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Emiliano Giri: campaña con Montenegro, negocios con Arroyo
El expresidente del Emtur afirma su posición en el entorno de Guillermo Montenegro. Mientras intenta acercar más funcionarios al armado electoral del diputado nacional. A la par, mantiene sus negocios privados mediante Ripsa y Prestanet con el Municipio.
Tras el fracaso en su arribo a la presidencia de Obras Sanitarias, Emiliano Giri profundiza su participación en la campaña electoral de Guillermo Montenegro, con quien cerró filas dándole la espalda a Arroyo. La “traición” –como al menos fue entendida en el torno más cercano al jefe comunal- no sólo aún no fue digerida, sino que podría ser más profunda aún: la cara visible de Ripsa sigue operando en la interna del gabinete municipal, intentando arrimar a las huestes del diputado nacional a otros funcionarios.
Agustín Neme, Luís Distéfano, Hernán Alcolea, Mónica Felice, Sergio Andueza, Christian Rabe y Gustavo Blanco; son algunas de las figuras que o bien se sentaron a la mesa de un café en Güemes o que participaron de la presentación de la candidatura hacia fines de marzo. “Arroyo es una persona íntegra, pero le quedó Mar del Plata”, fue la frase que esa noche dijo Giri y que operó como estocada final.
Pero lo que no abandonó el expresidente del Emtur son los negocios privados con la Municipalidad de General Pueyrredón, con base en las empresas familiares Ripsa y Prestanet. Si bien hace tiempo que Emiliano no integra formalmente su directorio, las relaciones públicas y negociaciones con el poder político están a su cargo.
En los meses finales de 2018 se hizo del monopolio en el cobro de las multas labradas por la Municipalidad de General Pueyrredón y obtuvo la exclusividad de los códigos de descuentos para los créditos a los que accedieran empleados municipales, dejando fuera de juego a otras dos financieras y al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).
El plan implementado por la Comuna comenzó a fines de 2017, cuando le quitó el código de descuentos al STM y meses después firmó un convenio para habilitárselo a Red de Préstamos S.A. -más conocida como Prestanet-, la empresa de los Giri dedicada al otorgamiento de préstamos de hasta 50 mil pesos.
Para también sacar del juego a sus competidoras privadas, en febrero de 2018, el gobierno avanzó contra las financieras Emfetap y Amigal, con las que tenía vigente un có-digo de descuentos para los créditos obtenidos por personal municipal. Al igual que con el sindicato, intempestivamente los dio de baja, lo que generó la reacción de las empresas. Cada una por su lado presentó un pedido de intervención al Concejo Deliberante, mediante dos notas (56-18 y 57-18) elevadas ese mismo mes. Sin embargo fueron archivadas. Por ello, en julio insistieron con dos nuevas presentaciones. También quedaron en la nada.
La estocada final fue el 27 de abril de 2018, cuando el Ejecutivo emitió el decreto 891-18, por el que transparentó el nuevo convenio de cobro de cuotas de créditos personales mediante la retención de liquidación de haberes con Red de Préstamos, conocida popularmente como Prestanet. Rubricado con las firmas de Arroyo y Jorge Giri -padre de Emiliano-, el convenio determina que la Municipalidad ingresará a la entidad el importe total retenido en concepto de cuotas de amortización e interés de los préstamos personales que los empleados municipales hayan sacado en la financiera de los Giri.
Entre las cláusulas del acuerdo, que tiene una renovación automática anual, se dispone que antes del día 6 de cada mes, la empresa comunica a la Municipalidad el importe de las cuotas que los empleados deben abonar en el próximo vencimiento por medio de un listado por duplicado y acompañado de soporte magnético.
En base a esa información, el Municipio ejecuta el código de descuento y debita automáticamente del sueldo del empleado el importe correspondiente al pago mensual del préstamo personal.
El día de la "traición". Giri y otros funcionarios municipal con Montenegro
También con Ripsa
En medio del operativo para orientar los créditos personales de los empleados municipales hacia Prestanet, el gobierno local también favoreció a las empresas de los Giri con otra polémica resolución. En base a los lineamientos de la ordenanza 11685 se firmó un acuerdo con Red Informática de Pagos S.A., conocida como Ripsa, la principal empresa de pagos de servicios de Mar del Plata y con una amplia extensión en la provincia de Bue-nos Aires, y recientemente establecida también en La Plata.
En el acuerdo se estipuló que los “cobros por cuenta orden de la Municipalidad de los pagos en forma exclusiva, que realicen los infractores por Multas por Contravenciones, (será) a través de caja instalada en el edificio de Tribunal Municipal de Faltas”. Esa caja del edificio de Garay 3136 pertenece ni más ni menos que a Ripsa. Es decir, todo el volumen de las multas contraídas por los marplatenses deben ser pagadas desde esa fecha a la empresa de Giri, que se hace de casi del 0,7 % de esos fondos.
