Municipio y Provincia ganan tiempo y estiran la incertidumbre en Punta Mogotes
En una nueva audiencia ante el juez Simón Isacch, ambas partes admitieron avances pero no cerraron un acuerdo. El magistrado fijó una breve tregua de 72 horas para encausar una discusión atravesada por diferencias de fondo, el vencimiento de las concesiones y la cercanía de la temporada estival.
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La disputa institucional y judicial por el control del Complejo Punta Mogotes sumó este lunes un nuevo capítulo signado por la cautela y la postergación de decisiones. En lo que representó el cuarto encuentro formal en los tribunales marplatenses desde que se abrió la instancia de conciliación a fines de junio, la Municipalidad de General Pueyrredon y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires volvieron a ratificar ante el juez Simón Isacch que mantienen canales de diálogo abiertos, aunque admitieron que la firma de un acuerdo definitivo continúa siendo esquiva. Frente a este panorama de negociaciones estancadas en lo formal, pero intensas en los despachos políticos, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 otorgó una última suspensión de los plazos procesales por 72 horas, un margen sensiblemente más acotado que los anteriores, pero que deja en evidencia que el tiempo para seguir difiriendo una salida se agota.
La escena vivida al mediodía en el fuero contencioso administrativo repitió el patrón de una pulseada que ya acumula dos meses de idas y vueltas. El recorrido judicial comenzó formalmente el pasado 30 de junio, cuando Isacch convocó a las partes a una primera conciliación e incorporó al debate una causa conexa por la administración del predio, fijando entonces un cuarto intermedio hasta el 4 de agosto. Llegada esa fecha, la audiencia de principios de agosto tampoco arrojó luz blanca y forzó una nueva cita para el 18 del mismo mes. En esa tercera oportunidad, tanto la representación municipal como los apoderados bonaerenses expresaron haber logrado avances en la negociación, libreto que volvieron a desplegar este lunes 31 de agosto sin lograr traducirlo en un entendimiento concreto. Entre escritos, comparecencias presenciales y conexiones virtuales de altos funcionarios de la Fiscalía de Estado y la Subsecretaría de Turismo provincial, la causa ha transitado más por el terreno de la dilación estratégica que por el de las definiciones estructurales.
Detrás del laberinto tribunalicio opera una puja estrictamente política por la hegemonía territorial y económica de una de las franjas costeras más valiosas de Mar del Plata. El gobierno local insiste en la municipalización del complejo, bajo el esquema de rescate del ente mixto creado en la década del ochenta con un 70% de participación provincial y un 30% municipal. La estrategia del Ejecutivo comunal se apoyó en el depósito de unos 14 millones de pesos para cancelar la deuda histórica originada durante la última dictadura militar y exigir así el traspaso definitivo. Por el contrario, la gestión de Axel Kicillof sostiene que cualquier transferencia debe ser precedida por un proceso de modernización e inversiones mediante una nueva licitación integral, esquema con el que busca ratificar su potestad sobre el predio antes de evaluar cualquier cambio de manos.
Esa fisura ideológica e institucional es la que paraliza además la resolución de medidas de alto impacto operativo. En medio de esta negociación, la Administración Punta Mogotes formalizó en junio la prórroga de los contratos de los 24 balnearios hasta el 30 de abril de 2027 o hasta la adjudicación de un nuevo proceso licitatorio, una medida aprobada por la mayoría provincial del ente que desató una fuerte ofensiva legal del municipio para lograr su anulación por vía cautelar. La comuna denunció en su momento que dicha extensión buscaba tornar abstracta la intervención de la Justicia justo antes de las audiencias conciliatorias, consolidando el statu quo provincial antes de debatir el traspaso.
El costo de este juego de postergaciones recae de forma directa sobre la economía local. Con la temporada de verano 2026/2027 cada vez más próxima, los concesionarios de las unidades balnearias y los potenciales inversores observan con creciente preocupación un escenario dominado por la incertidumbre jurídica y la falta de previsiones a mediano plazo. La decisión del juez Isacch de acotar la nueva suspensión a 72 horas coloca a las partes frente a una disyuntiva ineludible: presentar una propuesta concreta que destrabe el conflicto o dejar que el expediente retome su curso contencioso habitual. Mientras la política continúa pateando la pelota para ganar aire en el tablero bonaerense, Punta Mogotes permanece suspendida en una transición indefinida donde los tiempos electorales y administrativos corren a una velocidad muy distinta a la de las necesidades de la ciudad.
