El Directorio Portuario, encabezado por Marcos Gutiérrez, suma nuevas manchas a su gestión. Ignacio Amestoy, del Centro de Despachantes de Aduana, estaría bajo la lupa de la Justicia por presunta vinculación con la red de casinos clandestinos y contrabando desmantelada en Rumencó. Asimismo, mientras el Consorcio mantiene su silencio respecto al tema, recaen denuncias de maltrato y operación discrecional por parte de la arquitecta Julia Gasalla sobre los permisionarios. Un panorama de caos y sospechas.

El puerto de Mar del Plata, a la deriva: un director salpicado por casinos clandestinos y un reinado de maltratos

El Puerto de Mar del Plata vive semanas intensas y de crisis institucional. Tras la fallida licitación de la Terminal Multipropósito, que tuvo que ser **postergada “para re-analizar los pliegos” y ahuyentó a oferentes internacionales como la naviera CMA-CGM y dejó el puerto paralizado, el Consorcio Portuario acumula nuevos escándalos de alto voltaje. En el centro de la tormenta, el nombre del directivo Ignacio Amestoy, ratificado por la provincia de Buenos Aires en la última renovación como representante del Centro de Despachantes de Aduana, resonaría con estrépito en los pasillos judiciales.

En el marco de la investigación federal que desmanteló una sofisticada asociación ilícita dedicada al contrabando, al juego virtual clandestino y al lavado de activos —una causa que ya involucró a exfuncionarios de la Aduana— Amestoy se encontraría directamente imputado. La acusación sobre el directivo sería facilitar la importación de teléfonos celulares que habrían sido utilizados como herramienta operativa por la red de casinos ilegales. Los allanamientos realizados en domicilios de lujo como el barrio Rumencó habrían revelado la trama, pero en el Puerto, el silencio sería la única respuesta.

La pregunta que ronda a los sectores productivos es por qué, ante una acusación de tamaña gravedad que implica delitos económicos y aduaneros, el Directorio del Consorcio Portuario Regional, presidido por Marcos Gutiérrez, no habría emitido ningún comunicado oficial ni, lo que sería más grave, solicitado a Amestoy que se aparta de su cargo. La inacción del cuerpo directivo, en este contexto, se interpretaría como una presunta convalidación de un cargo institucional manchado por el escándalo, proyectando una sombra de complicidad sobre la gestión.

Como si el naufragio institucional no fuese suficiente, el malestar entre los permisionarios y operadores históricos del puerto estaría llegando a un punto de ebullición por el supuesto rol que estaría asumiendo la arquitecta Julia Gasalla. Las quejas se multiplicarían, apuntando a que Gasalla actuaría con una autoridad desmedida y un maltrato constante, modificando a su antojo las condiciones de los pliegos y los acuerdos establecidos.**

La estrategia que se le atribuiría sería la de "ganar por cansancio" a los permisionarios, buscando generar un clima de hostigamiento para que estos se retiren y dejen libres sus predios. La sospecha de un nuevo "negocio" inmobiliario o logístico detrás de estas presiones se extienden como pólvora, aludiendo a maniobras similares a las que, según las críticas, habrían viciado y hundido diversas licitaciones y pliegos.

La suma de estos nuevos focos de conflicto, añadidos a la licitación fallida de la Terminal Multipropósito, pintan un panorama de caos y sospechas en la estación marítima. El Puerto, un motor vital para la economía de Mar del Plata, parecería estar secuestrado por la ineptitud, el secretismo y, lo que sería peor, las manchas de la corrupción, mientras sus autoridades se refugian en un silencio que solo incrementa las sospechas.

Lo que pintaba como un fracaso operativo estaría mutando en una crisis ética y judicial de proporciones, demostrando que el problema del Puerto sería mucho más profundo y preocupante, no solo para Mar del Plata, sino para la región y la provincia.

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