El feriado del 12 de octubre, los recortes a la Zona Fría, la visita de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y la Quinta Marcha Universitaria marcaron la semana en la ciudad. Además, Guillermo Montenegro cumplió su primera semana en su regreso a la intendencia, el Concejo continuó con su trabajo en comisiones, mientras el Festival de Cine sigue sumando polémicas. Todo eso y más, al mejor estilo La Tecla Mar del Plata.

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Mar del Plata entre vacilaciones turísticas y maniobras en la planta permanente

Con una ocupación hotelera que apenas rondó el 45% en el crucial fin de semana largo de octubre, Mar del Plata despide este lunes un feriado que deja al desnudo no sólo la retracción del consumo y el impacto climático, sino la agobiante inercia de una clase política atada a las coartadas y envuelta en graves polémicas institucionales.

El fin de semana largo que históricamente funciona como el termómetro definitivo de cara a la temporada estival cierra sus puertas con números que encendieron las alarmas en la economía local. Las previsiones oficiales que auguraban un piso del cincuenta por ciento de reservas se desdibujaron al compás de un pronóstico meteorológico adverso, jornadas grises, temperaturas que apenas rozaron los doce grados y precipitaciones intermitentes que desactivaron las escapadas de última hora.

Las rutas hacia la Costa Atlántica, con un tránsito fluido y sin demoras según reportó Aubasa, terminaron por graficar una postal de escaso movimiento que contrasta fuertemente con los registros de años anteriores, cuando la ciudad supo convocar a más de ciento catorce mil turistas en 2024 o superar los cien mil con el impulso de los Juegos Bonaerenses en 2025. Hoy, con un sector inmobiliario que se describe como muy tranquilo y un consumo asfixiado por la pérdida de poder adquisitivo, el diagnóstico económico es por demás delicado. Sin embargo, reducir el balance a la inclemencia del tiempo o a la estrechez del bolsillo popular es caer en la trampa favorita de la dirigencia local.

Mar del Plata corre el riesgo de consolidarse como la capital nacional del pretexto. Oficialistas y opositores, de todos los colores partidarios, parecen entrenados en el arte de justificar el estancamiento mediante el comodín perpetuo del pero. Si la ocupación decae, la culpa es inexorablemente del clima; si el movimiento repunta levemente pero el gasto se desploma, la explicación se reduce a la falta de dinero; y si todo falla, siempre queda a mano la invocación de crisis estructurales o pasadas. La ciudad combina atractivos inigualables como sus playas, sus sierras y una gastronomía de jerarquía, pero los administra bajo un denominador común inalterable: la coartada discursiva. Se gobierna bajo la premisa de que el clima frío, ventoso y hostil es una anomalía imprevista, cuando en realidad la meteorología adversa forma parte de la identidad geográfica histórica de la costa marplatense. Pretender que Mar del Plata funcione únicamente cuando el sol brilla y las condiciones son óptimas evidencia una falta absoluta de planificación estratégica para consolidar un destino turístico activo durante todo el año, a pesar de las contingencias climáticas o económicas.

Esa incapacidad estructural para gestionar más allá de la coyuntura favorable encuentra su correlato más fiel en la conducción del área. Al frente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), Diego Juárez encabeza una estructura que, comenzando por él mismo, carece de perfiles idóneos capaces de dar un giro profesional a las políticas turísticas de la comuna. Lejos de constituir una excepción aislada, la precariedad en la conducción técnica del organismo se enlaza con un escándalo administrativo que sacude los cimientos del municipio. El caso más elocuente es el de la directora general de Turismo, Valeria Méndez, cuya designación en planta permanente desató un frente de tormenta interno. El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) advirtió sobre profundas inconsistencias y presuntas irregularidades legales en su nombramiento, señalando que el mismo día en que se aceptó su renuncia a un cargo político fue recategorizada como personal de carrera y, horas más tarde, promovida al máximo cargo jerárquico permanente sin mediar concurso público ni el proceso de selección exigido por la Ley 14.656 de Empleo Público Municipal y los principios constitucionales de igualdad y legalidad.

La maniobra, denunciada por el gremio como un artilugio para transformar puestos políticos en estables en detrimento de la carrera administrativa de los trabajadores municipales, se profundizó con un condimento que desgasta la paciencia interna: en pleno fin de semana largo, con el sector turístico en crisis y la ciudad necesitada de liderazgos firmes, la funcionaria hizo uso de sus catorce días de vacaciones reglamentarias como agente municipal. Esta secuencia de improvisación, vaciamiento de controles meritocráticos y respuestas ausentes profundiza el desánimo entre los agentes del propio EMTURyC y desnuda la fragilidad de una administración que camina a la deriva.

Mientras Mar del Plata espera respuestas serias y reclama profesionalismo, la política local sigue atrincherada en sus privilegios, cambiando soluciones de fondo por un rosario interminable de excusas.

De Mar del Plata a Shanghai: Cheppi expuso el potencial local en una feria global

Durante una feria internacional en China, el concejal del Frente Renovador presentó las fortalezas productivas, turísticas y tecnológicas del distrito ante referentes vinculados con las ciudades inteligentes y exploró experiencias de aplicación tecnológica en la gestión pública.

El presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, participó de una feria internacional de Smart Cities en Shanghai, donde expuso las capacidades productivas, turísticas, industriales y tecnológicas de General Pueyrredon. Con una presentación centrada en las fortalezas locales, puso el foco en el puerto, las universidades y la generación de conocimiento, aunque también planteó la necesidad de mirar hacia el exterior para encontrar respuestas a los problemas que atraviesa la ciudad.

Invitado por la Fundación Fundalat, el edil formó parte de un encuentro dedicado al desarrollo de ciudades inteligentes y a la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la vida de los vecinos. Bajo el título “Mar del Plata, el sueño de los argentinos”, presentó una mirada sobre el potencial de la ciudad y su capacidad para impulsar proyectos vinculados con la innovación.

“Mar del Plata tiene todo para ser una ciudad protagonista en los próximos años. Una ciudad inteligente no es la que más tecnología compra, sino la que mejor conecta sus recursos y capacidades”, expresó Cheppi durante su exposición.

La agenda también incluyó el acercamiento a experiencias internacionales que incorporan inteligencia artificial y herramientas tecnológicas a la gestión urbana. Entre los principales ejes observados estuvieron la seguridad, el transporte y los servicios públicos, áreas en las que distintas ciudades buscan optimizar recursos y mejorar las respuestas estatales.

En ese marco, el concejal vinculó el intercambio con los desafíos cotidianos de Mar del Plata y la posibilidad de adaptar algunas de esas iniciativas a la realidad local. “Mientras nuestra ciudad enfrenta problemas graves de inseguridad, abandono y deterioro de los servicios públicos, en otras partes del mundo están utilizando la tecnología para dar respuestas concretas a sus vecinos. Tenemos que aprender de esas experiencias y pensar cómo podemos aplicarlas en Mar del Plata”, sostuvo.

El Festival de Cine se acerca y la deuda por el alquiler complica al Teatro Colón

A semanas de la edición 41 del certamen cinematográfico, el futuro del teatro, una de sus sedes, está en duda por una deuda superior a los $40 millones, correspondiente a siete meses. El Club Español intimó al Municipio el 25 de agosto y, ante la falta de respuesta que denuncia, evalúa pedir el desalojo. El conflicto suma presión sobre Diego Juárez al frente del EMTURyC, en medio de los cuestionamientos a su gestión.

El atraso en el pago del alquiler al Club Español abrió un nuevo frente para el Ente Municipal de Turismo y Cultura, encabezado por Diego Juárez. Con siete meses pendientes y una deuda que superaría los $40 millones, la continuidad del Teatro Colón bajo la órbita municipal quedó bajo un signo de interrogación, justo cuando Mar del Plata se prepara para una nueva edición de su principal cita cinematográfica.

El Municipio acumula siete meses sin abonar el alquiler del teatro. La situación escaló el 25 de agosto, cuando el Club Español remitió una carta documento para exigir el pago. De acuerdo con esa presentación, la intimación no habría obtenido respuesta y las autoridades de la entidad avanzarían con acciones judiciales para recuperar el inmueble.

El calendario agrega presión al escenario. La edición número 41 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata está prevista del 5 al 15 de noviembre y el teatro municipal funciona como una de las sedes del certamen. En ese contexto, cualquier incertidumbre sobre la disponibilidad del Colón podría repercutir en la planificación, aunque todavía no está confirmado que el conflicto vaya a modificar la programación del certamen.

Para Juárez, la controversia suma un nuevo interrogante a la conducción del EMTURyC, en un año atravesado por cuestionamientos vinculados con la actividad turística y la organización de eventos. Mientras se acerca una de las fechas más relevantes del calendario cultural marplatense, la deuda por el alquiler coloca al histórico teatro en el centro de una disputa que combina obligaciones económicas, gestión pública y continuidad cultural.

Milei promulgó el recorte de Zona Fría y cambia el escenario para Mar del Plata

La reforma elimina el descuento automático en la factura de gas para más de 260.000 hogares de General Pueyrredon incorporados al régimen en 2021 y condiciona el acceso a una bonificación adicional al cumplimiento de requisitos socioeconómicos.

