7 de noviembre de 2026
RESUMEN
Lo que la semana nos dejó
General Pueyrredon vive días intensos; incertidumbre en el gabinete municipal, crisis en el entramado productivo y el comienzo de nuevas ediciones del Festival Internacional de Cine y de los Juegos Evita. Se cumplió un año de la cuestionada entrega del Minella y crece el debate respecto a la Canchita de los Bomberos, mientras el horizonte electoral condiciona las estrategias y el futuro de las fuerzas. Todo eso y más, al mejor estilo La Tecla Mar del Plata.
Los Juegos Evita arrancan con menos participantes y bajo el signo del ajuste
Mar del Plata será sede, del 2 al 7 de noviembre, de una nueva edición que reunirá a unos 7.000 deportistas. El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, encabezará este lunes la apertura de una competencia que perdió volumen en los últimos años.
Mar del Plata será nuevamente escenario de los Juegos Nacionales Juveniles Evita, pero la edición que comenzará este lunes llega con una dimensión muy distinta a la que tuvo apenas tres años atrás. Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, encabezará la apertura en el Polideportivo Islas Malvinas, en un certamen que convocará a unos 7.000 jóvenes de todo el país.
El número permite dimensionar el recorrido. En 2023, la ciudad recibió entre 23.000 y 25.000 participantes, según los registros difundidos sobre aquella edición. Un año después, la cifra cayó a unos 7.000. En 2025, la convocatoria rondó los 8.000 y ahora vuelve a ubicarse en torno a los 7.000. La reducción no se limitó a la cantidad de deportistas: también se modificó la oferta competitiva.
En 2023, los Juegos contemplaban alrededor de 76 disciplinas. Para 2024 y 2025, el programa quedó reducido a 36. La edición actual presenta 38, con 31 modalidades convencionales y siete adaptadas. La recuperación de algunas propuestas no modifica, de todos modos, el contraste con el formato que tuvo la competencia antes del recorte.
La provincia de Buenos Aires tampoco estará presente con una delegación oficial. La decisión se repite por tercer año consecutivo y desde el gobierno de Axel Kicillof la vinculan con la falta de recursos nacionales para cubrir los gastos de participación. En 2024 y 2025, la ausencia bonaerense ya había marcado el desarrollo de las finales en Mar del Plata.
La apertura de este lunes pondrá en marcha una semana de competencias que se extenderá hasta el 7 de noviembre, con 20 delegaciones y deportistas de unas 700 localidades. La ciudad mantendrá su lugar en el calendario nacional, aunque el tamaño de la convocatoria y la cantidad de disciplinas dejan a la vista cuánto cambió el certamen en los últimos años.
La carrera hacia 2027 ya tiene su primer movimiento
La publicación del padrón provisorio abrió el camino hacia un nuevo turno electoral. En General Pueyrredon se pondrán en juego la intendencia, 12 bancas del Concejo Deliberante y cinco del Consejo Escolar. A nivel provincial, la Quinta Sección renovará sus representantes en Diputados en la Legislatura, mientras que la discusión por las PASO y una eventual reforma electoral todavía deja interrogantes sobre las reglas de la competencia.
Aunque todavía falta menos de un año para que comience el calendario electoral de 2027, el proceso ya empezó a tomar forma. Desde este domingo 1° de noviembre se encuentra disponible el padrón provisorio extraordinario, una instancia que permite a los ciudadanos verificar sus datos registrales y realizar reclamos ante eventuales errores u omisiones. La consulta permanecerá habilitada durante 30 días en el sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral.
La consulta permite verificar quiénes están habilitados para votar, aunque en esta instancia el listado no muestra el domicilio de los electores: únicamente informa nombre, apellido, sección y circuito electoral. Quienes detecten errores en sus datos o no aparezcan registrados podrán realizar el reclamo correspondiente ante la Justicia Nacional Electoral. El trámite se efectúa de manera online, a través del formulario oficial de reclamos. La revisión resulta especialmente importante para quienes cumplirán 16 años antes de las elecciones de 2027, ya que podrán incorporarse al padrón definitivo si reúnen las condiciones establecidas.
La publicación representa uno de los primeros movimientos institucionales de cara a los próximos comicios, pero también funciona como una señal para los espacios políticos. En General Pueyrredon, la próxima disputa electoral tendrá varios frentes abiertos: además de la elección de intendente, se renovará la mitad del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar. En concreto, habrá 12 bancas de concejales y cinco de consejeros escolares en juego.
El escenario local, sin embargo, no estará condicionado únicamente por las candidaturas y los acuerdos que puedan construir las distintas fuerzas. Las reglas electorales también tendrán un papel central en la estrategia de los partidos. La discusión nacional sobre la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) aparece como uno de los principales puntos pendientes y podría modificar los tiempos y la manera en que cada espacio defina sus postulantes.
El Gobierno de Javier Milei impulsa una reforma electoral que contempla la eliminación de las primarias a nivel nacional. Para avanzar con un cambio de ese alcance necesita reunir las mayorías legislativas correspondientes, una negociación que todavía no tiene un desenlace asegurado. Mientras tanto, la posibilidad de que las PASO se mantengan o sean modificadas introduce una variable en la planificación de las fuerzas políticas, tanto a nivel nacional como en el territorio bonaerense.
Bajo la legislación vigente, las primarias nacionales están previstas para el segundo domingo de agosto de 2027, es decir, el día 8. Las elecciones generales, en tanto, deberían realizarse el cuarto domingo de octubre: el 24. En esa jornada se elegirán presidente y vicepresidente, además de renovarse 130 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado nacional. Estas fechas, de todos modos, están sujetas a eventuales modificaciones normativas.
En la provincia de Buenos Aires también habrá una renovación de cargos ejecutivos y legislativos. Los bonaerenses deberán elegir gobernador y vicegobernador, además de renovar la mitad de la Legislatura.
Para General Pueyrredon, la referencia es la Quinta Sección Electoral. En 2027, la jurisdicción deberá elegir once diputados provinciales, por lo que la disputa local también tendrá una dimensión legislativa que excederá los límites del distrito. Los resultados en Mar del Plata y el resto de los municipios de la sección formarán parte de una elección que definirá la representación territorial en la Cámara alta bonaerense.
En el plano municipal, el desafío será renovar la mitad de los cuerpos deliberativos y escolares. La elección de intendente volverá a concentrar la atención de los principales espacios políticos, en un escenario en el que también se pondrán en juego las bancas del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar. La conformación de las listas, los posibles frentes y las alianzas serán parte de una discusión que comenzará a ganar intensidad a medida que se acerquen los plazos electorales.
Por ahora, resta conocer cómo quedará finalmente configurado el calendario bonaerense y si habrá cambios en el sistema de primarias. La posibilidad de que la Provincia establezca un cronograma separado del nacional también será un factor a seguir. En ese contexto, la publicación del padrón funciona como el primer mojón de un proceso que, aunque todavía tiene varias incógnitas, ya empieza a ordenar los movimientos políticos rumbo a 2027.
Obras sigue sin conducción definida: se estira la decisión hasta el 16 de noviembre
La conducción de una de las áreas centrales del Municipio continúa sin resolverse. Viviana Bernabei seguirá a cargo de la firma del despacho hasta mitad de mes, mientras en el oficialismo todavía circulan nombres para ocupar el lugar que dejó Jorge González. La fecha coincide con el nuevo plazo solicitado por el Ejecutivo para presentar el Presupuesto 2027.
La definición sobre quién conducirá la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de General Pueyrredon vuelve a demorarse. Mientras en el oficialismo siguen circulando nombres para reemplazar a Jorge “Guasa” González, el Ejecutivo extendió por tercera vez la cobertura provisoria del área. La secretaria de Salud, Alicia Viviana Bernabei, continuará a cargo de la atención y firma del despacho hasta el próximo 16 de noviembre.
La nueva prórroga quedó establecida mediante un decreto municipal y prolonga una situación que comenzó el 21 de septiembre, cuando Bernabei fue designada para cubrir transitoriamente las funciones de González. Desde entonces, la funcionaria quedó al frente de los trámites y las decisiones administrativas de Obras, sin dejar sus responsabilidades en Salud.
