25 de febrero de 2026
PROYECCIÓN
El ordenamiento del frente marítimo: el alcance de la "Ley Abruza"
Promovida por el marplatense Armando Abruza, la iniciativa pretendía establecer un Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera y un marco regulatorio para la pesca artesanal. Además, problematizó el desarrollo inmobiliario y la gestión ambiental de General Pueyrredon.
A finales de la primera década de los años 2000, la agenda legislativa de la provincia de Buenos Aires se vio sacudida por un paquete de proyectos de ley que buscaban transformar de raíz la relación del Estado con su frontera marítima. El arquitecto de esta propuesta fue Armando Abruza, un reconocido abogado especialista en Derecho Internacional y Marítimo, oriundo de Mar del Plata, quien en aquel entonces ocupaba una banca como diputado provincial por la Coalición Cívica. La denominada "Ley Abruza" no fue un texto único, sino un conjunto de iniciativas entre las que destacaba el Proyecto de Ley de Pesca Artesanal y de Pequeña Escala, junto con un plan de manejo integral del litoral bonaerense. El objetivo central del legislador era saldar una deuda histórica: la falta de una normativa específica que protegiera los recursos costeros y diferenciara claramente la actividad extractiva de subsistencia de la explotación industrial.
Uno de los pilares menos recordados, pero de mayor impacto potencial para Mar del Plata, era la regulación del avance inmobiliario sobre la línea de costa. La ley establecía zonas de "resguardo costero" donde se prohibían construcciones que alteraran la dinámica de las dunas y el aporte de arena a las playas. Para una ciudad cuya economía depende del turismo balneario y que ha sufrido procesos de erosión crítica en la zona norte y en los acantilados del sur, esta ley habría influenciado en la explotación privada de unidades turísticas de sombra y a los desarrollos residenciales frente al mar. El proyecto obligaba a realizar estudios de impacto ambiental mucho más estrictos antes de cualquier intervención en el frente marítimo, lo que generó un rechazo de sectores vinculados a la construcción y el desarrollo urbano.
Asimismo, la normativa establecía pautas estrictas para el vertido de efluentes y la gestión de la contaminación por hidrocarburos en el Puerto de Mar del Plata. Al proponer la creación de un "Comité de Gestión del Litoral", la ley buscaba que las decisiones sobre el dragado del puerto o la disposición de residuos industriales no dependieran únicamente del Consorcio Portuario local, sino de un ente provincial con visión ecológica. Esto habría impactado directamente en los costos operativos de las plantas harineras y los astilleros, que habrían debido adecuarse a estándares de emisión mucho más altos para proteger la calidad del agua de las playas adyacentes.
A pesar del impulso inicial y de contar con el aval de sectores vinculados al conservacionismo y de pequeños núcleos de pescadores de otras localidades costeras, el proyecto de Ley Abruza nunca logró convertirse en ley vigente. La presión de sectores productivos de Mar del Plata, sumada a la falta de consenso político en la Legislatura bonaerense para avanzar sobre un sector tan sensible, hizo que la iniciativa perdiera estado parlamentario en sucesivas oportunidades.
Aunque el texto nunca fue sancionado, su legado permanece como un punto de referencia ineludible en el debate sobre la coparticipación de recursos marítimos y la protección de la costa. Hoy, la Ley Abruza es recordada como el intento más ambicioso de regular el litoral desde una perspectiva jurídica integral, pero también como el ejemplo de la compleja disputa entre la protección del recurso natural y la preservación de la identidad productiva de la principal terminal pesquera del país.