El presidente Javier Milei promulgó la ley que modifica el régimen de Zona Fría y abre un nuevo escenario para miles de usuarios de gas en Mar del Plata. La medida, oficializada este martes 13 de octubre, cambia las condiciones de acceso al beneficio para las localidades que habían sido incorporadas al sistema en 2021, entre ellas General Pueyrredon. El impacto alcanza a más de 260.000 hogares del distrito, que hasta ahora contaban con una bonificación vinculada a su ubicación geográfica.

La reforma deja atrás el descuento automático del 30% en las facturas para esos usuarios y reorienta la asistencia hacia un esquema focalizado. De esta manera, vivir en una zona alcanzada por la ampliación del régimen ya no será suficiente para acceder a la bonificación adicional: los hogares deberán cumplir con los criterios socioeconómicos establecidos por la nueva normativa. El cambio pone el foco en los ingresos y en determinadas situaciones de vulnerabilidad, con condiciones específicas para quienes busquen conservar parte del beneficio.

Entre los posibles destinatarios de la asistencia se encuentran los hogares cuyos ingresos netos no superen el límite previsto por el régimen, las familias que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, los titulares de una pensión vitalicia para veteranos de la Guerra de Malvinas y aquellos hogares en los que viva una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sujetos a la evaluación correspondiente. La bonificación adicional, además, se aplicará sobre el consumo base y no sobre el total de la factura, una diferencia que puede modificar el alivio final para cada usuario.

Para Mar del Plata, donde el régimen había extendido la cobertura a cientos de miles de hogares, el cambio abre interrogantes sobre el costo que tendrá el servicio para las familias y sobre cuántas podrán reunir las condiciones para acceder a la asistencia. La modificación no implica que todos los usuarios alcanzados pierdan cualquier posibilidad de recibir ayuda, pero sí termina con la aplicación automática del descuento por zona y obliga a revisar los requisitos del nuevo esquema.

Así, la promulgación de la ley por parte de Milei marca un cambio de criterio en la política de subsidios al gas: el beneficio deja de estar determinado únicamente por el lugar de residencia y pasa a depender, para los usuarios de las localidades incorporadas en 2021, de las condiciones previstas para acceder a una bonificación focalizada. En una ciudad con una demanda importante de calefacción durante los meses fríos, la implementación del nuevo régimen será clave para conocer el efecto concreto sobre las facturas de los hogares marplatenses.

El financiamiento municipal del Festival Internacional de Cine encendió el debate en el Concejo

Mientras el interbloque oficialista buscaba avanzar con la convalidación del acuerdo firmado entre el Municipio y el INCAA para la 41° edición del certamen, la oposición logró frenar el expediente en la Comisión de Educación para solicitar informes detallados sobre el financiamiento público.

A menos de un mes para el inicio de la 41° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el armado logístico y financiero de la muestra volvió a generar un fuerte contrapunto político en el plano local. Durante la jornada de este martes, la Comisión de Educación del Concejo Deliberante abordó el expediente 1820/26 enviado por el Departamento Ejecutivo para convalidar dos adendas al convenio marco entre el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Sin embargo, la falta de consensos entre el oficialismo y los bloques opositores impidió el avance de la iniciativa, que quedó frenada en comisión a la espera de precisiones sobre las erogaciones municipales.

El centro de la discusión se ubicó en la gestión del presidente del EMTURyC, Diego Juárez, funcionario alineado con La Libertad Avanza. La edil Melisa Centurión (AM-MDF), quien preside la comisión, detalló que las adendas firmadas por la conducción del ente comprometen a la comuna a financiar traslados, recepciones, aperturas, clausuras, catering y alquileres, además de garantizar mil noches de alojamiento en hoteles de cinco estrellas por un costo techo de 410 millones de pesos.

Durante el tratamiento, las bancadas opositoras expusieron marcados reparos sobre las decisiones de Juárez al frente del organismo. Así, cuestionaron la evolución de los costos desde el convenio de 2024, señalando que la primera adenda firmada por el funcionario libertario en julio estipulaba un gasto de 350 millones de pesos y la combinación de hoteles de cuatro y cinco estrellas, monto que dos meses después escaló a 410 millones y exigencia exclusiva de máxima categoría. A su vez, objetaron la renuncia a los derechos de imagen de las ceremonias en favor del INCAA y remarcaron la contradicción entre el gasto público dispuesto por la conducción del EMTURyC y el discurso político sobre el financiamiento privado del festival.

Ante este escenario, la oposición planteó dos mociones concretas: citar a Diego Juárez a dar explicaciones de manera presencial en la comisión o girar un pedido de informes formal al ente turístico. En este marco, fundamentaron la necesidad de dialogar cara a cara con el titular del organismo para que exponga el plan económico y explicite de dónde provendrán las partidas que sostendrán el evento.

Frente a la embestida opositora, la concejal oficialista Noelia Álvarez Ríos, perteneciente al mismo espacio político que Juárez (La Libertad Avanza), buscó descomprimir la presión acompañando el pedido de informes para responder a las dudas planteadas.

De esta manera, al no haber acuerdo para la aprobación directa, la presidenta de la comisión confirmó que el expediente quedará retenido en Educación hasta tanto el EMTURyC responda el requerimiento de los concejales, postergando la convalidación del texto a pocas semanas del inicio del certamen internacional.

Rechazo mayoritario y críticas a la gestión municipal tras la quita de la Zona Fría para Mar del Plata

Frente al recorte dispuesto por la Ley 27.828, Martínez Bordaisco (UCR+NA), Cheppi (FR), Bussetti (PRO), G. García (CC-ARI), Taccone (AM-MDF) y D. García (UP) analizaron el impacto de la medida sobre 260.000 hogares y cuestionaron la falta de contención local; Mariana Cuesta (UP) declinó responder y Rolando Demaio (LLA) no contestó.

La promulgación de la Ley 27.828 por parte del Poder Ejecutivo Nacional que elimina el descuento automático en las facturas de gas para los municipios incorporados al régimen de Zona Fría en 2021 generó una fuerte reacción política en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon. La reforma deja sin efecto la bonificación geográfica del 30% para más de 260.000 hogares marplatenses y supedita cualquier asistencia a la acreditación de estrictos requisitos socioeconómicos mediante los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). A continuación, las definiciones y posturas de las principales figuras del cuerpo legislativo local sobre el impacto de la norma, la equidad de la medida y las acciones a seguir.

Unión Cívica Radical + Nuevos Aires (UCR+NA)

El presidente del bloque radical, Ariel Martínez Bordaisco, rechazó de plano la interpretación del Gobierno nacional sobre la reforma del régimen: “No es un reordenamiento necesario ni equitativo. Impacta de forma desigual: mientras las zonas de mayores recursos de la Patagonia mantienen el subsidio, se perjudica a la clase media y media baja de más de 94 municipios bonaerenses, entre los que está Mar del Plata, compartiendo las mismas condiciones climáticas de frío”.

Respecto al impacto económico que sufrirá la población local durante los meses invernales, Martínez Bordaisco remarcó la postura histórica de su espacio frente al tratamiento de la norma en el Congreso: “Siempre estuvimos de acuerdo en que había que rediscutir los subsidios para lograr una reforma más equitativa, pero una mala ley no se soluciona con otra mala ley. Esto va a hacer que los bonaerenses paguemos más caro el gas. Por eso nos manifestamos en contra y el senador Maximiliano Abad fue uno de los pocos de la provincia de Buenos Aires que votó en contra en el Senado”.

En cuanto a las medidas a tomar para contener a los usuarios que deban inscribirse en el nuevo esquema focalizado, señaló la necesidad de acompañar a la comunidad: “Una vez convertida en ley, y habiendo hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para evitarlo, lo que corresponde desde el Concejo y las organizaciones es informar y ayudar a la ciudadanía para evitar que los usuarios que realmente lo necesitan pierdan la bonificación”.

Frente Renovador (FR)

Por su parte, el presidente del bloque del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, calificó la promulgación de la ley como “un retroceso” para la ciudad. “La Zona Fría reconoce una realidad concreta: en Mar del Plata se necesita más gas para calefaccionarse. No es un lujo ni un privilegio, es una necesidad básica. Con esta medida los vecinos van a pagar más por un servicio que ni siquiera está garantizado, como vimos los últimos inviernos con la falta de presión y los cortes”, enfatizó.

Al abordar el impacto en la economía marplatense, Cheppi sostuvo que la quita del descuento afectará transversalmente al comercio y a la vida cotidiana de las instituciones locales: “La plata que una familia destina de más al gas es plata que deja de gastar en el supermercado o en el comercio de barrio. En invierno calefaccionarse no se puede evitar, y recortar este descuento obliga a ajustar en otros consumos o a pasar frío. Además, afecta directamente a los clubes de barrio, organizaciones y comerciantes que ya tienen dificultades para vender”.

En relación con el rol que debe asumir el Estado municipal, reclamó un despliegue territorial para asistir a los vecinos frente a la burocracia del nuevo sistema y apuntó directamente contra el intendente Guillermo Montenegro: “El Municipio debe exigir información clara al Gobierno nacional y desplegar campañas de atención presencial en los barrios para ayudar a las familias, personas mayores o sin internet a realizar los trámites. Nadie puede quedar afuera por no entender un formulario. Mientras tanto, Montenegro se puso el buzo violeta de La Libertad Avanza en lugar de la camiseta de la ciudad y nunca defendió a los marplatenses”.

