administraciones Portuarias (SUTAP) y dirigente de la CTA Autónoma, Adolfo Barja, cuestionó la gestión del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud y denunció que la mayor incidencia de las empresas no trajo beneficios para el Estado.”Yo creo que en este puerto no se ganó nada. Hoy la recaudación que llega es la misma que cuando estaba en la provincia”, afirmó el gremialista.
Sobre la actual administración fue categórico al describir el esquema de gestión: “Ellos dicen que es un consorcio, nosotros les decimos que es una mentira, porque lo manejan las terminales internacionales y antes lo manejaba la provincia de Buenos Aires. Lo único que cambió es quien se lleva la plata. La política, por más que haya un presidente o una presidenta, siempre la manejan las terminales”. En esta línea, el gremialista de SUTAP enfatizó que “hemos perdido soberanía en este puerto”.
Consultado por el conflicto en torno al dragado, el dirigente lo definió sin rodeos: “Es el negocio, diríamos nosotros”. Y agregó: “Antes el dragado lo controlaba la Secretaría de Puertos y ahora lo revisan las terminales”.
Sobre la conducción de la actual titular, Mónica Litza, Barja evitó una definición tajante pero fue crítico de fondo: “Es nueva, no puedo decir que sea muy buena ni muy mala. Pero en el momento en que lo manejan los privados, para mí es malo. Le entregamos un puerto que funcionaba. Aumentaron el personal, que está muy bien; cambiaron algunos coches, que está muy bien. Pero eso lo tenía que hacer el Estado”.
También apuntó contra el organismo de control: “La Subsecretaría de Puertos no se mete, por más que hayan armado ahora un consejo portuario. Lo manejan las transnacionales, las multinacionales o los empresarios del lugar”.
En esta línea, Barja concluyó: “La diferencia es que antes la plata se la llevaba el Estado y ahora se la lleva el privado. Antes el Estado podía auditar, y ahora lo maneja el privado”. y añadió: “Esas son las diferencias que tengo con el puerto de Dock Sud y con otros puertos”.
Reclamo en dólares Nación se suma al registro de las denuncias con un millonario reclamo
El Gobierno nacional presentó una demanda judicial contra las autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud por una deuda en el pago del dragado y balizamiento de los canales de acceso, un servicio que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) coordina a través de la Administración General de Puertos.
El reclamo se apoya en que, en diciembre de 2023, venció el acuerdo firmado con el Consorcio que fijaba el marco y los montos para repartir el costo de las obras. Según la ley de Puertos, cada terminal es responsable del mantenimiento de sus propios canales, pero en el tramo compartido entre Buenos Aires y Dock Sud -canal Brown- la terminal porteña asumió también la totalidad del contrato, además del canal Huergo (exclusivo suyo) y el canal Sur (exclusivo de Dock Sud). Históricamente, por su preexistencia y agilidad de trámites, fue Puerto Buenos Aires el que coordinó las contrataciones de dragado y balizamiento para ambos accesos.
El último convenio, firmado en marzo de 2021, establecía el pago en función de las Toneladas de Registro Neto que recibía cada puerto, es decir, proporcional al tráfico que movía cada terminal. Vencido ese acuerdo, y sin uno nuevo, la ANPyN exigió judicialmente el pago de la deuda acumulada.
Desde la dirección portuaria se subrayó que “el conflicto judicial es en torno al monto que le corresponde asumir al Consorcio respecto a las tareas de Balizamiento y Dragado del Canal Brown y el Balizamiento del Canal Sur. El Consorcio, por decisión del Directorio, está realizando todas las gestiones necesarias para llegar a un acuerdo que implique asumir lo que corresponde”.
El conflicto se suma al antecedente de Ushuaia, puerto que la ANPyN intervino el 21 de enero tras detectar irregularidades.