El esquema ya había sido extendido en dos oportunidades. La primera encomienda tenía vigencia hasta el 5 de octubre, pero luego se prorrogó hasta el 21 y, más tarde, hasta el 31 de ese mes. Ahora, con una nueva disposición, el Municipio llevó el plazo hasta el 16 de noviembre.
La sucesión de prórrogas refleja que la salida de González todavía no tuvo una resolución definitiva en términos políticos. La Secretaría continúa funcionando con una conducción provisoria, mientras el oficialismo define quién ocupará un lugar estratégico dentro del gabinete de Guillermo Montenegro.
Los nombres que siguen en danza
La discusión por el reemplazo mantiene abiertas distintas alternativas. Entre los nombres que circulan aparece Marcelo “Pocho” Lacedonia, actual Defensor del Pueblo de General Pueyrredon, quien comenzó a sonar como posible sucesor poco después de la salida de González. Otra de las opciones mencionadas es Darío Sócrate, ingeniero con trayectoria en el sector productivo local y experiencia en la gestión municipal.
La definición también tiene una dimensión política dentro de la coalición gobernante. Históricamente, Obras y Planeamiento Urbano fue un área de peso para la Unión Cívica Radical, por lo que la elección del próximo secretario será seguida de cerca por ese sector. La incógnita no pasa solamente por el nombre, sino también por qué espacio tendrá a su cargo una de las dependencias centrales de la administración municipal.
El Presupuesto 2027, también con fecha 16
El 16 de noviembre aparece, además, en otro asunto de la agenda municipal. Esa es la fecha en la que el Departamento Ejecutivo solicitó extender el plazo para presentar ante el Concejo Deliberante el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2027, junto con las ordenanzas Fiscal e Impositiva.
Así, el mismo día quedó señalado en dos frentes de la gestión: el vencimiento de la nueva prórroga para que Bernabei continúe al frente del despacho de Obras y el plazo solicitado para elevar el paquete económico del próximo ejercicio.
La coincidencia no supone que ambas decisiones estén necesariamente relacionadas, pero suma un dato a una agenda municipal que todavía tiene definiciones pendientes. Mientras se acerca esa fecha, la Secretaría de Obras seguirá bajo una conducción provisoria y la expectativa estará puesta en si Montenegro finalmente define quién ocupará el cargo.
Montenegro, expectante ante la disputa por las reelecciones
El debate por la continuidad de los intendentes volvió a instalarse en la agenda política. Con un nuevo mandato en el horizonte, el jefe comunal sigue de cerca una discusión que podría cambiar los planes electorales en Mar del Plata.
La discusión por las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses volvió a ganar temperatura y, aunque su resolución todavía parece lejana, en General Pueyrredon hay motivos de sobra para seguirla de cerca. Guillermo Montenegro transita su segundo mandato al frente del Municipio y una eventual modificación de la normativa podría abrirle la puerta a competir por un tercero en 2027. Una posibilidad que, por ahora, se mueve entre las especulaciones y las expectativas.
El debate volvió a cobrar impulso a partir de las posiciones enfrentadas dentro y fuera de la Provincia. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, calificó de “proscriptiva” la legislación que limita las reelecciones de los jefes comunales y volvió a respaldar el proyecto presentado por la senadora del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Ayelén Durán, que busca eliminar las restricciones. La iniciativa permanece sin tratamiento en la Cámara alta provincial.
Del otro lado, el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, salió a despejar las versiones sobre un eventual acompañamiento a la reforma. “Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de intendentes”, sostuvo en sus redes sociales, en un mensaje que descartó la posibilidad de que el oficialismo nacional aporte los votos necesarios para avanzar con el cambio.
La controversia no es menor. La normativa vigente, aprobada durante la gestión de María Eugenia Vidal, impide que 82 intendentes bonaerenses puedan presentarse nuevamente en 2027. Entre ellos hay 53 peronistas, 17 radicales, cinco libertarios, tres macristas y cuatro vecinalistas. Para revertir esa situación se necesita modificar la Ley 15.315, una discusión que tiene a la Legislatura como escenario central.
En ese universo de jefes comunales alcanzados por la restricción aparece Montenegro. El actual intendente está cumpliendo su segundo período consecutivo y, de mantenerse las reglas vigentes, no podría competir por un tercero. Sin embargo, el debate provincial introduce una variable que la política marplatense no puede ignorar.
El regreso de Montenegro al Palacio Municipal, el pasado 7 de octubre, después de diez meses en el Senado bonaerense, coincidió con la reactivación de una agenda política local que empieza a mirar cada vez más hacia 2027. En los próximos comicios no solo se renovarán doce de las veinticuatro bancas del Concejo Deliberante: también estará en juego la continuidad del gobierno municipal.
Una eventual habilitación de la re-reelección modificaría ese escenario. Con Montenegro nuevamente en carrera, el oficialismo podría ordenar su estrategia alrededor de una figura que ya conoce el terreno electoral y que conserva el control de la gestión. En cambio, si la legislación no cambia, el espacio deberá resolver quién estará en condiciones de recoger el capital político del intendente y encabezar la disputa por la sucesión.
Por ahora, no hay definiciones. Tampoco certezas sobre los tiempos legislativos ni sobre la posibilidad de reunir los consensos necesarios para modificar la norma. Pero mientras Bianco insiste con la necesidad de eliminar las restricciones y Santilli cierra la puerta a un acuerdo con los libertarios, Montenegro observa un debate que puede terminar condicionando sus propios planes.
La discusión excede, así, los límites de la Legislatura provincial. En Mar del Plata, una definición sobre las reelecciones podría alterar las candidaturas, los alineamientos y las expectativas de todos los espacios políticos. Para Montenegro, la diferencia entre poder competir por un tercer mandato o tener que buscar un sucesor no es un detalle reglamentario: es una de las variables que pueden definir el tablero electoral de 2027.
La Canchita de los Bomberos tensiona al oficialismo marplatense
La comisión de Legislación archivó dos expedientes para unificar las propuestas sobre el predio, pero su futuro sigue sin definiciones. Martínez Bordaisco lamentó que Obras no haya sido convocada para este martes y pidió retomar el debate la semana próxima. Mientras tanto, la controversia suma interrogantes sobre la intervención municipal y las diferencias dentro del oficialismo.
La Canchita de los Bomberos volvió a exponer las diferencias y los interrogantes que rodean el futuro de uno de los predios en discusión en General Pueyrredon. Este lunes, la comisión de Legislación acompañó por unanimidad el archivo de dos expedientes vinculados al terreno, una decisión que responde a la intención de unificar las distintas iniciativas en una sola propuesta. Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo, el tratamiento dejó una señal política: la discusión deberá continuar en Obras, aunque esa comisión no fue convocada para este martes 3 de noviembre.
Fue el propio presidente de Legislación, Ariel Martínez Bordaisco (UCR+Nuevos Aires), quien puso el acento en esa demora. Al explicar el archivo del expediente 1211/26, señaló que la discusión se retomaría en Obras, pero advirtió que no había convocatoria para el día siguiente. “Una pena”, expresó. Y agregó: “Esperamos que el próximo martes sí se convoque para el tratamiento tan importante para la ciudad como es la discusión sobre la Canchita de los Bomberos”.
La intervención no fue un detalle menor dentro de una reunión que, en términos formales, resolvió ambos expedientes sin debate ni votos en contra. El planteo de Bordaisco dejó expuesta la expectativa de que el tema vuelva a discutirse cuanto antes y, al mismo tiempo, la falta de una instancia inmediata para hacerlo. La definición sobre el predio sigue pendiente y el calendario legislativo también forma parte de esa discusión.
Los expedientes archivados fueron el 1145/26 y el 1211/26, ambas iniciativas del bloque UCR+Nuevos Aires. El primero solicitaba al Ejecutivo que realizara las gestiones administrativas, técnicas, legales y judiciales necesarias para cumplir con la Ley provincial 14.730, que dispuso la expropiación del inmueble delimitado por Florisbelo Acosta, Concepción Arenal, Dardo Rocha y Ricardo Gutiérrez, con destino a parque y plaza de uso público. El segundo planteaba gestionar ante el Estado nacional la cesión gratuita del predio a favor de la Municipalidad.
