Cooperativas en off: el gobierno sacó el lápiz rojo
La Nación y la Provincia vuelven a enfrentarse. Esta vez, por la decisión del INAES de suspender a miles de cooperativas. En Buenos Aires denuncian el ajuste y campea la incertidumbre
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Por si hicieran falta motivos para que el Gobierno Nacional y el bonaerense queden enfrentados, una resolución del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) abrió un nuevo frente de disputa entre la administración de Javier Milei y la de Axel Kicillof.
A través de la resolución 2076/26, el ente presidido por Marcelo Collomb dispuso suspender a unas 9.000 cooperativas en todo el país, por diferentes incumplimientos administrativos. De ellas, 1.600 funcionan en la provincia de Buenos Aires. Es un número significativo: más del 30% del total de las que existen en territorio bonaerense fueron alcanzadas por la medida.
La suspensión implica que no pueden seguir funcionando hasta subsanar los incumplimientos. Algo que, en un contexto crítico para el sector, puede representar un gasto imposible de afrontar: confeccionar un balance, por ejemplo, suele costar entre 600.000 y 800.000 pesos, una cifra significativa para la facturación de muchas cooperativas.
“Es una chicana contra los que realmente laburan”, dijo a La Tecla Adrián Salinas, miembro de la cooperativa Paamigo, que lleva más de dos décadas realizando trabajos de desmalezamiento. La organización fue alcanzada por el lápiz rojo por no haber presentado su balance este año. El costo es prohibitivo para ellos: equivale al monto de uno de los dos servicios que facturan mensualmente.
“Todo se paga. Todo es complicado”, dijo Salinas, de 53 años. “Ahora nos piden el balance y hasta que lo hagamos vamos a estar parados, sin poder facturar. Ya estamos en deuda con el banco y ahora esto. Es un gobierno terrible”.
Desde la Provincia salieron al cruce de la decisión del INAES. Gildo Onorato, presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), acusó al gobierno nacional de utilizar cuestiones administrativas como excusa para “destruir” al sector cooperativo, cuya esencia no se alinea con la ideología del Gobierno.
“Como antecedente inmediato, en 2025, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como Año Internacional de las Cooperativas, los representantes del gobierno votaron en la misma ONU, junto a Israel y los Estados Unidos, contra el modelo cooperativo. Detrás de una resolución administrativa esconden una mirada política-económica de destruir al sector por prejuicios ideológicos, desconociendo que el sector genera el 10% del PBI nacional”, dijo el funcionario provincial.
El asunto hizo olas hasta en México. El sociólogo Alejandro Espinosa Yáñez, especialista en sociología del trabajo y estudios organizacionales, publicó en el diario azteca El Universal un artículo en el que menciona el caso argentino, recogiendo las críticas de cooperativistas riojanos a la medida del INAES.
En su texto, Espinosa Yáñez se hace eco de cuestionamientos al INAES mexicano (allá la sigla corresponde a Instituto Nacional de la Economía Social) y suma el ejemplo de la Argentina para dar cuenta de lo dificultosa que es la relación del Estado con el sector cooperativo.
“¿Las políticas públicas reconocen a las cooperativas como formas de organización económica con autonomía y capacidad de decisión, o las subordinan a programas administrativos que no atienden sus necesidades reales?”, se pregunta el sociólogo en su artículo.
Rossini: “Ayuda no recibimos, impedimentos sí”
Cristian Rossini es uno de los socios de la cooperativa Panificadora “La Defensa”, que funciona en Colón, provincia de Buenos Aires. Es una de las que fueron suspendidas por el INAES, pero a él lo preocupan más la burocracia y la competencia desleal por parte de panaderías no registradas.
“No hemos recibido ayuda ni la pedimos tampoco. Lo que sí vemos es que hay muchos impedimentos. En Colón tenemos una excelente relación con la población. Pero, por ejemplo, no podemos ser proveedores del Consejo Escolar, porque es imposible cumplir los requisitos que piden”, dijo.