PRO

El titular de la bancada del PRO, Julián Bussetti, respaldó la necesidad de encarar un reordenamiento general del gasto del Estado, aunque cuestionó los criterios con los que se aplicó la medida en la ciudad: “Estoy de acuerdo con revisar el gasto del Estado y buscar mayor eficiencia. El kirchnerismo hizo una fiesta de subsidios y había que sincerar la economía, pero esa adecuación debe ser justa. Por clima, a Mar del Plata le corresponde estar dentro de la Zona Fría. No se le puede sacar a los marplatenses para beneficiar a sectores de altos ingresos de otras ciudades con las mismas temperaturas”.

Sobre la afectación concreta al consumo interno y la estructura de costos en el sector productivo marplatense, evaluó: “Es una cuestión lógica: si destinás más ingresos a la tarifa de gas, vas a resignar consumo en otros rubros. Espero que esto no se traslade a costos ni termine generando aumentos de precios en empresas, hoteles y la gastronomía local”. Asimismo, sobre las herramientas normativas desde el ámbito local para modificar el escenario tarifario, fue sintético: “El Concejo Deliberante no legisla sobre tarifas energéticas, por lo cual nuestro margen de maniobra legislativo es acotado”.

Coalición Cívica - ARI (CC-ARI)

Desde el monobloque de la Coalición Cívica - ARI, su presidente Guido García planteó una distinción entre la corrección fiscal y la situación particular de los hogares marplatenses: “Hay que distinguir la realidad climática de Mar del Plata del criterio de asignación de recursos. Veníamos de años de populismo energético y desequilibrios que era necesario corregir, pero importa el cómo y el cuándo. El desafío es ir hacia un esquema centrado en el usuario, con mecanismos ágiles que permitan incluir a todos los que realmente necesitan mantener el beneficio”.

Respecto a las consecuencias en el consumo de la población y el nuevo diseño de subsidios, García sostuvo: “El impacto real podrá evaluarse con el tiempo. El nuevo esquema contempla descuentos para jubilados, personas con discapacidad, sectores vulnerables y clubes de barrio. Lo importante es garantizar que quienes necesitan asistencia la reciban, y que quienes tienen capacidad económica afronten el costo para promover un uso más eficiente de la energía”.

En materia de gestión e intermediación municipal frente al trámite de segmentación, sostuvo: “Desde el Municipio y el Concejo Deliberante podemos acompañar a los vecinos brindando información clara y orientación sobre los trámites para acceder al beneficio, exigiendo que sean procesos simples, accesibles y sin letra chica. Lo de fondo es generar condiciones para que los ingresos alcancen, pero mientras tanto la asistencia debe ser efectiva”.

Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF)

Horacio Taccone, presidente del bloque Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro, se manifestó categóricamente en contra de la decisión adoptada por el Ejecutivo nacional: “Representa un claro retroceso de derechos porque elimina el beneficio territorial automático que otorgaba descuentos del 30% al 50%. Condicionar la bonificación al esquema focalizado SEF es un golpe directo a los 260 mil hogares de Mar del Plata”.

Sobre las implicancias socioeconómicas directas para las familias marplatenses en el contexto actual, el edil vecinalista sostuvo: “Afecta de lleno al bolsillo de los vecinos. La Zona Fría reconoce una obviedad: acá hace frío y consumimos más gas. En un contexto de recesión y caída del salario, perder este beneficio es un combo crítico para la economía de los hogares”.

Asimismo, Taccone cuestionó con dureza la postura de la administración local encabezada por Montenegro y recordó la iniciativa impulsada desde su bancada: “El Gobierno municipal ha demostrado un nulo interés y mucha tibieza en defender esta medida. Desde el primer momento propusimos crear una Red de Ciudades en Defensa de la Zona Fría para sumar fuerzas y sostener este derecho fundamental”.

Unión por la Patria (UP)

En el caso del bloque de Unión por la Patria, la presidenta de la bancada, Mariana Cuesta, declinó responder a la consulta periodística. Quien sí brindó testimonio fue el concejal Diego García, quien definió la medida como “un retroceso absoluto”: “Era un beneficio equitativo donde el Estado nacional no ponía dinero, sino que los usuarios del país compensábamos a las zonas más frías. De la misma forma que financiamos la energía en el norte para el uso de aire acondicionado en verano, Mar del Plata necesita el beneficio por las bajas temperaturas”.

Respecto a la quita del descuento sobre las tarifas de los usuarios locales y los sectores productivos, García proyectó un fuerte perjuicio económico: “Va a golpear gravemente al bolsillo de las familias y a la actividad comercial en un momento donde los salarios no aumentan. Se está utilizando el dinero de los ciudadanos de General Pueyrredon para solventar otros gastos del Estado nacional”.

Finalmente, al referirse al proceso de acreditación de requisitos y la postura del oficialismo comunal, advirtió sobre las barreras de acceso para los sectores más vulnerables: “Exigir trámites web a personas mayores, con discapacidad o familias vulnerables que no tienen conectividad es usar la tecnología como una barrera para recortar subsidios. Frente a esto, el oficialismo local guarda silencio: la falta de postura del intendente Montenegro termina garantizándole al Gobierno nacional el avance de estas leyes en contra del pueblo”.

La Libertad Avanza (LLA)

Pese a los reiterados intentos por obtener la postura del bloque oficialista a nivel nacional frente a la promulgación del recorte, no se obtuvo respuesta por parte de Rolando Demaio, presidente de la bancada de La Libertad Avanza.

El regreso de Montenegro

El exjuez retomó las riendas del Ejecutivo local con la seguridad como prioridad. El paso del intendente por el Senado bonaerense. Los diez meses del interinato de Agustín Neme.

Tras semanas de rumores, Guillermo Montenegro volvió a la Intendencia de General Pueyrredon después de casi diez meses de licencia para ocupar una banca en el Senado bonaerense y puso fin al interinato de Agustín Neme. La inseguridad y los reclamos vecinales aceleraron la decisión. En el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), explicó los motivos del regreso y fijó una consigna: coordinación con resultados.

Las versiones sobre su salida del Senado crecieron el viernes 2 de octubre. El regreso al Municipio ya circulaba desde hacía tiempo, pero la sucesión de hechos delictivos aceleró la decisión. El lunes 5, Montenegro presentó el pedido de licencia para “reasumir el ejercicio del cargo de Intendente Municipal”. Ese mismo día participó del acto por los cien años de la Base Naval Mar del Plata. El martes 6, el Senado aprobó la licencia extraordinaria y María Luján Fiego ocupó su banca.

El miércoles 7, en el COM, Montenegro explicó por qué dejó la Municipalidad para asumir como senador y decidió regresar. “La responsabilidad con esta ciudad no terminó”, sostuvo. Explicó que su salida había respondido al compromiso asumido al encabezar la lista legislativa en las elecciones de 2025, con el objetivo de “derrotar al kirchnerismo”. Ahora justificó el cambio con otra definición: “Gobernar no es enamorarse de las decisiones sino también entender cuándo uno tiene que cambiar”. Dijo que llegó a la conclusión de que debía “estar al frente del Municipio en este momento”.

¿La razón? “La seguridad”, respondió. “Existe en la ciudad un problema muy grave con relación a la seguridad, tomé la decisión de ponerme al frente, de tomar las decisiones que tengo que tomar”, afirmó. Así, ubicó la inseguridad entre las prioridades de su regreso.

Montenegro evitó presentar el problema como una disputa por las competencias de cada nivel del Estado. “No tengo ninguna duda de qué lado estoy. En esto está claro que hay responsabilidades del Municipio, responsabilidad de la Provincia, responsabilidad del Gobierno nacional”, señaló. Pidió articular el trabajo de la Patrulla Municipal, la Policía Bonaerense, las fuerzas federales, jueces y fiscales.

“Todos estos tienen que ser parte de la solución, no pueden ser parte del problema. Tenemos que trabajar mancomunadamente”, afirmó. El desafío es organizar los recursos y definir dónde hacen falta. “Si vos tenés un mapa y sabés dónde poner los recursos, va a ser más fácil si tenés los recursos. Y que cada uno de esos recursos sepa lo que tiene que hacer. Esa es la parte de la coordinación que es importante”, explicó. También insistió en que el trabajo conjunto debe apuntar a algo más que una puesta en escena: “Es clave la coordinación para que haya un resultado, no para que haya una foto”. Y remató: “Es con resultados, no con fotos”.

Ante la consulta por eventuales cambios en el gabinete, Montenegro no adelantó decisiones y asumió la responsabilidad por el rumbo de la gestión. “Uno los evalúa permanentemente, pero la responsabilidad es mía. El que da la cara por el vecino soy yo”, sostuvo. Además, tuvo palabras de respaldo para Neme, quien condujo la Comuna durante su licencia: “Agustín trabajó muy bien. Él va a tomar una decisión, pero siempre va a tener un lugar en este equipo”. Todavía no está claro si Neme regresará a su banca en el Concejo Deliberante o si se incorporará al gabinete, tras la licencia que solicitó en el HCD.