Según explicó Martínez Bordaisco, el bloque decidió unificar sus propuestas en un único expediente. En ese marco, su compañera de banca Vilma Baragiola había solicitado el archivo de ambas iniciativas en la comisión de Obras, donde la decisión se tomó por unanimidad. Legislación replicó ese criterio. Por lo tanto, el archivo no supone que se haya resuelto el destino del terreno ni que se haya abandonado la discusión: se trata de ordenar el tratamiento de las distintas propuestas para volver sobre el asunto en una próxima reunión.
Pero la controversia tiene una dimensión que excede el recorrido administrativo de los expedientes. La jurisdicción nacional del predio aparece como uno de los argumentos centrales para discutir qué puede hacerse allí y quién debe tomar las decisiones. Sin embargo, en el lugar funcionan foodtrucks y juegos cuya instalación y funcionamiento también involucran al Municipio. Esa convivencia entre las limitaciones que se invocan por la jurisdicción del terreno y la intervención municipal abre interrogantes sobre el alcance de las responsabilidades del Ejecutivo.
En ese escenario, la Canchita puede convertirse en algo más que una discusión sobre el uso de un espacio público. La controversia interpela a las distintas fuerzas que integran el oficialismo —PRO, UCR y La Libertad Avanza— y pone a prueba su capacidad para debatir y resolver un asunto que todavía no tiene una salida concreta. La decisión de unificar expedientes, los tiempos del tratamiento y las alternativas sobre el futuro del predio pueden funcionar como puntos de encuentro, pero también como factores de tensión.
Por ahora, la discusión pública muestra, como mínimo, posiciones diversas y distanciamientos. Sí hay un tema capaz de obligar a cada sector a explicitar qué destino propone, qué responsabilidades le asigna al Municipio y cómo pretende resolver la situación dominial. La próxima reunión de Obras será una instancia clave: allí podrá verse si la búsqueda de una propuesta unificada permite acercar posiciones o si la Canchita se ratifica como otro frente de disputa dentro del oficialismo marplatense.
El capital y el trabajo ante la crisis
La caída del consumo golpea a empresas, comercios y productores, mientras crecen la desocupación y la pérdida de puestos laborales. El impacto en el entramado productivo local.
La crisis económica dejó de ser una cifra nacional para convertirse en un problema concreto en Mar del Plata: menos ventas, empresas que reducen su actividad, puestos de trabajo que se pierden y productores que achican la superficie sembrada. Bajo Javier Milei, mientras crecen la energía y la minería, buena parte de las actividades ligadas al mercado interno retrocede. Entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, la economía acumuló una contracción del 3,9%, una de las cuatro caídas más profundas desde 1993, según el Banco Provincia.
En General Pueyrredon, la desocupación llegó al 9,9 % durante el segundo trimestre de 2026, unas 34.000 personas, y la subocupación trepó al 15,6% (54.000). La ciudad suma 17 meses consecutivos de destrucción de empleo registrado y, en empresas de cinco o más trabajadores, los puestos cayeron 1,2 %.
La crisis también tiene nombres propios: Toledo busca una salida financiera mientras afronta dificultades salariales; Textilana, dueña de Mauro Sergio, redujo producción y despidió personal, y La Campagnola suspendió temporalmente a 60 operarios. La tensión atraviesa el capital de las empresas y el trabajo de quienes dependen de ellas.
Desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), su presidente, Blas Taladrid, describió una secuencia que empieza en los ingresos familiares y termina en la actividad productiva. “La situación de Mar del Plata es similar a la del resto del país. La secuencia es conocida: cae el poder adquisitivo, cae el consumo, caen las ventas y después se resiente la producción”, sostuvo. En agosto, las ventas comerciales bajaron 9,2% frente al mismo mes de 2025.
Taladrid advirtió que el ingreso de las familias todavía no se recompuso y que, sin esa recuperación, las ventas no repuntarán. Según datos de la UCIP, ocho de cada diez comerciantes consultados consideran que no es momento de invertir. Para revertir el escenario, planteó que Nación y Provincia deben priorizar la recuperación del poder adquisitivo y el consumo. A nivel local, propuso promocionar el turismo y mejorar la circulación y la seguridad para atraer más gente a los comercios.
Miguel Guglielmotti, secretario general de la CGT regional, advirtió que la ciudad atraviesa “una gravísima situación política, económica, social y laboral” que se profundiza con el tiempo. La desocupación aumentó 3,6 puntos porcentuales respecto del segundo trimestre de 2025. “Esto significa que 149 mil personas en nuestra ciudad tienen problemas de empleo sobre una población económicamente activa de 380 mil personas”, afirmó. También citó estadísticas de la UCIP, según las cuales cerraron 282 locales sobre un total de 2.400, el 11,7%.
Guglielmotti señaló que el impacto alcanza al empleado que pierde su ingreso y al comerciante que queda endeudado al cerrar. Mencionó la inactividad del puerto, la crisis textil ante la apertura de importaciones y un turismo con menos visitantes. En la construcción, el desarrollo privado todavía funciona como “dique de contención”, pero el freno de la obra pública nacional ya se siente: “El sector viene experimentando algo que hace muchos años que no le ocurría, que es comenzar a perder puestos de trabajo también”. Para el dirigente, la salida requiere “un giro de 180 grados” en la política económica.
Las acciones gremiales, aclaró, son medidas de contención y visibilización; también reclamó coordinación entre los municipios y el Gobierno nacional para preservar el empleo.
En el cordón frutihortícola, la caída del consumo se traduce en menores precios y menos tierra en actividad. Ricardo Velimirovich, presidente de la Asociación Frutihortícola de Productores, explicó que el problema se arrastra desde la temporada anterior, cuando retrocedieron la demanda y el valor de la mercadería. “Estamos en un gran problema financiero y ha caído la superficie productiva”, resumió. Algunos productores se asocian
para reunir capital y continuar sembrando, pero la reducción del área cultivada amenaza a la actividad que abastece al mercado.
Velimirovich estimó que el sector ocupa a unas 13.000 personas y puede llegar a 25.000 en verano, con trabajadores que llegan de otras provincias. Su alcance va más allá de las quintas: incluye a quienes venden insumos, construyen invernaderos, reparan maquinaria y trabajan en comercios cercanos. “No es solo perder un productor, es perder un montón de gente alrededor de ese lugar”, advirtió. Cuestionó que la apertura de importaciones no haya garantizado precios más bajos y reclamó reactivar el consumo, fortalecer la producción local y planificar obras para evitar inundaciones que arrasan cosechas.
Las tres miradas describen una cadena que conecta ingresos, consumo, producción y trabajo. Cuando las familias pierden capacidad de compra, los comercios venden menos, las empresas postergan inversiones y los productores reducen su actividad. En “La Feliz”, el deterioro alcanza tanto al capital como a quienes viven de su trabajo. La salida, coinciden desde distintos sectores, exige recuperar la demanda y sostener la producción para que la
crisis no siga trasladándose de una actividad a otra.
Zona Fría: la pelea por los subsidios llega a la Cámara Federal
El Juzgado Federal N°2 concedió la apelación presentada por la Defensoría del Pueblo contra el rechazo de su reclamo colectivo. Ahora, la Cámara Federal deberá resolver si el organismo está habilitado para representar a los usuarios de General Pueyrredon.
La disputa judicial por los cambios en el régimen de Zona Fría tuvo un gran avance en Mar del Plata. El Juzgado Federal N°2 concedió el recurso de apelación presentado por la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon y elevó las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá revisar el rechazo del amparo colectivo contra la modificación de los subsidios al gas.
La decisión abre una nueva instancia para el reclamo impulsado por el organismo municipal. Sin embargo, la discusión todavía no llegó al punto central de la controversia: antes de analizar la constitucionalidad de la reforma impulsada por el Gobierno nacional, la Cámara tendrá que determinar si la Defensoría cuenta con legitimación para representar colectivamente a los usuarios del distrito ante la Justicia Federal.
