30 de octubre de 2026
MULTA MILLONARIA
La Comuna le cerró la puerta a la Empresa Batán tras una catarata de frecuencias fantasmas
A través del Decreto 2098/26, el Ejecutivo sepultó el recurso de la prestataria y ratificó sanciones que trepan hasta los 4.320 BAP. Las inspecciones comunales dejaron al descubierto el vaciamiento sistemático de los recorridos. Entre la queja vecinal y la laxitud de los controles, la trastienda de un negocio que nunca deja de tambalear.
Mientras en las paradas de colectivos los usuarios sufren las demoras crónicas y en el Concejo Deliberante se esquivan los debates de fondo sobre el estado del sistema, en el subsuelo de la burocracia municipal la guerra de expedientes se cocina a fuego lento. El intendente Guillermo Montenegro y su secretario de Hacienda, Mauro Martinelli, terminaron de firmar el Decreto 2098/26, un portazo administrativo con el que sepultan el recurso jerárquico presentado por la abogada de la Empresa de Transporte Batán S.A.
Lejos de ser un simple trámite burocrático, la resolución expone lo que las actas de inspección del área de Transporte vienen documentando a regañadientes: un incumplimiento total y absoluto de las frecuencias fijadas en el pliego licitatorio (Ordenanza N° 16789). Las pruebas del colapso quedaron blindadas bajo las Actas Nº 04949, 04948, 04953 y 04961, verdaderos radiografías de los "colectivos fantasmas" que abandonan a los vecinos a su suerte en los corredores hacia el sur y las zonas periféricas.
Ante las sanciones iniciales de la Dirección General de Transporte —ratificadas en las disposiciones de la Dirección de Dictámenes—, la empresa intentó maniobrar con defensas técnicas que naufragaron en los despachos oficiales. Pero lo jugoso no es sólo el revés legal, sino la sangría financiera que el Ejecutivo decidió convalidar para mostrar mano dura: las multas escalan de manera implacable desde los 2.500 BAP hasta los lapidarios 4.320 BAP por acta, exigiendo un depósito de fondos en un plazo perentorio de diez días hábiles bajo la amenaza de una ejecución coactiva.
En los pasillos del Palacio Municipal interpretan este movimiento como un mensaje aleccionador en un escenario donde las prestatarias miden el pulso del poder político local. Sin embargo, la gran pregunta que flota en el aire y que el Ejecutivo prefiere obviar es si este castigo administrativo es el inicio de un control real sobre el servicio o apenas una puesta en escena para calmar el descontento público mientras las falencias estructurales del transporte siguen intactas.