11 de octubre de 2026
APPS DE TRANSPORTE
Se reglamentaron las apps de transporte: ¿Qué sucederá?
El decreto pone en marcha el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad y establece los requisitos que deberán cumplir las compañías, los conductores y los vehículos. La medida llega después de meses de espera y activa el plazo de adecuación previsto por la ordenanza aprobada en junio.
El Ejecutivo de General Pueyrredon finalmente reglamentó el funcionamiento de las aplicaciones de transporte. A través del Decreto 1978/2026, firmado por Guillermo Montenegro el viernes 9 de octubre, el Municipio estableció las condiciones para la inscripción de las empresas en el Registro Municipal de Empresas de Tecnología de Movilidad (ETM), los mecanismos de fiscalización y los procedimientos ante eventuales incumplimientos. Con la medida, comenzó a correr el plazo de 90 días previsto por la ordenanza, aunque las plataformas que ya operan en el distrito tendrán los primeros 45 días para solicitar su inscripción.
La reglamentación llega después de más de tres meses desde la sanción de la Ordenanza 27.001, aprobada por el Concejo Deliberante el 18 de junio y promulgada al día siguiente. La iniciativa había avanzado durante el interinato de Agustín Neme y estableció un marco normativo para empresas como Uber, Cabify y DiDi, que hasta entonces funcionaban en la ciudad bajo un esquema de restricciones municipales. Sin embargo, su implementación quedó supeditada a una instancia administrativa que recién ahora se concretó.
Uno de los puntos centrales del decreto es la documentación que deberán presentar las empresas para incorporarse al registro. Entre otros requisitos, tendrán que acreditar su constitución legal, inscripción ante los organismos tributarios correspondientes, domicilio especial y electrónico en General Pueyrredon, representación legal y legitimidad para explotar la plataforma tecnológica. También deberán designar un responsable de cumplimiento normativo y un canal de contacto operativo permanente.
El Municipio, a través de la Dirección General de Transporte, tendrá a su cargo la administración del registro y deberá publicar en su sitio web un listado actualizado de las empresas autorizadas. La información disponible incluirá la denominación de cada compañía, su número de inscripción, la plataforma que opera y el estado de su registro.
En materia de controles, las aplicaciones deberán habilitar un mecanismo de consulta que permita verificar los datos de los conductores y los vehículos. El sistema deberá contemplar información sobre licencias de conducir, vigencia de los antecedentes penales, seguros, Verificación Técnica Vehicular (VTV), titularidad o autorización de uso del automóvil y estado de habilitación del prestador. El decreto establece que los conductores deberán contar con licencia profesional D1 y mantener vigente el certificado de antecedentes penales, que tendrá que renovarse anualmente.
La normativa también delimita las conductas que podrán ser sancionadas. Entre ellas figuran la falta de identificación del vehículo, las deficiencias de higiene o funcionamiento, el exceso de pasajeros respecto de la capacidad autorizada, la captación de usuarios en la vía pública y la prestación del servicio con conductores o automóviles que no hayan sido informados a la autoridad municipal. Las infracciones serán juzgadas por el Juzgado Municipal de Faltas, bajo el régimen sancionatorio vigente.
Además, las empresas deberán responder a los requerimientos de información vinculados con denuncias de usuarios, terceros o actuaciones policiales y judiciales. El plazo general será de 48 horas hábiles, aunque deberán hacerlo de manera inmediata cuando esté comprometida la seguridad de las personas. El decreto aclara que los datos de usuarios, los registros de viajes y la geolocalización solo podrán solicitarse en los supuestos legalmente previstos.
Con la reglamentación publicada, el conflicto pasa ahora de la discusión normativa a la etapa de implementación. La demora había generado cuestionamientos por la falta de precisiones sobre los controles y las condiciones de funcionamiento de las plataformas, mientras el sector de taxis y remises aguardaba definiciones sobre la convivencia entre ambas modalidades. El Ejecutivo ya fijó las reglas administrativas; el próximo paso será determinar cómo se instrumentarán las inscripciones y los controles en la práctica, en un escenario atravesado por la proximidad de la temporada de verano.