La Provincia selló la prórroga de Mogotes y sepultó la tregua
Apenas vencido el plazo otorgado por la Justicia, la Provincia rompió la negociación ejecutando la prórroga por su cuenta mediante su mayoría de 2 a 1 en el ente mixto. Así, aprobó la extensión de las concesiones hasta junio de 2027. Ante el hecho consumado, la Comuna retiró la medida cautelar y el juez Simón Isacch declaró extinguido el incidente, trasladando el choque de fondo al expediente principal, por la titularidad del complejo.
Agrega La Tecla Mar del Plata a tus medios preferidos en Google.
La frágil tregua dictada por la Justicia en la disputa por el Complejo Punta Mogotes duró exactamente lo que tardó la política en mover sus piezas fuera de los tribunales. Apenas tres días después de la última audiencia en la que las partes prometieron continuar negociando, la Provincia de Buenos Aires ejecutó una maniobra determinante: haciendo uso de su mayoría de dos a uno en el Consejo de Administración de la Administración Punta Mogotes, aprobó el Acta N° 1321 que extendió formalmente los contratos de los 24 balnearios hasta el 30 de junio de 2027. La resolución, impulsada por los funcionarios provinciales Fernando Maraude y Gonzalo Raventos, contó con el previsible voto en contra del representante municipal, Carlos Aramburu, pero alcanzó para romper definitivamente la mesa de diálogo y consumar la prórroga que el municipio intentaba frenar.
El impacto de la jugada bonaerense se trasladó de inmediato al Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1. Frente a la resolución adoptada por la masa mayoritaria del ente mixto, el apoderado legal del Municipio de General Pueyrredon, Mauro Martinelli, se presentó ante el juez Simón Isacch para advertir que el reclamo cautelar elevado por la Comuna había sido vaciado de contenido y carecía ya de utilidad práctica. La estrategia municipal consistió en admitir que el hecho que buscaban evitar ya había sido consumado unilateralmente por la Provincia, por lo que solicitaron dejar sin efecto la medida sin que esto implicara renunciar al juicio de fondo por la municipalización del predio, demandando a su vez que no se le impusieran las costas del proceso.
La respuesta del magistrado no tardó en llegar. Isacch encuadró la presentación del gobierno local como un desistimiento del proceso cautelar en los términos del artículo 304 del Código Procesal Civil y Comercial y declaró formalmente extinguido el expediente de la cautelar. En relación con el pago de los gastos judiciales, el juez optó por diferir la resolución sobre las costas para el momento en que se defina la suerte de la causa principal, en la que se debate la validez del depósito de 14 millones de pesos realizado por la Comuna para cancelar la deuda histórica y reclamar la restitución del complejo.
Con este desenlace, las cuatro audiencias de conciliación celebradas desde fines de junio quedaron sepultadas bajo el peso de los hechos consumados. Desde la perspectiva política, la gestión bonaerense anotó un triunfo táctico de envergadura: garantizó la continuidad del esquema provincial de cara a la temporada estival 2026/2027, desactivó la amenaza de un congelamiento judicial sobre la administración del predio y ganó tiempo hasta mediados de 2027 para confeccionar los pliegos de una nueva licitación integral.
Para el Municipio de General Pueyrredon, la resolución representa la clausura del frente cautelar y la obligación de concentrar todo su volumen político y técnico en el juicio madre. Sin embargo, en el plano estrictamente operativo, el cierre del expediente cautelar aporta un elemento de previsibilidad para el sector turístico marplatense. De cara a un verano inminente, los concesionarios y operadores de las unidades balnearias obtuvieron la certeza legal necesaria para trabajar sin sobresaltos normativos, mientras la batalla definitiva por la titularidad de Punta Mogotes ingresa en una etapa de definición de fondo en los despachos tribunalicios.