En las preguntas surgieron el desempleo, el turismo y el futuro del Estadio Minella, aunque dominó la seguridad. Montenegro, además, hizo referencia a dos dirigentes vinculados al llamado “modelo Mar del Plata”: el diputado nacional de La Libertad Avanza Alejandro Carrancio y el senador nacional radical Maximiliano Abad. El gesto fue leído como una señal de continuidad de la alianza entre el PRO, La Libertad Avanza y la UCR.

El regreso generó reacciones políticas. Desde la oposición cuestionaron el regreso con la frase: “Gobernar Mar del Plata no puede ser un plan B”. En el oficialismo, en cambio, celebraron que Montenegro retomara el mando. También llegó una señal desde la Provincia: el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo que el intendente “arrancó con el pie derecho” y destacó la recomposición del diálogo entre la administración de Axel Kicillof y el Municipio. El diálogo deberá convertirse en una agenda concreta.

Montenegro reactivó su agenda partidaria. El jueves 8 participó de una reunión de intendentes del PRO en Vicente López, convocada por Cristian Ritondo y con Soledad Martínez como anfitriona. Los intendentes analizaron la reorganización bonaerense y la estrategia para 2027. Después se reunió con el jefe de Gabinete nacional, Diego “Colo” Santilli, para hablar de seguridad. “Nuestra obligación es trabajar juntos para llevarles soluciones a los marplatenses”, expresó en sus redes.

El desafío será que la coordinación anunciada se traduzca en respuestas concretas frente a la inseguridad. A la vez, Montenegro tendrá que ocuparse de otros frentes de gestión, entre ellos el empleo, la actividad económica, el turismo, la obra pública y las cuentas municipales.

La política se mira el ombligo y los vecinos esperan

Mientras el desempleo, los tarifazos, las deudas y la inseguridad golpean a Mar del Plata y Batán, la dirigencia parece concentrada en cobrar cada mes, conservar sus cargos y asegurar su continuidad. Entre negociaciones, disputas internas y reacomodamientos electorales, oficialismo y oposición conviven con una realidad social que exige respuestas concretas.

La política tiene sus propios objetivos y, muchas veces, poco tienen que ver con las necesidades de los vecinos. Cobrar a fin de mes, conservar los cargos y asegurarse la continuidad parecen haberse convertido en prioridades para una dirigencia que, entre disputas internas y reacomodamientos, pierde de vista los problemas de la calle.

Mientras el desempleo, las deudas, los tarifazos, la inseguridad y la incertidumbre económica golpean a las familias marplatenses y batanenses, buena parte del arco político, tanto del oficialismo como de la oposición, parece transitar otra realidad. Con la heladera llena, las preocupaciones cotidianas de los vecinos quedan lejos de una agenda que suele mirar más hacia adentro que hacia afuera.

A esa distancia se suma otro problema: la falta de idoneidad para ocupar cargos ejecutivos y legislativos. La responsabilidad de administrar recursos públicos, diseñar políticas y representar a la ciudadanía exige preparación, compromiso y capacidad de gestión. Sin embargo, cuando la prioridad pasa por sostener posiciones antes que ofrecer soluciones, las consecuencias terminan repercutiendo en la vida cotidiana.

En el Municipio, mientras tanto, la estructura continúa funcionando, en buena medida, gracias al trabajo de los empleados municipales que sostienen las tareas diarias y garantizan la prestación de servicios. Una maquinaria que sigue en marcha más allá de las disputas políticas y de las limitaciones de quienes tienen la responsabilidad de conducirla.

Cada cuatro años, la política vuelve a acomodar sus piezas. Se renuevan las candidaturas, se negocian lugares, se reordenan alianzas y quienes quedan afuera de una lista buscan otra ventanilla donde continuar. Pero, mientras la dirigencia resuelve su propia supervivencia, las demandas de los vecinos siguen esperando respuestas concretas.

El problema no es que la política busque sostenerse electoralmente: competir y aspirar a cargos forma parte de la democracia. La cuestión es qué queda en segundo plano cuando la continuidad personal se impone sobre la responsabilidad pública. Porque, si la política cumple con sus propios objetivos, pero no logra dar respuestas a quienes representa, la pregunta es inevitable: ¿a quién le está cumpliendo realmente?

Monteoliva pasó por Mar del Plata: reunión a puertas cerradas, fotos y pocas respuestas sobre seguridad

La ministra de Seguridad Nacional mantuvo un encuentro con Guillermo Montenegro para coordinar acciones contra el delito. Sin embargo, no se concretó una conferencia de prensa y la visita dejó más interrogantes que certezas sobre las medidas que se implementarán en General Pueyrredon.

La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, tuvo un paso fugaz por Mar del Plata y se reunió con el intendente Guillermo Montenegro para analizar la situación de seguridad, repasar el trabajo de las Fuerzas Federales y coordinar futuras acciones. Al menos, eso fue lo que se informó oficialmente sobre un encuentro que prometía fortalecer los vínculos entre el Municipio y el Gobierno nacional, pero que terminó dejando más fotografías que precisiones.

De la reunión también participaron el Secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; Gustavo Jara, del área de Operaciones y Despliegue Territorial del Ministerio, y el diputado nacional de La Libertad Avanza, Alejandro Carrancio. Una mesa con presencia política y funcionarios de peso, aunque con escasas definiciones públicas sobre los resultados concretos del intercambio.

Más allá de las formalidades del comunicado oficial, hubo un detalle que no pasó inadvertido. No se realizó una conferencia de prensa. En su lugar, quedaron las imágenes de los funcionarios reunidos y una descripción institucional de los temas abordados. Sin preguntas y sin demasiadas explicaciones sobre qué cambiará en materia de seguridad para los marplatenses.

Según la información difundida, durante el encuentro se repasaron las tareas que desarrollan las Fuerzas Federales en el territorio y las necesidades de coordinación para las próximas acciones. También se evaluaron las principales problemáticas de seguridad y las prioridades del trabajo conjunto para prevenir y combatir el delito. Sin embargo, no trascendieron anuncios específicos sobre nuevos operativos, refuerzos de efectivos o medidas concretas que permitan dimensionar el alcance de lo conversado.

Como parte de la agenda, Monteoliva y Montenegro recorrieron el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde la funcionaria nacional pudo conocer las instalaciones. La visita sirvió para completar la postal institucional de una jornada en la que las cámaras tuvieron acceso a los protagonistas.

Así, el hermetismo terminó ganándole terreno a las explicaciones. En una ciudad donde la inseguridad ocupa un lugar central en la discusión pública, la visita de una de las máximas autoridades nacionales del área representaba una oportunidad para conocer qué respuestas se preparan frente al delito.

Por ahora, queda una pregunta bastante más importante que la foto: ¿qué se acordó realmente para mejorar la seguridad de los marplatenses?

Carrancio mira por el rabillo del ojo al 2027 y muestra músculo político

El diputado nacional reunió a concejales y funcionarios de La Libertad Avanza durante el paso de la ministra de Seguridad por Mar del Plata. Bajo la bandera de la seguridad, el dirigente libertario exhibió a su compañeros en política y comenzó a mover las fichas de cara al próximo turno electoral.

La visita de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a Mar del Plata no solo dejó reuniones institucionales y declaraciones sobre la inseguridad. También abrió una ventana para la rosca política. El diputado nacional Alejandro Carrancio aprovechó el desembarco de la funcionaria para reunir a concejales y funcionarios de La Libertad Avanza, mostrar el volumen de su armado local y dejar entrever que el 2027 ya empieza a ocupar un lugar en su horizonte político.

Con la seguridad como eje del encuentro, Carrancio buscó capitalizar la presencia de una figura del Gabinete nacional para exhibir cohesión dentro del espacio libertario. La convocatoria funcionó, además, como una demostración de fuerzas en un escenario donde las aspiraciones electorales comienzan a tomar forma y los distintos sectores se preparan para disputar protagonismo en General Pueyrredon.

En el plano institucional, el legislador destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado. “La seguridad necesita un trabajo serio, coordinado y sostenido en el tiempo. Estamos convencidos de que los resultados no se consiguen con esfuerzos aislados, sino con planificación, responsabilidades claras y una mesa de trabajo que permita abordar de manera conjunta los problemas de nuestra ciudad”, sostuvo.

Sin embargo, detrás de la agenda de seguridad también asoma una lectura electoral. La presencia conjunta de dirigentes y funcionarios libertarios le permitió a Carrancio exhibir capacidad de convocatoria y posicionarse como una de las figuras que buscan ordenar el espacio de cara al año próximo. Una postal que, más allá de los discursos institucionales, también sirve para marcar territorio.

Así, mientras Monteoliva cumplía con su agenda en Mar del Plata, Carrancio encontró la oportunidad de mostrar las cartas de su armado político. El 2027 todavía parece lejano en el calendario, pero en la interna libertaria las fichas ya empiezan a moverse. Y el diputado nacional no quiere quedarse afuera de la partida.

IOMA bajo fuego en el Concejo: denuncias por abandono, reclamos de auditoría y cruces políticos

Afiliadas volvieron a exponer las dificultades para acceder a guardias, especialistas y reintegros, y reclamaron una auditoría sobre los fondos de la obra social bonaerense. En medio del debate, Julián Bussetti cuestionó el uso político de los recursos de IOMA, aunque la hija de una afiliada fallecida puso el foco en las responsabilidades detrás de las decisiones médicas que, según denunció, le costaron la vida a su madre.

