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Zona Fría: menos cobertura, más requisitos y una batalla judicial en Mar del Plata
Un informe de Isepci advierte que la modificación del régimen elimina la bonificación automática que alcanzaba a General Pueyrredon y la reemplaza por un esquema focalizado, con requisitos de acceso y descuentos más acotados. En paralelo, la Defensoría del Pueblo apeló el rechazo judicial de su amparo colectivo y espera que la Cámara Federal revise la decisión.
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La modificación del régimen de Zona Fría abrió un nuevo frente de preocupación en Mar del Plata. Mientras el gobierno de Javier Milei avanzó con la reglamentación del esquema que reemplaza el beneficio general por una bonificación focalizada, desde el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) advirtieron que el cambio podría dejar a casi 200 mil hogares del partido sin el descuento que recibían de manera automática en sus facturas de gas. La discusión, además, ya llegó a los tribunales: la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon apeló el rechazo inicial del amparo colectivo que había presentado contra la reforma.
El diagnóstico de Isepci forma parte de su tercer informe sobre la situación socioeconómica local, correspondiente a octubre de 2026. El trabajo pone el foco en las consecuencias de la modificación normativa y analiza la evolución de las tarifas en relación con el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Uno de los argumentos centrales del relevamiento es que las condiciones climáticas de Mar del Plata y Batán justifican una cobertura diferencial que, hasta ahora, alcanzaba a los usuarios residenciales sin necesidad de acreditar una situación económica particular.
“Mar del Plata y Batán, como toda la zona atlántica de la Provincia de Buenos Aires, se caracterizan por un clima marítimo con inviernos rigurosos y una demanda térmica elevada que puede abarcar las estaciones de otoño, invierno y parte de la primavera”, señalaron desde el instituto. En esa línea, sostuvieron que el gas natural constituye “una política pública esencial” para los hogares de la región.
El informe toma como referencia los datos del Censo 2022 del INDEC. Según el relevamiento citado por Isepci, General Pueyrredon cuenta con unos 260 mil hogares y el 76% tiene acceso al gas natural como medio de calefacción y para cocinar. A partir de esa proporción, la organización estima que la modificación del régimen alcanza de manera directa a cerca de 200 mil viviendas.
Hasta la reforma, la incorporación de General Pueyrredon al régimen de Zona Fría, a partir de la Ley 27.637 de 2021, permitía que los usuarios residenciales accedieran automáticamente a una bonificación general del 30% sobre el cuadro tarifario. Para determinados sectores contemplados por la normativa, el descuento llegaba al 50%. El esquema no estaba condicionado a un límite de consumo subsidiado ni a la acreditación de requisitos socioeconómicos para acceder al beneficio general.
Ese escenario cambió con la sanción de la Ley 27.828, promulgada en octubre y publicada en el Boletín Oficial el día 13 de ese mes. La norma restringió la bonificación general a la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, mientras que para las localidades que quedaron fuera de esa cobertura —entre ellas Mar del Plata— estableció una bonificación adicional dentro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La reglamentación se completó con el Decreto 1266/2026 y la Resolución 299/2026 de la Secretaría de Energía, publicada el 27 de octubre.
La nueva disposición fija un descuento adicional del 20% sobre el Precio Anual Uniforme del gas, pero únicamente para los usuarios que cumplan con las condiciones previstas y sobre los denominados consumos base. Esto significa que el beneficio ya no se aplica sobre el conjunto de los componentes de la factura, sino sobre el precio del gas y hasta un volumen determinado. El transporte, la distribución y los impuestos quedan fuera de esa bonificación específica.
Desde Isepci marcaron la diferencia entre ambos mecanismos. “A diferencia del anterior, este nuevo régimen circunscribe el beneficio únicamente al costo del gas en boca de pozo”, señalaron. También advirtieron que “todo consumo residencial que supere ese límite queda por fuera del beneficio”.
El recorte no se limita, entonces, a la reducción del porcentaje nominal. Para el instituto, la modificación combina tres restricciones: menos hogares alcanzados, una bonificación menor y una base de cálculo más acotada. Por eso, remarcaron que el descuento efectivo sobre el total de la factura será inferior al 20% y que no puede compararse de manera directa con el 30% que regía anteriormente, ya que los porcentajes se aplican sobre componentes diferentes.
A esa situación se suma la necesidad de cumplir con los requisitos de acceso al nuevo esquema. Los usuarios deben estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), tener el suministro en alguna de las subzonas bioambientales contempladas por la normativa y reunir al menos uno de los criterios socioeconómicos o personales establecidos. Entre ellos figuran los hogares con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, así como determinadas situaciones vinculadas con el Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, las pensiones para veteranos de guerra y el Certificado Único de Discapacidad.
En este punto, Isepci puso en cuestión uno de los criterios incluidos para identificar a los sectores vulnerables. Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares que cita el informe, apenas el 4,17% de los barrios populares relevados en General Pueyrredon cuenta con conexión formal a la red de gas, mientras que el 90,28% se abastece mediante garrafas. “Se reconoce como criterio de acceso al beneficio pertenecer precisamente a sectores que, en su enorme mayoría, ni siquiera cuentan con la infraestructura necesaria para utilizar el servicio subsidiado”, plantearon. Y concluyeron que, en las condiciones de la ciudad, ese supuesto beneficio “cae prácticamente en saco roto”.
