Raverta ensalza la lucha de los jubilados que su propia gestión en ANSES terminó licuando
Mientras la senadora bonaerense retoma el discurso en favor de los jubilados para posicionarse de cara al escenario electoral, los datos económicos, las denuncias por privilegios y los reclamos judiciales exponen las severas contradicciones de su paso como titular de la cartera.
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En el inicio del tramo decisivo de cara al año electoral 2027, la escena política bonaerense reactiva la carrera por los posicionamientos y la construcción de relatos. Desde la provincia de Buenos Aires y con la mirada fija en el escenario local, la senadora bonaerense Fernanda Raverta apeló nuevamente a una fórmula recurrente para interpelar a su electorado: la utilización de la causa previsional como plataforma emotiva y trinchera discursiva.
En una reciente publicación en sus redes sociales, la dirigente de Mar del Plata elogió a los jubilados de la Red Solidaria local calificándolos como "testigos de lucha" y responsabilizó de manera exclusiva a los "gobiernos neoliberales" de haberlos condenado al sufrimiento y al abandono, enarbolando como bandera la promesa de un acompañamiento incondicional. Sin embargo, la brecha entre la empatía digital y el registro documental de su gestión al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), período transcurrido entre el 30 de abril de 2020 y el 10 de diciembre de 2023, expone contradicciones políticas e indicadores que desmienten el discurso oficialista de la referente de La Cámpora.
Durante los tres años y medio en los que la dirigente marplatense condujo el organismo encargado de proteger a los sectores más vulnerables, el poder adquisitivo del sector pasivo sufrió un deterioro sostenido que contrasta severamente con las declaraciones vertidas en sus discursos públicos. Los números reconstruidos tras su paso por ANSES muestran que la movilidad aprobada durante la administración de Alberto Fernández generó un fuerte retraso frente al avance inflacionario.
Si bien la política de bonos extraordinarios intentó amortiguar el impacto sobre la jubilación mínima —la cual aun así registró una caída del 2% promedio en términos reales y de hasta un 8,6% al comparar el cierre de 2019 con el de 2023—, el impacto más severo lo sufrieron las escalas intermedias e intermedias altas de la pirámide previsional, que quedaron excluidas de los refuerzos e ingresaron en un proceso de achatamiento sistemático. Quienes percibían el equivalente a dos o tres haberes mínimos vieron deteriorados sus ingresos en un 25,1% y 26,3% real respectivamente, sufriendo pérdidas superiores al 39% en el segmento de quienes no recibieron bonificaciones.
El desfase entre el discurso sobre la defensa de los jubilados y la realidad de las métricas económicas quedó de manifiesto cuando la propia Raverta afirmó públicamente en junio de 2023 que los haberes le ganaban a la inflación con un incremento acumulado reportado del 107%. Las verificaciones de consultoras y analistas previsionales revelaron un severo sesgo metodológico al comparar un haber mínimo sin bono de 2021 contra una cifra de 2022 que sí lo sumaba, omitiendo además la pérdida registrada mes a mes. El análisis fino arrojó que, incluso considerando los adicionales otorgados por decreto, los haberes terminaron el ejercicio ubicándose sustancialmente por debajo del índice de precios. Para compensar las inconsistencias de una fórmula legal que prescindía de la inflación como variable directa de actualización, la gestión debió recurrir de forma sistemática a los refuerzos discrecionales, una mecánica que la Defensoría de la Tercera Edad cuestionó por su falta de carácter remunerativo y por dejar desamparados a más de un millón de beneficiarios.
A la pérdida del valor de los haberes se le sumaron cuestionamientos políticos e institucionales de fuerte repercusión judicial y parlamentaria. Mientras miles de jubilados enfrentaban apelaciones promovidas por la ANSES que postergaban durante años la ejecución de sentencias firmes por reajustes, la conducción del organismo decidió administrativamente allanar el camino para la restitución del cobro simultáneo de dos asignaciones vitalicias a favor de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión de desestimar el recurso de apelación interpuesto por el propio Estado frente a dicho expediente derivó en denuncias penales impulsadas por la oposición por presunto beneficio privilegiado e incumplimiento de deberes de funcionario público. Semanas más tarde, las controversias en torno a la administración de los recursos del sistema se multiplicaron tras el canje de títulos públicos dolarizados pertenecientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) dispuesto por el Ministerio de Economía. En su carácter de presidenta del Comité Ejecutivo del Fondo, Raverta fue denunciada penalmente junto a las máximas autoridades nacionales bajo acusaciones de administración fraudulenta y malversación, en medio del rechazo opositor al uso de los fondos de resguardo previsional para cubrir financiamiento corriente en pesos.
Las dificultades de la gestión también dejaron su huella en la calidad de la atención al público. Durante la emergencia sanitaria por la pandemia y la posterior normalización, las demoras excesivas, las fallas en el sistema de Atención Virtual y la imposibilidad recurrente de tramitar turnos o acreditar documentación generaron la intervención formal de organismos como la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, además de la presentación de reclamos judiciales individuales por mora administrativa que afectaron directamente a personas en situación de vulnerabilidad que requerían el alta de sus prestaciones. Aunque la ANSES adujo posteriormente un despliegue de operativos sabatinos y una ampliación en la resolución de carpetas, la gestión de turnos fue un eje constante de conflicto para el universo previsional.
A casi tres años de haber dejado el sillón principal de la ANSES y en pleno recorrido de este octubre de 2026, el intento de Raverta por refundar su perfil político apelando a la sensibilidad social choca directamente con la memoria de su propia administración. En el escenario local de Mar del Plata, donde la dirigente busca sostener su volumen político de cara a los armados electorales de 2027, el contraste resulta ineludible: los encendidos discursos en las redes sociales sobre la empatía y la protección a la tercera edad colisionan con el legado documental de una gestión marcada por el deterioro de los haberes frente a la inflación, la dilación de las sentencias judiciales, las causas por el manejo de los fondos del FGS y las facilidades otorgadas a las cúpulas del poder.
