14 de septiembre de 2026
SEGURIDAD VIAL
Tensiones en el Concejo por los fundamentos técnicos de la gestión de tránsito
La comisión de Movilidad Urbana mantuvo en tratamiento un proyecto para colocar dispositivos de frenado en el entorno de una plaza. Mientras el oficialismo pidió respetar los informes técnicos del Municipio, la oposición cuestionó la falta de fundamentos y alertó sobre los índices de siniestralidad.
Durante la reunión de la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante de General Pueyrredon celebrada este lunes y encabezada por el concejal Guido García (CC), se abordó el expediente 1204/26. La iniciativa solicita al Departamento Ejecutivo la colocación de herramientas para reducir la velocidad del tránsito en las arterias Bolívar, entre las calles Marconi y Avenida Juan Héctor Jara, y Moreno, entre Uruguay y la mencionada avenida, en las inmediaciones de un concurrido espacio verde del macrocentro marplatense.
El debate se inició tras darse a conocer la respuesta remitida por el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL), elaborada por su Departamento de Ingeniería de Tránsito. En la misma, la dependencia municipal informó que no contempla la instalación de reductores físicos en la zona señalada y sugirió, en su lugar, dar intervención al Departamento de Inspección de Tránsito para efectuar controles preventivos en distintos horarios del día.
Frente a esta postura, los concejales de Unión por la Patria, bloque autor del proyecto, expresaron su disconformidad con el dictamen administrativo. Así, señalaron que la respuesta formal omitió explicitar las razones de la negativa, imposibilitando determinar si la decisión responde a criterios de factibilidad técnica o a restricciones de presupuesto. Además, remarcaron que el sector registra antecedentes de riesgo vial y que la constante concurrencia de familias a la plaza exige medidas preventivas permanentes, argumentando que la infraestructura física o la señalética resultan alternativas más viables que el despliegue continuo de personal de inspección.
Por su parte, la postura del oficialismo fue expuesta por el concejal Marcelo Cardoso (PRO), quien subrayó la necesidad de atenerse a la normativa vigente contemplada en la Ordenanza 12.403. La norma establece que la implementación de dispositivos reductores debe adecuarse a parámetros técnicos que garanticen de manera equilibrada la seguridad vial y la fluidez de la circulación. Cardoso sostuvo que las evaluaciones especializadas no siempre coinciden con la solución propuesta originariamente y sugirió dar por contestado el pedido y disponer el archivo de las actuaciones, manteniendo la recomendación de realizar controles operativos.
Buscando un punto de acuerdo entre las posiciones expuestas, la concejal Vilma Baragiola (UCR+Nuevos Aires) propuso evitar el archivo inmediato y mantener el expediente en la comisión para consultar alternativas de señalización o demarcación con los funcionarios del área. A esta tesitura se sumó la intervención de Horacio Taccone (AM–MDF) que consideró oportuno reformular el requerimiento para que el Ejecutivo exponga los fundamentos técnicos de la negativa o contemple eventuales partidas de cara al próximo presupuesto municipal.
La discusión legislativa se inserta en un escenario marcado por la preocupación en torno a las estadísticas de siniestralidad vial en el distrito. De acuerdo con los datos recabados y expuestos en el recinto deliberativo, las víctimas fatales por siniestros de tránsito en el municipio mostraron un comportamiento ascendente en el último trienio, contabilizándose 40 fallecidos en 2023, 47 en 2024 y 75 durante el año 2025, con una marcada incidencia en usuarios de motocicletas. La problemática también se traslada al ámbito hospitalario regional, donde las atenciones por traumas derivados de incidentes viales representan cerca del 40 por ciento de los ingresos por guardia en el Hospital Interzonal General de Agudos.
Frente a este escenario, la comisión de Movilidad Urbana resolvió por consenso mantener el expediente en estudio y emitir una comunicación reformulada al Departamento Ejecutivo. El nuevo pedido solicitará la fundamentación técnica del dictamen del EMVIAL y requerirá la evaluación de estrategias complementarias de seguridad y señalización para la zona delimitada.