La crisis de IOMA volvió a exponer sus consecuencias en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Durante la Comisión de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano de este miércoles, tres mujeres llevaron sus reclamos por las dificultades para acceder a prestaciones médicas, la falta de respuestas de las autoridades y el deterioro de la cobertura en Mar del Plata. El planteo no fue nuevo, las afiliadas ya habían acudido al cuerpo meses atrás y, según denunciaron, la situación lejos de mejorar se agravó. Entre las demandas, reclamaron una auditoría de los fondos de la obra social y una intervención que permita determinar cómo se administran los recursos y quiénes son responsables de las prestaciones que no se garantizan.

El testimonio más duro fue el de Valeria Soledad Carrera, hija de Silvia Anansi González, una mujer de 56 años fallecida en el marco de una situación que continúa bajo investigación judicial. Carrera relató que, después de la muerte de su madre, ella misma atravesó un episodio de salud grave sin encontrar un lugar donde atenderse. Según contó, fue derivada a un policonsultorio que no contaba siquiera con los medios para realizarle una radiografía. Finalmente, pudo acceder a atención médica gracias a otra cobertura vinculada con su trabajo en el sector privado y permaneció tres días internada. “Nos quedó solamente una clínica”, advirtió al describir el escenario local, en referencia a la reducción de prestadores disponibles para los afiliados de IOMA.

El reclamo también apuntó a la falta de explicaciones institucionales. Carrera aseguró que intentó comunicarse con el titular de IOMA, Homero Giles, y con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sin obtener la respuesta que esperaba. Además, cuestionó que no hubiera avances suficientes en la investigación por la muerte de su madre y relató presuntos episodios de hostigamiento que, según sostuvo, comenzaron después de que hizo públicas sus denuncias. La comisión se comprometió a hacer llegar la documentación presentada a todos los bloques y a gestionar un contacto con las autoridades locales de IOMA para intentar que la afiliada sea recibida por su conducción. Sin embargo, las respuestas políticas volvieron a poner sobre la mesa una dificultad central, ya que el Concejo puede emitir resoluciones y realizar gestiones, pero no tiene facultades directas para administrar ni intervenir la obra social provincial.

Desde la UCR-Nuevos Aires, la concejala Gabriela Azcoitia enumeró los expedientes que siguen en tratamiento, entre ellos una jornada de trabajo prevista para el 11 de diciembre a las 9, a la que fueron convocados Homero Giles, el titular local de IOMA y representantes de la zona sanitaria. También mencionó iniciativas sobre el transporte para personas con discapacidad, las prestaciones de salud mental y la necesidad de restablecer la cobertura médica, los medicamentos y la oferta de profesionales.

Julián Bussetti, concejal del PRO, endureció el tono contra la conducción de IOMA y el gobierno provincial. Cuestionó que las afiliadas deban regresar reiteradamente al Concejo sin obtener soluciones y sostuvo que la falta de escucha de las autoridades agrava el conflicto. “Para hacerse cargo hay que escuchar, primero que nada”, planteó. Después, apuntó al manejo de los recursos y reclamó una auditoría que permita conocer su destino. “Los fondos de IOMA tienen que ir a IOMA, no a cualquier capricho de la provincia de Buenos Aires o a cualquier aventura política”, afirmó, antes de sostener que esos recursos estarían financiando “muchas cuestiones políticas”. Se trata de una acusación política que Bussetti acompañó con un pedido de rendición de cuentas. También sostuvo que la falta de mayorías opositoras en la Legislatura bonaerense limita la posibilidad de impulsar cambios y cuestionó que el oficialismo provincial no haya resuelto el conflicto.

El planteo de Bussetti tuvo, además, una lectura electoral. Advirtió que las autoridades podrían acercarse a las afiliadas a medida que se aproximen las elecciones, fingiendo interés en una problemática que lleva meses sin respuestas. Su intervención trasladó la discusión desde las prestaciones médicas hacia la disputa por la administración de los recursos y el uso político de la crisis. Sin embargo, Carrera volvió a poner el eje en la experiencia concreta de su familia y marcó una distinción que atravesó el debate. “Los médicos del Regional atendieron a mi mamá de maravilla. Estoy en contra de los que están más arriba en un escritorio diciendo quién se salva y quién no”, expresó. La mujer sostuvo que los profesionales habían solicitado trasladar a su madre a una unidad coronaria, pero que esa posibilidad se habría rechazado por una cirugía programada que, según su relato, no implicaba riesgo de vida.

Al cierre, las afiliadas agradecieron el acompañamiento de los distintos bloques, pero insistieron en que necesitan respuestas de quienes tienen capacidad efectiva de decisión.

El saldo de la comisión volvió a exhibir una paradoja, ya que hubo coincidencias políticas en torno a la gravedad del problema, proyectos acumulados y compromisos de gestión, pero ninguna solución inmediata para quienes no consiguen atención o deben afrontar de su bolsillo prestaciones que consideran cubiertas. Mientras la discusión partidaria se concentra en quién controla IOMA, cómo se utilizan sus recursos y qué responsabilidades le caben al gobierno provincial, las afiliadas siguen esperando una respuesta concreta.

Acomodando las fichas: el Ejecutivo movió partidas presupuestarias por más de $540 millones

Tras su regreso a la conducción del municipio, Guillermo Montenegro firmó un decreto para ratificar la reasignación de créditos en la Administración Central.

Con la ejecución presupuestaria del ejercicio 2026 en pleno desarrollo, el Ejecutivo de General Pueyrredon volvió a hacer mano de sus facultades para reordenar las partidas de la Administración Central. A través de una norma de firma conjunta, la Comuna ratificó una serie de transferencias de crédito compensadas que alcanzan un monto total de $540.468.574,18.

La medida administrativa se concretó mediante el Decreto DECFC-2026-1974 firmado por Guillermo Montenegro tras su regreso a la Intendencia. En los considerandos del texto oficial se argumenta que la dinámica propia del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos vigentes exige realizar "ajustes presupuestarios entre las diversas partidas que lo componen".

Para fundamentar el movimiento contable, el Gobierno comunal apeló al artículo 81° de la Ordenanza N° 26.901 (Ordenanza Complementaria de Presupuesto) promulgada en febrero de este año, la cual autoriza expresamente a crear, transferir y reasignar créditos presupuestarios según la necesidad del esquema de gestión.

Este reacomodamiento contable cobró especial relevancia en el plano político municipal, ya que se dio en el marco de uno de los primeros decretos firmados por Guillermo Montenegro tras su regreso a la conducción del Municipio.

¿Cómo se distribuyeron los fondos?

El Anexo I adjunto al decreto detalla un total de 35 órdenes de transferencia modificatorias (de la N° 225 a la N° 259) que operan bajo un esquema compensado: por cada deducción en un área o partida, se aplica una ampliación equivalente en otra, manteniendo equilibrado el presupuesto global.

Entre los movimientos de mayor envergadura económica reflejados en el documento destacan:

Orden de Transferencia N° 231: Es el movimiento individual más alto, por $134.500.000,00.

Orden de Transferencia N° 258: Involucra una reasignación de $79.779.840,52.

Orden de Transferencia N° 254: Contempla un ajuste de $66.594.894,18.

Orden de Transferencia N° 225: Suma $60.000.000,00 en compensaciones.

Asimismo, el anexo contempla una variada gama de ajustes intermedios y menores —como los $25,3 millones de las órdenes 250 y 252, o los $19,8 millones de la 244—, configurando una reestructuración integral que suma exactamente $540.468.574,18 tanto en la columna de ampliaciones como en la de deducciones.

El documento además de llevar la firma de Montenegro tiene el “gancho” del Secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli.

Inició la quinta Marcha Federal Universitaria en Mar del Plata

La comunidad universitaria volvió a movilizarse en las calles de Mar del Plata para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Docentes, no docentes, estudiantes y representantes gremiales marchan hacia el monumento a San Martín en medio de un conflicto que suma tensión judicial y cuestionamientos a la política educativa de Javier Milei.

La quinta Marcha Federal Universitaria comenzó en Mar del Plata con la concentración de centenares de personas en la Plaza de la Memoria, Dean Funes al 3350, que se reunieron en defensa de la universidad pública y gratuita. Con la participación de referentes de distintos centros de estudiantes, autoridades universitarias, dirigentes gremiales, docentes, no docentes y estudiantes, la movilización inició su recorrido hacia la rotonda de San Martín, ubicada en la intersección de las avenidas Pedro Luro y Bartolomé Mitre.

Según el cronograma previsto, la columna de manifestantes llegará entre las 18:30 y las 19 a las inmediaciones del Palacio Municipal. Allí se desarrollará el acto central, con intervenciones de autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y representantes de los distintos sectores gremiales, que tendrán la oportunidad de exponer sus reclamos frente a la comunidad universitaria y a los vecinos que acompañen la jornada.

La movilización se produce en un escenario de creciente tensión entre las universidades públicas y el Gobierno nacional, principalmente por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La normativa busca garantizar recursos para el funcionamiento de las casas de altos estudios, la recomposición de los salarios docentes y no docentes y el sostenimiento de las actividades académicas y científicas, en un contexto atravesado por la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades presupuestarias.