El expediente había quedado trabado el miércoles 28 de octubre, cuando el juzgado rechazó in limine la presentación realizada por el organismo municipal. El magistrado consideró que la Defensoría no tenía legitimación activa para promover una demanda de esas características, por lo que desestimó el planteo sin darle trámite. Frente a esa resolución, el organismo presentó una apelación dentro del plazo legal de 48 horas, que finalmente fue concedida.
Uno de los aspectos que atraviesa la discusión es el criterio adoptado por el juzgado frente a la intervención del Ministerio Público Fiscal. Antes del rechazo, el Fiscal General había dictaminado a favor de reconocerle legitimación a la Defensoría para impulsar la acción colectiva. Sin embargo, el magistrado se apartó de esa postura y resolvió que el organismo local no estaba habilitado para llevar adelante el reclamo.
Ahora, la Cámara Federal deberá revisar ese criterio y definir si confirma la decisión de primera instancia o reconoce la capacidad de la Defensoría para representar a los usuarios residenciales de gas de General Pueyrredon. Si admite el planteo, el amparo podrá avanzar hacia el análisis de los argumentos que cuestionan los cambios normativos.
Por el momento, tampoco existe un pronunciamiento judicial sobre la medida cautelar que había solicitado el organismo para frenar la aplicación del nuevo esquema tarifario. El rechazo inicial dejó sin resolver ese pedido y la reforma continúa vigente, mientras se desarrolla el recorrido judicial.
La controversia tiene como trasfondo la modificación de la Ley 27.637 mediante la Ley 27.828, que restringió el alcance territorial de la bonificación general de Zona Fría y reemplazó, para distritos como General Pueyrredon, ese mecanismo por un beneficio focalizado. Como ya había advertido un informe de Isepci, el cambio podría dejar a una parte importante de los hogares marplatenses sin el descuento que recibían de manera automática.
De esta manera, el reclamo local entra en una etapa decisiva para su continuidad. La Cámara no deberá resolver todavía si corresponde restituir las condiciones anteriores del subsidio, sino una cuestión previa: si la Defensoría del Pueblo puede representar judicialmente a los vecinos en una disputa que pone en discusión el alcance de los beneficios tarifarios en Mar del Plata.
Vito Contessi y el liberalismo a conveniencia
El empresario naval que supo celebrar el desembarco libertario ahora acumula críticas contra Javier Milei. De la simpatía por el cambio a los reproches por la política pesquera, su recorrido expone una curiosa relación con las ideas que llevaron al presidente a la Casa Rosada: el entusiasmo parece tener condiciones.
En el puerto de Mar del Plata, Domingo Vito Contessi parece haber encontrado una particular manera de interpretar el liberalismo: acompañarlo mientras las reformas prometen un cambio de rumbo, pero levantar la voz cuando las consecuencias llegan a las gradas de su astillero. El empresario que alguna vez se mostró entusiasmado con el proyecto de Javier Milei hoy es uno de sus críticos más recurrentes. Entre una posición y otra hay algo más que un cambio de opinión: hay una contradicción política que merece ser revisada.
Contessi no era un espectador indiferente durante el ascenso libertario. Identificado con las ideas liberales, acompañó el clima de cambio que desembocó en la victoria electoral a fines de 2023. La llegada de Milei al poder representaba, para buena parte del empresariado, la posibilidad de dejar atrás un esquema económico que consideraban agotado. El referente del Astillero Federico Contessi no escondía sus simpatías por ese ideario. Sin embargo, la luna de miel tuvo una duración bastante limitada. Apenas el nuevo Gobierno presentó la Ley Ómnibus, el empresario descubrió que la desregulación también podía tener consecuencias poco agradables. Los artículos 242 a 253, que proponían modificar el Régimen Federal de Pesca y habilitar licitaciones internacionales para la adjudicación de cuotas de captura, encendieron todas las alarmas del sector.
La reacción fue inmediata. Contessi calificó el capítulo pesquero como “nefasto” y advirtió que las modificaciones podían desarticular inversiones, comprometer puestos de trabajo y desalentar la construcción de nuevos buques. En declaraciones mediáticas, cuestionó que una empresa extranjera pudiera quedarse con recursos pesqueros sin asumir compromisos con el desarrollo industrial argentino. El planteo tenía una lógica empresarial evidente. Lo llamativo era que el mismo dirigente que simpatizaba con el programa libertario comenzaba a encontrar serios problemas en una de sus primeras reformas. El cambio seguía siendo necesario, aunque aparentemente no cuando implicaba poner en discusión las reglas de un negocio al que Contessi estaba directamente vinculado.
Desde entonces, la relación con la administración nacional fue acumulando desencuentros. En mayo de 2025, el empresario volvió a cuestionar una decisión del Ejecutivo, esta vez por la flexibilización de las condiciones para importar buques usados mediante el decreto 273/2025. La calificó como una “falacia ideológica” y advirtió sobre sus efectos en los astilleros nacionales. Otra vez, las consignas de apertura y competencia chocaban con los reclamos de protección de la industria local.
Para 2026, las críticas dejaron de ser episodios aislados. La crisis pesquera, la pérdida de rentabilidad, los costos operativos y la falta de renovación de la flota pasaron a ocupar el centro de sus intervenciones públicas. En septiembre, Contessi llegó a sostener que el Gobierno nacional “no desreguló absolutamente nada en materia pesquera”. El empresario que había acompañado el cambio ahora reclamaba cambios, pero de otro tipo.
Los números de su propio establecimiento terminaron de darle dimensión al conflicto. En mayo había advertido que el astillero pasó de ocho embarcaciones en construcción simultánea a apenas tres, mientras su plantel se redujo de 102 a 82 trabajadores. En octubre, la situación seguía deteriorándose: alrededor de 80 empleados y una actividad que, después de las próximas botaduras, dejará prácticamente vacías las gradas. Tampoco aparecen nuevas órdenes de compra que permitan proyectar una recuperación.
Contessi describe un escenario de morosidad, rentabilidad negativa y ausencia de respuestas oficiales. Habla de un sector que agoniza y de un 2027 “complicadísimo”. Sus advertencias merecen atención, especialmente por el impacto que la crisis tiene sobre el empleo y la capacidad productiva del puerto. Pero hay una pregunta que el diagnóstico económico no responde: ¿dónde quedó aquel entusiasmo por el modelo que prometía transformar la Argentina?
Porque el problema no es que un empresario modifique su posición frente a un Gobierno. Tampoco que reclame medidas para proteger una actividad estratégica. Lo que resulta políticamente significativo es la distancia entre el respaldo inicial a un programa que tenía entre sus principales banderas la apertura económica y la desregulación, y el rechazo que provocan ahora algunas de sus consecuencias. La defensa de la industria nacional es atendible, pero no parece haber ocupado el mismo lugar cuando el cambio todavía era una promesa electoral.
En marzo de 2023, antes de la llegada de Milei, Contessi reclamaba reglas de juego claras y advertía que ningún partido ni ninguna idea política tenía la verdad absoluta. “A la Argentina la salvamos o la terminamos de hundir entre todos”, había planteado durante una botadura. Una definición que, a la luz de sus posicionamientos posteriores, adquiere otra dimensión. La responsabilidad de construir un rumbo económico no puede depender exclusivamente de cuánto beneficia o perjudica a cada actividad.
El puerto marplatense tiene una historia industrial que excede cualquier gobierno y cualquier empresario. Por eso, las declaraciones de uno de sus referentes más visibles tienen un peso que va más allá de la coyuntura. Contessi tiene derecho a reclamar, cuestionar y exigir respuestas. Lo que no puede evitar es que también se revisen sus propias posiciones. Al final, el interrogante no pasa por determinar si Milei cumplió o incumplió las expectativas de un empresario. Pasa por entender qué clase de cambio estaba dispuesto a acompañar Contessi. Porque, a juzgar por su recorrido, el liberalismo parecía una buena noticia mientras se discutía en términos generales. Cuando llegó al puerto, aparecieron las excepciones, los reparos y las objeciones. El mercado, al parecer, también tiene sus límites cuando la cuenta llega a casa.