PANORAMA BONAERENSE En Buenos Aires, casi todas las cooperativas son de trabajo
Siendo la más grande de las provincias argentinas, Buenos Aires es, naturalmente, la que concentra la mayor cantidad de cooperativas. Según los datos de INAES, al cierre del segundo trimestre de este año funcionaban en territorio bonaerense 5.202 entidades de este tipo, un 28,3 % de las 18.379 que había en total en el país. La segunda jurisdicción en cantidad de cooperativas era la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 2.345, y en tercer lugar quedaba la provincia de Santa Fe, con 1.758.
En la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría son cooperativas de trabajo. Siempre según los datos del segundo trimestre, eran unas 4.500, es decir, más del 86 %. A esa fecha de corte había 324 dedicadas a prestar servicios públicos (entre ellas, unas 200 que prestan el servicio eléctrico en distintas zonas), 154 “de provisión”, 108 de vivienda y construcción, 91 cooperativas agropecuarias, 28 de consumo, 16 de crédito y 5 de seguros. También se contabilizaban 18 federaciones de cooperativas.
La mitad son de creación reciente: el INAES computaba 2.483 que tenían entre 4 y 9 años de existencia, contra 1.127 con una historia de entre 10 y 20 años, 616 con 21 a 50 años de antigüedad y 361 de 51 o más años de historia. En cambio, sólo había 615 con tres años de andadura o menos, quizás por la (intermitente) prohibición de crear cooperativas dedicadas a prestar servicios a terceros.
Una decisión sin previo aviso y, por si fuera poco, el error
La resolución 2076 no sólo causó sorpresa, sino también confusión. El propio INAES tuvo que salir a corregirla con una nueva, la 2237/26, para subsanar cientos de errores en la norma original. La resolución “correctiva”, emitida 16 días después de la primera, sólo ratificó 8.768 de las 9.083 cooperativas incluidas en el listado; 424 fueron quitadas por no corresponder la suspensión, y se incorporaron otras 109 que no estaban en una primera instancia.
INAES vs. IPAC Promoción y fiscalización, dos modelos en pugna El gobierno de Javier Milei y el de Axel Kicillof se diferencian también en su tratamiento del fenómeno cooperativo: uno fiscaliza sin brindar recursos, mientras que el otro hace exactamente lo opuesto, afirma una especialista
Detrás de la resolución 2076/26 está el proceso de “achique” del INAES, que cada vez cumple menos funciones, afirma Gabriela Fernández, directora de la consultora Construyendo Organizaciones, que asesora a emprendimientos de todo tipo, incluyendo cooperativas, en cuestiones administrativas y legales.
“Se supone que el INAES es un organismo de promoción, no sólo de registro. Pero el Gobierno Nacional emprendió una reducción del Estado que implica que el Instituto pase a convertirse en un mero registro”, dijo la especialista a La Tecla. “Ahora bien, nosotros creemos que es importante fiscalizar; el problema es que el INAES dejó de ofrecer los servicios que antes ofrecía. Hay un nivel de exigencia excesivo respecto de lo que ofrece el Estado, sobre todo en una etapa de retracción económica”, añadió.
“De hecho, hay recursos concretos que el INAES debería estar destinando a sostener el sector cooperativo y no lo está haciendo”, puntualizó Gildo Onorato, del IPAC. “Entre 2024 y 2026, por una contribución que pagan las cooperativas, el Tesoro recaudó unos 171.664 millones de pesos, que deberían haber sido empleados para ese fin, pero sólo se ejecutó una pequeña parte, y hay unos 125.328 millones que la Nación le debe al sector”, dijo.
Para Fernández, la pugna es entre dos abordajes diametralmente opuestos: mientras el INAES fiscaliza sin alentar el desarrollo del sector, el IPAC se dedica a la promoción, pero tiene muy poca capacidad de definición de las políticas.
“El IPAC desarrolla programas para acompañar a las cooperativas. Les da recursos, las asesora, incluso a veces directamente les hace los balances. Colabora, pero no alcanza”, concluyó.
