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16 de noviembre de 2026
BOLSILLO VAPULEADO

Tras el freno judicial a los aumentos, Kicillof y Katopodis preparan una nueva discusión por las tarifas

La Provincia convocó a una audiencia pública para el 16 de diciembre, en la que se debatirá el esquema tarifario eléctrico de los próximos cinco años. La decisión llega después de que la Justicia suspendiera incrementos autorizados por el Gobierno bonaerense por no haber convocado previamente a los usuarios. Las distribuidoras buscarán discutir sus ingresos, mientras crece la incertidumbre sobre el impacto en los bolsillos.

Tras el freno judicial a los aumentos, Kicillof y Katopodis preparan una nueva discusión por las tarifas
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El gobierno de Axel Kicillof vuelve a abrir un frente sensible: las tarifas eléctricas. A través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que conduce Gabriel Katopodis, la Provincia oficializó una audiencia pública para el próximo 16 de diciembre, en la que se pondrá en discusión el esquema de precios de la electricidad para los próximos cinco años.

La convocatoria quedó establecida mediante la Resolución 827/2026, publicada en el Boletín Oficial bonaerense del viernes 13 de noviembre, y alcanza a las distribuidoras EDELAP, EDEN, EDEA y EDES, además de las cooperativas eléctricas que operan en distintos municipios.

Pero detrás de la convocatoria hay un antecedente incómodo para la administración provincial.

El fallo judicial que complicó a Katopodis

El pasado 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca suspendió, mediante una medida cautelar, los aumentos eléctricos que la Provincia había autorizado a partir de agosto.

La resolución judicial respondió a una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, que cuestionó la falta de una audiencia pública antes de aplicar los incrementos.

El fallo suspendió los efectos de la Resolución 585/2026, firmada en el ámbito del Ministerio de Katopodis, y ordenó volver al cuadro tarifario anterior. También dispuso que los importes cobrados de más fueran acreditados a los usuarios.

El dato político no es menor: la Provincia había avanzado con actualizaciones tarifarias sin realizar una nueva audiencia integral, mientras sostenía que los ajustes estaban contemplados en mecanismos aprobados anteriormente.

La última audiencia vinculada con la revisión tarifaria integral había sido realizada en diciembre de 2016.

Ahora, con ese antecedente judicial todavía sobre la mesa, Katopodis deberá exponer las propuestas de las empresas y justificar el nuevo esquema que pretende implementar la Provincia.

Qué se discutirá y quiénes pueden ganar

La audiencia forma parte de la Revisión Tarifaria Integral y no se limitará a un eventual incremento de las facturas.

Entre los puntos centrales estarán los ingresos que recibirán las distribuidoras, los mecanismos de actualización de precios, las inversiones obligatorias, las categorías de usuarios y el funcionamiento de la tarifa social.

También se revisarán los parámetros de calidad del servicio y las penalidades para las empresas que incumplan sus obligaciones.

En definitiva, el Gobierno bonaerense deberá encontrar un equilibrio entre las necesidades financieras de las distribuidoras y la capacidad de pago de los usuarios, en un escenario en el que cada incremento de los servicios públicos golpea sobre los presupuestos familiares.

La audiencia no significa que ya exista un nuevo aumento aprobado. Tampoco se conoce todavía cuál será el impacto concreto de las propuestas en las facturas.

Una discusión que también tendrá costo político

Mientras Kicillof mantiene un discurso crítico de la política económica nacional y del impacto de las tarifas sobre los ingresos, su propia administración deberá resolver cuánto podrán cobrar las distribuidoras bonaerenses y bajo qué condiciones.

La audiencia será virtual, el 16 de diciembre, entre las 9 y las 18, y podrá extenderse al día siguiente. Los usuarios podrán inscribirse como oyentes u oradores desde el 18 de noviembre hasta el 10 de diciembre, a través de la plataforma Ministerio Abierto.

La discusión promete trascender lo técnico. No solamente estará en juego el precio de la electricidad, sino también la política de subsidios, las inversiones que deberán cumplir las empresas y el control que ejercerá la Provincia.

Después de que la Justicia le pusiera un límite a los incrementos, el gobierno de Kicillof deberá explicar qué tarifas pretende autorizar y qué garantías tendrán los bonaerenses de que pagarán por un servicio acorde con los nuevos valores.

La última palabra administrativa quedará en manos de la Provincia, pero el conflicto judicial dejó una advertencia: las decisiones tarifarias no pueden avanzar sin garantizar previamente la participación de los usuarios.

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