Orfei pidió la convocatoria de acreedores y hay 30 empleos en riesgo
La distribuidora marplatense recurrió a la Justicia para renegociar sus pasivos en medio de la caída del consumo y el aumento de los costos. La situación encendió las alarmas en el sector comercial y mantiene en vilo a sus trabajadores.
La crisis económica que atraviesa Mar del Plata sumó un nuevo capítulo con impacto directo en el entramado productivo y laboral. La distribuidora Orfei presentó un pedido de convocatoria de acreedores, una decisión que expone las dificultades financieras de una firma con trayectoria en el comercio local y abre interrogantes sobre su continuidad.
El escenario genera especial preocupación por la situación de sus trabajadores. Al menos 30 empleados directos enfrentan incertidumbre respecto de la continuidad de sus puestos laborales y el cobro de sus haberes. La presentación judicial puso en alerta al sector gremial, que sigue de cerca la evolución del expediente ante la posibilidad de que el proceso derive en nuevas consecuencias sobre el empleo.
La convocatoria de acreedores constituye una herramienta judicial que permite a una empresa negociar con quienes le reclaman deudas y buscar una salida que evite la quiebra. En el caso de Orfei, la medida aparece en un contexto adverso para el comercio, atravesado por la retracción del consumo masivo, la caída de las ventas y el incremento de los costos operativos.
Más allá de la situación particular de la distribuidora, el episodio vuelve a poner sobre la mesa el impacto de la recesión en las empresas locales. La combinación de menores ingresos y mayores obligaciones financieras presiona sobre estructuras comerciales que necesitan sostener sus operaciones en un mercado cada vez más complejo.
Mientras tanto, la principal preocupación pasa por el futuro de los puestos de trabajo. Los gremios locales mantienen la atención sobre el proceso judicial para resguardar los derechos laborales y evitar que los trabajadores queden expuestos a las consecuencias de una eventual profundización de la crisis.
La situación de Orfei se suma así a una serie de dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía marplatense y vuelve a trasladar el debate desde los indicadores económicos hacia sus consecuencias concretas: empresas comprometidas, actividad comercial debilitada y familias que no saben qué sucederá con sus ingresos.
Montenegro suma cámaras móviles y refuerza el control sobre la limpieza urbana
El intendente presentó el sistema Vigía, que incorpora cuatro cámaras y geolocalización a los 84 camiones recolectores de residuos. La iniciativa busca controlar a la empresa, mejorar la limpieza urbana y ampliar las herramientas de videovigilancia para la prevención del delito y las investigaciones judiciales.
El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, presentó el sistema Vigía, una nueva herramienta tecnológica que combina el control del servicio de recolección de residuos con una función adicional de seguridad. El dispositivo alcanza a los 84 camiones recolectores que circulan por el distrito y permitirá monitorear en tiempo real sus recorridos, registrar imágenes de la vía pública y verificar el cumplimiento de las tareas de la empresa concesionaria.
La presentación se realizó en la sede del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y responde a una de las primeras decisiones que Montenegro tomó tras reasumir la intendencia, el pasado 7 de octubre. Según explicó, el Municipio había recibido numerosos reclamos vecinales por deficiencias en la recolección y ya había aplicado más de 1.200 apercibimientos y multas a la empresa responsable del servicio.
"El día que reasumí yo venía viendo que teníamos un problema y tomé la decisión de que rápidamente se controlara, de alguna manera, no solamente a la empresa sino que también se diera una herramienta más para la seguridad", sostuvo el jefe comunal al explicar el origen de la iniciativa.
El nuevo esquema incorpora cuatro cámaras por unidad —una delantera, dos laterales y una trasera—, además del sistema de GPS que ya utilizaban los vehículos. Las imágenes se transmiten en vivo a una central de monitoreo y quedan almacenadas durante un período de entre 10 y 15 días en buena definición. De esta manera, los operadores pueden seguir la ubicación de cada camión, observar su recorrido y comprobar si efectivamente realizó la recolección en las calles asignadas.
"La empresa, si hay alguna situación determinada, se sabe por dónde anduvo el colectivo y si hizo lo que dice que hizo. Porque está grabado", explicó Montenegro. El sistema permitirá verificar las prestaciones y contar con registros audiovisuales ante eventuales incumplimientos de la concesionaria.
El intendente también hizo hincapié en modificar la lógica de respuesta ante los reclamos vecinales. Hasta ahora, cuando un frentista advertía que el camión no había pasado o que había dejado residuos sin levantar, el Municipio debía verificar posteriormente lo ocurrido. Con Vigía, la intención es que la responsabilidad de reunir las pruebas quede en manos de la administración municipal.
"Nosotros hasta ahora teníamos planteos de vecinos y había que ir a ver de alguna manera si el vecino tenía razón o no. Y esto no tiene que ser un problema del vecino. Tiene que ser un aviso al vecino y un problema del municipio. El problema es nuestro", remarcó.
En esa línea, agregó: "Para evitar ese problema, lo que quiero es pruebas. ¿Las pruebas cómo las consigo? Con grabaciones de todo lo que ocurre a tiempo real y que quede registrado". Los vecinos, además, podrán denunciar la falta de servicio en sus cuadras a través del WhatsApp municipal 2235960422.
Sin embargo, la apuesta de Montenegro excede el control de la higiene urbana. El jefe comunal presentó el sistema como una nueva pieza de su estrategia de seguridad, al considerar que los 84 camiones también funcionarán como unidades móviles de videovigilancia que recorrerán distintos sectores de Mar del Plata durante toda la jornada.
"Para mí lo más importante es cómo matchea esto con un plan integral de seguridad", afirmó. En ese sentido, sostuvo que la iniciativa permitirá contar con registros de distintos puntos de la ciudad y colaborar con las investigaciones policiales y judiciales. "Si en algún momento la Justicia necesita alguna herramienta o las investigaciones de los policías, nosotros se la podamos ceder rápidamente", señaló.
A su vez, los operadores de los vehículos tendrán comunicación permanente con el sistema de monitoreo para alertar sobre situaciones que puedan detectar durante sus recorridos. "Esto me va a dar la posibilidad de tener 84 móviles que permanentemente estén recorriendo nuestra ciudad y, de alguna manera, transmitiendo en vivo lo que va ocurriendo", remarcó Montenegro.
El sistema también tendrá una aplicación sobre otro de los problemas que el Ejecutivo busca combatir: los basurales a cielo abierto y la disposición ilegal de residuos. Las cámaras permitirán registrar a vehículos que arrojen basura en la vía pública o en canteras no autorizadas. A partir de las imágenes, la identificación de las patentes y la individualización de los infractores, el Municipio podrá avanzar con sanciones y el eventual secuestro de los automotores.
En paralelo, el intendente vinculó la incorporación de esta tecnología con la necesidad de centralizar y aprovechar la información para definir las políticas de seguridad. "Al tener más información vas a tener un mejor resultado porque vas a saber qué es lo que tenés que hacer con los distintos recursos que vos tenés", planteó.
Por último, Montenegro anticipó que la iniciativa no necesariamente quedará limitada a los vehículos recolectores. "Son 84 los móviles que tiene este sistema y la idea es seguir agrandándolo", adelantó. Así, el Ejecutivo busca articular dos demandas que atraviesan la agenda municipal: la limpieza de la ciudad y la seguridad, con una herramienta que pretende extender la capacidad de control estatal más allá de los dispositivos fijos de videovigilancia.
Carrancio busca avanzar con Nación en una nueva propuesta para la Cancha de los Bomberos
El legislador nacional se reunió con la titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para avanzar en una alternativa al convenio de 2012. La propuesta contempla una mayor superficie de espacio público en el predio lindero al Museo MAR.