El instituto también advirtió sobre las dificultades administrativas que puede generar la inscripción digital. El acceso al ReSEF requiere contar con un dispositivo, conexión a internet y conocimientos para completar el trámite, una condición que, según señalaron, puede convertirse en una barrera para los hogares con menor conectividad. Además, indicaron que todavía no es posible establecer cuántas familias de Mar del Plata lograrán acceder a la bonificación adicional, ya que la identificación de los suministros alcanzados dependerá del cruce de información entre el registro y la ubicación de cada domicilio.
“Se abandona un derecho tarifario ligado a las condiciones climáticas objetivas de nuestra región y se lo reemplaza por un sistema focalizado que traslada a cada hogar la carga de cumplir condiciones socioeconómicas para conservar apenas una parte del beneficio perdido”, sostuvieron desde Isepci. Para la organización, el cambio representa una nueva presión sobre los ingresos familiares, en un contexto en el que el costo de los servicios ocupa una porción cada vez mayor del presupuesto doméstico.
La disputa también se trasladó a la Justicia
Mientras se conocen las advertencias sobre el impacto económico del nuevo régimen, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon busca avanzar por la vía judicial. El organismo había presentado un amparo colectivo contra la Ley 27.828 con el objetivo de cuestionar la modificación de Zona Fría y solicitar una medida cautelar. Sin embargo, el Juzgado Federal de primera instancia rechazó la presentación sin darle trámite, al considerar que la Defensoría no cuenta con legitimación activa para representar a los usuarios en esa acción.
La resolución fue notificada el miércoles 28 de octubre y no analizó la validez de la reforma ni se pronunció sobre el planteo de fondo. Tampoco resolvió la cautelar solicitada. La decisión, además, se apartó del dictamen previo del Fiscal General, que se había pronunciado a favor de reconocer la legitimación del organismo para impulsar el reclamo.
Frente a ese escenario, la Defensoría presentó el viernes 30 de octubre un recurso de apelación dentro del plazo legal de 48 horas. Ahora deberá ser el propio juzgado el que resuelva si concede el recurso y eleva las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que tendrá que revisar la decisión.
Desde el organismo aclararon que la resolución judicial no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la discusión y remarcaron que la Ley 27.828 continúa vigente. Por ese motivo, recomendaron a los vecinos y vecinas revisar su situación en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados a través de la aplicación Mi Argentina, mientras la causa sigue su recorrido judicial.
Así, el futuro de la Zona Fría en Mar del Plata transita por dos carriles. Por un lado, el impacto tarifario que Isepci advierte sobre una parte importante de los hogares de la ciudad; por otro, la estrategia judicial de la Defensoría para que se revise el rechazo de su presentación. La discusión ya no se limita a cuánto aumentarán las facturas, sino también a quiénes podrán conservar una parte del subsidio y bajo qué condiciones.
El diagnóstico de Isepci forma parte de su tercer informe sobre la situación socioeconómica local, correspondiente a octubre de 2026. El trabajo pone el foco en las consecuencias de la modificación normativa y analiza la evolución de las tarifas en relación con el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Uno de los argumentos centrales del relevamiento es que las condiciones climáticas de Mar del Plata y Batán justifican una cobertura diferencial que, hasta ahora, alcanzaba a los usuarios residenciales sin necesidad de acreditar una situación económica particular.
“Mar del Plata y Batán, como toda la zona atlántica de la Provincia de Buenos Aires, se caracterizan por un clima marítimo con inviernos rigurosos y una demanda térmica elevada que puede abarcar las estaciones de otoño, invierno y parte de la primavera”, señalaron desde el instituto. En esa línea, sostuvieron que el gas natural constituye “una política pública esencial” para los hogares de la región.
El informe toma como referencia los datos del Censo 2022 del INDEC. Según el relevamiento citado por Isepci, General Pueyrredon cuenta con unos 260 mil hogares y el 76% tiene acceso al gas natural como medio de calefacción y para cocinar. A partir de esa proporción, la organización estima que la modificación del régimen alcanza de manera directa a cerca de 200 mil viviendas.
Hasta la reforma, la incorporación de General Pueyrredon al régimen de Zona Fría, a partir de la Ley 27.637 de 2021, permitía que los usuarios residenciales accedieran automáticamente a una bonificación general del 30% sobre el cuadro tarifario. Para determinados sectores contemplados por la normativa, el descuento llegaba al 50%. El esquema no estaba condicionado a un límite de consumo subsidiado ni a la acreditación de requisitos socioeconómicos para acceder al beneficio general.
Ese escenario cambió con la sanción de la Ley 27.828, promulgada en octubre y publicada en el Boletín Oficial el día 13 de ese mes. La norma restringió la bonificación general a la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, mientras que para las localidades que quedaron fuera de esa cobertura —entre ellas Mar del Plata— estableció una bonificación adicional dentro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La reglamentación se completó con el Decreto 1266/2026 y la Resolución 299/2026 de la Secretaría de Energía, publicada el 27 de octubre.
