30 de octubre de 2026
DATOS COMUNALES
Licitación caída, atajo legal y millones a medida: se tercerizó la "nube" municipal por más de $47 millones
A través de la Ordenanza Nº 27.085, el Ejecutivo blindó el millonario acuerdo con la Cooperativa Batán para gerenciar el almacenamiento de los sistemas informáticos. Tras desertar la competencia de precios, se activó el comodín de la excepción para cerrar un contrato anual de cuotas millonarias mientras el soporte técnico interno cruje.
La tan mentada modernización digital del Palacio Municipal suele transitar por un subsuelo administrativo donde las licitaciones públicas se desinflan y las excepciones se convierten en la regla. Mediante la promulgación de la Ordenanza Nº 27.085, el intendente Guillermo Montenegro y su secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli, sellaron el paraguas político y legal definitivo para convalidar el Decreto 1123/26.
Detrás de los formalismos del Boletín Oficial se esconde la trastienda de una operatoria que esquivó los carriles habituales de la competencia de precios. Todo comenzó cuando la administración central debió declarar formalmente fracasada la Licitación Privada Nº 03/26 en su segundo intento, destinada a conseguir el codiciado "Servicio de Nube para Sistemas Municipales" bajo la órbita de la Subsecretaría de Gobierno Digital. Sin oferentes en la compulsa abierta, el Ejecutivo no tardó en activar su comodín favorito: el artículo 156º inciso 5º de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), la llave maestra para saltar los controles y avanzar por la vía directa.
Con la excusa de la Solicitud de Pedido Nº 852/26, se cursaron invitaciones a seis proveedores del registro comunal. El resultado fue el previsible para un mercado tan acotado: un único postulante en la compulsa, la Cooperativa Batán de Obras y Servicios Públicos Limitada. La única oferta sobre la mesa, convalidada sin escalas por el área técnica de Gobierno Digital, abrochó una suma total de $47.400.000,00.
El negocio, que ahora descansa con el sello de aprobación del Concejo Deliberante, establece un plazo de ejecución de doce meses a partir de la orden de compra, estructurado en goteos mensuales de $3.950.000,00. A eso se le suma una garantía de cumplimiento por $4.740.000,00 y una cláusula de redeterminación de precios atada a variaciones superiores al 10% según el Decreto Nº 340/2023, un resguardo financiero que las arcas privadas agradecen en tiempos de volatilidad.
Con este blindaje legislativo, la comuna terceriza el resguardo de sus bases de datos y sistemas en manos de la cooperativa batanense. El trasfondo, sin embargo, deja flotando la incómoda pregunta que el Ejecutivo prefiere evitar: qué pasa con la infraestructura informática propia del municipio, que continúa operando al límite de su capacidad mientras los millones se van en apagar incendios tecnológicos a fuerza de contratación directa.