El futuro de la histórica Canchita de los Bomberos sumó un capítulo más. En esta oportunidad, el Diputado Nacional, Alejandro Carrancio, se reunió con Tania Alejandra Yedro, presidenta de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para avanzar en una alternativa urbanística para el terreno ubicado junto al Museo MAR.
El encuentro se enmarca en una serie de conversaciones que el legislador y su equipo llevan adelante desde hace casi un año. El objetivo es encontrar una salida que permita preservar el valor histórico y social del espacio, al tiempo que contemple los intereses del Estado nacional y las demandas de los vecinos.
La propuesta en análisis plantea un reordenamiento urbanístico que supere las condiciones establecidas en el convenio firmado en 2012 entre Nación y el Municipio de General Pueyrredon. Uno de los puntos centrales es ampliar significativamente la superficie destinada a espacio público, aunque el proyecto todavía debe atravesar distintas instancias de evaluación.
“La Cancha de los Bomberos no es simplemente un terreno. Es parte de la historia y de la identidad de Mar del Plata. Escuchamos a los vecinos, entendemos lo que representa este lugar y creemos que es posible construir una propuesta superadora que contemple sus necesidades y también los intereses del Estado nacional”, expresó Carrancio.
El diputado también puso el foco en las gestiones institucionales necesarias para alcanzar un acuerdo entre las distintas jurisdicciones. Según señaló, el proceso requiere reuniones, diálogo y consensos para avanzar sobre una cuestión que involucra el futuro urbanístico de la ciudad.
Por el momento, la iniciativa continúa en etapa de análisis y todavía necesita definiciones técnicas, urbanísticas y legales para determinar su eventual implementación. Mientras tanto, Carrancio busca sostener las conversaciones con los organismos nacionales para darle continuidad a una propuesta que pretende compatibilizar el desarrollo urbano con la preservación de uno de los espacios históricos de Mar del Plata.
Abad consiguió dictamen en el Senado para avanzar con la Ley Joaquín y busca su sanción definitiva
La iniciativa, cuyo tratamiento en la Cámara alta fue impulsado por el senador Maximiliano Abad, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Deportes y quedó en condiciones de llegar al recinto. La ley busca reforzar las medidas de prevención y seguridad en clubes, escuelas y espacios públicos donde se practican deportes.
La Comisión de Deportes del Senado de la Nación avanzó con el tratamiento de la denominada Ley Joaquín, luego de darle dictamen favorable al proyecto durante una reunión realizada en el Salón Arturo Illia. El encuentro fue convocado por el senador nacional bonaerense Maximiliano Abad, quien impulsa la iniciativa que ya había recibido el respaldo unánime de la Cámara de Diputados.
Con este paso, la propuesta quedó en condiciones de ser debatida en el recinto para obtener su sanción definitiva. El objetivo central es establecer medidas de prevención y seguridad en clubes, establecimientos educativos y espacios públicos donde se practican deportes, con especial atención a la protección de niños y adolescentes.
Tras el avance legislativo, Abad destacó el acompañamiento de las familias que promovieron el proyecto y planteó la importancia de incorporar herramientas de prevención en los ámbitos deportivos. “¿Hay algo más importante que la seguridad de nuestros hijos? ¿Hay algo más necesario que la práctica del deporte en todas las edades? Con el empuje de muchas familias tratamos en el Senado el proyecto de Ley Joaquín”, expresó.
En la misma línea, el legislador remarcó la responsabilidad de las instituciones y sus dirigentes para evitar accidentes que puedan tener consecuencias irreparables. “La dirigencia tiene que estar siempre un paso adelante para prevenir desenlaces que se podrían haber evitado. Queremos que una muerte que podía ser evitada nunca más tenga un desenlace trágico en la Argentina”, agregó.
Entre sus principales disposiciones, el proyecto contempla medidas de seguridad para instalaciones y equipamientos deportivos, como el anclaje adecuado de arcos, aros y postes, la protección de columnas y estructuras y la realización de controles técnicos para garantizar condiciones seguras en los espacios de práctica. También establece mecanismos de coordinación con la Subsecretaría de Deportes de la Nación y la designación de autoridades de aplicación en cada jurisdicción.
La iniciativa lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que murió luego de ser golpeado por un arco de fútbol que no se encontraba correctamente sujeto. A partir de aquella tragedia, su familia impulsó una propuesta legislativa para transformar lo ocurrido en una política de prevención y evitar que otros chicos y sus familias atraviesen una situación similar.
Con el respaldo que obtuvo en ambas cámaras, la Ley Joaquín transita su última instancia parlamentaria. Abad manifestó su expectativa de que pueda ser aprobada definitivamente en la próxima sesión del Senado.
El Festival de Cine abre una nueva edición entre expectativas y cuestionamientos
La 41ª edición comenzará este jueves con una programación de 150 películas y entradas más accesibles. Sin embargo, el financiamiento municipal, los cambios en el convenio con el INCAA y las críticas por la promoción mantienen al evento en el centro de la discusión política.
Mar del Plata volverá a convertirse desde este jueves en escenario de uno de sus principales acontecimientos culturales. La 41ª edición del Festival Internacional de Cine levantará el telón con una alfombra roja, una ceremonia inaugural y diez días de proyecciones, en una edición que busca recuperar espectadores mientras arrastra interrogantes sobre su organización y financiamiento.
La apertura comenzará a las 18 con la tradicional alfombra roja en la plazoleta Armada Argentina, frente al monumento al Almirante Brown. A las 18.45 tendrá lugar la ceremonia oficial y, a las 19, se proyectará Wild Horse Nine, la película de Martin McDonagh protagonizada por John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi, ambientada en Chile poco antes del golpe de Estado de 1973. La programación se extenderá hasta el 15 de noviembre e incluirá 150 películas.
Uno de los desafíos de esta edición será atraer nuevamente al público. Para eso, la organización redujo el valor de la entrada general de $7.000 a $5.000 y lanzó paquetes de diez funciones por $25.000. Según los datos difundidos por sus directores, al 1 de noviembre se habían vendido 15.000 entradas anticipadas y 32 funciones ya tenían localidades agotadas. La apuesta por la convocatoria convivirá, sin embargo, con una discusión cada vez más marcada por el costo que representa sostener el encuentro.
El financiamiento municipal volvió a quedar bajo la lupa tras las modificaciones al convenio de organización conjunta que el EMTURyC mantiene con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Las adendas enviadas al Concejo Deliberante ampliaron las obligaciones del Municipio: entre otros puntos, el Ente deberá afrontar pasajes y alojamiento en hoteles de cinco estrellas para invitados extranjeros, autoridades y jurados. Desde la oposición señalaron que el esquema contempla mil noches de hospedaje y una erogación adicional de $410 millones. El martes se realizó la apertura de sobres para la contratación del servicio de alojamiento y salón.
La controversia también alcanza a la conducción del EMTURyC, encabezada por Diego Juárez, uno de los funcionarios que viene acumulando cuestionamientos. Tras una temporada de verano que no habría cumplido las expectativas y la perdida de evento importantes, el Festival aparece como una nueva prueba para su gestión. En ese escenario, la organización del evento, los recursos destinados a su promoción y la capacidad de sostener su convocatoria vuelven a quedar bajo escrutinio político.
Los cambios todavía generan preguntas en el ámbito legislativo. En la comisión de Educación, desde el peronismo pidieron explicaciones sobre el aumento de invitados, la ampliación de los gastos y la eliminación de una cláusula relacionada con derechos de imagen y regalías. También solicitaron precisiones sobre la ceremonia de premiación, que este año dejará de estar a cargo del EMTURyC. A casi un mes de presentado el pedido, las respuestas todavía no llegaron al recinto.
La discusión también alcanzó la promoción turística y cultural. Durante la octava sesión ordinaria del Concejo, el concejal del Frente Renovador, Juan Manuel Cheppi, advirtió que la falta de difusión podía poner en riesgo la categoría A del festival. El director de Cultura, Francisco Taverna, rechazó esa posibilidad y aseguró que el certamen no corre peligro de perder su reconocimiento. El cruce volvió a exponer las diferencias sobre el lugar que ocupa el evento en la política cultural local y el alcance del respaldo municipal.
