La Tecla Mar del Plata
Redacción
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De ser acusado de estafador a demandante millonario: la historia de una nueva causa judicial que amenaza las arcas municipales
En 2016 el Municipio cortó el vínculo con una fundación universitaria que realizaba una consultoría a cambio de la sesión del Polideportivo para un congreso internacional. El Concejo Deliberante había descubierto que se trataba de una institución fantasma que entregaba títulos ilegales. Su presidente ahora presentó una demanda de más de 8 millones por daños y perjuicios.
El caso estalló en julio de 2016 cuando un asesor de Cambiemos descubrió que una Fundación Universitaria que realizaba un estudio de consultoría para el Emder, ocupando incluso oficinas del Ente, a cambio de la sesión del Polideportivo para un presunto Congreso Internacional, se trataba en realidad de una organización no reconocida por el Estado nacional. Tres años después el presidente de dicha fundación volvió a escena: presentó una denuncia millonaria contra el Municipio por daños y perjuicios en una causa que ya avanza en la justicia marplatense.
La cronología marca que el conflicto involucró tanto a las administraciones de Gustavo Pulti como a la de Carlos Arroyo, con un comienzo en septiembre de 2015. En ese entonces, la Fundación Universitaria para la Educación, la Ciencia y la Cultura, representada por su presidente Marcos Santillán Ferreris, se reunió con la por entonces secretaria de Educación Mónica Rodríguez Sanmartino, para presentarle el “III Congreso de Educación – II Internacional: + Conocimiento + Derecho + Equidad para América Latina”, que se realizaría el 21 y 22 de octubre de 2016, y que en su último encuentro en 2013 había reunido a 14 mil personas en San Juan, según adujo Santillán.
De esa reunión se concluyó en la presentación de un proyecto al Concejo Deliberante para que el Congreso sea declarado de interés municipal, situación que se ratificó a las pocas semanas. La Fundación además comenzó gestiones para alquilar el Polideportivo Islas Malvinas, pero tras una audiencia con el presidente del Emder, Horacio Taccone, y la directora de Gestión, Carolina Crespo, se le aseguró que las instalaciones serían cedidas gratuitamente por tratarse de un evento educativo y por contar con el respaldo del Concejo. Pero todo quedó en un acuerdo verbal, según manifestó Santillán en la denuncia que tramita el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, a cargo de Simón Isacch y la que pudo acceder La Tecla Mar del Plata.
El cambio de gobierno con el triunfo de Arroyo pausó las conversaciones, que fueron retomadas a comienzos de 2016 con la secretaria de Educación Ana María Crovetto y el nuevo titular del Emder, el actual concejal Guillermo Volponi. Siempre según la denuncia de la Fundación, acontece una nueva reunión con el Emder, en este caso con su vicepresidente Carlos López Silva, quien “realiza una amplia y detallada exposición sobre las problemáticas que atravesaba el sistema deportivo de la ciudad y el desconocimiento por parte de los nuevos funcionarios sobe el estado actual del sistema deportivo”. El actual presidente del Emder “propone que la Fundación aportará un trabajo de consultoría e investigación sobre el deporte en Mar del Plata, a partir del cual a la nueva administración contare con datos reales sobe aspectos centrales”. Seguía vigente el préstamo del Polideportivo, aunque ahora “basado en la contraprestación”. La propuesta fue aceptada por la Fundación.
Así nace el Programa Mar del Plata 2.0 – Participación y Ciudadanía Digital”, un programa “a través del cual todos los actores involucrados con el sistema de deporte de la ciudad podrán hacer llegar sus inquietudes, propuestas y observaciones a los equipos de conducción”, con el objetivo central era “diseñar y ejecutar un dispositivo de investigación y análisis de estado de situación sobe el sistema de deporte en Mar del Plata”.
La Fundación requirió el acondicionamiento de un espacio de oficina en el EMDER, con el equipamiento mobiliario y tecnológico “a cargo de la Fundación”, como así también de recursos humanos propios. Comenzaron a trabajar a fines de abril de 2016 con un equipo de 5 personas, con un lanzamiento del programa el 10 de junio ante la prensa.