En este marco, el conflicto también llegó a los tribunales. La Justicia dispuso una multa diaria de $100 mil contra el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, ante el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba al Ejecutivo aplicar provisoriamente dos artículos centrales de la legislación universitaria. La sanción apunta a presionar por el cumplimiento de la resolución judicial y constituye un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno de Javier Milei y el sistema universitario público.

La protesta también pone nuevamente en el centro de la discusión el futuro del sistema universitario público y la capacidad de las instituciones para sostener sus actividades en medio de las restricciones financieras. Con la quinta movilización federal, la comunidad académica busca mantener el conflicto en la agenda pública y aumentar la presión sobre la Casa Rosada para que se efectivicen los recursos establecidos por la legislación vigente.

La quinta marcha también se desarrolla mientras comienza a instalarse la discusión por el Presupuesto Nacional 2027, otro frente de disputa entre las universidades y la administración libertaria. El Consejo Interuniversitario Nacional reclama recursos suficientes para sostener el sistema, mientras que el Ejecutivo defiende su política de equilibrio fiscal. De esta manera, la movilización vuelve a trasladar a las calles una discusión que ya atravesó el Congreso y la Justicia, pero que todavía no encuentra una resolución definitiva.

El "milagro" de la multiplicación del privatizado metros cuadrados en Playa Grande

Ahí están, otra vez. Fieles a la cita primaveral, como las golondrinas pero con gasoil y orugas de acero, las máquinas retroexcavadoras volvieron a adueñarse de la orilla en Playa Grande. Todo un espectáculo de la ingeniería criolla: si la naturaleza no nos da la arena para llenar de lona y caño el sector privado, tranquilos, que la sacamos del mar, ya que nadie paga el costo de sus actos.

Un video difundido por el portal LoQuePasa.net dejó al descubierto el ya clásico operativo "pre-temporada". Aprovechando una oportuna bajante del mar, las palas mecánicas andan rascando el fondo del lecho costero para acarrear el sedimento agua arriba y amontonarlo justo donde van a plantar las carpas y sombrillas de los balnearios concesionados.

Porque claro, ¿para qué esperar a que el municipio exija o que las inversiones estructurales resuelvan la erosión costera si podés moverle el piso a la orilla y resolver el problema a fuerza de pala mecánica?

En veranos anteriores, el folklore local incluía al menos la postal de los camiones volcando arena de aporte traída desde afuera. Esta vez no. La economía circular llegó a la sombra concesionada: le robamos arena a la marea para que la sombra del privado no quede con las patas en el agua.

El detalle que nadie parece querer ver, o que prefieren mirar desde una reposera de madera lustrada, es que el mar siempre vuelve a reclamar lo suyo. Pero en el mientras tanto, el resultado inmediato es la misma historia de todos los años: la franja de playa pública se encoge hasta parecer un pasillo técnico. Si querés salir a caminar o mojarte los pies sin tropezarte con una estaca de carpa o pedir permiso a un parador, mejor andá buscando otra postal, porque en Playa Grande el espacio libre para la plebe pasó a ser un bien en peligro de extinción.

Un verdadero tributo a la gestión del espacio público marplatense: la orilla la paga, la marea, la arena la mueve la retro, y el beneficio, como de costumbre, queda bajo techo de lona, ya que nadie paga el costo de sus actos.

Triplete legislativo: inseguridad, reclamos vecinales y cruces por las respuestas del Ejecutivo

Las comisiones de Seguridad, Ambiente y Políticas de Género tuvieron una jornada cargada de debates. Las denuncias por el avance del narcomenudeo, los cuestionamientos por las demoras en los informes municipales y el archivo de expedientes encendieron la discusión entre el oficialismo y la oposición.

El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon atravesó una jornada de intensa actividad legislativa con el desarrollo de tres comisiones: Ambiente, Desarrollo Sostenible y Servicios Sanitarios; Políticas de Género, Mujer y Diversidad; y Seguridad Pública y Protección de la Comunidad. Entre reclamos vecinales, cuestionamientos al Ejecutivo y diferencias entre los bloques, el triplete dejó varios cruces políticos que volvieron a poner bajo la lupa la gestión municipal.

El debate más caliente se concentró en la comisión de Seguridad, presidida por la concejal del PRO Florencia Ranellucci, que en medio de los reiterados episodios de inseguridad registrados en Mar del Plata comenzó al ruedo dentro del recinto. La reunión arrancó con la participación de Adrián Cavia, vecino de Villa Primera, quien expuso la preocupación de los habitantes del barrio por el avance del narcomenudeo, el consumo problemático de drogas y la falta de respuestas concretas para prevenir el delito.

El vecino apuntó directamente contra la escasa presencia de controles en sectores donde, según denunció, la comercialización de estupefacientes se desarrolla prácticamente a la vista de todos. “No puede ser que la Patrulla Municipal esté a una cuadra donde están vendiendo drogas en Chacabuco, en Champagnat y no hagan nada”, cuestionó. También aseguró que estas situaciones se repiten a escasos metros de dependencias municipales y reclamó mayor intervención estatal, corredores escolares seguros y medidas preventivas para proteger a los jóvenes.

La exposición abrió un intercambio entre el oficialismo y la oposición. Desde Unión por la Patria, Diego García recordó que ya existía un expediente vinculado con las problemáticas de Villa Primera y advirtió que varios pedidos de informes permanecían sin respuesta. Por su parte, Marcelo Cardoso, del PRO, defendió la necesidad de una intervención coordinada entre las distintas áreas municipales y las fuerzas policiales, al tiempo que destacó los allanamientos realizados en la ciudad. Finalmente, se resolvió incorporar el reclamo vecinal al expediente 1663 para continuar su seguimiento.

Sin embargo, el tono de la discusión escaló cuando se abordó el expediente 1662/2025, referido a las estrategias de seguridad implementadas durante la temporada 2025-2026 en los barrios del sur. García denunció que una respuesta elaborada por la Secretaría de Seguridad en febrero recién había llegado a la comisión en septiembre, cuando la temporada sobre la que se solicitaba información ya había terminado.

“Es un problema administrativo grave, es una falta grave que se debería discutir en la Comisión de Labor con todos los presidentes de bloque. Esto es tomarle el pelo a todos los que estamos acá”, disparó el edil opositor. La crítica apuntó tanto a la demora en la circulación de los informes como a la utilidad de las respuestas que llegan cuando los problemas ya quedaron desactualizados. Pese al cuestionamiento, el oficialismo avanzó con el archivo del expediente por mayoría, con los votos negativos de Unión por la Patria y Acción Marplatense.

La tensión continuó con el tratamiento de una aplicación de alerta ciudadana denominada Escudo Digital MGP, impulsada por Unión por la Patria. García cuestionó las objeciones técnicas del Ejecutivo y sostuvo que el propio municipio ya utiliza dispositivos de alerta conectados al Centro de Operaciones y Monitoreo para determinados sectores. “O la subsecretaría no sabe, o el secretario no habla, o alguna situación pasa en el medio”, ironizó sobre las respuestas oficiales. Desde el PRO, Julián Bussetti replicó que los informes eran contundentes y cuestionó la falta de precisiones presupuestarias de la propuesta. El proyecto también terminó archivado por mayoría, profundizando el enfrentamiento político por las herramientas de prevención del delito.

La comisión de Ambiente, tampoco estuvo exenta de discusiones. Uno de los cruces surgió por el abastecimiento de agua potable en la Estación Chapadmalal. Solange Flores, del Frente Renovador, cuestionó las explicaciones de Obras Sanitarias y rechazó que las características del suelo y las dificultades de financiamiento justificaran la falta de avances. “No sé cómo hacen otros municipios para tener agua”, ironizó. Bussetti defendió la respuesta técnica del organismo y solicitó el archivo del expediente, que finalmente prosperó por mayoría con el rechazo de Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador.

Otro de los debates ambientales giró alrededor de la Plaza del Agua y las dudas sobre el convenio de padrinazgo anunciado por el municipio. Desde la oposición reclamaron información sobre las obras previstas, las condiciones del acuerdo y el futuro del espacio público. El expediente quedó en comisión con nuevos pedidos de informes a Obras Sanitarias y a la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda.

Por su parte, la comisión de Políticas de Género, Mujer y Diversidad, recibió a Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de Lucía Pérez, a diez años del crimen de su hija. La familia reclamó que Juan Pablo Offidani sea declarado persona no grata en Mar del Plata y volvió a exigir justicia. Montero cuestionó duramente el funcionamiento del sistema judicial y apuntó contra Ariel Martínez Bordaisco por su participación en el proceso de enjuiciamiento de los magistrados que intervinieron en la causa. Vilma Baragiola respondió a ese señalamiento, explicó que Bordaisco no integraba la comisión y defendió la necesidad de continuar acompañando el reclamo familiar. Más allá de ese intercambio, las intervenciones coincidieron en la importancia de sostener la búsqueda de justicia y el expediente continuará bajo análisis.