En paralelo, del 5 al 10 de noviembre se realizará Fuera de Campo, el festival autogestivo impulsado por trabajadores del cine argentino como respuesta al desfinanciamiento del INCAA. La propuesta, que surgió en 2024, volverá a plantear una mirada crítica sobre el presente de la industria audiovisual y el rumbo de las políticas nacionales.
Con la alfombra roja como punto de partida, Mar del Plata buscará sostener la proyección internacional de un festival que conserva su condición de único encuentro Clase A de América Latina. La edición comenzará con películas, público y expectativa, pero también con una discusión abierta sobre los recursos necesarios para mantener uno de los principales símbolos culturales de la ciudad.
La Reserva: denuncian que las obras avanzan mientras la Justicia demora una cautelar
El emprendimiento contempla ocho edificios de 14 metros de altura junto a la desembocadura del arroyo Corrientes. Ambientalistas cuestionan las demoras judiciales y reclaman frenar los trabajos.
La polémica por La Reserva volvió a instalarse en Mar del Plata. Esta vez, la Asamblea Playas del Sur denunció el avance de obras para construir ocho edificios junto a la desembocadura del arroyo Corrientes y cuestionó la demora judicial en resolver una medida cautelar. Los vecinos advierten que está en riesgo el futuro de todo el frente costero sur.
El conflicto suma un nuevo capítulo en una zona que viene concentrando disputas por el desarrollo inmobiliario y la preservación ambiental. En un documento difundido este miércoles, la organización vecinal alertó sobre trabajos en la primera línea de médanos y sostuvo que la intervención podría comprometer la integridad de la Reserva.
Según la asamblea, los trabajos comenzaron en condiciones irregulares y avanzaron sobre un sector de médanos que consideran fundamental para la preservación ambiental. En ese sentido, advirtieron que la intervención no representa un problema aislado, sino que podría sentar un precedente para futuras urbanizaciones sobre la costa sur.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido a la Justicia. Los vecinos aseguran que llevan cuatro meses esperando una resolución sobre una medida cautelar destinada a frenar las obras y cuestionan las demoras del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 y de la Cámara de Apelación. “Se están pasando la pelota”, sostuvieron al describir el recorrido del expediente.
La disputa judicial tiene como antecedente una discusión por el pago de tasas y sobretasas. De acuerdo con la denuncia, el juez Simón Isach supeditó en junio el libramiento de un oficio al Municipio al cumplimiento de esa exigencia. Los demandantes apelaron la decisión al invocar la gratuidad de los procesos ambientales, pero consideran que esa controversia terminó demorando la protección del entorno.
En paralelo, la Asamblea Playas del Sur reclama que se dicte una medida urgente para impedir nuevos movimientos de suelo, excavaciones y remoción de arena mientras se resuelve el expediente. También cuestiona la demora de la Fiscalía de Estado en definir aspectos vinculados con la línea de ribera, una cuestión que consideran central para delimitar y proteger el espacio costero.
La advertencia de los vecinos excede las parcelas donde comenzaron los trabajos. La organización sostiene que lo que está en juego es el futuro de toda la Reserva Paseo Costanero Sur y del frente marítimo, ante la posibilidad de que nuevos emprendimientos modifiquen de manera irreversible el paisaje y la biodiversidad.
“El peligro no son 8 edificios: es todo el frente costero”, sintetizaron desde la asamblea, que volvió a reclamar respuestas institucionales y una intervención judicial urgente para evitar que el avance de las obras termine condicionando el futuro ambiental de la zona.
Secretaría de Obras: ¿quién garantizará las excepciones a la construcción?
Mientras Montenegro estira la definición sobre el área, Bonifatti se habría ofrecido y estaría dispuesto a “inmolarse”. En los pasillos municipales sostienen que detrás de ese gesto también habría una apuesta por sostener su lugar en el gabinete y conservar sus “conchabos”. Además, habría propuesto a Marcelo Artime como plan B. Mientras tanto, circulan otros nombres.
La definición sobre quién conducirá la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de General Pueyrredon sigue sin resolverse. Mientras el Ejecutivo estira la cobertura provisoria, la danza de nombres empieza a tomar temperatura y deja al descubierto una disputa que excede el organigrama: quién tendrá la llave de las excepciones urbanísticas y la ventanilla de la construcción.
Por tercera vez, el gobierno de Guillermo Montenegro extendió la conducción interina del área. La secretaria de Salud, Alicia Viviana Bernabei, continuará a cargo de la atención y la firma del despacho hasta el próximo 16 de noviembre. Una solución transitoria que, lejos de despejar el panorama, prolonga la incertidumbre sobre una de las áreas más sensibles de la gestión municipal.
En los pasillos del Palacio Municipal, la pregunta se repite: ¿quién se hará cargo de la “papa caliente”? Por ahora, no hay un candidato que se imponga con fuerza, aunque las versiones ya comenzaron a circular. En una dependencia donde las decisiones urbanísticas tienen peso político y económico, la sucesión promete mucho más que un simple cambio de nombres.
Entre las alternativas que se mencionan aparece el “hombre casta”, Santiago Bonifatti. Según las versiones recogidas en el oficialismo, se ofreció y estaría dispuesto a “inmolarse” para garantizar el funcionamiento de la ventanilla y la continuidad de las excepciones. La lectura que hacen algunos interlocutores es que también buscaría preservar un lugar en el gabinete viendo que le quedaria “poca cuerda” y buscaría preservar sus “conchabos”.
También Bonifatti habría puesto sobre la mesa una opción B: Marcelo Artime. Ambos comparten un pasado pultista y el subsecretario mantendría una buena relación con el exfuncionario.
La lista de posibles reemplazos también incluye a Marcelo “Pocho” Lacedonia, actual defensor del Pueblo de General Pueyrredon, quien comenzó a sonar poco después de la salida de González. A su vez, aparece Darío Sócrate, ingeniero con trayectoria en el sector productivo local y experiencia en la gestión municipal. Dos perfiles distintos para una secretaría que concentra decisiones estratégicas sobre el crecimiento de la ciudad.
La demora en la definición alimenta la tensión dentro del oficialismo. Mientras se multiplican las especulaciones, las excepciones a la construcción continúan prorrogadas hasta diciembre de 2027. El interrogante no pasa solamente por quién ocupará el despacho, sino por quién garantizará la continuidad de un esquema urbanístico que atraviesa intereses políticos, empresariales y administrativos.
En la rosca municipal, la sucesión de Obras y Planeamiento ya se convirtió en una prueba de fuerzas. Montenegro deberá resolver quién se queda con una de las áreas más sensibles de su gabinete, en medio de nombres que se ofrecen, otros que esperan y una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿quién se anima a agarrar la “papa caliente”?
A un año de la concesión: el Minella sigue esperando que las obras salgan a la cancha
La Municipalidad cedió el Minella, el Polideportivo y los espacios comunes por 30 años a Minella Stadium S.A. con la promesa de una inversión de US$ 40 millones. Entre alambrados, conflictos con los clubes, una semana sin luz, cuestionamientos judiciales y un cambio de manos empresariales, el proyecto todavía espera por su transformación.
El 5 de noviembre de 2025, el Municipio de General Pueyrredon entregó formalmente las llaves del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini a Minella Stadium S.A. La firma del acta marcó el comienzo de una concesión por 30 años, con posibilidad de extenderla por otros diez, que fue presentada por el gobierno de Guillermo Montenegro como una oportunidad para recuperar uno de los principales patrimonios deportivos de la ciudad. Un año después, sin embargo, las grandes obras prometidas todavía no aparecen y acumula controversias políticas, dificultades financieras y una investigación supuesta investigación judicial terminada.
La propuesta original contemplaba una inversión de 40 millones de dólares, la puesta en valor integral de las instalaciones y la construcción de dos nuevos complejos que sumarían 8.000 metros cuadrados cubiertos. Además, la empresa se comprometió a organizar entre 80 y 95 eventos anuales, entre espectáculos deportivos, recitales y actividades culturales. El objetivo era convertir al Parque de los Deportes en un polo de actividad durante todo el año, con generación de empleo y movimiento económico para Mar del Plata.
