1 de septiembre de 2026
DEBATE URBANO
El freno a la urbanización de Bosque Grande desató cruces en el Concejo
En la Comisión de Obras, representantes de la Universidad y del barrio expusieron el abandono del proyecto estatal. La oposición denunció el incumplimiento de ordenanzas vigentes, mientras el oficialismo buscó deslindar responsabilidades sobre la paralización del convenio y solicitó pedidos de informes.
La Comisión de Obras del Concejo Deliberante de General Pueyrredon fue escenario de una intensa discusión política en torno al estancamiento del proceso de reurbanización del barrio Bosque Grande. La citación a la arquitecta Ana Núñez, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), junto a una vecina del sector, dejó al descubierto el quiebre de los compromisos institucionales y el retroceso de una política pública que beneficiaba a más de 250 familias expuestas a condiciones de vulnerabilidad extrema.
El proyecto, iniciado en 2021 a partir de un trabajo conjunto para frenar una orden de desalojo e integrar el sector al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), había logrado articular una inédita mesa de trabajo conformada por el municipio, la casa de altos estudios, la comunidad y el propio propietario de las tierras. Tras lograrse la firma de convenios y la aprobación de la Ordenanza 25.947, se concretaron avances sustanciales como la apertura de calles por parte del EMVIAL, el tendido eléctrico legal de EDEA y la delimitación del loteo. Sin embargo, la interrupción del convenio en 2024 por decisión del Ejecutivo municipal devolvió la situación a foja cero, provocando la falta de mantenimiento vial, la interrupción del servicio de recolección de residuos y un precario suministro de agua potable que, según informes técnicos de la Universidad, registra un 90% de contaminación.
Esta parálisis encendió los reclamos de la oposición. Así, desde UP y AM-MDF cuestionaron severamente el abandono de la mesa de articulación y remarcaron que el municipio está incumpliendo una norma sancionada por el propio cuerpo deliberativo. Los representantes de las bancadas opositoras hicieron hincapié en que la iniciativa constituía un modelo ejemplar de gestión compartida que no requería erogaciones extraordinarias de fondos nacionales ni provinciales, por lo que exigieron explicaciones urgentes a los funcionarios del Ejecutivo para conocer los motivos del cese del programa.
Frente a las acusaciones, la concejal radical Vilma Baragiola hizo uso de la palabra para defender su desempeño al frente de la Secretaría de Desarrollo Social durante el periodo señalado. La edil desligó a su antigua cartera de la decisión de interrumpir el convenio y rechazó que se le atribuya al área social una responsabilidad técnica o de planificación urbana. En su intervención, argumentó que las explicaciones corresponden a la Secretaría de Obras y a la Secretaría Legal y Técnica, al tiempo que remarcó la complejidad del conflicto en el territorio y los antecedentes de agresión que sufrió el dueño de la propiedad en etapas previas.
Por su parte, el presidente de la comisión, Fernando Muro (PRO), procuró encauzar el debate en un marco de orden institucional. Desde el bloque amarillo y la bancada de La Libertad Avanza se argumentó que los pedidos de informe a las áreas técnicas aún se encuentran dentro de los plazos administrativos formales, solicitando prudencia antes de emitir juzgamientos. A pesar de los reparos procesales de sectores aliados, Muro ratificó la decisión de reiterar formalmente los requerimientos de información a los organismos municipales y a la Universidad, buscando dar impulso a la reactivación del expediente y definir si existe voluntad política de retomar el proceso de regularización en Bosque Grande.