Así, el triplete legislativo dejó una postal de las tensiones que atraviesan al Concejo. Vecinos que reclaman soluciones, una oposición que cuestiona la eficacia y los tiempos de respuesta del Ejecutivo y un oficialismo que defiende las actuaciones municipales y hace valer su mayoría para cerrar expedientes. La seguridad volvió a ocupar el centro de la escena, pero el interrogante político quedó abierto ¿Cuánto de lo que se discute en las comisiones termina convirtiéndose en respuestas concretas para los marplatenses?

De la marea histórica a la quinta marcha: ¿Cómo cambió el reclamo universitario en las calles de Mar del Plata?

Desde abril de 2024 hasta octubre de 2026, la ciudad fue escenario de cinco movilizaciones federales en defensa de la educación superior. Entre recortes presupuestarios, vetos presidenciales y disputas judiciales, el reclamo atravesó distintas etapas, mientras estudiantes, docentes, graduados y vecinos volvieron a ocupar las calles.

Pasaron los años, cambiaron las consignas y se sucedieron distintas instancias del conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, Mar del Plata mantuvo una constante, la presencia de la comunidad universitaria y de distintos sectores de la sociedad en las movilizaciones por la educación pública. En una ciudad donde la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) representa para numerosas familias la posibilidad de acceder por primera vez a un título universitario, las marchas también pusieron de manifiesto el vínculo entre la institución y la comunidad.

El primer gran capítulo se escribió el 23 de abril de 2024, cuando una multitud recorrió las calles marplatenses en la primera Marcha Federal Universitaria. La convocatoria surgió frente al congelamiento presupuestario y las advertencias sobre las dificultades para sostener el funcionamiento de las casas de altos estudios. En Mar del Plata, la columna se extendió por más de 13 cuadras desde el Complejo Universitario Manuel Belgrano hasta el Monumento a San Martín. Estudiantes, docentes, no docentes, graduados y vecinos participaron de una jornada que dejó imágenes de balcones con aplausos, familias acompañando el recorrido y alumnos de escuelas primarias saludando a los manifestantes. Fue entonces cuando la consigna de que la universidad pública no se vende, sino que se defiende, cobró especial protagonismo.

La segunda movilización llegó apenas unos meses después, el 2 de octubre de 2024, pero con un escenario político diferente. El reclamo ya no se limitaba a la actualización de los recursos para el funcionamiento universitario, también estaba atravesado por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Nuevamente, la comunidad académica partió desde el complejo de Funes y Peña hacia el centro de la ciudad. La convocatoria reunió a organizaciones estudiantiles, sindicatos y autoridades universitarias, que reclamaron una recomposición salarial y mayores garantías presupuestarias. La disputa había pasado de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades a una confrontación directa entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Casi un año después, el 17 de septiembre de 2025, Mar del Plata volvió a movilizarse en el marco de la tercera Marcha Federal Universitaria. Esta vez, la jornada coincidió con el tratamiento legislativo del veto de Milei a una nueva ley de financiamiento. A diferencia de las primeras convocatorias, la protesta también incorporó expresiones vinculadas a la situación de la salud pública, otro de los sectores atravesados por conflictos presupuestarios. Mientras en el Congreso avanzaba el rechazo al veto presidencial, en las calles marplatenses el reclamo universitario sumaba una nueva dimensión: la discusión ya no giraba solamente alrededor de conseguir fondos, sino también de sostener las decisiones legislativas frente a la política fiscal del Gobierno nacional.

El conflicto continuó durante 2026 y encontró nuevas formas de manifestación. Antes de la cuarta marcha, la comunidad universitaria organizó jornadas de clases públicas, actividades culturales y una carpa por la universidad y la soberanía, instalada durante abril. Estas iniciativas buscaron mantener visible el reclamo más allá de las grandes movilizaciones. Finalmente, el 12 de mayo de 2026, miles de personas participaron de la cuarta Marcha Federal Universitaria en Mar del Plata. Para entonces, el eje estaba puesto en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en las resoluciones judiciales que habían ordenado avanzar con su aplicación. Los gremios docentes advirtieron, además, sobre las dificultades para garantizar el inicio del segundo cuatrimestre si no se modificaba la situación.

La quinta convocatoria se concretó este 15 de octubre de 2026, con una nueva concentración en la Plaza de la Memoria, en el Complejo Universitario Manuel Belgrano. Desde allí, estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, autoridades académicas y organizaciones gremiales emprendieron el recorrido hacia el Monumento a San Martín. La columna volvió a extenderse durante varias cuadras del centro marplatense, en una jornada marcada por el reclamo de aplicación de la ley y por la continuidad de la disputa judicial en torno al financiamiento. A más de dos años de aquella primera movilización, las demandas habían adquirido mayor complejidad institucional, aunque conservaban como denominador común la situación presupuestaria de las universidades nacionales.

Entre abril de 2024 y octubre de 2026, las calles de Mar del Plata fueron escenario de cinco capítulos de un mismo conflicto. La primera marcha estuvo marcada por la preocupación ante el ajuste presupuestario; la segunda, por el veto presidencial; la tercera, por la disputa legislativa; y las últimas dos, por la exigencia de cumplimiento de una ley que también llegó a los tribunales. Lo que cambió fue el escenario político e institucional del reclamo. Lo que se mantuvo fue la presencia de una comunidad universitaria que encontró, una y otra vez, acompañamiento más allá de las aulas. En ese recorrido, el trayecto entre el complejo de Funes y el Monumento a San Martín terminó convirtiéndose en un punto de referencia de las manifestaciones universitarias de la ciudad.

Con el poder del lobby y sin costo alguno, Bianco firmó el aval para La Reserva

El ministro de Gobierno bonaerense convalidó la ordenanza que amplió los indicadores urbanísticos del predio de Alfar. La resolución llegó mientras organizaciones ambientalistas buscan frenar el emprendimiento en la Justicia.

El negocio inmobiliario en la costa sur marplatense sumó un nuevo respaldo estatal. Esta vez, la firma llegó desde La Plata: mediante la Resolución 493-MGGP-2026, Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y hombre de confianza de Axel Kicillof, convalidó la Ordenanza 25.848/22, que modificó los indicadores urbanísticos de un predio ubicado en el barrio Alfar, sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 530. La decisión le da aval provincial a la normativa que permite desarrollar La Reserva Explanada, un emprendimiento de alrededor de 40.000 metros cuadrados de viviendas. El expediente avanzó un casillero más, mientras la controversia ambiental continúa en los tribunales.

La historia empezó en 2022, cuando el pedido privado para modificar las condiciones urbanísticas del terreno desembocó en una ordenanza sancionada el 28 de diciembre y promulgada dos días después. Con la nueva normativa, el Factor de Ocupación Total pasó de 0,16 a 0,30; la altura máxima, de nueve a doce metros; la densidad neta, de 80 a 100 habitantes por hectárea, y el Factor de Ocupación del Suelo, de 0,07 a 0,10. En otras palabras, se amplió la capacidad constructiva de una parcela de unas seis hectáreas en un sector costero sensible. La discusión sobre quién se beneficia con ese cambio no es un detalle: es el centro del conflicto.

Cuatro años después de aquella decisión municipal, la Provincia puso su sello. En los considerandos de la resolución, el Ministerio de Gobierno repasa las competencias de sus áreas, menciona la intervención de la Autoridad del Agua y del Ministerio de Ambiente, y concluye que las dependencias técnicas entendieron cumplimentado el trámite para convalidar la ordenanza. Con ese recorrido como fundamento, Bianco resolvió dar luz verde a la modificación normativa. No hay en el texto una evaluación comparativa detallada de los beneficios privados del proyecto frente a sus potenciales costos ambientales y territoriales. Hay informes de prefactibilidad, conformidades administrativas y una decisión que termina de respaldar la norma.

El artículo primero convalida la ordenanza municipal bajo la responsabilidad de los organismos técnicos intervinientes. El segundo deja establecido que, al aprobarse los planos de subdivisión o materializarse el uso, deberán cumplirse las exigencias de la legislación provincial en materia de infraestructura, servicios y equipamiento comunitario. Es decir, la resolución ratifica la modificación urbanística, pero mantiene obligaciones para las etapas posteriores. No constituye, por sí sola, una autorización irrestricta para ejecutar cualquier obra ni clausura las discusiones ambientales y judiciales que rodean al emprendimiento.

Una firma sin precio visible, pero con consecuencias

Ahí aparece la discusión sobre el poder del lobby inmobiliario. No hace falta dar por probado un acuerdo bajo la mesa para preguntar por qué un expediente de semejante impacto termina convalidado, qué alternativas se evaluaron y qué garantías concretas se establecieron para proteger el patrimonio natural. La firma de Bianco no demuestra por sí misma una gestión irregular, pero sí convierte al gobierno provincial en parte de una decisión que excede el trámite burocrático: la Provincia decidió respaldar una modificación urbanística cuestionada desde su origen.

La secuencia tiene otro componente que incomoda. En agosto de 2026, la Asamblea Playas del Sur y Surfrider Argentina anunciaron una demanda contra la Municipalidad de General Pueyrredon para intentar anular la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto y solicitaron una medida cautelar para frenar el avance de las obras. Las organizaciones cuestionan el procedimiento y advierten sobre posibles efectos en los médanos, el arbolado y el escurrimiento del agua. Esos planteos forman parte de una controversia que deberá resolver la Justicia; no son, por sí solos, una sentencia que declare ilegal el emprendimiento.