La nueva disposición fija un descuento adicional del 20% sobre el Precio Anual Uniforme del gas, pero únicamente para los usuarios que cumplan con las condiciones previstas y sobre los denominados consumos base. Esto significa que el beneficio ya no se aplica sobre el conjunto de los componentes de la factura, sino sobre el precio del gas y hasta un volumen determinado. El transporte, la distribución y los impuestos quedan fuera de esa bonificación específica.
Desde Isepci marcaron la diferencia entre ambos mecanismos. “A diferencia del anterior, este nuevo régimen circunscribe el beneficio únicamente al costo del gas en boca de pozo”, señalaron. También advirtieron que “todo consumo residencial que supere ese límite queda por fuera del beneficio”.
El recorte no se limita, entonces, a la reducción del porcentaje nominal. Para el instituto, la modificación combina tres restricciones: menos hogares alcanzados, una bonificación menor y una base de cálculo más acotada. Por eso, remarcaron que el descuento efectivo sobre el total de la factura será inferior al 20% y que no puede compararse de manera directa con el 30% que regía anteriormente, ya que los porcentajes se aplican sobre componentes diferentes.
A esa situación se suma la necesidad de cumplir con los requisitos de acceso al nuevo esquema. Los usuarios deben estar inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), tener el suministro en alguna de las subzonas bioambientales contempladas por la normativa y reunir al menos uno de los criterios socioeconómicos o personales establecidos. Entre ellos figuran los hogares con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, así como determinadas situaciones vinculadas con el Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, las pensiones para veteranos de guerra y el Certificado Único de Discapacidad.
En este punto, Isepci puso en cuestión uno de los criterios incluidos para identificar a los sectores vulnerables. Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares que cita el informe, apenas el 4,17% de los barrios populares relevados en General Pueyrredon cuenta con conexión formal a la red de gas, mientras que el 90,28% se abastece mediante garrafas. “Se reconoce como criterio de acceso al beneficio pertenecer precisamente a sectores que, en su enorme mayoría, ni siquiera cuentan con la infraestructura necesaria para utilizar el servicio subsidiado”, plantearon. Y concluyeron que, en las condiciones de la ciudad, ese supuesto beneficio “cae prácticamente en saco roto”.
El instituto también advirtió sobre las dificultades administrativas que puede generar la inscripción digital. El acceso al ReSEF requiere contar con un dispositivo, conexión a internet y conocimientos para completar el trámite, una condición que, según señalaron, puede convertirse en una barrera para los hogares con menor conectividad. Además, indicaron que todavía no es posible establecer cuántas familias de Mar del Plata lograrán acceder a la bonificación adicional, ya que la identificación de los suministros alcanzados dependerá del cruce de información entre el registro y la ubicación de cada domicilio.
“Se abandona un derecho tarifario ligado a las condiciones climáticas objetivas de nuestra región y se lo reemplaza por un sistema focalizado que traslada a cada hogar la carga de cumplir condiciones socioeconómicas para conservar apenas una parte del beneficio perdido”, sostuvieron desde Isepci. Para la organización, el cambio representa una nueva presión sobre los ingresos familiares, en un contexto en el que el costo de los servicios ocupa una porción cada vez mayor del presupuesto doméstico.
La disputa también se trasladó a la Justicia
Mientras se conocen las advertencias sobre el impacto económico del nuevo régimen, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon busca avanzar por la vía judicial. El organismo había presentado un amparo colectivo contra la Ley 27.828 con el objetivo de cuestionar la modificación de Zona Fría y solicitar una medida cautelar. Sin embargo, el Juzgado Federal de primera instancia rechazó la presentación sin darle trámite, al considerar que la Defensoría no cuenta con legitimación activa para representar a los usuarios en esa acción.
La resolución fue notificada el miércoles 28 de octubre y no analizó la validez de la reforma ni se pronunció sobre el planteo de fondo. Tampoco resolvió la cautelar solicitada. La decisión, además, se apartó del dictamen previo del Fiscal General, que se había pronunciado a favor de reconocer la legitimación del organismo para impulsar el reclamo.
Frente a ese escenario, la Defensoría presentó el viernes 30 de octubre un recurso de apelación dentro del plazo legal de 48 horas. Ahora deberá ser el propio juzgado el que resuelva si concede el recurso y eleva las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que tendrá que revisar la decisión.
Desde el organismo aclararon que la resolución judicial no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la discusión y remarcaron que la Ley 27.828 continúa vigente. Por ese motivo, recomendaron a los vecinos y vecinas revisar su situación en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados a través de la aplicación Mi Argentina, mientras la causa sigue su recorrido judicial.
Así, el futuro de la Zona Fría en Mar del Plata transita por dos carriles. Por un lado, el impacto tarifario que Isepci advierte sobre una parte importante de los hogares de la ciudad; por otro, la estrategia judicial de la Defensoría para que se revise el rechazo de su presentación. La discusión ya no se limita a cuánto aumentarán las facturas, sino también a quiénes podrán conservar una parte del subsidio y bajo qué condiciones.