17 de abril de 2026
DISPUTA SIN FIN
Chapadmalal: una línea de ribera que delimita soberanía y tensiones políticas en la costa sur
La Autoridad del Agua demarcó los límites en la Unidad Turística Fiscal Playa Dorada ante la ausencia de funcionarios municipales y de la empresa concesionaria. El procedimiento técnico expone la falta de registros catastrales y abre un escenario de incertidumbre legal sobre la validez de las licitaciones públicas en el frente costero marplatense.
Lo que formalmente se presentó como un procedimiento técnico administrativo para fijar la línea de ribera en el sector sur de General Pueyrredon, terminó por cristalizar una de las fracturas políticas más profundas en la gestión del territorio costero. La intervención de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) en el predio conocido como “Paradise”, en la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Dorada de Chapadmalal, marcó un punto de inflexión. El acto, que contó con la presencia de la Fiscalía de Estado y expertos de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), no solo definió geográficamente dónde termina el dominio público y dónde comienza la propiedad susceptible de explotación, sino que dejó en evidencia un vacío institucional que podría acarrear consecuencias legales de nulidad absoluta para el Municipio de General Pueyrredon.
La jornada estuvo marcada por una ausencia que, en términos políticos, fue leída como una toma de posición: ningún funcionario del gobierno municipal, ni representantes de la firma Desarrolladora Homs S.A. —adjudicataria de la concesión—, asistieron al lugar pese a haber sido debidamente notificados. Esta falta de representación municipal, que incluyó a carteras clave como el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), encargado de las UTF, y la Secretaría de Obras, deja al descubierto la tensión creciente entre la administración local y la gestión provincial de Axel Kicillof. Mientras la Provincia busca imponer un control estricto sobre el dominio público hídrico basándose en criterios geomorfológicos y ambientales, el Municipio de General Pueyrredon ha sostenido un esquema de desarrollo que las asambleas vecinales califican de irregular y diseñado a medida de intereses privados.
El fondo del conflicto es jurídico y administrativo, pero sus ramificaciones son puramente políticas. La demarcación técnica utilizó el borde de los acantilados como referencia, estableciendo una restricción de 150 metros hacia la Ruta 11 donde la Ley 12.257 prohíbe cualquier tipo de edificación o loteo. Este nuevo mapa colisiona de frente con los planos que el municipio adjuntó en los pliegos de licitación, los cuales, según las denuncias presentadas ante la Fiscalía de Estado en 2025, contenían información que extendía el límite de la parcela casi hasta el oleaje, omitiendo además los retiros obligatorios respecto al Arroyo Seco y la propia banquina de la ruta provincial.
La revelación más crítica que surge de este proceso es la presunta inexistencia de mensuras y designaciones catastrales para las UTF de la zona. Políticamente, esto abre un interrogante sobre la transparencia de la administración pública: se han otorgado concesiones y votado ordenanzas sobre tierras que no figuran inscriptas formalmente en Catastro. Para el Observatorio Ciudadano del Paseo Costanero Sur y las asambleas locales, esto no representa un error administrativo menor, sino un "vicio de nulidad absoluta". El argumento vecinal es contundente: si los límites no están definidos legalmente, cualquier acto administrativo que disponga de ellos carece de validez jurídica, lo que coloca a los funcionarios municipales y concejales en una posición de vulnerabilidad ante posibles acusaciones de asociación ilícita o incumplimiento de los deberes.
El escenario futuro para Chapadmalal se perfila ahora bajo una densa sombra judicial. La intervención de la ADA ha fijado un "punto cero" que obligará a revisar no solo la situación de Playa Dorada, sino de todo el frente costero administrado por el municipio.
Con la línea de ribera oficialmente trazada bajo criterios provinciales, el proyecto de urbanización y explotación privada proyectado por Desarrolladora Homs S.A. queda en un limbo legal. El desafío para la política marplatense será explicar cómo se avanzó en procesos licitatorios sin las garantías básicas de ordenamiento territorial, mientras la comunidad local, revitalizada por lo que consideran un "día histórico", se prepara para defender en los tribunales lo que la técnica ya marcó sobre la arena y el acantilado.