Una vez más, la política puede modificar las reglas en favor de un desarrollo privado mientras las consecuencias sobre el territorio y la población quedan sujetas a discusión. Cuando las decisiones públicas pueden comprometer el ambiente y la calidad de vida de los vecinos, la pregunta es quién asume las consecuencias y por qué quienes las toman parecen no pagar costos políticos por ello. Porque, mientras el negocio suma avales, la factura social y ambiental queda abierta y la responsabilidad política parece diluirse entre firmas, expedientes y organismos.

Mientras los ambientalistas recurren a los tribunales, el expediente administrativo sumó la convalidación provincial. La diferencia es sustancial: una parte intenta que se revisen las autorizaciones ambientales y se frene el avance del proyecto; la otra acaba de obtener el respaldo formal de la Provincia para la ordenanza que modificó los parámetros urbanísticos. El conflicto sigue abierto, pero la decisión de Bianco ya quedó asentada en el Boletín Oficial.

En el papel, el procedimiento está cumplido. En el territorio, la disputa está lejos de terminar. La Reserva vuelve a exhibir una de las preguntas más sensibles del urbanismo marplatense: quién tiene capacidad para cambiar las reglas sobre la costa, qué controles se aplican cuando el desarrollo privado gana metros y quién asume las consecuencias si las advertencias ambientales se confirman. La firma provincial es un hecho. El costo colectivo, en cambio, sigue siendo parte de la discusión.

Con un respaldo contundente, el STM aprobó la reforma parcial de su Estatuto Social

La Asamblea General Extraordinaria aprobó los cambios por 415 votos a favor y apenas 9 en contra. La reforma contempla límites a las reelecciones, voto electrónico, mayor participación de jubilados y nuevas áreas de formación, tecnología y diversidad.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de General Pueyrredon (STM) avanzó con una reforma parcial de su Estatuto Social y la conducción de Daniel Zacarías obtuvo un respaldo contundente en las urnas gremiales. En una Asamblea General Extraordinaria, la propuesta cosechó 415 votos afirmativos contra apenas 9 negativos, un resultado que dejó una diferencia amplia a favor de los cambios impulsados por la Comisión Directiva.

La votación abrió una nueva etapa en la vida institucional del gremio, con modificaciones que apuntan a actualizar las reglas de funcionamiento, ampliar los mecanismos de participación y reorganizar áreas de trabajo. Según lo informado por el sindicato, la jornada estuvo marcada por una importante concurrencia de afiliados y afiliadas, aplausos y muestras de acompañamiento durante la lectura de los puntos sometidos a consideración.

Entre los cambios centrales figura la limitación de la reelección del secretario general a dos mandatos consecutivos. La reforma también incorpora herramientas de participación y voto electrónico, reconoce la igualdad de derechos de jubilados y jubiladas para integrar los órganos de conducción y refuerza la defensa de la carrera municipal, la capacitación y los servicios destinados a los trabajadores y sus familias.

La actualización estatutaria incluye, además, una reorganización de la estructura sindical. La anterior Secretaría de la Mujer dará paso a un área de Género y Diversidad, mientras que se prevé la creación de un Observatorio de Empleo para analizar la realidad laboral municipal. A esto se suman un Instituto de Formación Sindical, orientado a preparar dirigentes y delegados, y un Instituto de Capacitación Integral para ampliar las oportunidades formativas de los trabajadores y sus familias.

Otro de los puntos incorporados es el área de Estadística y Tecnología, con la intención de sumar herramientas de análisis, planificación y gestión a la actividad gremial. El conjunto de modificaciones busca adaptar la estructura del STM a nuevas demandas laborales y fortalecer los instrumentos de representación de sus afiliados.

La iniciativa fue promovida por la conducción que encabeza Zacarías, que presentó la reforma como una apuesta por la renovación dirigencial y la ampliación de la participación de las bases. La limitación de mandatos aparece entre los cambios de mayor peso institucional, al establecer un límite a la continuidad consecutiva de quien ocupe la Secretaría General.

Con 424 votos contabilizados entre las dos posiciones informadas, la reforma obtuvo una adhesión superior al 97% de los sufragios emitidos. El resultado representa un respaldo amplio a la propuesta sometida a consideración de la Asamblea, aunque el alcance de cada modificación dependerá de su aplicación concreta en el funcionamiento cotidiano del sindicato.

Más allá de la votación, el desafío estará en llevar los cambios del papel a la práctica: cómo se implementarán las nuevas herramientas de participación, qué lugar tendrán los jubilados en los órganos de conducción y de qué manera funcionarán las áreas e institutos incorporados. Por ahora, la conducción del STM consiguió el aval de la Asamblea para avanzar con una reforma que busca proyectar nuevas reglas para las próximas generaciones de trabajadores municipales.

Después de la marcha, la CGT local llamó a sostener la defensa de la universidad pública

Tras la quinta Marcha Federal Universitaria, la central obrera destacó la participación de estudiantes, docentes y organizaciones sindicales. Planteó la necesidad de profundizar la articulación entre las casas de estudio y el mundo del trabajo para impulsar la formación profesional y el empleo de calidad.

La quinta Marcha Federal Universitaria dejó repercusiones en Mar del Plata y la Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Mar del Plata-Batán salió a fijar posición. Luego de la movilización, la central obrera reclamó defender la educación superior pública y puso el foco en su vínculo con la actividad productiva y las oportunidades laborales de la región.

“La universidad pública forma parte de las prioridades de nuestra comunidad”, señalaron desde la organización sindical al evaluar la jornada, que reunió a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y organizaciones sociales y gremiales. En ese marco, la CGT sostuvo que la defensa del derecho a estudiar, los salarios y el financiamiento universitario forma parte de una misma agenda.

La central planteó que el vínculo entre las universidades y el mundo del trabajo debe trascender las movilizaciones. “La universidad y el mundo del trabajo necesitan caminar juntos”, expresaron, al destacar el papel de las instituciones educativas en la formación de profesionales y en la generación de conocimientos para fortalecer la industria y los servicios públicos.

En esa línea, la CGT consideró que la convocatoria también dejó en evidencia la posibilidad de articular distintos sectores alrededor de una demanda común. Sin embargo, remarcó que la participación en las calles debe tener continuidad en iniciativas concretas y en una agenda compartida entre las universidades y las organizaciones sindicales.

Entre las propuestas, la central obrera mencionó la formación profesional, la investigación aplicada y el desarrollo de proyectos capaces de responder a las necesidades de Mar del Plata y su zona de influencia. El objetivo, según expresó, es contribuir a la generación de empleo de calidad y consolidar una relación más estrecha entre la producción de conocimiento y la actividad económica.

“Defender la universidad pública es defender las oportunidades de las familias trabajadoras y la posibilidad de decidir nuestro propio futuro”, afirmaron desde la CGT Regional Mar del Plata-Batán. Con ese planteo, la organización buscó extender el reclamo universitario más allá de la movilización y ubicarlo también en el terreno del desarrollo productivo y social. “Ese compromiso continúa después de la marcha”, concluyeron.

Neme estira la definición y prolonga su licencia en el Concejo

El exintendente interino presentó un nuevo pedido para ausentarse de la banca hasta el 23 de octubre inclusive. Aunque el trámite parlamentario ratifica que continuará alejado del recinto, el misterio sobre su reingreso al gabinete municipal o el retorno definitivo al recinto sigue sin resolverse.

La expectativa generada en torno al futuro político de Agustín Neme sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando finalizaba el plazo de su primera licencia tras dejar el sillón principal de la Comuna. Lejos de concretar su reincorporación efectiva al bloque oficialista o anunciar un eventual desembarco en el Ejecutivo local, el dirigente presentó en el Concejo Deliberante el expediente 1862/26, mediante el cual solicitó una nueva extensión de su licencia entre el 17 y el 23 de octubre inclusive.

El documento formaliza un período adicional de pausa para quien encabezó la administración comunal durante casi diez meses en reemplazo de Guillermo Montenegro. Con la firma de esta nueva solicitud por motivos de índole particular, la banca continuará siendo ocupada de manera provisoria por Liliana Piccolo, mientras el tablero político local prolonga su estado de deliberación e interrogantes.

Si bien la presentación parlamentaria despeja las dudas inmediatas respecto a su presencia en el recinto durante los próximos días, la incógnita de fondo sobre cuál será su verdadero destino en el mapa del oficialismo permanece inalterada. Tras ganar exposición pública y consolidar un perfil de gestión al frente del Municipio, las opciones sobre la mesa se dividen entre retomar el protagonismo en el ámbito legislativo —donde presidía la bancada oficialista antes de su paso por el Ejecutivo— o reincorporarse al gabinete de Montenegro, una posibilidad que el propio intendente no descartó al destacar públicamente su labor en el equipo. Por el momento, la firma del nuevo expediente deja en claro que la definición política requerirá de mayor tiempo y que la jugada decisiva del exinterino continuará postergada al menos hasta la próxima semana.

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Mientras el kirchnerismo reivindica la centralidad de Cristina Fernández y el kicillofismo blande la bandera provincial en su propia peña, las distintas tribus locales miden fuerzas a cielo abierto y anticipan una interna feroz de cara a 2027, salpicada por cortocircuitos y el descontento de las bases.

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