Pero “a finales de agosto se corta el diálogo” con López Silva y Volponi les informó que no le otorgarían el Polideportivo. “Al ser consultado por las razones que fundaban semejante decisión no recibimos explicaciones. Nos pidió que desmanteláramos la oficina, diéramos por cerrado el programa y abandonáramos inmediatamente las instalaciones que nos otorgaron”. El Congreso finalmente fue suspendido.
La Fundación sostiene que “fuimos damnificados por el obrar imputable a personal dependiente del Municipio de General Pueyrredón, a lo cual se suma que la misma gestión Municipal se vio beneficiado por haber recibido los resultados del trabajo de consultoría que realizamos desde la función la cual culminamos en un 80% del objetivo y de la cual jamás se nos retribuyó nada”. En concepto de daños y perjuicios reclamos una indemnización de $.8.150.000 por “incumplimiento contractual”.
El Congreso se iba a realizar en octubre de 2016 en el Polideportivo
Cambio de perspectiva
Pero, ¿qué pasó entre junio y agosto? Un asesor de Cambiemos, Cristian Cativiela, presentó en julio un informe a la comisión de Educación del Concejo Deliberante, presidida por el actual diputado nacional Juan Aicega, donde dio cuenta de una serie de irregularidades graves respecto a la Fundación, la cual esencialmente era “fantasma”.
“El Grupo Congreso –como se hacía llamar- dicta diplomaturas o carreras pero para ello debe estar inscripto como entidad educativa en donde tenga sede, en este caso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en San Juan. A su vez, los respectivos Ministerios de Educación tienen que girarlo al Consejo Federal de Educación, quienes dan el aval para que esa diplomatura tenga validez en todo el país”. Sin embargo, “este grupo no está inscripto en la CABA, ni en Provincia, tampoco en San Juan y por supuesto menos aun en el Consejo Federal de Educación. Por lo tanto, las diplomaturas o carreras y títulos que otorga no tienen validez e incluso son ilegales ya que no tiene autorización para el dictado de los mismo. Asimismo, las instituciones con las cuales trabaja (la Facultad Latinoamericana de Educación como la Iberoamericana de Educación y la Agencia Española de Evaluación en Calidad Educativa (AEECE) no existen o dicho en otras palabras son sellos truchos”.
“La lic. Analía Sorín, coordinadora del equipo federal de Educación, en lo que respecta a la educación a distancia confirmó que dicho grupo no existe y que la diplomatura no tiene validez nacional alguna. De modo que aconsejó realizar una denuncia por publicidad engañosa. También el Ministerio de Educación de San Juan como en el de la CABA aconsejaron realizar denuncias penales contra Santillán Ferraris y advertir sobre estas carreras fraudulentas”, amplió el asesor, que se presentó a la dirección de la Fundación, en 11 de Septiembre 3848 en CABA, pero allí sólo había un negocio de toldos y en la planta superior un departamento.
El 21 de julio finalmente la Subsecretaría de Legal y Técnica revocó la Resolución R-3917 que había otorgado el reconocimiento al Tercer Congreso y el Estado municipal cortó todo vínculo con la Fundación y Santillán en cuanto al programa “#Mar del Plata 2.0/Deporte”. “De constatar indicios de tentativa de fraude, iniciar las acciones o denuncias ante las autoridades de aplicación involucradas nacional y/o provincial, como así también ante la justicia penal”, planteó la resolución.
La causa
Tres años después de aquella circunstancia, la Fundación Universitaria para la Educación, la Ciencia y la Cultura presentó el 25 de junio una demanda por daños y perjuicios por $8.250.000 contra el Estado municipal, en una causa donde Santillán cuenta con el patrocinio del abogado Juan Ángel Spada.
La causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 a cago de Simón Issach, que el 10 de julio notificó del curso de la investigación, mientras ya que se encuentra analizando toda la documentación adjuntada por la demandante. Además de los programas del Congreso, los avances de la auditoría y las resoluciones del Concejo Deliberante, se presentaron varias notas periodísticas que en 2016 hablaban del “buzón” que compró la Municipalidad. En ellas aparece Santillán esgrimiendo una defensa: “fui censurado porque no les gustó los resultados que aparecen en nuestro trabajo”.