Mar del Plata transita uno de los momentos más intensos de la temporada de verano 2026, pero la efervescencia turística no logra ocultar una creciente tensión política en el Palacio Municipal. El foco de la controversia se sitúa en la Unidad Turística Fiscal (UTF) Punta Cantera II, donde el avance de un proyecto de alojamiento a escasos metros del mar ha motivado un pedido de informes integral por parte del Honorable Concejo Deliberante. Con la renovación de sus integrantes apenas concretada en diciembre, el cuerpo legislativo enfrenta ahora el desafío de auditar una concesión que combina una inversión millonaria con sensibles interrogantes sobre el uso del espacio público y la preservación del litoral.
El proyecto en cuestión, adjudicado a la firma Eve Inversiones y Proyectos S.A. mediante un decreto del año 2017, contempla la construcción de doce cabañas modulares industrializadas y diez habitaciones tipo hoteleras. Si bien el plan de obras estipula un monto de 675 millones de pesos con una finalización prevista para noviembre del corriente año, las estructuras ya erigidas en la zona de Punta Mogotes han puesto bajo la lupa el cumplimiento de las normativas ambientales y edilicias vigentes. La discusión central que hoy ocupa a los concejales radica en si estas construcciones, situadas en el ejido urbano pero con contacto directo con la ribera, cuentan con las autorizaciones pertinentes de organismos clave como la Autoridad del Agua (ADA) de la Provincia de Buenos Aires.
La normativa provincial es taxativa al respecto: toda obra que pueda afectar las condiciones de las riberas requiere de la intervención previa de la ADA para garantizar el cumplimiento del Código de Aguas. Asimismo, existe una preocupación técnica sobre el respeto a la ordenanza 8.434/91, la cual establece un retiro mínimo de 100 metros desde la línea de ribera donde está estrictamente prohibido realizar edificaciones fijas. El Concejo Deliberante busca determinar si el complejo de cabañas respeta este límite o si, por el contrario, vulnera la faja de protección costera. Esta inquietud se extiende también a la provisión de servicios básicos, solicitando precisiones sobre las autorizaciones de Obras Sanitarias (OSSE) para el suministro de agua potable y, fundamentalmente, para el tratamiento de efluentes cloacales en una zona de alta vulnerabilidad ambiental.
Más allá de los aspectos técnicos, el debate adquiere un matiz político profundo respecto al modelo de gestión de las playas. Los pliegos de licitación, específicamente la Ordenanza 21.472, obligan a los concesionarios a presentar esquemas detallados de distribución de espacios, donde la delimitación de zonas aranceladas no debe implicar la segregación mediante límites duros o muretes, priorizando la continuidad paisajística. El cuerpo legislativo ha solicitado al Departamento Ejecutivo que detalle si la propuesta aprobada cumple con estas premisas de integración y si se ha realizado la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, tal como lo exige la Ley Provincial 11.723, antes de avanzar con obras que podrían alterar definitivamente el perfil de la costa marplatense.
Este expediente marca el pulso de la nueva agenda legislativa de 2026, poniendo a prueba la capacidad de control del Concejo sobre las excepciones otorgadas y la transparencia en la administración de las unidades turísticas fiscales. Mientras los turistas disfrutan de las playas del sur, la política local debate si el desarrollo económico del sector puede convivir con el respeto irrestricto a las normas de planeamiento y calidad ambiental, en un escenario donde la devolución de los espacios afectados a su situación de origen es una de las sanciones previstas en caso de incumplimiento.