Pero el desembarco de la concesionaria estuvo lejos de traducirse en una transformación visible. Las primeras intervenciones estuvieron concentradas en tareas preliminares, como la colocación de cercados perimetrales y trabajos vinculados con los servicios y el mantenimiento. Desde Minella Stadium aseguraron haber destinado cerca de tres millones de dólares a distintas tareas y estudios técnicos, aunque el avance de las obras estructurales comenzó a quedar condicionado por las demoras en la presentación del proyecto ejecutivo. En enero, el Municipio otorgó una prórroga de 30 días para completar esa documentación, mientras que la oposición comenzó a reclamar precisiones sobre los plazos y las intervenciones previstas.
En paralelo, aparecieron los primeros conflictos con los actores que históricamente utilizaron las instalaciones. La concesionaria comenzó a exigir cánones operativos a clubes como Aldosivi, Alvarado, Peñarol y Unión, una decisión que generó cuestionamientos por la vigencia de la Ordenanza 24.264, que contempla exenciones para las instituciones marplatenses de alta competencia. Así, mientras las reformas comprometidas seguían sin materializarse, el cobro por el uso de los escenarios deportivos se convirtió en uno de los principales focos de tensión.
La situación también escaló en el terreno político y judicial. La participación de Eduardo Spinosa, expresidente de Banfield y señalado como nexo entre la empresa y la AFA, quedó bajo la lupa a partir de la investigación sobre Sur Finanzas. Los allanamientos en dependencias municipales, los pedidos de documentación impulsados por la oposición y las presentaciones de la organización Mirada Ciudadana profundizaron los cuestionamientos sobre la licitación, las garantías financieras y las condiciones del contrato. Entre otros aspectos, también se pusieron en discusión las diferencias entre el pliego aprobado por el Concejo Deliberante y el documento finalmente firmado con la concesionaria.
La concesión también quedó atravesada por un escándalo financiero de escala internacional. Revee, la firma brasileña que fue socia mayoritaria de Minella Stadium S.A., nació como el brazo inmobiliario y de entretenimiento del grupo REAG. Esta última quedó involucrada en las investigaciones por el denominado Caso Banco Master, una trama de presunto fraude financiero, lavado de dinero y corrupción que sacudió al sistema financiero brasileño y que fue señalada como el mayor fraude bancario de la historia del país. La situación tuvo consecuencias directas en la estructura empresarial: en enero de 2026, el Banco Central de Brasil dispuso la liquidación extrajudicial de REAG y João Carlos Mansur, su fundador y entonces titular del consejo de Revee, presentó su renuncia. Aunque Revee sostuvo que no mantenía vínculos operativos ni financieros con Banco Master, el caso volvió a poner bajo la lupa los antecedentes y la solvencia del grupo detrás de la concesionaria del Minella.
Uno de los episodios que mejor expuso las dificultades del proyecto ocurrió en julio de 2026. Entre el lunes 20 y el 27 de ese mes, el Minella y el Polideportivo Islas Malvinas permanecieron sin suministro eléctrico por una deuda cercana a los 25 millones de pesos que Minella Stadium mantenía con EDEA. El corte afectó el funcionamiento cotidiano de las instalaciones y dejó en evidencia los problemas económicos de la empresa, que también quedó bajo cuestionamiento por sus obligaciones con proveedores y los presuntos cheques rechazados.
En medio de ese escenario, la estructura empresaria comenzó a modificarse. El grupo brasileño Revee, que había encabezado la propuesta junto con Pro Enter, avanzó con el pedido para transferir el 87,5% de las acciones de Minella Stadium a Perfeta Producciones S.A., vinculada al empresario Marcelo Fígoli, titular de Fénix Entertainment Group. El Municipio conformó una comisión especial para analizar la documentación y determinar si la operación cumple con las condiciones del contrato. La llegada de un empresario con trayectoria en la organización de espectáculos aparece como una alternativa para darle nuevo impulso a una concesión que atravesó meses de dificultades.
Ahora, a un año de la entrega de llaves, Guillermo Montenegro volvió a poner el foco sobre el comienzo de las obras. Tras su regreso a la Intendencia, el jefe comunal aseguró que a la semana siguiente de su llegada al municipio habría trabajos en el estadio y sostuvo que el objetivo es que pueda recibir eventos deportivos durante el verano. Sobre la investigación judicial, aseguró que la causa vinculada al proceso había sido cerrada y manifestó tener "muchísima tranquilidad".
Sin embargo, entre los anuncios y la realidad del predio todavía existe una distancia difícil de disimular. No se observan maquinarias ni movimientos que permitan identificar el inicio de las intervenciones estructurales en el Parque de los Deportes. Los cercados perimetrales, instalados durante las primeras semanas de la concesión, continúan siendo prácticamente la única modificación visible en el conjunto del complejo. A doce meses de la entrega, el proyecto que prometía una renovación integral sigue esperando que las inversiones anunciadas se traduzcan en obras concretas.
Toledo, entre las gestiones de venta, la incertidumbre laboral y una nueva mesa de negociación
En una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, representantes de la firma, gremios e intendentes de la región analizaron alternativas para sostener la actividad. La empresa aseguró que pagará los salarios y confirmó que su presidente realiza gestiones en Buenos Aires. La posible venta y el concurso preventivo siguen marcando el futuro de la cadena.
La crisis de Supermercados Toledo sumó un nuevo capítulo en el Ministerio de Trabajo bonaerense. En una audiencia que reunió a representantes de la empresa, organizaciones sindicales, la CGT y funcionarios de distintos municipios de la región, se abordó la situación de las fuentes laborales y la posibilidad de avanzar con una eventual venta de la firma. Mientras tanto, la empresa aseguró que los salarios se encontraban en proceso de acreditación y que su presidente realizaba gestiones en Buenos Aires para encontrar alternativas.
El encuentro fue encabezado por el delegado regional del Ministerio de Trabajo, Daniel Buccico, y contó con la participación de representantes de Supermercados Toledo S.A. y de Cleaness SRL. Por el lado gremial estuvieron presentes el Sindicato de Empleados de Comercio, UATRE, Camioneros y Maestranza, además del secretario general de la CGT Regional Mar del Plata, Miguel Guglielmotti.
Uno de los puntos centrales pasó por la posibilidad de encontrar compradores para la empresa. Los representantes de los municipios de General Pueyrredon, General Alvarado y Mar Chiquita manifestaron su preocupación por la incertidumbre que atraviesa la firma y se comprometieron a realizar esfuerzos, dentro de sus competencias, para evitar que las regulaciones locales se conviertan en un obstáculo para eventuales operaciones de venta.
En materia salarial, los representantes empresarios informaron que estaban tramitando las transferencias bancarias correspondientes a los haberes de la totalidad de los trabajadores y aseguraron que serían acreditados en tiempo y forma. También señalaron que el presidente de Toledo no pudo participar de la audiencia porque se encontraba en Buenos Aires gestionando posibles alternativas para resolver la situación. La empresa, además, manifestó que desconocía los hechos denunciados durante la reunión y aclaró que, de haber ocurrido, no respondían a una decisión institucional.
Otro frente de la disputa se trasladará al ámbito judicial. Las organizaciones sindicales, junto con representantes municipales, anticiparon que incorporarán las actuaciones de la audiencia al expediente que tramita en el Juzgado Civil y Comercial N.º 7, donde se desarrolla el concurso preventivo de Supermercados Toledo.
Como instancia de seguimiento, las partes acordaron conformar una mesa de trabajo que se reunirá todos los jueves a las 13, mientras que la próxima audiencia ante el Ministerio de Trabajo fue fijada para el viernes 4 de diciembre a las 13.
Así, el futuro de Toledo continúa atado a las gestiones empresariales, el avance del concurso preventivo y la posibilidad de que aparezca un comprador que permita sostener la actividad. Por ahora, las promesas de pago de salarios y los compromisos institucionales conviven con una incertidumbre que sigue sin tener una resolución concreta.