En los primeros tres trimestres de 2018, eso significó unos 900.000 pesos, según la información de la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Hacienda de General Pueyrredón.
Otro de los puntos polémicos del acuerdo, que valió pedidos de informes del Concejo Deliberante, aún no respondidos por el Ejecutivo, fue el establecimiento de una cláusula del 2 % para los cobros con tarjeta de crédito. Además, actualmente Ripsa no permite el pago mediante tarjeta de crédito en una sola cuota, por lo que obliga a los usuarios que opten por ese medio de pago a abonar aún más por sus ya onerosas multas. A cambio, la empresa se encarga del mantenimiento de la caja de cobro fija, de los empleados, del transporte de caudales y de la seguridad.
Emiliano Giri fue el jefe de campaña de Arroyo en 2015
Polémica decisión de Comercio
Prestanet, la financiera de la familia Giri que cuenta con un privilegiado convenio para otorgar préstamos personales a empleados municipales, está en la mira de la Justicia. Es actualmente investigada por la aplicación de tasas usurarias a raíz de una denuncia de la asociación civil Consumidores Financieros, en una causa que tramita el Juzgado en lo Civil y Comercial N°15. Pero para zafar, Emiliano Giri puso en funcionamiento una estrategia para sacar del juego a la denunciante a partir de una polémica resolución de la Secretaría de Comercio.
El argumento central de la defensa a cargo del abogado Leopoldo Brandiz fue plantear la falta de legitimación de la asociación civil para entablar una demanda colectiva, a partir de diversos argumentos. Sin embargo, el juez Héctor Casas avaló a Consumidores Financieros en la causa que inició a fines de 2017, donde se da cuenta de la aplicación de intereses por encima de lo fijado por el Banco Central, por lo que piden la devolución de las sumas extras, una multa del triple de ese valor y una corrección a futuro.
Según la presentación, “la red de comercialización se extiende en zonas o sectores de la población con bajos niveles de bancarización, lo que potencia el negocio, al no tener que enfrentar una competencia significativa por parte de los bancos. Conociendo esta ventaja respecto de cocontratantes, la demandada cobra tasas de interés exageradas, abusivas, que llegan hasta el 177% de Costo Financiero Total”.
En noviembre de 2018, el juez le asestó un duro golpe a Giri: publicó un edicto por el que convocó a todos los clientes de Prestanet que crean haber sido estafados, presentaciones que actualmente se está analizando.
Pero mientras la causa avanzaba, en diciembre Giri fue favorecido por una polémica resolución de la Secretaría de Comercio que fue ingresada al expediente judicial el pasado 12 de abril. En un informe del Ministerio de Producción, solicitado por el juez, se confirma que Consumidores Financieros Asociación Civil fue dada de baja del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, mediante la Resolución 133/2018 de la Secretaría de Comercio del 12 de diciembre, ya que “en una nueva evaluación del estatuto de la misma se concluyó que su objeto no cumplía a cabalidad con las previsiones estipuladas en el Artículo 56 de la Ley 24.240”. La resolución fue firmada por la secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher.
Frente a ello, la Asociación presentó ante la Secretaría de Comercio el 21 de diciembre un pedido de suspensión de la ejecutoriedad del acto administrativo, situación que aún no fue resuelta, por lo que la resolución no se encuentra firme. Allí se plantea que desde hacía 14 estaban inscriptos en el Registro y que no medió ninguna modificación de la Ley Nacional ni del Estatuto para que se justifique esa decisión. Asimismo, el 1 de febrero, tras la feria judicial, presentó un pedido de medida cautelar ante el juzgado federal en lo Contencioso Administrativo 2 (”Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c( Estado Nacional s/Medida cautelar Expte 57/2019), situación que tampoco fue resuelta por la justicia. De este modo, sostiene la demandante, la “legitimación de la asociación actora para actuaciones judiciales está vigente”, según el escrito ingresado a la causa el 16 de abril.
Un día antes, en provecho de la resolución de la Secretaría de Comercio, Prestanet hizo su propia presentación pidiendo la falta de legitimación y, a causa de ello, el archivo de la causa. “Al carecer la actora de dicha calidad de Asociación de Consumidores y Usuarios reconocida por la autoridad de aplicación, corresponde sin más declarar la falta de legitimación activa de la misma, con costas y ordene el archivo de los presentes”, sostuvo el abogado Leopoldo Brandriz, en representación de Prestanet.
Todo esto deberá ser resuelto en los próximos días por el juez Héctor Casas.